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Soberanía alimentaria al filo de la colonización

Por Sarah Hernández Garza

Puerto Rico representa un núcleo simbólico en Latinoamérica, encarnando las repercusiones del neocolonialismo y la explotación de los recursos naturales. Pero también, anidando la fuerza de la resistencia social, ejemplificando la trascendencia del defenderse como sociedad.

Ilustración | Ana Paula Durán

En el contexto Latinoamericano se ha teorizado ampliamente sobre las dinámicas coloniales y sus cicatrices en la economía. Sin embargo, ¿qué hay de los territorios que, más allá de lo simbólico, siguen siendo administrados explícitamente como colonias?

En 1952, Estados Unidos cambió el estatus de Puerto Rico a ser un Estado Libre Asociado, pero lamentablemente, nada cambió en las dinámicas coloniales sobre la isla, y el nuevo título sólo amplió el margen de impunidad de las agencias estadounidenses ante políticas extractivas con las que se pone a su merced la vida política, económica y social de la isla.

¿Cuál es el efecto del colonialismo en la soberanía alimentaria boricua?

La extensión del colonialismo en Puerto Rico se expresa en una cruda dinámica de expropiación y explotación del territorio. Actualmente la isla pasa por un panorama de deuda pública, austeridad del gasto público, ausencia de instituciones protectoras, represión de la economía local, privatización de los recursos naturales, improductividad agrícola y energética, y desemboca, final (y no únicamente) en una peligrosa dependencia alimentaria.

Esto nos lleva a comprender cómo las políticas económicas llegan a ser un profundo instrumento de control sobre la vida humana y no humana; un vértice primario es la nula protección de los recursos naturales. Prácticas como la deforestación ilegal, la construcción en costas y reservas naturales, la contaminación de los suelos y océanos mediante agroquímicos, permanecen impunes y normalizadas, abonando al deslinde social y cultural del territorio en el que se habita, y creando espacios “irreversiblemente erosionados”.


Así mismo, dentro del cauce de esta crisis, frecuentan políticas que socavan a las empresas locales mientras se favorece a inversionistas extranjeros sin ningún tipo de regulación para la protección social o ambiental. Parte de esto es el hecho de que Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal; desde 2012 se ha promovido como un lugar de “Sol, playa y cero impuestos” para la atracción de empresarios con alto patrimonio y compañías de servicios, bajo la supuesta estrategia para atraer inversión y “empleo” ante un panorama en el que cerca de la mitad de la población vivía en situación de pobreza y alrededor del 15% estaba desempleada.

Sin embargo, esto sólo representó un fuerte flujo financiero dedicado a la construcción de lujosas mansiones, condominios y clubes de golf, con poco o nada de beneficio para la economía local y distorsionado fuertemente la visión de Puerto Rico como un “patio trasero» para los estadounidenses.

Así también, tanto los sectores primarios como el sector secundario y de servicios instalados en la isla carecen de productividad, y se han instaurado dinámicas de poder que se ven reflejadas en los paisajes y cultura del consumo puertoriqueño; fast food y grandes centros comerciales tapizan la isla como un paraíso en el cual instalarse.

Estas son sólo algunas de las políticas y dinámicas que, cuando el Huracán María arrasó la isla en 2017, permitieron a las personas de mayores ingresos irse sin problemas, dejando un rastro de pobreza y desigualdad impotente a su condición, junto con una grave crisis humanitaria y una deuda que permanece vigente hasta nuestros días.


La dependencia alimentaria

Paralelamente -enmarcando la decadencia del sector agrícola- a pesar de su dotación de recursos naturales la isla importa el 85% de sus necesidades alimentarias; más del 80% del café, cacao y té, hortalizas, carnes y frutas, más del 90% de las legumbres, pescados, mariscos, sopas y especias, y casi el 100% de los cereales, grasas y azúcares.

Así, la seguridad alimentaria se sustituye por supermercados repletos de marcas estadounidenses, leche, carne, dulces, colores radiantes y marcas de culturas ajenas. Los tomates y cebollas vienen en paquetes de tres piezas, envueltos en múltiples capas de plástico. No hay espacio en los anaqueles para los productos locales, ni muchos atrevimientos comerciales o sociales para cuestionar la calidad y precio de la mercancía externa.

Bajo este sistema de dependencia, la disponibilidad de alimentos y suministros queda extremadamente vulnerable ante shocks externos y eventos atmosféricos; En 2020, el 40% de las familias reportaron inseguridad alimentaria debido a la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, tal catástrofe siempre palpable queda oculta tras marcas deslumbrantes y azucaradas. La mercadotecnia y los anuncios no cesan en el contagio de la cultura del consumo. Y en la mente de muchos consumidores boricuas se ha instalado la idea de que los cultivos nacionales no son de calidad y la tierra no es fértil, mientras que el sector agrícola se mantiene de baja productividad y los herbicidas se desplazan desde lo alto de las montañas hasta llegar a los océano

Esto permite vislumbrar cómo el sometimiento total de la vida política y económica trasciende en la manipulación social por medio de la cultura colectiva del consumo y explotación ambiental. Planteando a la vez un ciclo vicioso que perpetúa la dependencia alimentaria como una dinámica extrema de violencia y de control comercial-territorial.


Entonces ¿puede considerarse la inseguridad alimentaria como una estrategia para la subyugación de las colonias modernas y la dependencia comercial y alimentaria?¿Así como el mantenimiento de industrias extractivas, más no productivas? En este contexto, puede entenderse por qué la decisión de compra y consumo local es un acto político, representando una acción de resistencia, un despertar de conciencia ante las mentes que en algún momento fueron colonizadas y que luchan por desaprender lo aprendido.

Bajo este marco, la soberanía alimentaria es un eje elemental de acción, pues implica el empoderamiento transversal de los sistemas locales en el ámbito cultural, económico, ecológico y social, en el que se da el fortalecimiento económico, la protección de los recursos naturales y la reapropiación social del territorio por medio de la organización y colaboración solidaria entre pequeños agricultores y distintos agentes sociales.

Así, destacan cada vez más los agricultores locales que cultivan desde la sensibilidad a la tierra y la agroecología se manifiesta como un símbolo de resistencia y resiliencia en el que la comunidad agrícola se esfuerza por compartir sus conocimientos para reivindicar los orígenes de su cultura ancestral mediante prácticas y manejos en sus cultivos como lo es el lerén.

De esta manera, aunque podría parecer algo pequeño frente a las abrumantes dinámicas extractivas; se dan poderosos pasos hacia la conformación de un sistema alimentario comunitario soberano y seguro, enfrentando desde la raíz las dificultades sistémicas que limitan a la economía y vida local.

Simultáneamente, entre las bondades de la soberanía alimentaria se integra un sistema de colaboración interdisciplinario que permite el desarrollo transversal de otros sectores de gran potencial en la isla, como lo son el hídrico y el energético, cuya dependencia e improductividad han minado históricamente el derecho de los puertorriqueños a su acceso

Ante la ausencia de instituciones sólidas e independientes en Puerto Rico ¿Cuál es la importancia que tienen las instituciones informales para velar por el progreso de la isla, la protección de los derechos humanos, y la preservación de los ecosistemas?

A pesar de lo mencionado, sobresalen proyectos como Suelos PR (dedicada a la educación científica y alternativa sobre los suelos de Puerto Rico principalmente con fines agroecológicos y de protección ambiental), AmandoOcéano (educación, conservación y protección de la vida marina y los ecosistemas), Hacienda Las Malcriá (finca agroecológica dirigida por Ada Ramona Miranda, promotora del turismo regenerativo) y Tierrafiltra (que propone crear un filtro de barro a base de arcillas locales que permita el acceso a agua potable).

Siendo algunos ejemplos de iniciativas que tienen un alto impacto en la movilización comunitaria y en el moldeamiento de las instituciones a través de la cooperación, protección y educación de los recursos naturales y de sistemas agroalimentarios sostenibles. Las mismas, muestran su potencial en la creación de una economía independiente propia y logran tornar las fuerzas del “mercado” a su favor, al compartir conocimientos y fortalecerse como comunidad.

En toda sociedad y economía, las alianzas entre agentes sociales, académicos y empresariales son el eje principal del cambio, pero, en una colonia moderna representan la única trinchera de acción.

La opinión de algunos es que Puerto Rico no está listo para independizarse, sin embargo, que no lo esté después de 123 años de ser una colonia estadounidense da indicios de que quizá nunca lo estará si permanece bajo este régimen. Más allá del dilema de su independencia o anexión como Estado definitivo, este análisis propone que puede que el verdadero espacio de cambio no nazca en su estatus político.


Sarah Hernández Garza (México): Licenciada en Economía, UDEM Monterrey.

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