¿Justicia o revanchismo?

Durante los últimos meses, Bolivia ha caído en una nueva crisis política ocasionada por las recientes detenciones de Jeanine Áñez, dos exministros, dos militares y un activista. ¿Sus motivos? La parte del proceso judicial denominado «golpe de Estado», como se ha sostenido desde la Fiscalía.

Un proceso que es planteado desde el oficialismo como un acto de justicia, mientras que la oposición lo considera un acto de revanchismo y persecución. Además de la discusión constitucional y legalista que gira en torno a la posesión de Áñez como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 12 de noviembre de 2019, es necesario considerar variables políticas y geográficas sucedidas en los últimos meses para entender esta situación de conflictividad y polarización.

Desafortunadamente, para los representantes transitorios y la oposición en general, la victoria del 55% de Luis Arce Catacora en las elecciones de octubre del 2020 significó el fin de las aspiraciones gubernamentales que se habían construido en torno a las críticas a Evo y el MAS. Desde ese momento, la tesis del golpe de Estado cobró relevancia estratégica para un masismo revitalizado. El discurso partidario giró en torno a las comparaciones entre las “funestas acciones del gobierno golpista” y las acciones necesarias del gobierno democráticamente elegido. El MAS, ahora partido oficialista nuevamente, preparó su maquinaria electoral para ganar de forma contundente en las votaciones subnacionales en donde se eligen gobernadores, alcaldes, entre otros. Algunos opositores, incluida la propia Jeanine, buscaron mantener un espacio de poder mediante aquellas votaciones. De otra forma no se explica que varios de sus integrantes, además de figuras de Comunidad Ciudadana y Creemos —principales partidos opositores—, que se postularon previamente al Ejecutivo y Legislativo en las nacionales, se hayan presentado a las subnacionales.

Los casos más relevantes fueron el de Jeanine Áñez postulándose para gobernadora del Beni, Luis Fernando Camacho para gobernador de Santa Cruz y Eva Copa —antigua aliada de Morales— para la Alcaldía de El Alto. El cálculo del sexagésimo quinto mandatario y Arce aguardaba una victoria contundente para su partido, pero ante los resultados desfavorables parece que la estrategia cambiará en torno a la desarticulación de la oposición iniciando con los actores débiles (la ex presidenta perdió en las elecciones subnacionales), presionar a través de los recursos y las partidas presupuestarias a los opositores fuertes —Camacho— pero sin recurrir a la prisión preventiva. Además, se trata de recuperar a los antiguos aliados que se postularon en contra del MAS. Estos actores formaron parte de la oposición de la dirigente interina desde el legislativo —Eva Copa—, y su alejamiento del gobierno de Arce y el liderazgo de Morales, han representado un alto costo político y de credibilidad interna en su propio partido. Siguiendo esta lógica, las detenciones pueden ser consideradas un acto de revancha y persecución política estratégica dirigida por Arce y Morales.

Pero, como señala Kaplan y Kissinger, el poder debe equilibrarse con legitimidad. Veamos las recientes detenciones desde el punto de vista de la justicia y una motivación genuina por castigar un “golpe de Estado”. 

Se ha construido un discurso internacional fundamentado en la búsqueda de justicia ante las masacres de Senkata y Sacaba. Según la CIDH, en estos acontecimientos perdieron la vida al menos 36 personas y cientos de personas resultaron heridas y, a su vez, se registraron actos de racismo, discriminación y detenciones ilegales. Frente a esto, ¿la detención de Áñez busca juzgar su responsabilidad por estos hechos? La respuesta es no. El proceso está fundamentado en las acusaciones de sedición, conspiración y terrorismo por lo sucedido antes de su llegada a la Presidencia y como accedió al cargo. No hay una relación directa entre lo sucedido en Senkata y Sacaba, en donde se tendrán que establecer las responsabilidades operativas por el uso de la fuerza, y los militares están siendo juzgados por haber sugerido la renuncia de Evo desde las Fuerzas Armadas, en ningún momento por lo sucedido. Entonces, ¿solo se trata de juzgar el “golpe”? La respuesta es difusa.

En primer lugar, ¿por qué no se juzga a Eva Copa? En su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) facilitó la prórroga de mandato para todos los legisladores, incluida Jeanine Áñez en su condición de Presidente mediante la “Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas”. Gracias a esta ley el Ejecutivo y el Legislativo, liderado por aquella y el MAS respectivamente, prorrogaron sus mandatos desde enero hasta octubre del 2020. A pesar de la mayoría del MAS, la ALP nunca tuvo la intención de nombrar a un presidente paralelo, se redactaron leyes que promulgaba Áñez y se reconocía la autoridad de sus ministros. A pesar de una relación conflictiva entre ex mandataria y Copa, fue la gestión que tuvo que hacer frente al COVID-19 en la que se promulgaron medidas de emergencia y sociales dirigidas a los sectores más desfavorecidos, además de la convocatoria a nuevas elecciones. El cálculo político del gobierno resulta negativo si decide iniciar acciones contra Eva debido a que ha sido elegida alcaldesa con una mayoría del 69% por un partido contrario al MAS en una de las ciudades símbolo del apoyo al líder socialista: El Alto.

El trato que está recibiendo Jeanine tampoco se asemeja a uno de los líderes emblema de la caída de Morales, Luis Fernando Camacho quien recientemente ha sido elegido Gobernador con el 55%. El propio Ministro de Justicia, Iván Lima, reconoce que lo más importante son los hechos previos a la entrega de la Banda Presidencial a Áñez. Entonces, ¿por qué no se detiene a Camacho? Además de ser el líder cívico más importante en la caída de Evo, también financió con recursos a algunos sectores durante la movilización. La respuesta es sencilla, no conviene al cálculo político ya que representa al departamento más opositor del MAS desde que Morales accedió a la Presidencia en 2006.

Aprehender a Copa o Camacho significaría una convulsión social en dos puntos conflictivos del país: El Alto y Santa Cruz. El gobierno de Arce no está en condiciones para afrontar revueltas sociales en dos lugares que son de suma importancia en la política interna boliviana, mucho menos para hacer frente a una oposición unificada que no ha perdido el tiempo para organizarse y movilizarse frente a las nuevas detenciones.

¿Justicia o revanchismo? Juzgue usted. 

Daniel Flores Escobar (Bolivia): estudiante de Relaciones Internacionales y Derecho, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.