COVID-19 y la exclusión

La pandemia ha demostrado ser un desafío para las capacidades de los gobiernos y del sistema de salud, pero también ha desafiado la vida de personas con discapacidad. En este contexto, la formulación de políticas públicas inclusivas que contemplen esta problemática se vuelven de vital importancia.

Es un hecho que las personas con discapacidad han sido históricamente discriminadas. Ellas tienen que enfrentarse con la realidad de ser más propensas a vivir en la pobreza, a tener un menor acceso a la educación, a los servicios de asistencia de salud y social, y a ser relegada de las fuentes de trabajo formales y en condiciones dignas. Además, la exclusión que sufren puede ser potenciada por cuestiones de género, edad, lugar de residencia, condición socioeconómica, étnico-racial y por su estatus migratorio.

Asimismo, la situación de emergencia sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19, profundiza esta discriminación tanto a personas con discapacidad como también hacia sus familias, colocándolas en un escenario de vulnerabilidad. En este contexto, es una responsabilidad del Estado la formulación de medidas que garanticen la protección y la promoción de los derechos y garantías de este grupo excluido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad como un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad alude a las dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones a la participación hacen referencia a problemas para participar de situaciones vitales.

Según datos de la misma organización hay más de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de un 15% de la población mundial, número que está en aumento a causa del envejecimiento de la población y del incremento de la prevalencia de las enfermedades crónicas. Además, se estima que 190 millones de personas mayores de 15 años tienen alguna dificultad considerable que hace necesaria una asistencia sanitaria frecuente. Sin embargo, cabe aclarar que la discapacidad es heterogénea, lo que significa que si bien algunos problemas de salud vinculados a las mismas conllevan importantes necesidades de ayuda médica, esto no es siempre así.

Siguiendo esta línea, la Agencia Nacional de Discapacidad afirmó que “las personas con discapacidad pueden tener las mismas enfermedades que el resto de la población pero puede haber diferencias en la forma de comunicar sus síntomas o sensaciones”. Bajo esta afirmación propuso la adecuación del “Protocolo de Sistemas de Apoyos y Cuidados para personas con discapacidad hospitalizadas por COVID-19”.

No obstante, hay que mencionar también que existen en el mundo barreras que impiden que puedan acceder a los servicios sanitarios, entre las que se pueden mencionar los costos prohibitivos que provocan que más de la mitad no puedan costearlos; la oferta limitada de servicios, especialmente en zonas rurales y remotas; las aptitudes y conocimientos inadecuados del personal que generan que los reclamos sean el doble de frecuente y que las denuncias de malos tratos sean cuatro veces mayores que en el resto de los pacientes, y los obstáculos físicos como la mala señalización, el difícil acceso a los edificios y el equipo médico inaccesible.

Como si esto fuera poco, la situación actual profundiza esta la situación de vulnerabilidad. Si bien aún no existen estudios detallados sobre la problemática, las organizaciones internacionales ya alertan sobre su complejidad y hacen hincapié en la clara relación positiva existente entre la edad y las discapacidades. En este contexto, nos advierten que el 50% de las muertes en Europa se dieron dentro de los geriátricos, donde la mayoría tiene algún tipo de minusvalía. También se menciona el caso de los Estados Unidos, donde 8 de cada 10 fallecidos por COVID-19 es mayor de 65 años.

Además de su perfil etario, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que aquellas tienen un mayor riesgo ante la pandemia debido a sus limitadas posibilidades a protegerse contra los contagios o de buscar diagnósticos y tratamientos por la falta de accesibilidad a la información y al sistema de salud.

Esta exclusión que sufren empeora hoy en los ámbitos educativos. La suspensión de este tipo de actividades afecta a los niños y niñas que la sufren, quienes dependen de los programas de alimentación escolar y, asimismo, genera un traspaso de las responsabilidades de acompañamiento y apoyo de los docentes a los padres (principalmente a las madres), lo que puede ser un problema si ellos no cuentan con habilidades y técnicas didácticas para atender las capacidades de aprendizaje de sus hijos.

En este contexto, es un deber de los Estados el idear políticas que garanticen la protección y promoción de sus derechos. Es importante ahondar en los estudios de las consecuencias que padece este sector de la sociedad, desagregando los datos por edad, sexo y discapacidad. Se deben crear planes de apoyo económico focalizados en este grupo particular; reafirmar que ninguno de aquellos criterios da lugar a priorizar a un paciente sobre otro; crear líneas de atención telefónica psicoemocional con el fin de proteger la salud mental; y estudiar exhaustivamente el impacto de medidas aplicadas para hacer frente al virus en aquella parte de la ciudadanía, con el objetivo de evitar provocar un efecto negativo en ellas como, por ejemplo, permitir a quienes padecen de autismo que puedan salir de sus casas para evitar el estrés y la ansiedad.

“Debemos velar por que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos que las demás personas a acceder a la atención sanitaria y a los procedimientos vitales durante la pandemia”.

Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas.

Sin lugar a dudas el SARS-CoV-2​ ha desafiado a los gobiernos y su capacidad de hacer frente a la emergencia económica y sanitarias, pero esto no debe ser un justificativo. Es un deber de las autoridades la formulación de mecanismos de acción que protejan y garanticen el bienestar de los grupos más excluidos, quienes ven profundizada su vulnerabilidad en este contexto ya mencionado.

Afortunadamente contamos con grupos de expertos que han trabajado arduamente en la creación y adecuación de planes, normativas y protocolos en tiempos de Covid-19. No obstante, debemos admitir que este sector aún necesita de mayor atención de los dirigentes y debemos exigir que se las tenga más presentes a la hora de diseñar políticas en tiempos de crisis con el fin de protegerlas e incluirlas más. El momento de actuar es ahora.

Ignacio Teruel (Argentina): Licenciado en Relaciones Internacionales y profesor de Historia de las Ideas Políticas, Universidad de Congreso; y Mariana Teruel (Argentina): Licenciada en Kinesiología, Universidad de Mendoza.

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