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Lecciones para constituir los cambios

Después del estallido social en 2019, los ciudadanos chilenos elegirán en abril a la Convención Constituyente que reformará la Carta Magna, aunque con anterioridad ya varios países han modificado sus constituciones. ¿Qué podemos aprender de Chile para la gobernabilidad en la región?

Desde que cayeron las dictaduras en América Latina, más de 10 países modificaron su Constitución (algunas con el objetivo de sepultar tiempos oscuros de violencia y represión), sentando nuevas bases que le darían paso a la democratización regional. Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia son algunos ejemplos de cambios constitucionales, cuyos objetivos estaban marcados no solo por el contexto interno, sino también por la intencionalidad partidaria del momento.

Sin embargo, desde fines del siglo XX solo un Estado conserva una constitución redactada durante la dictadura: Chile. Aunque volvió la democracia en 1999, la Carta Magna promulgada bajo el gobierno de Augusto Pinochet, que había descartado las ideas socialistas de su predecesor Salvador Allende, aún permanece vigente. Y fue con el estallido de la población que se visibilizó la crisis política, económica y social que está viviendo desde hace años.

El grito para la reforma

El 14 de octubre de 2019 estudiantes secundarios y universitarios se organizaron para evadir el pasaje de metro, cuyo precio se había elevado en 30 pesos chilenos más. Con el aumento, el viaje en metro había alcanzado un precio equivalente a casi 1 euro.

En menos de una semana, las calles de Santiago ardían en llamas mientras los ciudadanos, principalmente jóvenes, salían a las calles a protestar en contra del gobierno de Piñera. Ante el caos provocado, el transporte público se suspendió y la represión policial con gases lacrimógenos no se hizo esperar.

La escalada de violencia, acompañada de saqueos a negocios y bombas caseras en las calles, llevó al presidente a decretar estado de emergencia y toque de queda, dando marcha atrás en la subida del precio del metro días después intentando restablecer un orden que probablemente no se recuperaría sin antes haber escuchado las demandas de la población.

Mientras la capital permanecía tomada por las Fuerzas Armadas, y manifestantes fallecían en sus enfrentamientos con la policía, el mandatario había dicho que su país estaba “en guerra”. Sus declaraciones, sin embargo, incrementaron la furia de los ciudadanos. Debido a esto, tuvo que pedir disculpas públicas en la televisión y prometió aumentos en las pensiones, mejor cobertura médica, impuestos a los adinerados, recortes salariales para la clase gobernante y pidió la renuncia de todo su gabinete.

Pero nada de ello fue suficiente. Con el despertar de la sociedad, se había abierto la puerta a una crisis de legitimidad que estaba debilitando a las instituciones y a la clase política. Se estaba exigiendo un cambio profundo y las protestas parecían indicar que no se detendrían hasta conseguirlo.

Desigualdades y división política

Reducir las causas y consecuencias de la crisis a la suba del pasaje en metro, nos dificultaría la comprensión de un camino que la nación transita desde hace décadas y que podría “culminar” o, más bien, dar un drástico giro con el plebiscito votado el 25 de octubre de 2020 y la próxima elección de la Convención Constituyente.

Las violentas manifestaciones del 2019 tenían una raíz más profunda que el malestar estudiantil. Chile se ha caracterizado por ser siempre el exitoso ejemplo de crecimiento económico sudamericano, respaldado en su productivo modelo liberal. Sin embargo, la otra cara de la moneda esconde una profunda división marcada por la desigualdad.

“Esta trágica página de la historia de Chile tiene que servir de una vez por todas para llevar a cabo las reformas institucionales y estructurales que la sociedad demanda, como la reforma de la policía o la garantía de los derechos sociales”.

Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

De acuerdo con la última edición del informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la CEPAL, solo un 10% de la población concentraba el 66,5% de la riqueza neta, mientras que el 1% más adinerado se quedaba con un 26,5%. Según los datos del Banco Mundial, Chile es el décimo país más desigual del mundo. Este factor que ha perseguido a la población desde hace tiempo, antes del conflicto, se vio acompañado del debilitamiento institucional que experimentaba la administración de Piñera y su modelo de gobierno.

Para Rossana Castiglioni —doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y profesora asociada de la Universidad Diego Portales (UDP)— “las razones del estallido que remece a Chile son múltiples y complejas”. Sin embargo, menciona cuatro factores importantes que pueden ayudarnos a explicar mejor la necesidad de cambio: la expansión de sectores de ingresos medios precarizados; una brecha creciente entre expectativas y logros; un marcado proceso de politización de las desigualdades (mantenidas por la perpetuación como ejemplo de modelo económico exitoso), y una arquitectura constitucional poco flexible y que poco acompañaba a las demandas ciudadanas.

Pinochet durante el referendo para aprobar la Constitución de 1980.

El plebiscito para el cambio

Luego de tres semanas intensas de violencia en las calles, inseguridad para muchos trabajadores, y negociaciones entre la elite política, los sindicatos y los poderes del Estado, el gobierno ratificó el inicio de un proceso para el establecimiento de una nueva Constitución, a través de un Congreso Constituyente compuesto por 155 ciudadanos elegidos por el pueblo.

Aunque, a pesar de la decisión de convocar a un plebiscito para que los ciudadanos pudiesen participar con su voz y voto sobre la reforma, la violencia en las calles continuó pero disminuyendo gradualmente.

El plebiscito, que tuvo lugar el 25 de octubre de 2020 y obtuvo su aprobación por una amplia mayoría, fue considerado un hito histórico, ya que de alguna manera sirvió para demostrar la manifestación de las demandas de la ciudadanía.

«Hasta ahora, la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro».

Sebastián Piñera, presidente de Chile.
Resultados del plebiscito en Chile. Fuente: France 24

Este cambio busca darle una “legitimidad de origen” a la nueva Carta Magna ya que será elegida en representación del pueblo, eliminando así los vestigios de normas diseñadas e impuestas por la fuerza durante la dictadura de Pinochet.

Pero, además, busca crear un modelo estatal legítimo en el que la desigualdad deje de profundizar la crisis socioeconómica con la redistribución del poder y los bienes del Estado, eliminando obstáculos que impiden el rediseño de algunas políticas públicas.

Manifestantes celebran en la Plaza Italia de Santiago el triunfo del ‘apruebo’ en el plebiscito para una nueva Constitución en Chile, el 25 de octubre de 2020. Fuente: Iván Alvarado / Reuters

Ahora, ¿qué podemos aprender?

En el caso de Chile, la reforma de su Constitución para sentar nuevas bases de principios democráticos e igualitarios, se dio como consecuencia de una fuerte presión de la sociedad que destapó lo que parecía ser “el caso ejemplar” de éxito y desarrollo en América Latina.

Despertó de su silencio para reclamar mejores condiciones de convivencia en sociedad. La ola de manifestaciones que hizo estallar a la ciudadanía visibilizó urgentes necesidades que debían ser incorporadas en la ley suprema que la nación supone representar.

Así, este proceso constituyente podría convertirse en un ejemplo distinguido de otras experiencias reformadoras en América Latina. Esto nos lleva a aprender dos importantes lecciones que nos servirán para comprender los próximos procesos constituyentes que explicaremos durante este mes.

En primer lugar, el rol de la ciudadanía en el proceso es crucial. Es la participación política del pueblo la que podrá hacer que sus demandas sean oídas e incorporadas en la Ley Fundamental que representa al Estado en el que viven.

En segundo lugar, en una región caracterizada por su debilidad institucional y la consecuente falta de confianza ciudadana en sus gobernantes, cambiar constantemente las bases que sostienen la estructura institucional de un territorio puede socavarlas, incrementando la desconfianza en quienes gobiernan.

Modificar la estructura de la Constitución implica un proceso que está acompañado por múltiples causas que demandan su revisión. Afirmar que la continuidad política de un país puede permanecer igual por los siglos de los siglos sería completamente errado. Chile lo ha demostrado.

Sin embargo, hay quienes impulsan la generación de cambios cortoplacistas con intencionalidades partidarias y personales, que poco tienen que ver con la representatividad estatal y el cumplimiento del deber político para con la sociedad.

Comprender el peso y la relevancia de un documento como la Carta Magna nos da la pauta de que sus normas, creadas para vivir en sociedad, deben ser respetadas y cumplidas para el beneficio del pueblo y el afianzamiento de la confianza en las instituciones que han de sostener los fines y bases fundamentales sobre los cuales se para la nación. Todo esto nos lleva a replantearnos, ¿podrá la decisión de una nueva Constitución solucionar el panorama institucional agobiante y restaurar el equilibrio social que envuelve al país latinoamericano?


Ana Paula Collado (Argentina): Licenciada en Relaciones Internacionales, Universidad de Congreso, y columnista en Diplomacia Activa.

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