Lecciones de un experimento electoral

Por Iker Escobar y Marko Sal

En un hecho sin precedentes, México ha saltado a lo desconocido al someter a voto popular todos los cargos del Poder Judicial.¿Qué podemos aprender de este acontecimiento paradigmático para el porvenir de la República en el país?

Depuración judicial

De vuelta al 5 de febrero de 2024, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó, entre otras veinte iniciativas, una ambiciosa reforma al Poder Judicial. Esta propuesta llegó tras una serie de críticas sistemáticas lanzadas desde Palacio Nacional, donde el mandatario acusó al Poder Judicial de ser corrupto, sumido en la impunidad y alejado del pueblo.

Entre los elementos de la reforma, el más polémico fue aquel que proponía someter a voto popular la elección de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, más allá del discurso centrado en la supuesta ineficiencia e ilegitimidad del sistema judicial, la reforma también fue impulsada por una serie de choques entre el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especialmente con su presidenta saliente, la ministra Norma Piña.

En 2023, la SCJN anuló varias de las iniciativas insignia de la agenda legislativa de AMLO: invalidó los cambios legislativos que formalizaban el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional —aunque esta integración se consolidó posteriormente—; declaró inconstitucional el decreto que otorgaba carácter de “asunto de seguridad nacional” a obras de infraestructura; y anuló las reformas electorales que buscaban reestructurar las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE); entre otras.

Tras la apabullante victoria de Claudia Sheinbaum y su coalición en las elecciones de junio de 2024, la reforma judicial fue aprobada en la recta final del sexenio de AMLO, de manera apresurada y sin un consenso amplio. En septiembre de ese mismo año, la iniciativa fue avalada por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado, donde se alcanzaron los votos necesarios mediante una serie de presiones políticas sobre legisladores opositores.

Así se concretó lo que hasta entonces parecía inimaginable: someter a votación alrededor de 2,681 cargos del Poder Judicial como parte de un proceso de depuración institucional. Para ello, se estableció un calendario de dos elecciones. La primera, celebrada el 1 de junio de 2025, incluyó la elección de 881 cargos federales y autoridades locales en 19 entidades federativas. La segunda está prevista para 2027, y coincidirá con las elecciones intermedias en el país.

Diseño problemático

La administración de Sheinbaum ha invertido gran parte de su capital político en defender la reforma como un sustituto del modelo tradicional, donde ahora el Poder Judicial se democratizará al responder al interés ciudadano, reemplazando así la designación mediante ternas y por mérito personal. Tanto la presidenta como su partido llevaron a cabo continuos esfuerzos para explicar a la población cómo ejercer su voto y así lograr un margen de participación que beneficie la legitimidad de la elección y la creciente popularidad de la presidenta. Sin embargo, el diseño y ejecución de la elección culminó en una serie de escándalos que revelan una realidad preocupante.

Con el nuevo sistema, los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tuvieron la misión de filtrar entre miles de candidatos quiénes eran válidos para postularse. Es cierto que se eligieron candidatos con perfiles óptimos para competir bajo la nueva lógica electoral, pero el trabajo de los comités de evaluadores de los tres poderes también fue denunciado por la sociedad civil de aprobar candidaturas sin la experiencia o conocimientos necesarios para competir e incluso la infiltración de personajes acusados de abusos, candidatos relacionados con asesinatos de periodistas y vinculados con el narcotráfico y otros actores fácticos como grupos religiosos y empresariales.

¿Por qué no impugnar estas candidaturas tan controversiales? Si bien la administración de Claudia Sheinbaum intentó contener el escándalo en torno a diversos aspirantes cuestionados, sus acciones se limitaron a declaraciones políticas sin consecuencias jurídicas. La falta de un marco normativo claro para este proceso inédito impidió que se establecieran mecanismos eficaces para revisar o impugnar candidaturas una vez aprobadas. Además, con las boletas ya impresas y sin disposiciones específicas que permitieran la exclusión de candidatos tras ese punto, los dictámenes sobre aspirantes polémicos quedaron aplazados hasta después de la jornada electoral.

Las boletas electorales se convirtieron en uno de los aspectos más cuestionados del proceso, al evidenciar graves deficiencias en términos de accesibilidad y diseño. Los votantes recibieron un mínimo de seis boletas distintas —y hasta trece en algunas entidades—, en las que debían escribir manualmente un número de dos dígitos por cada cargo, sin contar con información adicional sobre las candidaturas. El uso de colores para distinguir ramas jurisdiccionales —como la penal, administrativa o laboral— también generó confusión debido a la falta de estandarización y la ausencia de guías claras.

En otro sentido, lo que realmente caracteriza esta elección es un exceso de datos que resultó inmanejable para gran parte del electorado. La enorme cantidad de aspirantes complicó el proceso de selección, a pesar del reconocible esfuerzo del INE por habilitar plataformas como Conóceles, Practica y Ubica para informar a la ciudadanía y fomentar la participación ciudadana. En este contexto, tanto divulgadores intencionados a informar a la ciudadanía sobre las candidaturas, así como algunos actores políticos con capacidad de movilización comenzaron a distribuir “acordeones” —listas preparadas con sugerencias de voto— para orientar a sus bases hacia candidaturas específicas.

Aunque estos materiales están prohibidos por el INE y únicamente se permitió que cada votante lleve una guía personal sin compartirla, la circulación de acordeones con perfiles afines al gobierno en turno ha despertado preocupaciones sobre la equidad del proceso y el riesgo de manipulación del voto en contextos de alta desinformación o saturación de opciones.

Los ojos del mundo sobre México

¿Cómo es que México se ha vuelto en el ojo del huracán, donde cientos de países se encuentran a la espera de los resultados de este experimento, si en otras naciones ya se ejecuta la elección de jueces? ¿Por qué México es distinto? Pues bien, México se distingue por convertirse en el primer país en delegar completamente la elección de jueces a su población. 

Si bien, países como Bolivia, Estados Unidos, Japón y Suiza emplean mecanismos de elección de autoridades judiciales, lo efectúan a una escala menor con una jurisdicción o escaños delimitados o, inclusive, como un proceso de ratificación, donde la composición judicial no está sujeta enteramente al interés ciudadano. No obstante, los resultados de este experimento abren otra hipótesis: ¿México, como líder regional para América Latina y el Caribe, podría impulsar a que más países de la región se decanten por esta forma de asignación judicial? No hay dirigente en el mundo, particularmente de la región, que no esté observando con detenimiento este proceso electoral.

Por su parte, Estados Unidos y Canadá han permanecido en silencio. Aunque, en 2024, la reforma fue motivo de cuestionamientos por parte del ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y el ex embajador de Canadá, Graeme C. Clark, desencadenando que AMLO declarara una “pausa” en las relaciones con los ex embajadores de los vecinos del norte. A pesar de los diferendos en 2024, las administraciones de Donald Trump y Mark Carney no han hecho pronunciamientos sobre el proceso electoral.

No obstante, la elección ha servido para especular posibles escenarios pesimistas del tricolor frente a sus socios comerciales, por ejemplo, repercusiones negativas en la próxima revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque, hasta ahora México no sufre de una fuga de capitales —por el contrario, el 2025 comenzó con un aumento interanual de 5.2% y un índice histórico de Inversión Extranjera Directa valuado en 21.3 millones de dólares conformado por reinversiones, según El País—, el panorama sigue siendo incierto. Al tratarse de elecciones supuestamente desideologizadas, los escenarios resultan menos previsibles y será necesario esperar los resultados para evaluar sus efectos concretos en el clima económico. Lo cierto es que la incertidumbre generada por la elección judicial ha comenzado a frenar la toma de decisiones por parte de ciertos inversionistas externos, en espera de mayor claridad institucional y jurídica.

Las diferencias políticas no solo se suscitaron con los países de América del Norte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó también su preocupación por las consecuencias en materia de derechos humanos e independencia judicial a causa de la reforma. El órgano americano señaló la necesidad de apegarse a estándares internacionales fundados en la imparcialidad y el debido proceso, y proteger la autonomía de las personas juzgadoras. Entre las advertencias, también se postula que la figura de los “jueces sin rostro” y la elección popular total de puestos judiciales podría contravenir a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Entre la forma y el fondo

La elección de jueces, magistrados y ministros es solo un cambio de forma entre otros cambios estructurales como la reducción de los tiempos de mandato de jueces y ministros, disminuir el número de magistrados en la SCJN y en el Tribunal Electoral, y la creación del controversial Tribunal de Disciplina Judicial que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Este último tendrá la facultad de investigar y sancionar a jueces y magistrados, incluyendo la remoción de su cargo en casos de faltas graves. Asimismo, la eliminación de pensiones vitalicias y un ajuste en las remuneraciones de futuros ministros de la SCJN también se estipula.

A pesar de los cambios estructurales mencionados, el sistema de justicia en México requiere mucho más que comicios. Uno de los problemas estructurales más graves del sistema judicial mexicano es el profundo déficit de jueces. En todo el país, hay un promedio de 3.9 jueces estatales y 1.2 jueces federales por cada 100 mil habitantes. Esta cifra está muy por debajo del estándar internacional recomendado, que sugiere al menos 65 jueces por cada 100 mil personas. La brecha es alarmante y las consecuencias son evidentes. Tan solo en 2023, los tribunales estatales recibieron más de 2.2 millones de asuntos, casi la mitad relacionados con materias civil y mercantil, lo que genera una sobrecarga insostenible que vuelve a la justicia lenta, desigual e inalcanzable para muchos sectores. 

La saturación estructural de la justicia mexicana, sumada a prácticas de corrupción e ineficiencia institucional, contribuye a una realidad preocupante: más del 90% de los delitos cometidos en México no derivan en sanciones efectivas. En este sentido, cualquier reforma judicial que aspire a ser verdaderamente transformadora debe ser mucho más integral: debe apostar por el fortalecimiento y ampliación de plazas judiciales —en particular a nivel local—, el uso de tecnologías para agilizar procesos, la reestructuración de fiscalías y ministerios públicos, y el fortalecimiento de defensorías públicas que operan con recursos mínimos para la defensa de millones de personas. En suma, sin cambios estructurales que garanticen eficiencia y acceso a la justicia, cualquier legitimación del sistema será superficial y pasajera.

¿Votar o no votar?

Votar o abstenerse fue el dilema principal para la ciudadanía que tenía reservas o rechazo rotundo a la reforma judicial. Desde el bloque opositor, la abstención fue promovida como una respuesta legítima para el desacuerdo con la elección de jueces a través de las urnas y una forma para deslegitimar la elección. Esta postura, sin embargo, resulta políticamente torpe y estratégicamente esteril. Con o sin participación de ese electorado, bastaba una mayoría de votos para definir el futuro del sistema judicial en México. En este sentido, abstenerse no eximía a nadie de las consecuencias de la reforma; por el contrario, implicaba ceder a la decisión de otros y esta será una consigna para el electorado mexicano en esta nueva realidad.

A diferencia de 2025, cuando se inauguró el nuevo modelo de justicia, para 2027 ya podría haberse consolidado una nueva configuración del Poder Judicial que redefina los márgenes de acción del sistema político. En ese escenario, no puede descartarse que —con una SCJN alineada al gobierno en turno— se reactive la propuesta de reforma electoral que AMLO no logró aprobar durante su mandato. La combinación de estas variables podría dar lugar a una transformación institucional más profunda, con efectos no solo en la elección de jueces, sino también en la de legisladores y en el equilibrio entre partidos políticos.

Los resultados definitivos de la elección se mantendrán inciertos hasta el 15 de junio. No obstante, el INE ha dado a conocer datos preliminares que estiman una participación ciudadana de entre 12.57% y 13.32%, lo que equivale a aproximadamente 13 millones de personas. Esta cifra se encuentra dentro del rango previsto por el propio instituto antes de la jornada, que anticipaba una participación de entre 8% y 15%. Por otro lado, las candidaturas que encabezan el conteo preliminar para la SCJN corresponden a perfiles propuestos por el Poder Ejecutivo y cercanos a la presidencia. Entre ellas destacan Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, todas actualmente en funciones y con trayectorias marcadas por diversas controversias y cuestionamientos públicos.

Para Claudia Sheinbaum, ha sido un éxito; para muchos otros, un motivo de incertidumbre y un ejercicio de carente legitimidad.

Las consecuencias de este experimento electoral aún están por verse, y será responsabilidad de Sheinbaum y su coalición atender los vicios del proceso y demostrar la voluntad política necesaria para emprender reformas que transformen de fondo la administración de justicia en el país. Solo una cosa es cierta: México ha dejado claro al mundo que su contrato social ya no es el mismo, y ese cambio —para bien o para mal— ya no tiene marcha atrás.

Marko Alberto Sal Motola (México): Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad Anáhuac Querétaro. Jefe de Redacción en Diplomacia Activa.

Iker Escobar León (México): Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Querétaro y editor en jefe del Anuario Queretano de Relaciones Internacionales (AQRI). Columnista en Diplomacia Activa.