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Presidencia española en Bruselas

Por Jesús del Peso Tierno

En la segunda mitad del 2023 se abrirá una nueva ventana de oportunidades para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esto es la posibilidad de tomar la batuta directriz de las instituciones europeas y la capacidad de pautar la agenda institucional desde Bruselas.

Ilustración | Ana Paula Durán

La Unión Europea, como la extensa confederación de Estados que es, cuenta con una amplia descentralización en sus instituciones, lo cual le permite funcionar de una manera un tanto peculiar y, en una gran cantidad de frentes, de una manera policéfala. Uno de los mejores ejemplos para ello es el caso del liderato de la institución, el cual se erige en una tricefalia entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Presidencia de la Unión Europea y que tiende a repartir el equilibrio de poderes entre los diferentes Estados que la conforman.

La Presidencia de la Unión Europea es una figura institucional compartida por la totalidad de los Estados que componen la entidad. Funciona de manera rotativa y con una periodicidad semestral durante los cuales el Estado que ejerce la presidencia se encarga de organizar toda la operatividad institucional de la organización. Esta potestad, pensada primariamente para dotar a cada Estado de la capacidad de marcar la agenda de las instituciones y hacerle anfitrión de dichas reuniones permite, en última instancia, decidir la temática de parte de la agenda de la Unión Europea.

Así, mientras una amplia cantidad de encuentros se producen de una manera meramente operativa y funcionarial -cultura y deportes, investigación, competitividad- otra amplia amalgama de reuniones centra su competencia en ciertos aspectos más relevantes para el país anfitrión.

Estas son las reuniones de carácter ministerial, donde los representantes de cada Estado abordan las temáticas planteadas por la presidencia de la Unión Europea en función de su cartera, es decir, los planteamientos que cada Ministerio aborda dentro del marco de la organización. Por último, las reuniones del más alto nivel donde, de manera periódica, se dan cita los jefes de gobierno de los Estados Miembros para valorar la actualidad política de la organización y donde se abordan los temas con un claro carácter político.


En total, según fuentes del Ejecutivo español, se espera que España organice unas 2000 reuniones funcionariales entre Bruselas y Luxemburgo (las sedes del Parlamento Europeo y lugar donde se encuentra el grueso de la administración de la Unión) durante los meses que durará su mandato, además de unas 200 reuniones de carácter ministerial en territorio español, donde el gobierno de Pedro Sánchez centrará la agenda comunitaria en los frentes que considera primarios.

El caso de la próxima presidencia española es particular y es que, al entrar en ciclo electoral, se espera que los meses que dure el mandato de Madrid dentro de la organización cuenten con un amplio carácter político, tanto en el ámbito estatal como en el comunitario. Así, la presidencia española será la última presidencia de turno antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, anunciadas para finales del mes de mayo de 2024, por lo que se espera que se produzca una amplia serie de anuncios políticos por parte de la Unión.

De la misma manera ocurre con el ejecutivo de Pedro Sánchez quien, de terminar su actual mandato legislativo, tendrá que afrontar las próximas elecciones constituyentes españolas al final de su mandato en Bruselas, por lo que, sin duda alguna, tratará de manejar los tiempos y la agenda política en su favor. Se espera que el gobierno español centre la temática europea en 3 frentes fundamentales, los cuales son precisamente los principales debates que suele afrontar el país en ciclo electoral: la inmigración, la relación con los países del Mediterráneo y la regulación del mercado eléctrico europeo.

Así pues, la apuesta del gobierno de España para la segunda mitad del 2023 vendrá marcada por el diseño de un gran pacto europeo sobre inmigración irregular. La propuesta española pretende poner fin al eterno debate entre los países del norte y del sur de Europa en lo que rodea a la atención de la inmigración irregular, así, se trabajará sobre la creación de un nuevo mecanismo que reparta el gasto del rescate y atención de los migrantes en las aguas del Mediterráneo y que, por lo general, suele correr a cuenta del país receptor de migrantes.


Esto ya generó serios encontronazos en el seno de la Unión cuando, en plena crisis migratoria, el gobierno de Mateo Salvini se negó a seguir rescatando pateras en el mediterráneo ante la falta de solidaridad de los países en el norte de Europa. Por otro lado, se espera que de la presidencia española surja un nuevo mecanismo que regule el precio de la energía en Europa ya que, desde el estallido de la crisis en Ucrania, se ha desatado una cadena inflacionaria continental.

En la actualidad, los precios de la energía en el seno de la Unión Europea se marcan en función de la energía más cara en ese momento, algo pensado para penalizar a las energías más contaminantes como el carbón y favorecer el uso de fuentes renovables. Sin embargo, desde que estallase el conflicto en Ucrania y se disparasen los precios del gas, para los gobiernos europeos ha sido imposible contener la escalada de precios a falta de un consenso en el seno de las instituciones comunitarias. Así, hay expectativo acerca del surgimiento de una nueva legislación que marque el precio mediano de la energía y que evite la escalada de los costes en casos de carestía de alguna fuente de energía tal y como se ha vivido en el pasado con el gas.

Mención aparte merece el caso que protagonizará América Latina, región fundamental en la política exterior española y que ha visto como, desde el cierre en falso del tratado de libre comercio con el Mercosur, el papel político y económico que presentaban España y la Unión Europea en la región ha ido perdiendo relevancia año a año en favor de la pujanza China dentro de la región “más eurocompatible” del mundo.

Para España es la oportunidad de oro para reenganchar la región a los intereses europeos que, desde entonces, han fluctuado mayormente entre las relaciones con Estados Unidos, Turquía y Oriente Próximo o la nueva catalogación de China como “socio, competidor y rival sistémico”.


Aunque el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur marcará la agenda, desde Europa deben tener en cuenta la profunda crisis que se suscita a día de hoy en el seno la la organización sudamericana.

El Gobierno de Pedro Sánchez planteará como evento estrella de su mandato una reunión al más alto nivel entre los 27 Jefes de Estado y de Gobierno de los países que componen la Unión Europea y los 33 de la Celac (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe). Esta sería la primera vez que coincidieran desde la última cumbre de 2015 pese al compromiso euroamericano de fomentar sus encuentras de una manera bianual, lo que denota el distanciamiento político entre ambas regiones.

La propuesta del ejecutivo español cuenta con el entusiasmo y el apoyo en Bruselas ya que, desde fuentes comunitarias aseguran que la Comisión Europea es consciente de la necesidad de recuperar el terreno perdido y de que la cumbre no se celebrará si no se hace bajo mandato español, pues los países que se turnarán en la presidencia de la UE después de España serán Bélgica y Hungría, con unas preferencias completamente diferentes.

España espera la respuesta positiva de la comunidad latinoamericana para tal ocasión, y que además se plantea como toda una ventana de oportunidades para la región en un periodo de tiempo en el que el encarecimiento de las materias primas y la necesidad de proveedores coincide con el alineamiento del signo político de la gran mayoría de líderes que conformarán la cumbre. 

Así las cosas, y si bien la agenda parece bastante detallada y organizada, quedará ver si el rígido calendario político que impera en la Unión Europea y dentro de la misma España va a permitir que todas estas metas se cumplan o si bien quedarán una vez más en el aire, a la espera de una nueva presidencia.


Jesús del Peso Tierno (España): Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad Rey Juan Carlos de la Comunidad de Madrid.

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