Opio, el petróleo afgano
Durante décadas, en Afganistán el cultivo de opio ha representado la fuente de ingresos para miles de familias rurales, pero al mismo tiempo ha logrado fomentar la violencia en las calles vinculada a la falta de control gubernamental. Pero, ¿cómo surgió?
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En 1994 los talibanes —seguidores de la rama ultraconservadora del Islam en el sur del Estado— capturaron la ciudad de Kandahar, considerada por muchos un bastión sin el cual hubiera sido imposible la difusión del mensaje que proponía este grupo extremista religioso. Luego de dos años de dominación, avanzaron por la mayor parte de los territorios del país e impusieron su interpretación del Islam sobre la población. Finalmente en 1996, con el apoyo de Pakistán, Arabia Saudita y Osama Bin Laden —líder de la organización terrorista Al Qaeda, la cual compartiría una estrecha relación con el movimiento talibán— se enfrentan al Ejército del Norte formado por Ahmed Shah Massoud por la ciudad de Kabul. Meses más tarde la milicia islámica rodea la capital obligando a Massoud y a sus tropas a retirarse hacia el norte.
Ya en el poder, el Emirato Islámico de Afganistán llevó a cabo una política en contra del consumo de estupefacientes como el hashish y el opio. Esto se debió a que en la doctrina islámica el consumo de intoxicantes estaba totalmente prohibido por términos religiosos. Sin embargo, el gobierno talibán autorizó la plantación de amapola, la producción de opio y su derivado, y la heroína, para luego ser exportados bajo la justificación de que este tipo de drogas eran consumidas por los “decadentes y pervertidos occidentales”.
El modelo del “Continuum Terror – Crimen” desarrollado por Tamara Makarenko —una de las más reconocidas académicas en analizar el crimen organizado— establece una herramienta útil para poder estudiar lo que está sucediendo en las zonas tribales de Afganistán y Pakistán. Este modelo es definido como un eje horizontal en el que el crimen organizado se encuentra en el extremo izquierdo y el terrorismo en el extremo derecho, cada uno representando sus propios intereses y medios para lograr sus objetivos. En el eje se pueden visualizar siete puntos de encuentro que, a su vez, se pueden dividir en cuatro grupos generales: alianzas (1); motivaciones operativas (2); convergencia (3) y el “agujero negro” (4).

Según Makarenko y su tesis del agujero negro, el crimen organizado (en este caso el narcotráfico) y el terrorismo, llegan a un punto máximo de convergencia en el cual sus objetivos e intereses de un comienzo se transforman en un mismo objetivo y así pasan de ser dos organizaciones autónomas a una única entidad.
De esta forma, el Estado Talibán convirtió al opio en su principal fuente de financiamiento, no involucrándose en el tráfico de drogas sino cobrando impuestos a los grupos que traficaban los diferentes derivados de la amapola. Además, fue en este período (1996 – 2001) en donde se crearon importantes lazos entre líderes talibanes, políticos y transportistas de Afganistán, Irán, Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, los cuales formaron parte de una red internacional para su exportación y también de la heroína hacia el resto de los continentes.
En el año 2001, con la intervención militar de Estados Unidos y la caída del Emirato Islámico de Afganistán, se puede analizar que el precio de aquella sustancia ocupó un protagonismo como nunca antes se había visto. Ante la creciente demanda de este tipo de droga alrededor del mundo y la poca oferta que se especulaba que había, el precio del opio se disparó de USD 28 por kilo a USD 350 por kilo. No obstante la calidad de estos estupefacientes en las calles de Europa y Estados Unidos no se vio afectada debido a las altas reservas en poder de las milicias talibanes.

Diez años más tarde, el escenario es muy distinto. Según documentos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 84% del opio y heroína que se comercializa alrededor del mundo proviene de las zonas tribales en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Esto se debe a que el tráfico de drogas no fue un tema central sino hasta 2008, año en el que se descubre la relación de los talibanes con el grupo terrorista Al-Qaeda, lo cual representó una preocupación para Estados Unidos y sus aliados. Ante este contexto, los países involucrados en la guerra de Afganistán deciden poner énfasis en acabar con la principal fuente de financiamiento de ambos grupos. ¿El problema? Las zonas tribales de aquellos dos países son una región montañosa de difícil acceso que se encuentra en las provincias de Helmand, Farah, Kandahar, Nimroz y Uruzgan, dificultando aún más la tarea de las tropas occidentales.
Actualmente el negocio de la droga en países como estos proporciona empleo a alrededor de 350.000 campesinos locales e inmigrantes obligados a trabajar en este tipo de actividad. Mientras que un campesino normal cobra alrededor de USD 80 por mes, aquel que cultiva puede llegar a recibir alrededor de USD 2000 por tres meses de trabajo. De esta forma podemos vislumbrar la dimensión y extensión que tienen estas operaciones. En 2015, por ejemplo, se estima que el tráfico de opio y heroína llegó a generar la exorbitante cifra de 28.000 millones de dólares, más que el producto bruto interno de la nación, según la UNODC.
«Desde Afganistán parten tres rutas: hacia el sur de Europa cruzando por Irán y Turquía, a Europa Oriental a través de Asia Central y Rusia, y a África por Pakistán. Es un perfecto engranaje que funciona gracias a una fuerte corrupción en las instituciones públicas y una justicia que hace la vista gorda al negocio».
María Diéguez Barcelona, La Vanguardia.
La gran cantidad de dinero que se obtiene por este tipo de operaciones es clara, así como las personas beneficiadas por este negocio que va desde los trabajadores que cultivan la planta de amapola hasta los funcionarios que se encuentran en los niveles más altos de la política, estando lejos de querer terminar con una operación que mueve millones de dólares año tras año.
Ante esto, una de las formas planteadas en diferentes foros para acabar y controlar las zonas de cultivo sería una intervención militar, del tipo «War on Drugs», pero de proporciones colosales. No obstante, las consecuencias vendrían aparejadas a un empobrecimiento brutal de miles de campesinos que están detrás del tráfico de drogas. Queda claro, entonces, que la relación entre traficantes de estupefacientes, terroristas y milicias talibanes está lejos de poder concluir y que el único camino visible es una reestructuración de las instituciones gubernamentales así como también un apoyo de la comunidad internacional para poder hacerle frente al comercio ilegal.

Este mes dedicado a las drogas nos demostró la importancia de cuestionar y repensar la temática. Los narcóticos no deberían representar un estigma social ya que están al alcance de cualquier persona, incluso muchos niños cargan con esta problemática y vulnerabilidad. Es por ello que cada Estado debe dejar de eludir este desafío y afrontarlo con verdaderas soluciones en un marco de desarrollo, y ya no con políticas generalizadas y desgastadas que han dejado como resultado el crecimiento de la inseguridad, el crimen organizado, la violencia, y el agotamiento de la salud tanto física como mental de aquellos que la sufren. El mundo está cambiando y nosotros debemos responder de manera responsable y de inmediato a los mismos.
Mauricio Rodríguez (Argentina): estudiante en Relaciones Internacionales, Universidad de Congreso.
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