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Movimientos sociales transnacionales: Acuerdo de Escazú

¿Qué alcance tienen los movimientos sociales transnacionales al momento de manifestar problemáticas locales con implicancias globales? ¿Cuál es su rol en la conformación de las agendas del regionalismo en América Latina? ¿Tienen algún tipo de incidencia efectiva en la integración regional? Las respuestas podrán encontrarse en el Acuerdo de Escazú por ser especialmente reivindicado por actores no estatales y ser una bandera levantada de manera colectiva en América Latina y el Caribe.

Foto por Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images.

A fines de la década de los ‘90, surge una tendencia a la descentralización y ascenso de grupos críticos a las políticas neoliberales; conformando así una acción conjunta trasnacional que permitió visibilizar los reclamos de las poblaciones locales. La misma se constituyó a partir de diferentes individuos no afiliados al gobierno, entre los cuales encontramos a las organizaciones no gubernamentales y agrupaciones civiles que ejercieron un rol considerable.

Estas personas reciben tres distintas configuraciones según sus niveles de vinculación y movilización: redes, coaliciones y colectivos transnacionales. Las redes transnacionales de activistas representan las relaciones informales entre los actores no estatales en torno a intereses compartidos. Mientras que una coalición transnacional supone una coordinación estratégica entre aquellos pero orientada a provocar un cambio social y con un mayor grado de formalización que las redes.

Por su parte, los movimientos sociales transnacionales refieren al conjunto de individuos que no son parte de las esferas gubernamentales o empresas, con objetivos comunes y con la capacidad de generar acciones coordinadas y sostenidas de movilización en más de un país para influir públicamente. A diferencia de las redes y de las coaliciones, se caracterizan por su capacidad de movilización conjunta a modo de protesta, más allá de las fronteras.

Foto: Archivo DEF.

Ahora bien, ¿qué alcance tienen al momento de manifestarse por problemáticas locales con implicancias globales? ¿Cuáles son los reclamos y las consignas adoptadas en los últimos años? ¿Qué rol tienen en la conformación de las agendas del regionalismo en América Latina? ¿Tienen algún tipo de incidencia efectiva en la consolidación regional?

En este artículo se presentará el caso del Acuerdo de Escazú por ser especialmente reivindicado por la acción colectiva que se constituyó bajo una movilización transnacional, que implicó una estrategia común con objeto de definir su participación en las negociaciones, presionar a los gobiernos para su ratificación e influir en la agenda pública interna de sus países de origen.

El movimiento social transnacional como promotor del Acuerdo de Escazú

Una de las potencialidades políticas de estos grupos radica en que los mismos constituyen una fuerte acción común frente a problemas que sobrepasan fronteras, es decir, los problemas transnacionales son contestados transnacionalmente. La coordinación y el sostenimiento de una respuesta global son fundamentales a la hora de llevar a cabo una movilización de estas características, para influir públicamente y exigir soluciones.

Ilustración: Aïda Amer/Axios

La presencia internacional que tienen y sus integrantes, son cruciales para superar el carácter intergubernamental de las iniciativas de integración entre los países ya que llevan a una mayor transparencia, representación y responsabilidad de las instituciones internacionales.

En este sentido, el tratado constituye una lección sin precedentes sobre la potencialidad de organizar la demanda ante conflictos socio-ambientales comunes a toda la región. Son los ciudadanos quienes unificaron su voz y desempeñaron un papel relevante en el desarrollo de un instrumento regional de derechos, incorporando sus demandas y perspectivas.

Su contribución activa y decisiva durante el proceso de negociación, mantuvo un alto grado de ambición del convenio y logró incluir dimensiones claves no previstas por los representantes gubernamentales: “los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente; la obligación de elaborar una lista de zonas contaminadas por tipo de contaminante y ubicación; los principios de no regresión y prevención; y los instrumentos y mecanismos que amplían y facilitan el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”.

Entre los mismos se destacan las organizaciones de la sociedad civil, siendo la mayoría miembros de Access Initiative (red global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a mejorar el acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones sobre asuntos ambientales), y la sociedad en general; que podía (presencial o a distancia) contribuir, expresar sus preocupaciones, indicar sus necesidades y dificultades, y proporcionar datos e información durante las sesiones de negociación.

Además, para formalizar la intervención de la comunidad se requirió de una elección —votación electrónica— de representantes de la sociedad civil, quienes podían asistir a las discusiones entre los países, hacer propuestas concretas para el texto que lo conformaría, siempre y cuando al menos un país aceptara discutir la propuesta.

Escazú desde adentro

Para entender mejor el procedimiento aquí abordado acerca del rol del movimiento como promotor del Tratado, se entrevistó al Dr. Andrés María Nápoli, Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y representante para participar en el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú. Por otra parte, también se conversó con la Prof. Soledad Rojas Kotzing, activista ambiental de la quinta región de Chile y voluntaria de Escazú Ahora Chile.

En primer lugar, Nápoli reconoce la importancia de la intervención del público durante las negociaciones en tres sentidos: i) que no sea una mera declaración de principios como preveían los países en un primer momento; ii) que fuera un instrumento regional con carácter vinculante; y iii) la posibilidad de garantizar la significativa participación de la sociedad, es decir, que fueran realmente escuchados y que sus propuestas no fueran en vano.

En cuanto a la coordinación sostenida de una misma movilización por parte de las representantes de la comunidad y de las organizaciones ante el Comité de Negociación, nos señala que ya desde la etapa de preparación se comenzó con reuniones para definir una agenda temática, lo cual resultó ser un arduo trabajo y un constante proceso de aprendizaje.

“Al comienzo, la relación entre el público y los representantes de los gobiernos fue de mucho enfrentamiento, pero en la reunión en Montevideo esto se terminó de saldar a partir de la definición del modo de participación del público en el Comité de Negociación; a partir de ahí comenzó un proceso de círculo virtuoso en el cual pudo incidir cada vez más en las negociaciones”, explica Andrés.

Por ello en la disposición de los artículos (que están articulados en la medida en que se fue avanzando en las negociaciones) se ve reflejado un “estándar más bajo” en los primeros artículos de acceso a la información que demuestra ese  enfrentamiento de un primer momento, luego en los artículos de participación ese nivel sube y lo mismo ocurre en los referidos a la justicia; y finalmente en el último capítulo sobre los defensores ambientales se ve reflejado el nivel de ambición logrado por parte de la colectividad ya que “dicho capítulo ni siquiera estaba en el texto borrador inicial”. Este “círculo virtuoso” sirve para reconocer el continuo in crescendo que tuvo el debate: “ya no es un tema de negociación entre países sino intersectorial”.

En segundo lugar, Nápoli destaca que el convenio, en parte, es el logro de una política organizada y acordada por actores no estatales (con el fundamental apoyo de la CEPAL). “La esperanza está en que Escazú sea un camino de consolidación de la región: un foro ambiental para América Latina y el Caribe”, porque si bien hubo una constante coordinación entre las organizaciones, en un plano general sobre los conflictos socioambientales no se cuenta con la misma suerte, “en la región aún no hay una coordinación sistemática”.

Por otra parte, Rojas Kotzing adhiere a la visión antes dicha, confiando en que de esta forma se eleve realmente los estándares de protección ambiental en la región. Específicamente en Chile, si bien no fue firmado por el gobierno de Sebastián Piñera, la lucha por el acceso a la información, a la implicancia en las tomas de decisiones y a la justicia en asuntos ambientales, sigue en pie. Especialmente por la vida de activistas que dejaron un importante legado de lucha y compromiso por el medioambiente, como el caso de Macarena Valdés o Alejandro Castro que “pusieron su cuerpo y su vida en una causa que es responsabilidad de todos”. La muerte de ambos sigue sin ser esclarecida, la falta de justicia y la desprotección de sus familias hace que se mantenga el reclamo por la protección de los defensores ambientales.

“Macarena Valdés era mapuche, era pobre y la mataron por liderar una lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil”, dice Rojas Kotzing. “Su legado es que sigamos en lucha por la violencia invisibilizada hacia los activistas socioambientales”.

Asimismo, “las nuevas generaciones vienen reclamando una mayor participación en las tomas de decisiones, algo que en Chile no se acostumbra debido a la herencia de la dictadura por el orden y el cumplimiento sistemático de la ley”. “La introducción de las temáticas ambientales en Chile se ve potenciada por el involucramiento de los jóvenes, son los más jóvenes los que toman esta posta y vuelven política la acción”.

Revitalizar el multilateralismo

Es interesante constatar que, en un contexto de crisis del multilateralismo mundial y de una mayor fragmentación entre los países de la región, la firma del Acuerdo de Escazú es un paso adelante en la promoción de una agenda regional ambiental liderada por la significativa colaboración del público.

Vemos en Escazú un modelo de integración de abajo hacia arriba, logrado por y para América Latina y el Caribe. La superación del carácter intergubernamental en la conformación de la agenda puede entenderse desde la coordinación sostenida de movilización social entre los países de la región, las ONG, asociaciones, agrupaciones de base y demás. La creación de una estructura de este tipo modificó las prioridades de la unión regional ya que, por ejemplo como mencionaba Nápoli, la temática de los defensores ambientales ni siquiera estaba en agenda.

En conclusión, fueron actores no estatales los impulsores de los principales artículos del nuevo instrumento de derechos ambientales y derechos humanos, quienes se constituyeron eventualmente en un movimiento social transnacional para hacer visibles sus reclamos y llevar sus propuestas a los representantes de los gobiernos en las sesiones de negociación.


Andrés Gabriel Boretto (Argentina): estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba.

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