Oriente Medio desde América Latina

Por Ivana Patané

Entre discursos encendidos y cautela política, el fuego cruzado en Oriente Medio sacude la diplomacia regional latinoamericana obligándola a elegir entre la comodidad de la distancia y el costo político de tomar posición.

En la nueva era multipolar del siglo XXI, la arquitectura multilateral estadounidense, surgida tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial con el declarado objetivo de preservar la paz y la seguridad internacional, ha atravesado una crisis hasta llegar a un punto de inflexión bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump en 2025. 

Las frecuentes crisis económicas, el sostenido avance del populismo mundial, los violentos conflictos que quiebran inequívocamente las normas del derecho consuetudinario y convencional han sembrado dudas sobre los reales éxitos del multilateralismo onusiano y la efectividad de su Consejo de Seguridad. 

En este sentido, la cuestión de un cambio concreto del sistema ONU a partir de una renovación del Consejo de Seguridad –erosionado no por falta de participación de sus miembros, sino por la progresiva carencia de efectividad– está bajo la lupa de los analistas internacionales que consideran apremiante su reforma para adecuarla a las necesidades del nuevo siglo y, sobre todo, a la urgencia de tener un sistema legítimo y efectivo. Precisamente, estos serán los desafíos impostergables que el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas tendrá que tener en cuenta a partir de enero de 2027. 

Por otra parte, si las relaciones internacionales están sufriendo su mayor desgaste desde hace décadas, resulta prematuro e imprudente declarar el ocaso del multilateralismo.

A pesar de la sensación de insatisfacción ante la incapacidad de las instituciones internacionales para hacer frente a los desafíos económicos, humanitarios y bélicos de esta época, es cierto que la consolidación de bloques pequeños entre naciones está cobrando importancia. Este fenómeno se conoce como “microlateralismo”, una nueva cara de la cooperación internacional del siglo XXI que se sitúa entre el multilateralismo y el bilateralismo. 

El microlateralismo fue explorado por primera vez por el politólogo Jürgen Rüland y se refiere a la tendencia de los Estados a buscar caminos alternativos al desorden multilateral, optando por alianzas limitadas con pocos actores que comparten los mismos intereses –y no necesariamente los mismos valores–, lo que aumenta la probabilidad de obtener respuestas diplomáticas rápidas y eficaces a la vez que se evitan los escollos de la unanimidad. 

Bajo esta perspectiva, Estados Unidos ha sido el pionero del microlateralismo desde hace décadas, ya que a menudo ha fomentado la creación de “coaliciones de voluntarios” para justificar acciones unilaterales contra Estados considerados  “canallas”, desafiando inclusive los marcos legales del Consejo de Seguridad.

Por otra parte, en el marco del multipolarismo, otros actores internacionales se sumaron al carro del microlateralismo para tejer alianzas estratégicas. Para los países latinoamericanos, sobre todo a través de las labores de sus organismos parlamentarios regionales, esto se ha traducido en la búsqueda de una estrategia pragmática de diversificación ante la inestabilidad internacional. 

Por su parte, el tycoon, en su “aventura latinoamericana”, ha buscado renovar su influencia en la región a través de distintas iniciativas minilaterales, pero “asimétricas”, como la reciente creación de la plataforma “Shield of the Americas” para combatir los cárteles del narcotráfico en el continente americano bajo la égida de Washington — pero también con la intención disimulada de dividir ideológicamente a América Latina debilitando su fuerza estratégica a nivel mundial, y manteniéndola subordinada al gigante norteamericano: “divide et impera”.   

Pero el microlateralismo se empezó a construir también en Oriente Medio a partir del lanzamiento del “Board of Peace” trumpiano. Sin embargo, las tentativas de Trump de crear una “coalición de los voluntarios” con los aliados europeos, aún desorientados por las amenazas económicas y bélicas lanzadas por la Casa Blanca el año pasado, no produjeron los resultados esperados. 

Más bien, la mayoría de los aliados transatlánticos acabaron formando una prudente coalición de los “no voluntarios” para evitar involucrarse directamente en un conflicto que no crearon ni desearon.

Las explicaciones teóricas sobre el multilateralismo y el más reciente microlateralismo son útiles para entender cómo la reciente escalada militar entre Estados Unidos e Israel, librada contra Irán en febrero, está confirmando indirectamente la configuración polarizada del escenario político-diplomático de la región latinoamericana que carece, entre otras cosas, de un liderazgo regional que pueda delinear una clara posición frente al poder de Estados Unidos. 

En este sentido, existe un alineamiento más o menos “exigido” en los países del Hemisferio Occidental con las políticas de la Casa Blanca: Argentina y Paraguay, portaaviones ideológicos de los Estados Unidos en el Cono Sur, que históricamente han sido protagonistas de ataques terroristas en sus jurisdicciones, son los aliados estratégicos que han ofrecido el mayor respaldo  a la ofensiva israelí-estadounidense a nivel regional.

Paraguay, que mantiene relaciones diplomáticas plenas con Israel, fue el primer país latinoamericano en ser víctima de un atentado terrorista en 1970. El 4 de mayo, la embajada israelí en Asunción ha sido el blanco de un atentado perpetrado por dos hombres pertenecientes a Fatah, organización político-militar palestina.

Por otro lado, Argentina, que alberga la comunidad judía más numerosa de América Latina, sufrió dos dolorosos ataques en Buenos Aires. Los objetivos fueron la embajada israelí y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1992 y 1994, respectivamente. Los acusados tenían vínculos con Hezbolá, considerado una extensión estratégica de Teherán.

La política exterior de estos dos países se refleja, por ende, en una condena natural de los ataques iraníes y en el respaldo a las iniciativas militares de Israel y de Washington D.C. 

Pero este alineamiento geopolítico choca con la línea de política exterior más prudente seguida por otros países como México, Colombia y Perú, que reiteraron su posición pacifista, y por los países centroamericanos que llamaron a una desescalada y condenaron, al mismo tiempo, los ataques iraníes mediante comunicados oficiales, a excepción de San Salvador y Managua.

En contrapartida, el Chile de Boric condenó la ofensiva estadounidense e israelí con especial énfasis. Mas, con la llegada del ultraderechista Kast, el país se reorientó ideológicamente hacia Estados Unidos e Israel. Paralelamente, el nuevo gobierno de Bolivia, liderado por el centroderechista Paz, dio un sólido giro en su política exterior suspendiendo acuerdos de cooperación militar con Teherán y empezando a alinearse con la Casa Blanca. 

El caso más relevante es el Brasil de Lula que, a partir de 2023, denunció duramente las operaciones israelíes en Gaza y el desastre humanitario que ello conllevó. La fragilidad de las relaciones diplomáticas entre estos dos países alcanzó su punto álgido con la retirada del embajador brasileño de Israel y la declaración israelí de “persona non grata” contra el mismo mandatario brasileño en 2024. En 2026, Lula mantiene la misma postura de condena contra los ataques sobre el territorio iraní, en línea con el grupo BRICS. 

Hay que aclarar que Teherán, en los últimos años, ha ganado relevancia en América Latina. Mientras que en la política regional se ignoran ciertos conocimientos sobre las dinámicas históricas del país persa, este, en cambio, tuvo la oportunidad de estudiar detenidamente cada país de la región, lo que le permitió desarrollar con agilidad nexos narrativos para forjar alianzas estratégicas y alternativas con países con los que comparte algunos rasgos comunes  —lo que no puede hacer ni en Europa ni en Oriente Medio—.  Por este motivo, la percepción en la región de Irán no es uniformemente negativa. 

Ahora bien, bajo ese nuevo panorama geoestratégico y para explorar qué implica el conflicto en Oriente Medio para la diplomacia latinoamericana en su conjunto, conversamos con el Presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el diputado Rolando González Patricio. 

¿De qué manera el conflicto en Oriente Medio está condicionando la economía de los Estados latinoamericanos y su participación en los espacios de diplomacia parlamentaria?

El conflicto en Oriente Medio tiene significados y alcances que desbordan esa región y es por esa razón que recibe tanta atención internacional, incluidas las instituciones interparlamentarias de diversa naturaleza.

Ese conflicto en su expresión reciente parte de una violación abierta del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas con la guerra ilegal e ilegítima desatada por los Estados Unidos de América e Israel contra Irán; su escalada progresiva amenaza con llevar la guerra fuera de la región; esas acciones militares en una zona altamente productora de gas y petróleo incrementa los precios de los combustibles, multiplicados luego por el cierre de la navegación por el estrecho de Ormuz.

La ruptura del orden internacional, las violaciones al derecho, la ruptura del multilateralismo y el estado de guerra son objeto de alarma y atención por los parlamentos, parlamentarios e instituciones interparlamentarias defensores de la paz y los derechos humanos.

Las consecuencias económicas y comerciales del conflicto, como el incremento del precio de los combustibles fósiles, afectan la producción, los servicios y dañan el poder adquisitivo de los ciudadanos de manera directa. Esto hace que desde el ámbito interparlamentario también se busque una solución negociada que pueda ser duradera a fin de revertir esos impactos.

En ese contexto, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) ha denunciado reiteradamente las agresiones militares y ha llamado a la paz y a respetar los derechos de la población civil en todos los países afectados, tanto mediante declaraciones puntuales como en pronunciamientos en diversos foros interparlamentarios.

A su vez, la reciente 152.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) adoptó por una inusual mayoría un punto de urgencia que condujo a la aprobación de un documento consensuado sobre esta problemática. Es interesante advertir cuáles parlamentos nacionales copatrocinaron la presentación del tema y el respaldo recibido por diferentes grupos geopolíticos dentro de la UIP. La posición del GRULAC (Grupo América Latina y el Caribe), a diferencia de oportunidades anteriores, fue clara en esta dirección desde el inicio del debate.

¿Hasta qué punto el uso reiterado del veto en el Consejo de Seguridad está debilitando la confianza de América Latina en el multilateralismo y empujando a buscar alternativas como los BRICS o el diálogo Sur-Sur?

En los últimos años el PARLATINO ha insistido mucho en la necesidad de democratizar las relaciones internacionales y ha hecho propuestas al respecto tanto a la UIP como al Secretario General de la ONU. Este concepto incluye la democratización de la Organización de las Naciones Unidas y lo referido al veto en el Consejo de Seguridad, pero es mucho más abarcador. Con semejante posicionamiento, la 38.ª Asamblea del PARLATINO aprobó en diciembre de 2024, semanas antes de asumir la nueva administración estadounidense, una declaración contra las medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional.

Las relaciones bilaterales deben conducirse bajo principios como la igualdad soberana de los Estados y muchas veces se intenta violar o se viola, como se ha violado la paz en América Latina y el Caribe a pesar de proclamarse Zona de Paz. El principal violador histórico es Estados Unidos, que en múltiples oportunidades ha amenazado con el uso de la fuerza y en no pocas la ha empleado abiertamente contra países de la región.

Aun así, algunos gobiernos, por temor, creencia o interés, se han aliado frecuentemente con el gobierno de los Estados Unidos. Eso tiene expresiones también recientes. Sin embargo, el uso y abuso de su poder militar y financiero para subordinar o doblegar a países de la región ha incidido a largo plazo en un deterioro de la hegemonía de EE.UU. Hoy es aún más nítida esa perspectiva, y me permito afirmar que en el futuro EE.UU. podrá dominar, pero ya no podrá volver a liderar.

Esto ha llevado a que no pocos gobiernos exploren otros caminos de cooperación internacional que aporten mayor seguridad y sostenibilidad. Ninguno de esos caminos puede aportar por sí solo el horizonte que se busca.

¿El aumento del riesgo geopolítico global por el conflicto está impulsando o frenando las inversiones en energías renovables en América Latina?

La tendencia a incrementar el uso de fuentes renovables de energía es anterior a la actual guerra en Oriente Medio, pero no cabe duda de que el incremento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto del conflicto es un catalizador para las inversiones en fuentes de energía presentes en la agenda climática. No obstante, está por evaluar en qué medida esas inversiones pueden verse afectadas en alguna medida producto también del impacto económico transversal del conflicto.

Aun así, los defensores de las energías limpias y de las transiciones justas tienen ante sí un escenario propicio.

Secuelas económicas

El bloqueo temporal del Estrecho de Ormuz, punto crucial para el flujo de commodities a nivel mundial y por donde transitan cerca de 20 millones de barriles por día de petróleo crudo y de productos derivados, supuso una significativa reconfiguración de los mercados energéticos globales que actualmente está paralizando cadenas de suministro industrial y de alta tecnología, dañando las decisiones de inversión financiera debido a la falta de confianza en la estabilidad del Golfo, e impactando directamente en la economía cotidiana de la población mundial. 

Los precios del petróleo Brent se dispararon un 15% en los primeros días de las operaciones militares. En mayo, el crudo sigue cotizando con gran volatilidad, oscilando en torno a los 105 USD por barril. La crisis actual ha tenido consecuencias dramáticas sobre todo para aquellas economías dependientes de las importaciones de crudo, como las asiáticas que importan cerca del 60% del petróleo desde Oriente Medio. 

Para América Latina, el efecto inmediato se tradujo en un aumento del precio del petróleo que generó presión cambiaria e inflación para países importadores de crudo como Chile y los países centroamericanos. 

Y aunque la región cuenta con las mayores cuotas de energía renovable del mundo, un 60% a 70% de generación eléctrica renovable —superando el promedio global—, todavía dominan los combustibles fósiles, por ejemplo, para el transporte terrestre, que representan alrededor del 70% del consumo de energía primaria en América Latina. Por ende, cada variación geoeconómica en el Estrecho de Ormuz tiene una inmediata resonancia en la macroeconomía regional.

Desde una perspectiva geoeconómica, el conflicto ha tenido un impacto relevante en las economías abiertas centroamericanas, altamente dependientes de los combustibles importados, no solamente en los costos logísticos, del transporte marítimo y de los combustibles, sino también en los sistemas agroalimentarios. Un ejemplo curioso es la caída de las exportaciones de cardamomo en Guatemala, principal productor mundial que concentra sus exportaciones en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. 

Al mismo tiempo, el caso chileno es también preocupante ya que el país andino depende casi en su totalidad de las importaciones de crudo (importa cerca del 95% del petróleo que consume). En marzo de este año, el gobierno aprobó un alza histórica de los precios de los combustibles, subiendo en un 32% el precio de la gasolina y en un 62% el del diésel. Sin embargo, el gobierno de Kast, para limitar las huelgas de los gremios transportistas, implementó medidas estatales para mitigar el aumento del costo de vida.

Medidas para contener el látigo inflacionario provienen también de otros actores regionales como Argentina, que postergó ulteriores aumentos de los impuestos sobre los carburantes, y de Brasil, que eliminó los impuestos sobre la importación y comercialización de gasóleo.

Sin embargo, la crisis de Ormuz puede abrir también oportunidades para los países latinoamericanos exportadores netos de petróleo, como Venezuela, que podrían momentáneamente beneficiarse del aumento del precio de los barriles. Esto significaría posicionar geoestratégicamente la región como un “embajador energético” atractivo para los mercados mundiales. 

El caso de Guyana, que se ha convertido en los últimos años en uno de los mayores productores de petróleo de Suramérica y la economía que más ha crecido desde 2020 con un promedio de 40,9% anual, es un ejemplo clave de cómo la subida del costo del crudo está beneficiando a la nación.  Considerado un “nuevo petroestado”, Georgetown ha aumentado significativamente sus ingresos como consecuencia de la guerra en Medio Oriente: en diciembre de 2025, la producción de crudo del país estaba fijada en unos 892.000 barriles diarios; cinco meses después, supera los 920.000. 

En general, la región está adquiriendo más importancia: la relativa estabilidad inflacionaria, junto con unos bancos centrales que mantienen reservas internacionales estables, convierte a la región en un polo atractivo para inversionistas y socios comerciales ante la incertidumbre mundial. Sin embargo, el mayor desafío para la clase política latinoamericana radica en la capacidad regional de anticipar riesgos y saber gestionar la incertidumbre de una economía global más volátil. 

De hecho, América Latina, por su posición geográfica, se encuentra al margen de los principales focos de guerra, es decir, en una posición ideal para aprovechar las debilidades internacionales y mejorar su fuerza negociadora en el tablero internacional. 

Por este motivo, en un mundo más globalizado pero, paradójicamente, más fragmentado, América Latina tiene una oportunidad histórica de dejar de ser simple territorio de influencia, ubicado en la periferia del mundo, para convertirse en un embajador estratégico en la construcción del nuevo orden mundial. 

Dejando a un lado divergencias ideológicas y pensando en el valor pragmático de la región en su conjunto, ¿logrará América Latina convertirse en un puente entre Occidente y el Sur Global y jugar sus cartas con ingenio?

Ivana Patanè (Italia): Licenciada en Lenguas Extranjeras para la Comunicación Intercultural, con especialización en estudios latinoamericanos. Estudiante de Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad de Padua. Columnista en Diplomacia Activa.