Uigures: un genocidio ignorado

En mayo de este año, Pekín anunció que abandonaría su política de “único hijo” implementada en 1978, permitiendo que las familias puedan tener hasta tres. ¿Pero esto se aplica a todos los ciudadanos del territorio por igual?

16.797 kilómetros. Es la distancia que separa General San Martín -mi barrio- de Xinjiang en China. Esta distancia no solo representa diferencia horaria, geográfica y territorial. 

El 24 de diciembre de 2019 mi prima nos cuenta que está embarazada. Se escucharon algunos llantos de alegría entre los ruidos de las copas golpeándose por el brindis. No tardaron en llegar las sugerencias sobre el nombre del bebé.

En Xinjiang, tierra de los uigures, Gulnar Omirzakh y Zumret Dawut se enteran que van a ser papás de su tercer hijo. El gobierno chino le ordenó a Gulnar que se implantara un DIU. Cuando el bebé cumplió dos años, unos hombres uniformados con ropa militar tocaron su puerta para avisarle que tenía tres días para pagar una multa de 2685 dólares por tener más de dos hijos. Endeudados, decidieron pagar y mudarse a Kazajistán (y si esto que leíste te parece horrible, prepárate para cuando veamos lo que pasa si las familias no deciden pagar).

Primero, un poco de contexto

China es la economía más grande del mundo. Desde el siglo pasado, el gigante asiático continúa creciendo y posicionándose como un jugador persuasivo en el sistema internacional. 

A principios del 1900 China no tenía peso en el sistema internacional porque sus problemas domésticos eran prioridad. Después de la crisis de 2008 ya parecía marcarle la agenda a la potencia norteamericana. Pero sus asuntos internos siguieron desordenados a causa de sus vigentes luchas territoriales y su vasta demografía. 

La República Popular China cuenta con cinco regiones autónomas. Una de ellas es Xinjiang, territorio clave para la implementación de la “Iniciativa Franja y Ruta” por la extensa cantidad de recursos naturales que contiene y territorio uigur. Los uigures son una de las 56 etnias reconocidas oficialmente por el gobierno y se identifica en su mayoría dentro de la religión musulmana. Históricamente se mostraron reacios al dominio de Pekín y en los años 90 adquirieron un activismo de carácter separatista. 

Este motivo, sumado a una amenaza de difusión de ideas islámicas extremistas en la región, es en el que el gobierno enmarca su lucha contra el “separatismo, el extremismo y el terrorismo”. Esta política consiste, básicamente, en un conjunto de acciones que violan las reglas básicas de los derechos humanos, una tras otra. Desde detenciones arbitrarias, trabajo forzado, restricciones a la práctica religiosa y la cultura, vigilancia generalizada, controles de natalidad hasta la multiplicación de los llamados centros de “reeducación política” donde van millones de musulmanes que no llegan a pagar las multas impuestas o a veces simplemente los detienen por rezar “mucho” o comunicarse con sus familiares que viven fuera de China. Xinjiang concentra el 21% de los arrestos en toda China. Según Human Rights Watch, ninguna de las personas detenidas ingresó al sistema judicial oficial, no hay orden de detención ni pruebas de delito, tampoco figuran antecedentes delictivos de ningún tipo. Se denunciaron desapariciones dentro de los campos, condiciones precarias de vivienda y aislamiento total de sus familias. 

Los regímenes comunistas no suelen ser amigos de las políticas de gobierno abierto. Por lo tanto, lo que se sabe es gracias a la investigación en campos de académicos, periodistas, organizaciones sociales y a un miembro anónimo del Partido Comunista que decidió filtrar 403 páginas donde se aclara explícitamente que el presidente Xi Jinping no solo tiene pleno conocimiento de este suceso, sino que fue su orden. Sumado a esto un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica estima que, en la carrera del gobierno chino por domesticar y separar a la cultura uigur de sus raíces, aproximadamente 65% de las mezquitas de Xinjiang fueron destruidas o dañadas como resultado de políticas gubernamentales. 

Ahora sí, volvamos a la política del único hijo

Si bien varios informes creen que la política pudo haber ayudado al país en otros tiempos, el gobierno chino vio un envejecimiento general de la población. Las personas en edad económicamente activa eran cada vez menos. Y como era de esperarse, circunstancias extremas requieren medidas extremas: dio lugar a un sinfín de abortos forzados, abandono, comercio, tráfico y asesinato de niños.  

A raíz de estas circunstancias, China fue flexibilizando la medida. Pero esto no revirtió el rumbo. Por eso, decidieron hacer efectiva la modificación luego de observar el enorme descenso en la tasa de natalidad.  

La reglamentación de 1978 se extendió a todo el territorio pero la flexibilización de 2013 no llegó a Xinjiang. Un informe de Adrian Zenz titulado “Esterilizaciones, DIU y control de la natalidad obligatorio: la campaña del Partido Comunista Chino para suprimir las tasas de natalidad uigur en Xinjiang” muestra que el descenso de la tasa de natalidad en tierras de la minoría uigur comienza en 2015. Las tasas de crecimiento cayeron un 84% en las dos ciudades más grandes de Xinjiang entre 2015 y 2018. Lo mismo sucedía con la aplicación de DIUs: las estadísticas de 2017-2018 de la ciudad de Aksu mostraron que el 73,5% de las mujeres casadas en edad de concebir tenían colocado el dispositivo intrauterino. La mitad de esas mujeres tenían solo un hijo. De 2015 a 2018, los índices de esterilización aumentaron seis veces. Luego de este procedimiento, muchas mujeres tuvieron que convivir con funcionarios del gobierno que controlaban su post operatorio.  ¿Cómo se sabe todo esto? El gobierno coordina programas de control de natalidad con presupuesto propio. Dentro de esos programas se enmarcan los “DIU checks” o controles de DIU que se realizan cada cuatro meses. Estos dispositivos intrauterinos están diseñados para que solamente puedan ser extraídos a través de cirugías aprobadas por el gobierno. Cualquier médico que realice esta práctica sin autorización sufrirá de multas y hasta podrían enfrentar penas de prisión.

Un grupo de activistas uigures que viven en el exilio presentaron pruebas a la Corte Penal Internacional con el fin de iniciar una investigación sobre el presidente y otros funcionaros del gobierno por genocidio demográfico. La moción fue desestimada a fines del año pasado bajo el argumento de que no se puede investigar a China porque no forma parte de este tribunal. 

Resta preguntar cuánto falta para que la comunidad internacional se involucre activamente en frenar este atropello. En abril de este año, la Cámara de los Comunes del Reino Unido declaró que el tratamiento del régimen chino hacia la minoría uigur constituye un genocidio. La administración norteamericana, belga, canadiense y neerlandesa se manifestaron a favor de la resolución. 

Ailén Desirée Montes (Argentina): Licenciada en Comunicación Social, estudiante de la Maestría en Estudios Internacionales y foco en seguridad y geopolítica internacional.