Un año después
Por Concepción Mejías Carrascosa
Han pasado más de 365 días desde la caída de Kabul y el ascenso al poder de los talibanes como representantes de Afganistán. Preguntarnos qué ha cambiado resulta absurdo, absolutamente todo ha cambiado, todo es diferente.

Tras la huida del Gobierno y del Presidente Ashraf Ghani, los talibanes, liderados por Mulá Abdul Ghani Baradar, llegaron al poder. ¿Qué consecuencias ha tenido este levantamiento? ¿En qué se caracteriza esta nueva estructura de liderazgo?
El 15 de agosto, un año después de la subida al poder de los talibanes, cientos de personas se reunieron a las puertas de la embajada de Estados Unidos para celebrar “El día de la liberación”, el día que marca la victoria militar contra Estados Unidos frente al Emirato Islámico.
Miseria y pobreza son los dos adjetivos más utilizados entre los medios internacionales para describir en qué se basa la nueva realidad. La población ha perdido la esperanza de un cambio, la sociedad se encuentra sometida bajo un velo de grises y violaciones de derechos humanos, ante el que solo se manifiesta la desesperación. Según fuentes de organismos internacionales, 8 de cada 10 jóvenes afganos se encuentran actualmente viviendo en situación de extrema pobreza, no hay trabajo, ni posibilidades. Las calles están llenas de personas que piden una ayuda que nadie es capaz de proporcionar.
Afganistán se encuentra bajo los efectos de una crisis humanitaria y económica sin precedentes. Ahora que la ayuda internacional ha sido congelada, puesto que un gran número de países se han negado a reconocer la autenticidad del nuevo Gobierno, prácticamente la mayoría de la población tiene graves problemas para comprar alimentos o encontrar un lugar donde vivir. Un problema que, a demás, se ha visto doblemente afectado por la pobre infraestructura que se encuentra en las ciudades principales como Kabul como consecuencia de los continuos enfrentamientos estos últimos tres años.
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Millones de personas, especialmente niños y niñas, se encuentran situación de desnutrición. Por ello, las familias se ven obligadas a vender sus propiedades para poder alimentarse. Con sus cuentas congeladas y sin ingresos externos posibles, una vez que los muebles, la ropa, los cultivos o los pocos objetos de valor que cada familia ha podido conservar, solo queda una cosa que vender para poder pagar los alimentos: a las niñas afganas.
Es por ello que, aunque el matrimonio infantil es ilegal por normativa hasta los 15 años, organizaciones internacionales, como UNICEF, ya han decretado que el matrimonio de niñas ha aumentado en estos últimos doce meses como consecuencia de la tremenda situación de pobreza que sufren las familias afganas desde la llegada de los talibán al poder. En un momento de crisis en el que los miembros de una familia no tienen qué comer, la dote que se les proporciona a los padres de la novia, es la única fuente de ingreso viable. Algunas ONGs, han llegado a reportar ventas de bebés de 18 meses, a cambio de una dote y de un matrimonio en años futuros.
Por otro lado, es necesario también comentar las consecuencias del cambio climático, un problema que, aunque está afectando a un nivel mundial, en Afganistán es otro factor perjudicial más. Y es que, en los últimos tres años, las sequías han arrasado con los campos de cultivo en muchas zonas del país, mientras que en otras, las lluvias torrenciales han causado graves inundaciones o nieve en pleno mes de junio.
A todo esto, se suman la falta de divisas y las sanciones, que hacen casi imposible la transferencia de dinero a Afganistán. Por ello, las organizaciones sociales tienen que recurrir a medios inusuales para que su ayuda llegue. Actualmente, las transferencias de dinero deben procesarse mediante redes “hawala”.
Este término se usa para denominar a un proceso que se basa en que ONGs como Welthungerhilfe transfieren primero su dinero a la cuenta de un agente “hawala” residente en un tercer país, este agente, una vez recibido le ingreso, se encarga de que el dinero llegue a Kabul en efectivo y una vez allí las ONGs se responsabilizan de contabilizar y repartirlo.
Con los talibanes completamente asentados en su posición de Gobierno de facto, y con las anteriormente consideradas milicias totalmente uniformadas y establecidas en las calles y en los puestos de control como principales agentes de la seguridad, resulta sorprendente comprobar cómo algunas de las promesas que fueron anunciadas a su llegada, no solo han sido incumplidas, sino que, al contrario, se han convertido en los principales motivos de protestas internacionales.
Uno de los cambios que mayor renombre ha tenido en los países occidentales, ha sido el ver cómo la figura de la mujer ha quedado totalmente defalcada en gran parte de los ámbitos de la vida pública y privada. Como ya dijo hace un año la ganadora al premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, “los talibanes han demostrado que aquello que más temen es a una niña con un libro”. Es por ello que las niñas y mujeres han sido doblegadas a un tercer plano, sin posibilidad de trabajar, circular libremente por al vía pública, acceder a un gran número de servicios sanitarios, ir al colegio o a la universidad.

La inseguridad, aunque mayoritariamente a mujeres, también afecta a otros sectores de la población. Aquellas personas que se manifiestan socialmente contra las represalias del régimen corren el riesgo de ser detenidas, agredidas o maltratadas.
Organizaciones como Amnistía Internacional han llevado a cabo importantes campañas de sensibilización en las que han manifestado su preocupación por las condiciones en las que viven las personas que se encuentran presas en los calabozos, denuncian las desapariciones forzosas o las ejecuciones extrajudiciales. La tortura y los malos tratos son métodos abiertamente denunciados ante los Tribunales Internacionales, junto con las persecuciones a las minorías étnicas o a algunas razas en específico.
Pocas semanas después de la toma del poder comenzaron las denuncias sobre personas afganas no pastunes desalojadas forzosamente de sus casas o tierras para que los talibanes pudieran premiar a sus seguidores con las mismas. Los grupos étnicos que se han visto mayormente afectados por estos abusos son: el hazara, el turcomano y el uzbeko.
A demás, en los primeros meses de la llegada al poder del régimen se denunciaron desalojos en todo el país, entre otros lugares, en las provincias de Balkh, Helmand, Daikundi, Kandahar y Uruzgan. En junio de 2022, la ONU calculaba que la cifra de personas afganas desplazadas había aumentado a más de 820.000

Por otro lado, en un país en el que las leyes son directamente extraídas a partir de la interpretación de la religión por los talibanes, donde la adicción es algo reconocido como pecado y las personas drogadictas han sido apartadas de las calles, resulta contradictorio comprobar cómo Afganistán en el último año no solo ha seguido siendo el país de mayor productor de opio, sino también de heroína y metanfetaminas.
La libertad de prensa también ha sido un concepto completamente desaparecido en este último año. Los medios independientes son vistos como enemigos por los talibanes, y, aunque entre 2001 y 2020, la prensa libre vivió enormes progresos, ahora miles de periodistas afganos están o exiliados o sin empleo. Según Reporteros Sin Fronteras, el 43 por ciento de los medios afganos han sido cerrados en los últimos tres meses.
El sector de la salud, ya de por sí precario, quedó aún más debilitado en agosto con la suspensión de la ayuda internacional al Programa de Mejoramiento del Sistema de Salud en Situaciones de Transición (Sehatmandi). Este programa, de múltiples donantes, era la principal fuente de ayuda para atención sanitaria, nutrición y servicios de planificación familiar de calidad en todo Afganistán. A lo largo del año se ha atacado en numerosas ocasiones al personal sanitario y a los centros de salud, si se consideraba que los servicios que ofrecían o las prácticas que ejercían no eran correctas.
No obstante, no todo el ámbito internacional ha criticado o calificado de golpe de Estado el acceso al poder del régimen. Cinco son los países que han mantenido abiertas sus relaciones diplomáticas: China, Rusia, Irán, Pakistán y Turquía. En 2001, Pakistán ya mantuvo las relaciones diplomáticas con el primer Emirato talibán, por lo tanto, no era sorprendente que esta fuese su respuesta. No obstante, los otros cuatro países merecen cierta reflexión.

Para empezar, China no solo mantiene su embajada abierta en Kabul, sino que no ha dudado en hacer públicas las reuniones que ha celebrado con los líderes talibanes, otorgándoles así un cierto reconocimiento. El motivo de esta estrategia recae en un acuerdo alcanzado entre Pekín y Kabul, por el cual China reconoce a los talibanes a cambio de protección para las infraestructuras de la nueva Ruta de la Seda construidas por el gobierno chino en la frontera entre Pakistán y Afganistán.
Por su parte, Rusia ha seguido una estrategia similar. El ejecutivo ruso ha buscado escenificar y ahondar en sus comunicados exteriores la derrota y retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán, posiblemente como “venganza” por la humillación sufrida en 1989, cuando las tropas soviéticas fueron obligadas a cruzar la frontera de Termez.
Lo cierto es que, si miseria y pobreza son las palabras utilizadas para describir el estado en el que se encuentra sometido la sociedad afgana, incertidumbre es la mejor forma posible de describir cómo se puede vaticinar el futuro de este país. Con un 72% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza actualmente, aunque las personas expertas suponen que esta cifra puede superar al 90% en los próximos meses, la población afgana se encuentra en un escenario muy complejo que requiere del mayor activismo posible, y de un giro de 180 grados.
Concepción Mejías Carrascosa (España): Graduada en Derechos Humanos y Gobernanza, Universidad Autónoma de Madrid.
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