Reformas constitucionales, una crisis anunciada

Los Estados latinoamericanos han cambiado y reformado numerosamente la Ley Suprema que los rige en comparación con la mayoría de las demás regiones del mundo. Muchas de ellas buscaron dejar atrás un pasado autoritario o profundizaron sistemas democráticos pero, a su vez, las modificaciones constantes pueden llevar a una profunda inestabilidad. Hoy analizamos dos de ellas y sus variaciones sufridas.

Venezuela tiene una historia caótica si de Cartas Magnas hablamos. Fue uno de los primeros países de América del Sur para establecer su Ley Suprema en 1811 y actualmente es el tercero con mayor número de constituciones, con el dudoso honor de tener 26 revisiones durante la historia de la nación. Esta situación ya complicada, se ha acentuado aún más por los problemas que enfrenta en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para el país? ¿Cómo se puede mejorar la legalidad constitucional para que los cambios políticos no resulten en revisiones completas del documento de orientación? Y, lo más importante, ¿será la decimosexta la última? Asimismo, la Constitución boliviana, redactada en 2009 durante la presidencia del socialista Evo Morales, representa un intento de reforma pero que en última instancia ha sido abusada por el deseo de poder del expresidente, por lo que, ¿serán las pautas establecidas duraderas o Morales ha socavado el documento rector de su nación?

Venezuela

Explorar una breve historia de las revisiones y complicaciones de la Constitución de 1999, que es la más reciente y trascendente. Escrita por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, encarnó inicialmente los ideales socialistas. Fue reescrito después de que el recién elegido Chávez celebró un referéndum donde más del 60% de los votantes se abstuvieron, lo que lo llevó a una victoria aplastante. Su gobierno utilizó el documento “Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República” (escrito por el propio dirigente) como una guía para la nueva Ley Suprema. Todo el documento se redactó en tan solo cinco meses y enfatizó la remodelación de las autoridades públicas y la creación de nuevas elecciones, otorgando al político y, de esta  forma, al Partido Socialista Unido de Venezuela cada vez más poder.

De hecho, en 2007 el 47° presidente intentó hacer una revisión de la norma suprema. Entre otras “reformas,” buscó eliminar los límites de mandato para la reelección presidencial, permitió que pudiera nombrar administradores tanto a nivel federal como municipal e incorporar diferentes mecanismos de financiamiento político que beneficiaban a las autoridades. Estas medidas fueron poco populares entre la ciudadanía y una encuesta afirmó que solo el 28% de los votantes apoyaban los cambios propuestos. Sin embargo, Chávez finalmente llegó a sus objetivos, en particular el de abolir los límites de mandato.

En 2009 se realizó un referéndum para enmendar la Enmienda n.° 1, que le permitiría la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida. Aunque perdió este referéndum en 2007, sí lo ganó por un estrecho margen dos años después con el 54% de los votantes apoyando la medida, a pesar de que las instituciones democráticas estaban siendo erradas. Como dice el autor Carlos García Soto, el proceso de destrucción que sufrió la Constitución de 1999 significa que “los venezolanos pueden estar seguros de que hay una crónica completa que describe cómo el Estado fue despedazado, contado, analizado y criticado por politólogos, sociólogos y expertos constitucionales”.

Este proceso de examinación, crítica e inquietud aún es aplicable hoy, especialmente dada la convulsa situación política del país. Luego de la muerte de Hugo Chávez en 2013, su sucesor Nicolás Maduro tomó el control después de unas elecciones en las que ganó solo por un 1.5% de diferencia con su contrincante. Durante su primer mandato, la economía se disparó, y el despertar social y económico se generalizó, especialmente con una hiperinflación superior al 1.000.000% en 2018, convirtiéndose en el país con el peor y más elevado aumento generalizado y sostenido de los precios, con la posterior grave devaluación de su moneda.

El conflicto entre la oposición y el gobierno de turno provocó una crisis en 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia reclamó el poder legislativo sobre la Asamblea Nacional. Aquel, que estaba compuesto por jueces leales al régimen, le daría al presidente Nicolás Maduro aún más poder. La oposición prontamente dijo que la acción era inconstitucional y fue un “golpe” y, ante protestas masivas, se revirtió la decisión.

Luego de un mes de protestas que dejaron casi 30 muertos, el líder propuso una Asamblea Constituyente que trabajaría para reemplazar la norma fundamental de 1999. Mientras que se afirmó que permitiría la resolución de conflictos, el proceso de reescritura de la Carta Magna tomaría al menos dos años, lo que permitiría a Maduro permanecer en el poder durante este tiempo.

Actualmente, la Asamblea está trabajando en la revisión con la desaprobación tanto de otros países como de muchos venezolanos. Como señaló la Unión Europea en un comunicado, “la convocatoria de una Asamblea Constituyente se disputa dentro de la sociedad venezolana y por lo tanto corre el riesgo de polarizar aún más al país y aumentar el riesgo de confrontación”.

Bolivia

No olvidemos que el 10 de noviembre de 2019, después de 13 años en el poder, Evo renunciaba. Su decisión fue la consecuencia de semanas de protestas, levantamientos policiales, derramamiento de sangre y llamados a un nuevo gobierno después de que los resultados electorales, considerados fraudulentos, mostraran que había triunfado sobre su oposición. La esfera política luego de este hecho de MAS, partido político liderado por el ex presidente, se redujo a la senadora derechista Jeanine Áñez, personaje previamente desconocida en el mando político boliviano. La dirigente interina debía llamar a elecciones pero decidió posponerlas indefinidamente a causa de la pandemia, lo cual fue interpretado como un intento de aferrarse al poder y provocó enojo en los ciudadanos que querían la oportunidad de elecciones libres y justas, que finalmente fueron celebradas en octubre del 2020.

Tras revisar estos casos, podemos observar con claridad cómo se sigue afirmando la grave crisis institucional y democrática que vive la región constantemente, así como también el incierto futuro constitucional en estos dos países. En Venezuela continúa habiendo protestas masivas y conflictos entre diferentes sectores y grupos políticos, y no hay una solución fácil para resolver estos grandes problemas que se transforman en estructurales. En definitiva, las revisiones y el nuevo borrador de la Constitución de 1999 deben ser beneficiosos para todos para que se devuelva la estabilidad económica y democrática al país, y pueda comenzar el proceso de reconstrucción. En Bolivia, aunque Morales ya no es presidente, sentó un peligroso precedente al atentar contra la autoridad que tiene la Ley Fundamental. Nos seguimos preguntando si la democracia y sus instituciones podrán fortalecerse y ser mejoradas o si esto es apenas un sueño efímero.

Scout Meredith Best (Estados Unidos): estudiante de Relaciones Internacionales en Dickinson College y columnista en Diplomacia Activa.