Drogas, una guerra fallida

La guerra contra las drogas está fracasando frente a una problemática que necesita ser abordada desde un enfoque social y sanitario ¿Por qué es importante repensar este debate?

Hace poco más de un siglo nació el paradigma de la prohibición para combatir el consumo de sustancias adictivas en nuestra sociedad. Sin embargo, la mano dura del Estado ha dejado en evidencia que su éxito no es mayor al costo generado. De hecho, contrario a lo esperado, el uso de estupefacientes está lejos de disminuir.

Desde la implementación de la Ley Seca en Estados Unidos en 1920, pasando por la guerra contra el narcotráfico impulsada por Ronald Reagan en los años 80 —expandida durante las décadas posteriores en América Latina— llegando hasta la actual violenta lucha contra el narcotráfico en Filipinas ,por mencionar algunos ejemplos, el prohibicionismo se ha centrado en abatir el mercado ilícito de drogas dejando de lado al protagonista principal: el consumidor.

Por supuesto que, acostumbrados durante mucho tiempo a percibir las palabras “drogas” y “estupefacientes” como una mala palabra, no hemos recibido la información y educación suficiente en torno a este dilema como para enfrentarla desde una posición humana de concienciación, haciendo especial hincapié en la salud.

Así es como, sin entrar aún en detalles, se plantea una cuestión que invita a preguntarnos, ¿por qué hemos de seguir considerando al hard power o poder de coacción estatal como la herramienta principal para cuidar el bienestar de nuestros ciudadanos?

Prohibir las drogas

De acuerdo con el glosario aportado por el texto “Un libro sobre drogas”, la prohibición hace referencia a la restricción absoluta “por parte de la ley penal del consumo, cultivo, producción, distribución y posesión no autorizada de ciertas sustancias psicoactivas con propósitos diferentes a los medicinales o científicos”.

Sin embargo, se trata de un concepto cargado de historia basada en juicios morales, éticos, étnicos y religiosos, según los cuales se construyeron las duras políticas para combatirlas. Esto, claro, dio lugar a una posterior institucionalización que hoy produce más costos estatales que beneficios sociales. En efecto, el paradigma prohibicionista ha generado un profundo estigma en torno a esta problemática dando lugar a otras dificultades relacionadas con la desinformación, la discriminación y la desigualdad de acceso a herramientas de recuperación y rehabilitación.

Hoy la tradicional lucha se ha puesto en discusión. Muchos expertos, líderes, organizaciones internacionales y Estados coinciden en una idea central: combatirlo desde la prohibición está fracasando. Es evidente que este método ha producido el efecto del fruto prohibido: mientras más lejos de tu alcance está, mayor es tu deseo por probarlo. Sí, es una analogía demasiado pobre para referenciar este tópico, sin embargo los hechos han demostrado que, a la par que un país aumenta sus fuerzas de seguridad para lidiar contra el narcotráfico, el mercado ilícito se amplía generando aún más consumidores.

El Director Interdisciplinario de Economía Política, Andrés López, expuso que los limitados efectos del combate contra las drogas han tenido perjuicios económicos como el aumento del presupuesto de seguridad, Justicia y de prisiones para reprimir el tráfico de estupefacientes. Pero, además —según informes de la ONU y otros organismos—, López sostuvo que este paradigma ha dado lugar a consecuencias sociales que tienen que ver con la dificultad de acceso a tratamientos por parte de usuarios; las consecuencias sobre los niveles de bienestar, relacionados con la falta de insumos para el tratamiento de pacientes; el impacto negativo que ha tenido en comunidades vulnerables o discriminadas (atravesando otras preocupaciones relacionadas con la pobreza, la desigualdad y la xenofobia); el incremento de los niveles de violencia y la incorporación de muchos jóvenes que, por sus condiciones económicas, ingresan a bandas criminales en busca de un mejor estatus; y por último, pero no menos importante, el crecimiento de la corrupción estatal.

Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Si insistimos en un mundo libre de estupefacientes, ¿podremos hacerlo contrarrestando sus efectos? Parece una meta difícil de alcanzar.

El violento enfrentamiento contra el narcotráfico en Filipinas

Aunque Estados Unidos no fue el país que dio origen al prohibicionismo, sí tuvo un rol clave en la institucionalización de políticas a nivel nacional, regional e incluso internacional a lo largo de todo el siglo XX. Desde entonces, la implementación de medidas duras que le declararían la guerra a las drogas, se extendió al resto del mundo.

Filipinas se encuentra desde junio de 2016 gobernado por Rodrigo Duterte, quien alcanzó su posición de liderazgo gracias a su misión más importante: ganar el enfrentamiento contra el narcotráfico. Su orden de disparar a matar contra cualquier sospechoso de consumir, producir y traficar sustancias ilegales fue reforzándose cada vez más.

Un informe presentado por la organización Human Rights Watch denunció a principios de este año los daños colaterales que la batalla contra el narcotráfico ha dejado en la sociedad filipina. Muchos niños vieron morir a sus familiares a causa de esta decisión, lo que les ha provocado consecuencias psicológicas, educativas y económicas sumamente negativas. ¿Quién garantiza que esto no será traducido en un costo social para el Estado si, a causa de su salud mental, son miles de niños los que encuentran dificultades para educarse y desarrollarse debido a los traumas de la violencia?

Su polémica “justicia por mano propia” basada en la sistematizada violencia con que operan sus fuerzas policiales y parapoliciales —las cuales Duterte negó financiar en sus inicios como presidente—, generan una ambigüedad que suscita la apertura a espacios de discusión y reflexión: ¿cuáles son los efectos positivos de ejecutar medidas basadas en el miedo y la represión, si a la vez se descuida al ciudadano? Y lo que es aún más importante, ¿cuál es el límite que existe entre su erradicación para fomentar el bienestar de la población, y la completa vulneración de sus derechos humanos?

Salud o no salud, esa es la cuestión

La realidad puntual vivida en Filipinas es una de las tantas padecidas en todo el mundo. La criminalización y la dura penalización, han dado lugar a un enfrentamiento que puede que nunca tenga final.

Y este breve abordaje crítico sobre el paradigma prohibicionista trae a la mesa de debate una cuestión de especial importancia: los altos costos económicos, políticos y sociales, sumados al creciente mercado ilícito de estupefacientes, jamás podrán erradicar por completo el consumo.

Ya son varios los líderes globales que piden la despenalización de algunas drogas para cambiar el rumbo del combate. Uno de ellos fue Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas. En un informe presentado por la Comisión Global de Políticas sobre Drogas en el año 2016, de la que Annan formaba parte, se afirma que “es necesario un régimen de control mundial, nuevo y mejorado, que proteja el bienestar y la seguridad de las personas. Las medidas basadas en ideologías represivas deben ser sustituidas por aquellas más humanas y eficaces a partir de evidencias científicas, principios de salud pública y respecto a los derechos humanos. Esta es la única manera de reducir las muertes, las enfermedades, el sufrimiento, la violencia, el crimen, la corrupción y los mercados ilegales, producto de normas ineficaces y prohibitivas”.

En este sentido, una construcción de políticas públicas para ayudar a comunidades afectadas por las drogas necesita ser enfocadas teniendo en cuenta el contexto social y las demandas de los individuos que la conforman. De esa manera, el desarrollo de aquellas podrán partir desde una visión humana e integrada, destinada a cuidar el equilibrio físico, mental y social de los consumidores ya sea a través de ayuda terapéutica brindada por el Estado; el aporte de insumos para tratamientos de consumidores; la humanización de los sistemas carcelarios; la educación e instrucción a los jóvenes respecto al uso y consumo; y la concienciación sobre el cuidado de la salud mental. No se trata de minimizar los riesgos que suponen las drogas, sino de una efectiva prevención y protección respecto de las mismas.

¿Parece difícil? Luego de 100 años de extremas prohibiciones y tabúes sobre este tema, sin lugar a dudas. Pero, ¿hasta cuándo vamos a seguir ignorando este debate? El mundo cambia y la dinámica con la que construimos políticas de mejora para nuestra sociedad debe adaptarse a sus transformaciones.

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Ana Paula Collado (Argentina): Lic. en Relaciones Internacionales, Universidad de Congreso.

«Creo que las drogas han destruido muchas vidas, pero las malas políticas de los gobiernos han destruido muchas más. Para una persona joven tener antecedentes penales por un delito menor de drogas puede constituir una amenaza mucho mayor a su bienestar que un uso ocasional de drogas».

Kofi Annan, séptimo Secretario General de Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz (2001).