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El inolvidable «corralito»

El mes de diciembre de 2001 ha quedado grabado en la memoria colectiva del pueblo argentino. Las altas temperaturas, propias de dicha época, sumado a la enorme presión financiera, falta de competitividad, altas tasas de desempleo y sobre todo malestar social fueron los grandes protagonistas de aquel entonces.  

El día 1 de diciembre de aquel fatídico año, el entonces Ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, anunciaba la puesta en marcha de una medida que pasó a la historia nacional, la congelación de los depósitos bancarios, popularmente conocida como “el Corralito”.

La medida consistía en que todo aquel residente en suelo argentino no podría extraer más de 250 pesos semanales, equivalentes a 250 dólares, de sus respectivas cuentas bancarias. Las protestas en las calles no tardaron en aparecer, de un día para el otro, las ciudades más importantes del país, Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza se vieron invadidas por mareas de personas protestando frente a entidades bancarias y múltiples saqueos en cadenas de supermercado, almacenes y distintos tipos de negocios. 

Para poder entender el estallido social, económico, político y financiero que vivió Argentina debemos tener en cuenta factores claves que definen su economía y particularmente al diseño de políticas económicas, los cuales son su excesiva carga tributaria, su falta de competitividad económica (a excepción del sector agroexportador), su endeudamiento crónico, su desmedida emisión monetaria y por sobre todas las cosas su gran adicción al gasto público. 

Las tres fuentes de financiamiento posibles para cubrir el exceso de gasto de cualquier estado nacional son la emisión monetaria, el endeudamiento o la implementación de impuestos. Tanto el mundo occidental como el oriental han optado por renunciar a la emisión monetaria como fuente de financiamiento, para poder garantizar un determinado nivel de estabilidad de precios y previsión económica, son pocos los ejemplos de países que aún no lo han hecho, como Venezuela, Sudán, Zimbabwe y Argentina. 

De los últimos 65 años, 53 de ellos se caracterizan por la presencia de déficit fiscal, es decir en 53 ocasiones de los últimos 65 años el estado nacional gastó más de lo que podía producir. A lo largo de la historia han habido oscilaciones en el gasto, sin embargo si hay algo que ha caracterizado a los políticos argentinos desde la década de 1940 hasta la actualidad es que todos los gobiernos -a excepción del gobierno de Carlos Saúl Menem- han usado y abusado sin escrúpulos de estas tres herramientas al mismo tiempo, lo que explica porque Argentina recurre en graves crisis de forma cíclica cada 10 años. 

La falta de compromiso de pago de deuda y el exceso de presión fiscal han llevado a que los políticos terminen apañando la emisión monetaria como una de sus fuentes permanentes para financiar el gigantismo estatal. El abuso de esta herramienta ha sido tal que ha hecho que la inflación se convierta en un mal crónico de la economía nacional. Llegando a experimentar un proceso hiperinflacionario entre 1989 y 1990 que según economistas como Pablo Guido y Gustavo Lazzari denominaron “la muerte del dinero”.

Si bien con la administración de Menem en los años ‘90 se logró aliviar algunas cuentas fiscales y frenar el devastador proceso inflacionario de la mano de la ley de la convertibilidad (la cual establecía la paridad entre el peso y el dólar americano), no se logró terminar con el mal que castigó a Argentina en el último siglo: el exceso de gasto público. Básicamente, la única diferencia fue que en lugar de financiar con inflación, los gobiernos de Menem financiaron sus políticas de gasto con el dinero procedente de las privatizaciones y del endeudamiento.

La administración del ‘90 no fue capaz de llevar a cabo los cambios estructurales que el país necesitaba, el gasto público siguió creciendo, la apertura con Mercosur fue muy limitada y la regulación siguió siendo excesiva. Además, muchas de las privatizaciones se hicieron de tal forma que crearon mercados segmentados que se quedaron en manos de amigos del gobierno. Sin que los argentinos lo supieran, el corralito ya se estaba gestando en la economía. 

En diciembre de 1999, Fernando De la Rúa se convierte en el nuevo Presidente de la Nación. La situación económica era ya en aquel momento complicada. Era urgente hacer ajustes. Sin embargo la propuesta del gobierno se basó básicamente en aumentar impuestos. Tras varias crisis políticas, el Congreso aprobó un presupuesto con un déficit de 7.000 millones de pesos, es decir un 70% más de lo anunciado por el plan inicial propuesto por la gerencia.

El resultado de semejante medida política sumado a un escenario económico deplorable fue la mayor crisis económica de la historia. La inversión cayó en más de un 45%, el consumo casi un 10% y la tasa de desempleo alcanzó el 18%. De la Rúa sufrió 8 paros nacionales en tan solo dos años de su dirección. La desconfianza a la administración era tan grande que los depósitos en entidades bancarias se desplomaron en más de un 20%. De esta manera Argentina pasaba a ser el país menos confiable de la región y el emisor de los denominados “bonos basura”. 

La firme decisión del gobierno de no ajustar el déficit fiscal promovió la implementación de la obligación impuesta a bancos y fondos de pensiones a comprar deuda soberana, al tiempo que se aprobó un mega-canje para convertir deuda a corto plazo en deuda a largo plazo con tipos de interés mayores. En otras palabras “se estaba pateando la pelota para adelante”, es decir los políticos no querían reconocer el verdadero componente estructural de las grandes crisis argentinas. 

A mediados del año 2000 la administración nacional ya no tenía empresas públicas que privatizar o financiación internacional por parte del FMI, debido a la pérdida de credibilidad hacia la política argentina. Por otro lado, recurrir a emisión monetaria era una idea descabellada, ya que provocaría el retiro inmediato de depósitos y la compra de dólares por parte de residentes nacionales, lo cual agravaría aún más la situación y en especial a la reservas del Banco Central. En términos argentinos podemos decir que la gerencia se encontraba entre la espada y la pared, en lo que se refiere a materia económica. 

Era tan evidente que el sistema económico se encontraba al borde del colapso que entre enero y diciembre del año 2001 los depósitos bancarios se desplomaron en más de 20.000 millones de dólares.  La pérdida de depósitos fue tan abrumadora que en el día sábado 1° de diciembre se implementó la medida económica antes mencionada denominada “el corralito”; aprobada por la administración. Se estimaba que estaría en vigor únicamente por 90 días. La medida provocó el efecto opuesto al que perseguía el gobierno. En lugar de generar tranquilidad generó incertidumbre y caos. 

En pocos días la situación llegó a tal nivel que la desesperación, los saqueos, los choques con la policía se hicieron cotidianos. Finalmente el 19 de diciembre, el presidente De la Rúa ante la imposibilidad de contener las protestas y los saqueos, decretó el Estado de Sitio. 

Un día más tarde los enfrentamientos con las fuerzas del orden ocasionaron más de 29 muertos. El gobierno estaba acabado. Minutos antes de las 20 horas, el Presidente presentaba su renuncia y se alejaba de la Casa Rosada en helicóptero.

La crisis sin precedentes que vivió el país en el año 2001 no solo cambió el subconsciente colectivo de los argentinos y agravó los niveles de pobreza, sino también cambió la imagen y percepción de la nación en el mundo. Organizaciones internacionales, entidades financieras y gobiernos alrededor del mundo dejaron de confiar e invertir en el alguna vez llamado “granero del mundo”. La imagen global que se proyectó fue la de un Estado incapaz de autolimitarse y no gastar más de lo que gana. A dos décadas de la peor crisis en la historia de Argentina, las mismas medidas siguen prevaleciendo en la escena política. El país tiene elevados niveles de deuda y la mayor presión impositiva de su historia con una inflación anual que supera el 50%, lo que nos deja mucho por reflexionar acerca de qué modelo queremos elegir.


Julián Resentera Ficcardi (Argentina): estudiante avanzado de la licenciatura en economía, Universidad Nacional de Cuyo.

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