Marruecos y Ceuta: la frontera como poder

Por Ivana Patanè

Los flujos migratorios no constituyen únicamente un desafío humanitario y fronterizo, sino también un recurso susceptible de adquirir valor estratégico. La instrumentalización de la movilidad puede generar mecanismos de presión y alterar las relaciones de poder entre Estados. ¿Es Ceuta un ejemplo? 

El 30 y 31 de julio de 2026, alrededor de 72.000 personas cruzaron la frontera marroquí de forma irregular hasta Ceuta en apenas 24 horas, lo que constituye uno de los episodios migratorios de mayor magnitud registrados hasta la fecha en la ciudad autónoma. La dimensión del acontecimiento y la rapidez con la que se desarrolló desbordaron la capacidad ordinaria de gestión fronteriza, mientras que la posterior devolución de aproximadamente 70.000 personas a Marruecos evidenció hasta qué punto la gestión migratoria en Ceuta depende de la cooperación –o de la capacidad de presión– de los Estados vecinos.

Sin embargo, reducir el episodio únicamente a una “crisis migratoria” supone, inevitablemente, limitar su alcance analítico y geopolítico. En este sentido, la entrada masiva de personas indocumentadas constituye un problema humanitario, un desafío para la seguridad fronteriza y un instrumento de presión diplomática en la narrativa política de este nuevo siglo. 

Además, el estatus de los dos enclaves (o exclaves españoles) ha sido el principal motivo de disputa territorial y política entre Rabat y Madrid desde hace décadas. Mientras Marruecos reclama la plena soberanía sobre Ceuta y Melilla, España asevera que las ciudades autónomas forman parte de su territorio nacional. 

Contexto histórico 

A partir del siglo XV, España y Portugal fueron ocupando progresivamente diferentes puntos estratégicos de la costa marroquí. En 1415, el país luso ocupó Sebta (Ceuta) y España ocupó Melilla en 1497, cinco años después de la caída de Granada. Durante el siglo XVI, los sultanes saadíes empezaron una “Reconquista islámica” y volvieron a recuperar algunos territorios ocupados por los portugueses, como Agadir en 1541 y Arcila en 1550.

En 1668, tras la Guerra de Restauración portuguesa entre el reino de Portugal y el de España, que puso fin a la Unión Ibérica y reconoció a Portugal como país independiente, España obtuvo Ceuta.

En los siglos siguientes, Marruecos intentó recuperar varias veces las “plazas” de soberanía españolas y, efectivamente, Ceuta sufrió un asedio de más de treinta años entre 1694 y 1727 por parte de las tropas del sultán Mulay Isma’il; mientras que Melilla fue atacada durante unos cien días entre 1774 y 1775. A pesar de estos ataques, España consiguió mantener sus enclaves. 

A finales del siglo XIX, las relaciones entre España y Marruecos empeoraron: en 1859, varios ataques de guerrilleros del Rif contra Ceuta provocaron la Guerra de África que terminó, empero, con la victoria española. Mediante el Tratado de Wad Ras, Marruecos se comprometió a pagar una gran indemnización económica a España que, por su parte, consiguió ampliar los territorios bajo su control en torno a Ceuta y Melilla. A comienzos del nuevo siglo, Marruecos atravesaba una severa crisis financiera y revueltas tribales internas y se encontraba cada vez más debilitado frente a las potencias europeas, especialmente Francia. 

En 1912, el Tratado de Fez estableció los protectorados francés y español sobre Marruecos. España controló el norte y el sur del país, conocido como “Marruecos español”, cuya capital era Tetuán. Durante la Guerra Civil española, las tropas marroquíes conocidas como “Regulares” desempeñaron un papel importante en el bando franquista (Francisco Franco organizó desde Marruecos su marcha hacia España y partió desde Tetuán en 1936 para dirigir las fuerzas sublevadas). 

En 1956, con la independencia marroquí, España abandonó el Marruecos español, pero mantuvo Ceuta, Melilla y las demás plazas de soberanía en el Mediterráneo puesto que eran consideradas territorio español y no parte de la colonia. En los años 70, aumentó el nacionalismo marroquí bajo el partido nacional monárquico Istiqlal que reclamaba la incorporación de los enclaves españoles. En 1975, mientras Francisco Franco agonizaba, Marruecos organizó la Marcha Verde sobre el Sáhara español (territorio español desde 1884).

Curiosamente, en 1958 Francisco Franco declaró el Sáhara español una provincia española, la número 53, mediante decreto, para intentar evitar las exigencias de descolonización de las Naciones Unidas. De hecho, la “provincia” tenía una estructura administrativa similar a la de cualquier otra provincia peninsular. Además, tras la presión de la Marcha Verde y los Acuerdos de Madrid de 1975, España abandonó el Sáhara Occidental en 1976, cuyo estatus legal quedó como el de un territorio no autónomo pendiente de descolonización según las Naciones Unidas.

A partir de entonces comenzó el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, un movimiento independentista creado en 1973 con la finalidad de combatir el colonialismo de España en el Sáhara español para luego establecer la soberanía del pueblo saharaui sobre el territorio frente a la ocupación extranjera. En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tras el avance de las tropas marroquíes y mauritanas.

Si bien la primera mitad de los años 70 fue de relativa “distensión” del escenario bipolar, la Guerra Fría seguía siendo incesante. Esto significaba que Estados Unidos nunca dejó de ofrecer apoyo logístico y diplomático cuando fuera necesario. Marruecos es un ejemplo clave. 

Fronteras estratégicas… 

Por definición, la frontera es la “línea que marca el límite exterior del territorio de un Estado y define el espacio donde ejerce su soberanía con exclusión de los demás”. En geopolítica, en cambio, la definición de “frontera” también choca con las lógicas de poder. 

Desde este punto de vista, la frontera deja de funcionar exclusivamente como un espacio de control territorial del Estado soberano y adquiere, más bien, una dimensión estratégica en la que convergen intereses políticos, geográficos y dinámicas de poder. A este propósito, los flujos migratorios pueden convertirse en un recurso de negociación entre Estados, mientras que las propias personas migrantes quedan atrapadas en discursos políticos que redefinen la percepción de la amenaza en un sentido “híbrido”.

En las relaciones internacionales, la “instrumentalización migratoria” como táctica de coerción política ha cobrado especial relevancia sobre todo a partir de los años 80. La politóloga norteamericana Kelly Greenhill acuñó el término “weaponization of migration” para referirse al uso de las olas migratorias como armas de guerra política. 

En su labor como docente, Greenhill ha identificado tres tipos de migraciones masivas usadas como arma: económicas, de apropiación y coercitivas. La primera sigue la lógica de obtener algún tipo de ganancia financiera; la segunda busca anexar territorios para consolidar el poder; y la última tiene como objetivo utilizar a la persona migrante como instrumento de política exterior para presionar a otros Estados. 

El caso turco es relevante: en 2016, la Unión Europea y el país euroasiático firmaron un acuerdo “informal” para detener la llegada irregular de refugiados sirios – que escapaban de la guerra civil- en particular, por la ruta del Egeo hacia las islas helénicas. Con este pacto, Ankara se comprometió a impedir la salida de migrantes irregulares a cambio de 6.000 millones de euros en ayuda financiera comunitaria para los refugiados presentes en su territorio y con un sistema de reasentamiento por el que, por cada ciudadano sirio devuelto desde Grecia, otro sería trasladado legalmente desde el territorio turco a un país comunitario.

Desde la firma del pacto, la llegada de migrantes indocumentados se ha reducido significativamente gracias a la cooperación entre Turquía y la UE. Sin embargo, en 2018, ante la Asamblea General de la ONU, el presidente turco acusó a las instituciones comunitarias de no desembolsar los fondos con la rapidez prometida y de hacer llegar la ayuda a “cuentagotas”. 

En 2020, la lentitud burocrática europea, la compleja coordinación entre sus instituciones y las autoridades de Ankara, así como la búsqueda turca de apoyo internacional para sus operaciones militares en el norte de Siria llevaron al presidente Erdogan a amenazar a la UE con dejar pasar, desde sus fronteras, a “millones” de migrantes a Europa.

Este acuerdo informal con el que se “intentó” contener las llegadas de las personas irregulares a Grecia ha sido el blanco de los tribunales europeos: el Tribunal de Justicia de la UE lo ha definido como un “acuerdo político” entre jefes de Estado/Gobierno adoptado fuera del marco comunitario y, por ende, se declaró “incompetente” ratione materiae (en razón de la materia) para juzgar la legalidad de la Declaración. A pesar de importantes diferencias, la crisis fronteriza entre Madrid y Rabat guarda ciertos paralelismos con el caso de Bruselas y de Ankara.

Ceuta y Melilla, cuya posición geográfica las sitúa en la intersección de diferentes escalas de poder, pueden considerarse el punto de convergencia de distintos intereses estratégicos: por un lado, constituyen la frontera exterior de la Unión Europea y, por tanto, un punto de conexión entre la política migratoria europea y las relaciones de la UE con sus vecinos meridionales.

Por otro lado, su condición de territorios españoles en el norte de África los convierte en un elemento particularmente sensible de la relación bilateral entre España y Marruecos, atravesada por cuestiones como la cooperación migratoria, la seguridad y las reivindicaciones territoriales marroquíes. Por ende, la crisis revela la dependencia mutua existente entre estos dos países y, al mismo tiempo, las dificultades de la UE para responder de manera autónoma y coordinada ante un acontecimiento que afecta directamente a una de sus fronteras exteriores. 

Desde esta perspectiva, la principal secuela de la crisis migratoria reside en su capacidad para propagarse verticalmente entre diferentes niveles de decisión política profundamente interrelacionados: el nivel supranacional, al poner a prueba la capacidad de acción exterior de la Unión Europea y los mecanismos asociados al espacio Schengen; el nivel estatal, al tensionar la política exterior española y su relación con Marruecos; el nivel doméstico, al trasladar la crisis al terreno de la gestión fronteriza, la seguridad, la acogida y el debate político interno (cabe subrayar que el 2027 será un año marcado por elecciones generales en España, Italia y otros países europeos).

Así, Ceuta sirve como caso ilustrativo de cómo una crisis fronteriza puede producir un efecto de “escalada” entre niveles de gobernanza, convirtiendo una cuestión territorialmente localizada en un problema simultáneamente europeo, diplomático y doméstico.

Mapa de Ceuta y Melilla | El Confidencial

… Y derecho internacional/comunitario 

Con respecto al rol que desempeña la Unión Europea en el norte de África, Ricardo Benítez, profesor y africanista en la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la política europea hacia Marruecos ha ido evolucionando en la última década. Desde las primaveras árabes en 2011 y la desarticulación securitaria en el Sahel desde 2013 hasta la actualidad, la crisis migratoria en la frontera ha presentado diferentes ciclos de presión sin lograr estabilizarse. La lógica aplicada establece que España desarrolla control fronterizo, barreras físicas y gestión administrativa de los migrantes que llegan a territorio europeo.

Como paso previo, Marruecos recibe financiamiento europeo, capacitación y coordinación en materia securitaria, aunque como actor extraeuropeo tiene más margen de maniobra para aplicar sus políticas migratorias en su territorio«. Como establece el profesor, «esto genera una doble función en Marruecos: puede filtrar el esfuerzo operativo de la migración antes de la llegada a Europa, aunque al mismo tiempo recibe mayor presión cuantitativa de flujo de migrantes que se establecen en su territorio sin poder volver y sin lograr llegar a Europa. Esta capacidad de Marruecos lo convierte en un actor clave en la gestión migratoria con capacidad de negociación. Usualmente las fricciones se relacionan con temas sensibles de soberanía como Sáhara Occidental, relaciones con Argelia o la cuestión de las aguas territoriales en disputa por la presencia española en Canarias». 

Entre otras cosas, cabe destacar que, en 1991, España se incorporó al Acuerdo de Adhesión a Schengen, un área de libre circulación que elimina los controles fronterizos interiores entre los países miembros. En el mismo año de la firma, durante las negociaciones, el gobierno de España redactó también una declaración sobre Ceuta y Melilla adjunta al Acto Final del Acuerdo Schengen. 

Esa declaración establece un régimen especial para los exclaves, sobre todo: España mantiene los controles que ya existían sobre las mercancías y viajeros procedentes de Ceuta y Melilla antes de su entrada en territorio aduanero de la Comunidad Europea; se conservan los controles en los vuelos interiores y exteriores, y en las conexiones regulares de ferry que salgan de los exclaves.

Esta condición jurídica explica claramente el motivo por el cual carece de sustento práctico excluir a España del espacio Schengen o “suspender” bilateralmente el acuerdo Schengen como ya procedió Palazzo Chigi, en Roma.

Hoy en día, esta especificidad jurídica sigue vigente y está salvaguardada por el artículo 41 del Código de Fronteras del acquis Schengen. En respuesta a una pregunta parlamentaria europea, en 2022, la misma Comisión Europea, órgano ejecutivo por excelencia de la UE, dejó claro que las dos fronteras con Marruecos son “fronteras exteriores” del espacio Schengen, por lo que se aplican normas especiales.

Esto significa que, jurídicamente, Ceuta y Melilla quedan dentro del espacio Schengen en materia de fronteras exteriores, pero con un régimen especial con respecto a Marruecos. Además, en un nivel más simbólico que técnico, para la UE, los enclaves son un indicador de la capacidad de proyección exterior, de coordinación y de legitimación de sus propias fronteras.

En el mismo año, la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el gobierno de Marruecos celebraron, en Rabat, una reunión informal para reforzar la cooperación fronteriza. Ambas partes confirmaron su voluntad de seguir fortaleciendo esa colaboración y de ampliarla mediante reuniones periódicas.

Entre otros detalles, España es también miembro de la Alianza Atlántica desde 1982 y se incorporó a la estructura militar integrada en 1999. Entonces, ¿se consideran Ceuta y Melilla cubiertas por el paraguas atlántico? No. Aunque pensar en una respuesta afirmativa pueda plantearse como un silogismo, en realidad, los dos enclaves no están protegidos de forma “explícita” por el “famoso” artículo 5, sobre defensa colectiva, del Tratado de la Organización.

Si bien el artículo 5 se ha convertido, casi por derecho propio, en la carta de presentación del Tratado Atlántico, basta con aventurarse más allá de él y recorrer sus otros trece artículos para comprobar que la arquitectura del Tratado es considerablemente más compleja de lo que su disposición más conocida hace pensar.

Efectivamente, el artículo 6 del Tratado completa y amplía el significado del artículo precedente al establecer los límites territoriales de la Alianza. Las fronteras de la OTAN excluyen el continente africano y Ceuta y Melilla, al estar en África continental, quedan fuera de la protección del artículo 5. Con respecto a los departamentos franceses de Argelia (artículo 6, primer párrafo), el Consejo Atlántico de 1963 consideró sin efecto las cláusulas relativas a partir de 1962.

Por otro lado, activar el artículo 5 sería una decisión meramente política del Consejo Atlántico y no automática; por lo tanto, ante una supuesta crisis que ponga en peligro la soberanía de un Estado miembro, de cualquier naturaleza, ese Estado podría solicitar consultas políticas de conformidad con el artículo 4 de la Carta o podría hacerlo también en sede UE en virtud del artículo 42, párrafo 7 del Tratado sobre la Unión Europea (“cláusula de defensa mutua”) introducida con la revisión de Lisboa en 2009, y bajo el artículo 222 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (“cláusulas de solidaridad”).

Ahora bien, es importante aclarar que no es la primera vez que Ceuta queda en el centro de una disputa diplomática y política entre Marruecos y España: ya en 2021 cerca de 8.000 personas indocumentadas llegaron a la ciudad autónoma en dos días tras la noticia de la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España. Sin embargo, al año siguiente, Madrid cambia su posición diplomática sobre el Sáhara Occidental reconociendo el “plan de autonomía” respaldado por Rabat, sumándose al reconocimiento estadounidense de 2020 e israelí en 2023.

En este marco, hay que leer el proceso de normalización de las relaciones entre el mundo árabe e Israel a partir de los Acuerdos de Abraham, mediados por EE.UU., en 2020. Marruecos figura junto a Emiratos Árabes Unidos como uno de los países protagonistas de este proceso. Por ende, el dossier “Sáhara Occidental” se ha convertido en una carta diplomática fundamental cuyo valor estratégico podría ser utilizado por diferentes actores para fortalecer alianzas, negociar apoyos y obtener concesiones en otros ámbitos. Al mismo tiempo, Marruecos es un socio fundamental en materia de seguridad y cooperación para Madrid y el país ibérico no puede romper estructuralmente sus relaciones bilaterales. Sin embargo, en la mesa de negociación, una elección conlleva a menudo costos diplomáticos significativos y, en este caso, ha sido su relación con Argelia.

El paralelismo entre las crisis de 2021 y 2026 es evidente: no solo el primer ministro español Sánchez vuela a Argel el 20 de julio de 2026 para fortalecer los vínculos energéticos y comerciales. Algunos días después la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados español aprueba una propuesta de ley que abre la posibilidad de conceder la ciudadanía española a los saharauis nacidos durante la administración colonial y a sus descendientes. A pesar de que el Palacio de la Moncloa excluye un nexo entre ambos acontecimientos, a finales de julio los controles en las fronteras con Marruecos, también financiados con recursos comunitarios, se debilitaron.

Sin embargo, el retorno de la gran mayoría de los migrantes indocumentados al territorio marroquí permite interpretar los acontecimientos no únicamente como una crisis de carácter migratorio, sino también como un instrumento de presión en el marco de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España.

En este contexto, el fortalecimiento de la posición negociadora de Rabat, debido a un entorno diplomático más favorable a sus intereses estratégicos, pone de manifiesto ciertas limitaciones en la capacidad de España y, en un sentido más amplio, de la Unión Europea para gestionar de manera autónoma y eficaz este tipo de crisis, pudiendo generar un deterioro de su credibilidad y capacidad de acción exterior (ya debilitadas en otros teatros geopolíticos).

Escenarios futuros

En el breve periodo, resulta fundamental observar de manera sistemática la evolución de los movimientos migratorios hacia la frontera, así como la postura de las autoridades marroquíes y las respuestas adoptadas por España. Desde este punto de vista, Ceuta y Melilla pueden entenderse como espacios especialmente relevantes para analizar las dinámicas geopolíticas contemporáneas puesto que son el punto de cruce de distintos temas prioritarios en las agendas estatales: soberanía, seguridad fronteriza y gestión migratoria.

En el mediano plazo, es importante monitorear las respuestas comunitarias: el lenguaje diplomático de la Unión, su capacidad de coordinación y de proyección internacional y, sobre todo, mediterránea, así como el uso político y mediático del espacio Schengen por parte de los gobiernos miembros de cara a las elecciones generales internas del 2027.

A largo plazo, en cambio, la consolidación de la influencia diplomática de Marruecos dependerá, en buena medida, de su capacidad para obtener un mayor reconocimiento internacional de sus posiciones sobre el “dossier Sáhara”, así como de su capacidad para configurar un entorno político regional e internacional favorable a sus intereses, lo que permitirá al país consolidarse como actor regional creíble en el panorama geopolítico global.

Por ende, la dimensión estratégica de ambas ciudades – y de todo punto geográfico estratégico – evidencia que el ejercicio del poder estatal no se limita a los ámbitos institucionales o militares, sino que también se manifiesta en la capacidad del Estado para gestionar los flujos migratorios que pueden ser fuente de presión y de control sobre un espacio fronterizo crucial para los intereses de distintos actores internacionales.

En este sentido, la frontera entre Marruecos y España constituye un escenario en el que las políticas migratorias adquieren una dimensión claramente geopolítica e influyen en las relaciones de poder y negociación entre ambos Estados.

Ivana Patanè (Italia): Licenciada en Lenguas Extranjeras para la Comunicación Intercultural, con especialización en estudios latinoamericanos. Estudiante de Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad de Padua. Columnista en Diplomacia Activa.