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Prohibir la prohibición

En las elecciones generales de Estados Unidos, el 3 de noviembre pasado, casi todas las reformas que eligieron los votantes se vieron ensombrecidas por la carrera presidencial y los días posteriores de agitación entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden. Una de estas importantes reformas tuvo lugar en Oregón —un estado de la costa oeste que es conocido por su política liberal y en el cual el cannabis ya es legal— donde se dio el paso principal de despenalizar todas las drogas incluidas la heroína, la metanfetamina, el ácido y la oxicodona.

Imagen: Chelsea Stahl/NBC News; Getty Images

La decisión se muestra muy significativa, especialmente dada la posición rígida de Washington de la “war on drugs”, y ha sido un factor importante ya que el país se posiciona con la tasa de prisión más alta del mundo con casi 660 prisioneros por cada 10,000 habitantes. El precedente establecido este noviembre puede avanzar en el marco que se ideó para combatir esta campaña prohibicionista. Siguiendo a Vox, debería darse lugar a “legalizar la marihuana, no penalizar otras drogas y permitir psicodélicos para fines terapéuticos”.

Las operaciones contra estas sustancias fue iniciada por el presidente Richard Nixon en 1971. Según su asesor, desde el principio la misma fue menos sobre estupefacientes y más sobre la gente, específicamente la izquierda pacifista y la gente de piel negra. Conforme a un consejero del 37° presidente, “sabíamos que no podíamos ilegalizar el hecho de estar en contra de la guerra o de los negros, pero al hacer que el público asocie a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar a ambos fuertemente, podríamos perturbar esas comunidades”. Esta política proporcionó ventajas a la Casa Blanca, que estaba en medio de la impopular Guerra de Vietnam, al hacer que quienes se oponían parecieran drogados y radicales.

Si bien se produjeron algunos cambios positivos bajo la presidencia de Jimmy Carter después del juicio político y el registro de Nixon, estas medidas no duraron mucho y la campaña de erradicación y encarcelamiento se expandió más que nunca con Ronald Reagan en la década del 80. El impacto que tuvieron sus estrictas decisiones fue masivo y casi inmediato. La principal fue la ilegalidad de cualquier tipo de droga en cualquier cantidad, sin excepciones. Según Drug Policy, “el número de personas tras las rejas por delitos no violentos de la ley de drogas aumentó de 50,000 en 1980 a más de 400,000 en 1997”. El movimiento para detener el uso, distribución y comercio continuó en la década de 2000 con el presidente George Bush dando dinero a políticas que, de acuerdo con la organización, promovieron la “rápida escalada de la militarización de la aplicación de la ley. Al fin del mandato de Bush había alrededor de 40,000 redadas SWAT de estilo paramilitar contra estadounidenses cada año, principalmente por delitos no violentos contra estas normativas, a menudo delitos menores.”

Sin embargo, la opinión pública comenzó a cambiar a pesar de las estrictas normativas que todavía estaban vigentes. Una nueva generación de representantes en el poder también ayudó a remodelar la narrativa en torno a aquellas. Barack Obama fue abierto sobre su consumo de cannabis cuando era adolescente y ha dicho que «fumaba cuando era joven, y la veo como un mal hábito y un vicio, no muy diferente de los cigarrillos que fumaba hasta una gran parte de mi vida adulta” y continuó afirmando que “no creo que sea más peligroso que el alcohol”.  Un régimen de Obama más liberal coincidió con otros dos acontecimientos importantes.

En primer lugar el público comenzó a darse cuenta de cuánto impactan las políticas desarrolladas en la “war on drugs” a las comunidades afroestadounidenses. En los Estados Unidos las personas con piel negra son encarceladas a una tasa 5 veces mayor que sus pares blancos y más de la mitad lo están por delitos menores relacionados con estupefacientes. Con el surgimiento de Black Lives Matter, la sociedad se volvió más consciente del efecto desproporcionado que ha provocado en estas comunidades.

En segundo lugar, la epidemia de opioide —promovida por las empresas farmacéuticas que prescriben cantidades excesivas de analgésicos— ha llevado a la necesidad de reevaluar el régimen en materia de medicamentos. Con más de 2 millones de estadounidenses que padecen un trastorno por consumo de estas sustancias y suficientes píldoras recetadas para llenar una botella por cada adulto en el país, las sobredosis por drogas legales e ilegales se han vuelto comunes, con 64,000 personas muriendo por esta causa solo en 2016. Existe evidencia que apoya que la despenalización mejora significativamente esta realidad y, en el caso de Estados Unidos, ayudará a rectificar las políticas dañinas promulgadas. En Portugal, por ejemplo, la supresión de sanciones de carácter penal en cuanto a todo estupefaciente en 2001 provocó una disminución de las muertes y la adicción, pero no un aumento significativo de su uso. Así, los adictos pueden buscar la ayuda que necesitan sin miedo.

“Con el prohibicionismo se construye el delito. La prohibición fortalece lógicas de violencia y corrupción. Es todo un paquete. La construcción del prohibicionismo implica una respuesta militar y policial que redunda en el crecimiento constante de estos índices”.

Camilo González Posso, Presidente de Indepaz.

Oregón está tomando iniciativa para garantizar que esta medida tenga una repercusión positiva con planes para que los centros de recuperación de adicciones estén listos para octubre. Según la AP, gracias a estas reformas «en lugar de ir a juicio y enfrentar una posible pena de cárcel, una persona tendría la opción de pagar una multa de USD 100 o asistir a nuevos centros de recuperación de adicciones financiados con millones de dólares de ingresos fiscales de la industria de la marihuana legalizada y regulada”. Además, alrededor de 4,000 personas menos en el estado enfrentarán penas de cárcel por posesión. Este cambio tendrá impactos significativos y ha asestado un golpe al principio de la guerra contra las drogas, demostrando que las reformas modernas tienen la posibilidad de tener mejores resultados para los ciudadanos que necesitan ayuda que políticas obsoletas de hace décadas.


Scout Meredith Best (Estados Unidos): estudiante de Relaciones Internacionales en Dickinson College.

“El consumidor de drogas es una persona que, sea por un trastorno o no, opta por consumir y eso implica un asunto que puede afectar su salud. Ese ciudadano debería ser atendido y no perseguido, debería ser sujeto de derechos en salud y de derechos sociales y no objeto de una persecución policial que lo puede llevar incluso a perder la libertad”.

Inés Elvira Mejía, asesora de políticas de drogas.

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