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Corte Penal Internacional: 20 años

Por Victoria Issin

Mirando al pasado, al presente y al futuro, la labor de la CPI se posiciona como uno de los pilares de la justicia multilateral, en un intento por “ir más allá” de la soberanía y los intereses de los Estados que le dieron nacimiento.

Ilustración | Ana Paula Durán

El 1 de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de Roma: un tratado internacional que daría nacimiento a la primera Corte Penal Internacional de carácter permanente, con el propósito de garantizar que la justicia penal internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera.

Producto de intensas negociaciones en el seno de la Conferencia de Roma en julio de 1998, se puso en marcha un “complejo engranaje orgánico y procesal” en palabras de Héctor Olásolo, adoptando un instrumento que concilia sistemas jurídicos-penales tan diversos como el continental, el common law, y los de las culturas jurídicas islámicas, africanas y asiáticas.

Con el voto positivo de 120 Estados, el Estatuto fue aprobado a pesar de los votos negativos y abstenciones de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, potencias nucleares e importantes potencias regionales. Si bien la mayoría obtenida en Roma no puede ser equiparada a una aceptación universal, constituye, sin duda, una base de apoyo muy amplia que refleja un consenso en la lucha contra la impunidad.

El actuar de la Corte ha sido necesariamente pionero en varios aspectos. Su mandato se centra en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes más graves de derecho internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y luego fue incorporado el crimen de agresión.

Además, el ejercicio de su jurisdicción está limitado por estándares de gravedad y complementariedad: la Corte solamente está facultada para investigar y conocer de crímenes más graves, que no hayan sido ni estén siendo investigados o juzgados por las jurisdicciones nacionales de manera seria, cuestión que es analizada por la Sala de Cuestiones Preliminares antes de autorizar el inicio de un procedimiento.

Esta cuestión tiene especial relevancia dado que son los propios Estados quienes tienen el deber de ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. Como reflejo de ello, la Corte dio cierre a su examen preliminar en Colombia, quien a través de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, estableció una Jurisdicción Especial para la Paz encargada de administrar justicia de manera autónoma y exclusiva frente a conductas relacionadas al conflicto armado interno.


Por otro lado, las investigaciones que se inician en la CPI son por naturaleza complejas, tanto en lo jurídico como desde lo logístico, dado que se articulan en zonas de conflicto y deviene necesaria la cooperación de Estados y/o organizaciones en terreno para poder operar.

Respecto a ello, dos casos dieron especialmente qué hablar: las Situaciones en Afganistán y en Ucrania. En 2019 la Sala de Cuestiones Preliminares no autorizó el inicio de procedimientos en Afganistán -a pesar de haber investigado durante diez años- entendiendo que sería poco probable arribar a un enjuiciamiento efectivo por la escasa cooperación, y las dificultades para obtener pruebas teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre los crímenes (ocurridos desde 2003).

Sin embargo, esa decisión fue recurrida y la Sala de Apelaciones autorizó unánimemente a iniciar la investigación en 2020. Misma voluntad se reflejó en mayo de este año cuando la oficina del Fiscal Karim Khan, desplegó un equipo de 42 investigadores, expertos forenses y personal de apoyo en Ucrania para avanzar en la búsqueda de pruebas de presuntos crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos durante la invasión rusa, suponiendo el mayor despliegue sobre el terreno realizado por la Oficina del Fiscal de la CPI desde su creación.

Asimismo, estas investigaciones se concentran en particular, en los “máximos responsables”, aquellas personas que, desde el poder estatal o no estatal, planearan, o promovieran el desarrollo de actos de violencia constitutivos de los crímenes de competencia de  la Corte.

Es menester mencionar que en este sentido, la Corte ha solicitado la detención de jefes de Estado en ejercicio, como los presidentes de Sudán (Omar Al-Bashir) y Kenia (Uhuru Kenyatta). Por supuesto que estas solicitudes despertaron controversias y reticencias, pero también han habido reacciones positivas ante la solicitud por parte de quienes consideran que con ello se le da credibilidad a la Corte, al procurar perseguir efectivamente a los responsables de más alto rango.

Esta circunstancia también deviene compleja por la dificultad que conlleva obtener la detención de estas personas, siendo indispensable la cooperación con los Estados Partes para ello, y por lo que al cabo constituye todo un hito el hecho de llevar a un imputado a juicio. La CPI ha emitido órdenes de comparecencia o de arresto contra 50 imputados, de los cuales 14 permanecen fugitivos, y por lo menos 4 se presumen fallecidos. Al día de hoy, de los 31 casos que tiene la Corte, se llegó a la apertura de 13 juicios orales por encontrarse confirmados los cargos, 5 de los cuales siguen en marcha.

Para finalizar con esta mirada panorámica al funcionamiento de la CPI, es dable mencionar que durante los primeros años de su mandato, la Corte se enfocó principalmente en la investigación de cuatro Situaciones: Uganda, República Democrática del Congo, Sudán-Darfur y República Centroafricana. Si bien el trasfondo de cada situación cumplimentaba en demasía todos los parámetros de gravedad imaginables, el hecho de que todas estas situaciones tengan lugar en África provocó varias críticas apuntando a que “la Corte se ocupa sólo de juzgar a africanos”, o en todo caso, a ciudadanos de Estados sin gran poder en el concierto de potencias mundiales.


Lo cierto es que durante los últimos años, la CPI ha dado grandes pasos hacia la expansión de sus investigaciones. Un gran hito fue la apertura de la Situación de Myanmar/Bangladesh en 2019, donde la Corte se entendió competente para juzgar crímenes de lesa humanidad iniciados en Myanmar (un Estado no parte del Estatuto) pero consumados en el Estado vecino, Bangladesh (que sí ha reconocido la competencia de la CPI), cometidos de una manera “transfronteriza” como es la deportación forzada en contra de la minoría rohingya.

Además, en 2020 la Sala de Apelaciones autorizó el inicio de una investigación sobre crímenes de guerra cometidos en el contexto del conflicto armado en Afganistán, incluyendo crímenes presuntamente cometidos en Rumanía, Lituania y Polonia, lugares donde la CIA tiene sus “black sites”. Y por último, a inicios de 2021, se autorizó el inicio de una investigación en Palestina, particularmente en los territorios ocupados por Israel.

Ninguna de estas situaciones está circunscripta al territorio de solo un Estado, lo que además acarrea otro inconveniente: la presencia de Estados no parte del Estatuto como lo son Myanmar, Estados Unidos, e Israel, que motivó diversas acusaciones contra la legitimidad de la CPI.

Sin embargo, en sus decisiones la Corte pudo regular el ejercicio de su jurisdicción de manera sólida, aclarando que “por la propia naturaleza de los crímenes del Estatuto, los hechos y las situaciones ante la Corte surgen de contextos controvertidos en los que están latentes cuestiones políticas, pero que la Corte no debe retroceder cuando estas cuestiones también desencadenan asuntos jurídicos de su competencia”.


Aunque el objeto y la finalidad de la Corte no pueden eludir su marco jurídico -y la CPI no tiene una jurisdicción universal o incondicionada-, la obligación de prevenir, investigar y castigar los crímenes de su competencia debe configurar la aplicación e interpretación de su Estatuto. En este sentido, la Fiscalía recordó que el Estatuto de Roma es un «tipo especial de tratado multilateral» que va más allá de la protección de la soberanía y de los intereses de los Estados, orientado a la protección de las personas y al establecimiento de un sistema de justicia.

Hacia su 20 aniversario, la CPI lidera el camino aclarando los límites de su propia  jurisdicción para cumplir con la responsabilidad encomendada por la comunidad internacional: ayudar a cerrar la brecha de responsabilidad que lamentablemente beneficia a los autores de crímenes internacionales.


Victoria Issin (Argentina): Estudiante avanzada de abogacía, Universidad Nacional de La Plata.

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