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Polonia contra el derecho europeo

El Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó la semana pasada que ciertos artículos de los Tratados Europeos entraban en contradicción con su cuerpo de leyes interno y que era la legislación nacional la que tiene primacía sobre la europea.

Lo mencionado es una ataque a la línea de flotación de la Unión Europea que se basa, precisamente, en la primacía del derecho comunitario al que están sujetos todos los estados miembros sobre el derecho nacional. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son las consecuencias de este movimiento?

Polonia mantiene una confrontación con la Unión Europea desde el año 2015 con la llegada al poder del partido Ley y Justicia (PiS) y sus medidas contra el estado de derecho. Desde su ascenso, se inició una deriva autoritaria del país marcada por los avances del gobierno por controlar los medios de comunicación y, sobre todo, destruir la independencia judicial. 

Los esfuerzos mayores por menoscabar dicha independencia incluyen jubilaciones forzadas y destituciones de jueces críticos del gobierno -para luego reemplazarlos- así como también la creación de una cámara disciplinaria con capacidad para sancionar a los magistrados que tomen decisiones contrarias a la administración y un nuevo sistema para elegir jueces marcado por la discrecionalidad del ejecutivo.

Es aquí donde se encuentra el origen de la disputa, en el nombramiento de los jueces. Con ataques tan evidentes a la independencia judicial, la UE se vio obligada a actuar, ya que un sistema de justicia independiente forma parte de los valores que los estados miembros se tienen que comprometer a defender y promover firmando los tratados. En marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que el nuevo sistema para nombrar a los jueces polacos era contrario al derecho europeo y, como el derecho europeo tiene primacía sobre el nacional, el sistema debía modificarse. Sin embargo, el gobierno polaco no aceptó esta sentencia.

En este punto conviene aclarar que el Tribunal Constitucional polaco está al completo servicio del PiS y es el gabinete quién marca la agenda y los resultados del mismo, siendo más un tribunal marioneta que un garante constitucional. Para sorpresa de nadie, se pronunció oficialmente con las tesis del gobierno y declarando que el derecho nacional tiene primacía sobre el comunitario. 

Implicaciones Legales

La sentencia del constitucional no tiene validez hasta que se publique oficialmente, algo que puede demorarse tanto como el gobierno desee. En términos jurídicos, hasta que no se aplique no tiene ninguna consecuencia. Si se publica tampoco parece que tenga más trascendencia. La primacía de derecho comunitario está bien establecida y no hay duda al respecto de ello desde los años 70. Si una norma nacional entra en conflicto con el derecho comunitario esta no puede aplicarse de manera automática, es decir, no hace falta recurso ni proceso legal alguno, si se publicara automáticamente carecería de validez por ir en contra.

Legalmente esta decisión no tiene mucho recorrido y no tendrá gran repercusión con la legislación en la mano. Ahora bien, es políticamente donde tiene y tendrá un gran impacto.

¿Por qué? 

La Unión Europea miró para otro lado durante mucho tiempo mientras se producía la deriva autoritaria de Polonia y Hungría basándose en la premisa de que confrontar directamente con ellos iba a alejarles aún más de la comunidad y profundizaría ese descenso democrático. Hoy es evidente que la UE se equivocó fatalmente y que es precisamente la inacción la que ha permitido que lleguemos al punto en el que estamos hoy. 

En este momento Varsovia y Bruselas están negociando un plan de recuperación por el que Polonia recibiría 24.000 millones de euros en transferencias directas y que aún no ha sido aprobado. El motivo es precisamente los ataques al estado de derecho. La UE no desembolsará fondos si Polonia no revierte sus políticas más nocivas de los últimos años. 

El camino a ninguna parte

Varsovia ha gastado en los últimos años el poco crédito que tenía en la UE. Su amenaza de vetar el acuerdo para establecer los fondos de recuperación si se condicionaban al estado de derecho fue la gota que colmó el vaso para muchos gobiernos los cuales finalmente se vieron obligados a ceder.

Ahora vuelven a la carga con una sentencia que no ampliará su poder de negociación, sino que precisamente lo destruye. La posibilidad de que se apruebe su plan de recuperación en estas condiciones es prácticamente nula, además los efectos de esta sentencia van más allá del fondo de recuperación. La UE retraso la puesta en marcha del plan de condicionalidad del presupuesto europeo tras los recursos que impusieron Polonia y Hungría a pesar de la presión del Parlamento Europeo para que se pusiera en marcha inmediatamente. Todo apunta a que finalmente la Comisión cederá a la presión del Parlamento y el instrumento echará a andar en noviembre por lo que Polonia no sólo no accederá a los fondos de recuperación, sino que además se le impondrán multas, sanciones y perderá la financiación común del presupuesto. Desde el punto de vista político la decisión es igual de ruinosa, el 70% de los polacos están a favor de mantenerse en la Unión Europea. Si las nuevas elecciones, pensadas para celebrarse en 2023, se convierten en un plebiscito sobre la pertenencia o no, el PiS tiene todas las de perder. Además, la congelación de fondos provoca que la oposición pueda desarrollar una campaña con las miradas puestas en revertir las políticas del PiS y obtener esos fondos de los que depende, algo con lo que difícilmente puede competir el gobierno.  

La reacción de Polonia es la típica de aquel que está acostumbrado a salirse con la suya, a incumplir las normas y salir indemne, pero ese tiempo ya pasó y la UE ya ha puesto en funcionamiento mecanismos de condicionalidad y no habrá marcha atrás. Con este movimiento el gobierno polaco deja a la UE sin opciones más que actuar duramente en su contra, ya que no tiene ningún incentivo para ceder lo más mínimo ante las presiones polacas y toda la presión para actuar con firmeza en su contra. 

La Unión Europea no es una comunidad comercial, sino política que se basa en la cesión de soberanía. Cualquier país es libre de decidir si le interesa o no participar en el proyecto europeo, de hecho, son los países los que piden entrar en esta y para hacerlo tienen que aceptar las normas comunitarias.

Un escenario donde el resto de los estados miembros permitan que Polonia siga disfrutando de ingentes cantidades de dinero público para sostener un ejecutivo que no cumple las mismas reglas que ellos, es cuanto menos, ilusorio.La buena noticia es que la Unión Europea no tiene más remedio que actuar con dureza para acabar con las tendencias autoritarias dentro del bloque, algo que debería haber hecho hace ya tiempo, mientras tanto el mundo observa con gran interés ciertos acontecimientos que suceden en el viejo continente.


Arturo Martínez Bautista (México): estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de México.

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