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Alzando la voz de las protestas en América Latina

Las protestas de este 2021 en la región ponen nuevamente de manifiesto el hartazgo ciudadano frente a gobiernos irresponsables y poco comprometidos a satisfacer las demandas sociales.

Manifestante en Santiago de Chile, 6 de noviembre de 2019. Fotografía Jorge Silva / Reuters

Si los eventos globales del 2020 no fueron suficientes, el 2021 vino recargado con acontecimientos que habían sido pausados a causa del encierro. En América Latina la democracia se está viendo cada vez más debilitada debido a la falta de gobernabilidad, aumentando las tensiones entre líderes y ciudadanos, y despertando la ira y el enojo social.

La región presenta profundos problemas económicos que resultan en pobreza, desempleo y desigualdad, a los que se le suman las dificultades políticas derivadas de la corrupción, la falta de compromiso de los dirigentes, y la polarización social. En este contexto, la pandemia por el COVID-19 ha sido, y sigue siendo, una crisis transversal al resto de los hechos que amenazan a la democracia de la región, poniendo en la cuerda floja la legitimidad de sus gobernantes.

Las protestas antes y después de la pandemia

El 2019 fue proclamado por muchos como la “primavera latinoamericana”, dado que fue el año de más fuertes protestas antes de la pandemia. El estallido social en Chile, la disolución del Congreso peruano por parte de Martín Vizcarra, el “parquetazo” de Lenín Moreno, la dimisión y posterior exilio de Evo Morales luego de las elecciones, las protestas del #21N en Colombia, y el incremento de protestas diarias en contra del régimen de Maduro en Venezuela, son algunos ejemplos del cansancio social.

Manifestante dirigiéndose al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia el 3 de noviembre de 2019. Fotografía Kai Pfaffenbach/Reuters. 

Y si bien el confinamiento y las restricciones detuvieron todas las actividades, la débil gestión de la crisis sanitaria por parte de los gobiernos latinoamericanos se hizo sentir. De a poco las calles comenzaron a colmarse nuevamente de manifestantes cansados de la irresponsabilidad y la falta de respuestas ante la crisis.

Es que si al enojo traído del 2019 se le suma el miedo y el descontento con el accionar gubernamental, lo que vendría después terminaría por dejar en claro el malestar ciudadano.

Así lo afirmó Antonio Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación política español, en su artículo “2021: la tensión social al límite”. En marzo de este año, cuando la nota fue publicada, el autor advirtió algunas posibles características de las protestas que se vendrían este año, entre las que encontramos:

  • Una sociedad nerviosa debido a la incertidumbre, la ira y el miedo acumulado ante la falta de respuestas;
  • El fuerte protagonismo de la juventud en las manifestaciones, población que se considera como “nativos democráticos” porque no se identifica con partidos políticos;
  • La tecnología en el centro de la escena activista, aumentando la visibilidad de las demandas;
  • El recrudecimiento de la violencia;
  • Manifestaciones líquidas, en las que hay una clara ausencia de un líder con quien negociar, dificultando los procesos de negociación.

A pocos meses de esta publicación, varias ciudadanías latinoamericanas estallaron haciendo alzar su voz luego de un año complejo, quizás el más complicado de este siglo hasta ahora.


En Colombia, Argentina, Chile, Brasil y El Salvador, la ola de contagios no impidió que sus habitantes salieran a las calles a protestar en contra de las injusticias. Las imposiciones económicas dispuestas a ajustar el cuello de los trabajadores, los cambios políticos arbitrarios y poco respetuosos de la democracia, los colapsos sanitarios y los escándalos políticos de los funcionarios fueron en gran parte lo que llevó a la gente al límite de lo aceptable.

La población se manifestó en contra de las decisiones gubernamentales poco favorables con la democracia, dándole un nuevo despertar a esa primavera que había sido opacada por la pandemia.

El caso Colombia: contra una decisión sin empatía social

El pasado 28 de abril los colombianos manifestaron su rechazo a una polémica reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque, que contaba con puntos desfavorables para la clase media y baja del país. El descontento social con la decisión de Duque desencadenó meses de violencia luego de que el mandatario impusiera la negativa a retirar la impopular reforma, siendo los jóvenes el motor que impulsó las movilizaciones en el país.

Lo que siguió a los primeros días manifestación fue una antidemocrática acción para callar el enojo social. El hashtag #SOSColombia le mostró al mundo la violencia policial que vivía el pueblo colombiano, y viralizó contenido que dejaba al descubierto violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas dirigidas por el gobierno

Para el 28 de mayo, ya se contaban con 129 desaparecidos durante las protestas, lo que deja al descubierto la represión policial dirigida por el Ejecutivo colombiano y la falta de consenso democrático en torno a la toma de decisiones que afectan a la población.

De acuerdo con Daniela Sánchez, periodista graduada en la Universidad de Antioquia, “la reforma tributaria tenía una cantidad de puntos que afectaban desde la canasta familiar, el transporte hasta elementos académicos cómo ponerle rentas tributarias a las producciones intelectuales y contenidos que se hicieron desde las universidades.” Además, la periodista colombiana contó que se planeaba “poner un impuesto del 19% para la gasolina, lo que implicaba un aumento en los costes para transportadores pero también para quienes usamos el transporte público”.

Lo que ofrecía el mandatario “perjudicaba a la clase media y a la clase más pobre”, contó hace unos meses Juliana Zuluaga, residente en Medellín y politóloga especialista en políticas públicas. Y es que este hecho, que hizo estallar a la población, reclamaba “respuestas». Es decir, «que se escuchen las demandas sociales y el porqué la gente está indignada. La gente quiere que se pronuncien sobre la violencia y los asesinatos de los líderes sociales (los cuales vienen sucediendo desde el año pasado, sin la reacción de la administración de Duque), además de la desigualdad y pobreza que existe en el país”, afirmó Juliana. 

En aquel Estado, como en otros países de América Latina y del resto del mundo, la pandemia por el COVID-19 ha profundizado el desempleo, la desigualdad y la violencia en las calles. Y mientras el precio de los alimentos continúa en aumento, con un 42% de la población pobre, el Presidente decidió nombrar como codirector del Banco de la República al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien fue impulsor de la reforma tributaria, una iniciativa que deja claro como el agua la falta de empatía con el pueblo que rechazaba la propuesta de abril.

Alberto Carrasquilla Barrera durante una conferencia en Medellín, en 2019. Fotografía: David Estrada/Reuters.

Por su parte, y en medio de la campaña de vacunación, las protestas y paros nacionales en el país continúan, aunque con menor intensidad de enfrentamientos, manteniendo fuerte la voz del descontento. 

Es hora de decir basta y alzar la voz

Tanto en la actualidad como en el pasado, las protestas son la herramienta más potente que la sociedad tiene para hacer oír sus demandas. Incluso durante las complicaciones y riesgos que implica el COVID-19 —porque a pesar de las bajas en contagios, la crisis está lejos de terminar sin políticas públicas de salud que cuiden a sus ciudadanos—, la población ha decidido salir a las calles para decirle basta a gobiernos irresponsables, a decisiones arbitrarias que siguen incrementando la desigualdad y la pobreza, y a los abusos de poder.

El contexto actual de hartazgo y miedo ante la incertidumbre ha demostrado que ya no hay partidos políticos a los que aliarse o con los que identificarse a la hora de realizar reclamos. El paupérrimo manejo de las decisiones importantes ha demostrado a la sociedad que es imposible de sostener con la afirmación de promesas incumplidas.

Las protestas lanzadas en 2019 y en 2021 son la más alta manifestación del cansancio, demostrando que la calidad de los funcionarios y de las instituciones ha disminuido. La legitimidad de los gobernantes es imposible de demostrar a través de afirmaciones contundentes o ridículas en redes sociales. Solo si los dirigentes escuchan las demandas de su pueblo, y ejecutan decisiones basándose en sus necesidades, las instituciones democráticas podrán fortalecerse.

*Agradecimiento especial a Daniela Sánchez, Juliana Zuluaga y Esteban (nombre ficticio para mantener su anonimato) por compartir sus testimonios de lo acontecido en las manifestaciones realizadas en Colombia.


Ana Paula Collado (Argentina): Licenciada en Relaciones Internacionales y columnista en Diplomacia Activa.

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