Bolivia, una crisis multidimensional

Por Andrés Gabriel Fernández Sangüeza

Desde la llegada de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia, el 8 de noviembre de 2025, el nuevo gobierno debió tomar las riendas de un país golpeado por la inflación, la escasez de divisas y los problemas persistentes en el abastecimiento de combustibles. Pero el escenario no empezó ahí. Sobre esa fragilidad económica también pesa una presión social acumulada en gestiones anteriores, que terminó alimentando un clima de tensión cada vez más difícil de contener.

Este nuevo ciclo político comenzó bajo una doble expectativa. Por un lado, las promesas de estabilización de la economía de forma gradual, restablecer el abastecimiento, reformular y recuperar el orden institucional. Por el otro, distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas demostraron una desconfianza ante cualquier ajuste que puede traducirse en un deterioro inmediato de las condiciones de vida. Esta atención explica por qué decisiones de ajuste económico que eran inevitables, terminan convirtiéndose en factores que conllevan a una crisis política mayor.

Como bien se sabe, uno de los principales focos de conflicto fueron las reformas económicas frente al deterioro fiscal y la crisis energética. Entre las medidas más sensibles se encuentra el levantamiento parcial del subsidio de los combustibles que elevó el precio de la gasolina y el diésel. Esta medida fue justificada por el gobierno como una medida necesaria para reducir la carga fiscal del Estado, corregir la distorsión acumulada y enfrentar una estructura de subsidios difícil de sostener tras 25 años de aplicación. Al igual que en el caso de Ecuador, el levantamiento de estos subsidios tuvo consecuencias inmediatas: aumento de los precios del transporte, presión sobre los precios de la canasta familiar y malestar en sectores populares y sindicales.

Como medida de amortiguación del costo social provocado por este ajuste, el ejecutivo acompañó la medida con un incremento salarial del 20% de acuerdo al Decreto Supremo 5503. No obstante, esta compensación no fue suficiente debido a que el descontento seguía latente en el país. Hay que considerar que Bolivia es un país donde la economía tiene un 82% de informalidad, el ingreso real de los hogares depende de los precios cotidianos y que cualquier modificación al costo de los energéticos se traslada rápidamente al costo de vida en general.

A pesar de la reducción parcial del subsidio, el problema de abastecimiento no se resolvió de forma inmediata debido a que persistieron las filas para combustible y aparecieron denuncias sobre la mala calidad de los mismos. En esa sintonía se desató una crisis institucional con señalamientos de mala gestión y corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), generando así cambios de ministros y presidentes de la estatal petrolera. A este fenómeno se suman factores externos como la volatilidad de los precios del petróleo debido a los conflictos en Oriente Medio, lo cual prácticamente hizo que los precios del combustible sean técnicamente subsidiados e incrementa la presión en un país altamente dependiente de la importación de combustibles líquidos.

Con todo ese contexto, la crisis energética dejó de ser un problema presupuestario y técnico. De modo que pasó a convertirse en un símbolo del agotamiento de un modelo económico basado en amplios subsidios, importaciones crecientes y una estructura en la que el Estado buscaba tener el rol central en la economía. Esta cadena de eventos, especialmente la crisis del combustible, desnudó la fragilidad del Estado boliviano para sostener simultáneamente factores como estabilidad social, gasto público, abastecimiento y legitimidad política.

Otro elemento central de la conflictividad fue la Ley 1720 de reconversión de tierras, promulgada el 10 de abril de 2026 y posteriormente abrogada el 13 de mayo de 2026. La norma buscaba habilitar, de manera voluntaria, que pequeños propietarios no pertenecientes a tierras comunitarias pudieran modificar su régimen jurídico hacia la mediana propiedad, facilitando su acceso al crédito formal. Desde la perspectiva gubernamental, la medida pretendía incorporar a sectores agrarios al circuito financiero y productivo, ampliando sus posibilidades de inversión y formalización.

Sin embargo, diversos sectores indígenas, organizaciones sociales y ONGs que trabajan con estos sectores del país, interpretaron la norma como una amenaza indirecta a la seguridad territorial. La preocupación principal no se encontraba necesariamente en una expropiación directa de territorios indígenas comunitarios, sino en los posibles efectos secundarios de la reforma. El debilitamiento del principio de no embargabilidad de pequeñas propiedades, la eventual exposición de predios individuales al remate bancario y la ausencia de un mecanismo de consulta previa (conforme al Convenio 169 de la OIT) alimentaron una lectura de riesgo territorial.

En este punto, resulta importante distinguir entre los efectos jurídicos directos y las externalidades sociales de la ley. La norma no implicaba, por sí misma, un despojo automático ni una expropiación directa de territorios indígenas comunitarios. Sin embargo, podía generar efectos indirectos significativos: endeudamiento de pequeños propietarios, remate de predios individuales, presión sobre fronteras agrícolas y expansión de conflictos territoriales en zonas donde conviven la propiedad individual, la propiedad comunitaria, el avasallamiento, el tráfico de tierras y los intereses agropecuarios.

La controversia sobre la Ley 1720 mostró una tensión estructural del campo boliviano: la dificultad de conciliar modernización productiva, acceso al crédito, seguridad jurídica, protección de tierras comunitarias y prevención de conflictos territoriales. Para algunos sectores, la norma representaba una oportunidad de inserción al sistema financiero. Para otros, abría una puerta riesgosa hacia la mercantilización de la tierra y la pérdida progresiva de garantías históricamente asociadas a la pequeña propiedad y a los territorios indígenas.

La situación se fue agravando con una demanda de la Central Obrera Boliviana que planteaba otro incremento salarial del 20% para el mes de mayo. Esta solicitud fue rechazada por el gobierno bajo el argumento de que ya se había aplicado una compensación salarial tras el ajuste de los combustibles. Ante la negativa, el Secretario Ejecutivo de la COB Mario Argollo convocó a movilizaciones, bloqueos y cercos sobre el área metropolitana de La Paz con la participación de organizaciones sindicales, mineras, indígenas-campesinas y vecinales. 

La protesta social inicialmente articulada a demandas económicas y territoriales fue adquiriendo progresivamente un contenido político más amplio y explícito en el cual se solicita la renuncia de Rodrigo Paz y se dejan de lado las más de 190 solicitudes del pliego petitorio de la COB.

En paralelo, el expresidente Evo Morales fue declarado rebelde y contumaz, la respuesta ante esta situación fue la denominada “Marcha por la Vida para salvar Bolivia”, incorporando así un nuevo factor de polarización. Esto en el marco de las investigaciones y procesos judiciales en su contra por presuntos delitos de abuso sexual y trata de personas, sumados a la gran influencia del líder cocalero sobre los sectores y organizaciones afines en el trópico de Cochabamba. Con esta medida el conflicto pasó a ser una disputa abierta por la legitimidad del gobierno, la conducción de la oposición social y por la posición política del Evismo en el nuevo escenario nacional.

Todos estos factores produjeron una dinámica difícil de contener. Los sectores movilizados inicialmente reclamaban por salarios, combustibles o seguridad jurídica de las pequeñas propiedades agropecuarias terminaron convergiendo en agendas en las cuales se cuestiona de forma directa la continuidad del gobierno. En este tránsito, las protestas dejaron de ser una expresión de malestar social y se convirtieron en un mecanismo de presión política sobre el Ejecutivo.

Lo que comenzó a dar señales de alarma y peligrosidad fueron las denuncias de la presencia de grupos irregulares y personas armadas en distintas regiones del país. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas expresaron su preocupación ante la existencia de grupos que, según el comunicado oficial, hacen uso de armamento bélico de alto calibre poniendo en riesgo la seguridad nacional, la paz social y la estabilidad institucional. Esta advertencia eleva la gravedad del conflicto al introducir un componente que va más allá de la protesta social, los bloqueos y la presión sindical.

Estos hechos, de confirmarse mediante investigaciones oficiales y registros verificables, marcarían un salto cualitativo en la conflictividad: de la protesta y el bloqueo como mecanismos de presión social hacia escenarios de intimidación armada, desafío directo a la autoridad estatal y riesgo de enfrentamiento con las fuerzas del orden.

El impacto de los bloqueos ha sido particularmente severo en La Paz y El Alto así como en otras zonas del occidente del país. El desabastecimiento de alimentos y combustibles, por consecuencia, el incremento de los precios de la canasta familiar en más de un 50%. Asimismo, la volatilidad de este conflicto generó dificultades y agresiones para el tránsito de servicios de emergencia, transporte público y las labores de la prensa. Por consecuencia, una protesta que en un primer momento contaba con ciertos niveles de simpatía y comprensión social comenzó a tener muestras de rechazo en zonas urbanas golpeadas por la escasez y el enriquecimiento de los productos básicos.

Al mismo tiempo, se reportaron mecanismos de presión social dentro de algunas organizaciones vecinales, periurbanas y campesinas, como listas de asistencia o multas internas de hasta 10,000.00 Bolivianos (1000 USD al cambio paralelo) para quienes no participen en las movilizaciones. Este tipo de prácticas complejiza la frontera entre protesta legítima y coerción comunitaria. En una democracia, el derecho a la protesta es fundamental, pero su ejercicio pierde legitimidad cuando deriva en imposición forzada, castigo interno o afectación grave a derechos de terceros.

La crisis también tiene una dimensión económica nacional. Santa Cruz, principal región agropecuaria e industrial del país, experimenta problemas derivados de las restricciones de abastecimiento en occidente: acumulación de productos, dificultades logísticas y afectación a las exportaciones con riesgo de pérdidas económicas para los productores e incluso pérdida de credibilidad y confianza en los mercados de exportación. Un conflicto concentrado en determinadas regiones puede tener efectos inmediatos sobre cadenas de producción, abastecimiento, comercio interno y exportaciones.

La tensión entre el occidente bloqueado y el oriente productivo, alimenta las fracturas regionales. Bolivia arrastra históricamente una relación compleja entre el centro político, las organizaciones sindicales y las regiones productivas. En momentos de crisis, las diferencias se reactivan bajo discursos de agravio, abandono o confrontación, por ello, este conflicto no sólo expresa un desacuerdo coyuntural con ciertas medidas gubernamentales, sino también se traduce en pugnas sobre la distribución del poder, los costos de ajuste y el papel de cada región en la economía del país.

El gobierno ha intentado combinar llamados al diálogo, el uso racional de la fuerza pública y la habilitación de corredores humanitarios. Estas medidas fracasaron y no han logrado desmovilizar a los sectores en protesta ni restablecer la circulación en el país. La negativa de las organizaciones a participar en mesas de diálogo ha reducido los márgenes de negociación y ha incrementado la presión sobre el ejecutivo para adoptar medidas más severas como el estado de excepción.

Bajo ese contexto, la posibilidad de declarar un estado de excepción se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del debate público debido a que sus defensores sostienen que permitiría restablecer el orden y garantizar el abastecimiento, proteger derechos de la población afectada por los bloqueos y recuperar el control caminero. Sus críticos advierten que podría habilitar el uso de la fuerza y restringir derechos fundamentales en un ambiente de alta polarización política.

Esto plantea un dilema democrático de fondo. ¿En qué medida se puede actuar dentro de los límites constitucionales respetando la proporcionalidad, la legalidad y el control de las medidas? Aquí el riesgo no sólo radica en la inacción estatal sino también en una represión excesiva que profundice la confrontación y erosione aún más la confianza.

Este conflicto no es ajeno a una dimensión internacional. La presencia y pronunciamiento de actores diplomáticos acreditados en Bolivia generó tensiones adicionales para la política exterior boliviana. Posiciones atribuidas a representantes vinculados con Rusia, Irán y Colombia fueron interpretadas por el gobierno como señales de injerencia y alineamiento político con los sectores movilizados. Una de las consecuencias más delicadas se produjo con Colombia luego de qué el presidente Gustavo Petro expresara su respaldo público al expresidente Morales y a las protestas. La reacción de La Paz no se hizo esperar, el Canciller Fernando Aramayo declaró persona non grata a la embajadora de Colombia, esta medida fue respondida de forma recíproca por Bogotá mediante la explosión del encargado de la embajada boliviana.

“Es claramente un golpe de Estado lo que se está gestando en Bolivia. No tiene otro nombre. Quien por la fuerza quiere derrocar un gobierno democráticamente elegido”.

Fernando Aramayo, Canciller de Bolivia.

A su vez, el giro de la política exterior boliviana tras la apertura de relaciones con Estados Unidos y el acercamiento diplomático con Chile modificó el marco regional bajo el cual se interpreta la crisis. Los países miembros del denominado Escudo de las Américas—Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú—expresaron su respaldo al gobierno boliviano y denunciaron acciones desestabilizadoras promovidas por Evo Morales y sectores afines, denunciando un intento de estabilización de la administración Paz. Esta posición reforzó la lectura gubernamental de que la crisis no respondía a demandas sociales y económicas sino también a una disputa política orientada a debilitar la continuidad del gobierno.

Lamentablemente este apoyo puede constituirse en una profundización de la polarización interna debido a que los sectores críticos a estas medidas consideran un alineamiento internacional contra la protesta social.

América Latina está atenta a los conflictos en Bolivia, nuestra región suele tener una lectura desde claves ideológicas. Los gobiernos, fuentes de opinión y líderes políticos interpretan los acontecimientos no sólo por sus causas internas sino también por su utilidad dentro de disputas más amplias a nivel ideológico y de agendas geopolíticas. El riesgo de esta lectura externa es que se simplifique una crisis tan compleja y tan profunda de modo que se reduzca a una narrativa conveniente para los actores que no necesariamente conocen el terreno boliviano.

Dentro de la dimensión internacional, nace también una disputa informacional. Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis es la fórmula en que el conflicto boliviano ha sido representado ante la opinión pública internacional. Un informe presentado por la consultora Rodríguez & Baudoin, nos indica que la conversación digital sobre Bolivia estaría siendo amplificada de manera desproporcionada por cuentas externas mientras que medios, periodistas y fuentes locales tendrían una presencia marginal en la circulación internacional de contenidos esta dinámica favorece a interpretaciones binarias en las cuales los sectores movilizados son presentados indistintamente como defensores populares o amenazas al orden público sin una comprensión de la complejidad territorial, económica y política del conflicto

Esta distorsión es un asunto de extrema preocupación porque la conversación internacional del tema se alimenta de actores externos, verificadores arriesgados o cuentas con agendas ideológicas y el conflicto pierde matices. A nivel internacional se puede determinar consumir una versión simplificada de la crisis en la que se puede terminar consumiendo una presión simplificada del conflicto. En este escenario las noticias falsas, los rumores no rectificados y las interpretaciones sesgadas encuentran mayor espacio de circulación que las voces locales, datos verificables o análisis del contexto.

En ese sentido, esta crisis no se puede reducir a una simple confrontación entre el gobierno y organizaciones sociales debido a que es una acumulación de tensiones estructurales: agotamiento fiscal, dependencia energética, fragilidad institucional, demandas sociales insatisfechas, conflictos territoriales y pugnas por la legitimidad política. Hay señales de violencia organizada y disputas narrativas dentro y fuera del país lo cual genera un debate profundo sobre cómo restablecer el orden y preservar el orden público sin desconocer el derecho a la protesta ni habilitar respuestas estatales desproporcionadas.

Claramente, la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno. Los sectores movilizados enfrentan el deber de reconocer sus límites. La protesta social es legítima cuando expresa demandas, visibiliza agravios y busca coincidir en decisiones públicas, pero se vuelve peligrosa cuando paraliza ciudades, impide el paso de servicios esenciales y de emergencia, presiona coercitivamente a sus propias bases o convierte demandas sectoriales en mecanismos de desestabilización política.

Bolivia se encuentra, así, ante un momento de definición. Si la protesta deriva en una estrategia de confrontación violenta y el Estado responde mediante una coerción desproporcionada, el país corre el riesgo de ingresar en una espiral de confrontación más profunda. Hay límites que fueron rebasados y restablecer la confianza mutua es uno de los mayores desafíos en estos momentos.

Más allá de la gestión inmediata de la crisis, Bolivia necesita abrir una discusión seria sobre reformas estructurales profundas. Una reforma constitucional, pensada no como revancha política ni como una nueva refundación ideológica, sino como un proceso amplio y democrático, podría ser una vía de mediano plazo para reconstruir cohesión social y reducir las divisiones entre bolivianos. El país requiere reglas que protejan la libertad ciudadana, la seguridad jurídica, la autonomía regional y municipal, la iniciativa individual, el derecho a trabajar, producir y circular sin coerción, y límites claros frente a cualquier abuso de poder, venga del Estado, de organizaciones corporativas o de actores políticos. Solo bajo un pacto institucional más estable, plural y responsable será posible procesar los conflictos sin paralizar la vida nacional ni convertir la diversidad boliviana en una fuente permanente de confrontación.

Andrés Gabriel Fernandez Sangüeza: Diplomático por la Academia Diplomática Boliviana, Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, especialista en Ciberdiplomacia, Resolución de Conflictos y en Seguridad y Defensa. Fue Fellow del Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP).

Nota: El autor se encuentra en el ejercicio libre de la profesión en estos momentos, por lo tanto, el análisis y las opiniones vertidas en este artículo son a título personal y no representan a ninguna entidad gubernamental u organización de la Sociedad Civil.