Mapuches en Chile ¿Justicia social o terrorismo? 

Por Emilio Cruz López

El electo presidente Gabriel Boric ha decidido emplear al ejército en las calles para detener los movimientos de diferentes agrupaciones mapuches.

«Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para brindar seguridad» señaló la Ministra del Interior, Izkia Siches. Este es un problema histórico que diferentes gobiernos siempre mantuvieron la misma estrategia, la militarización, el ataque frontal y la violencia.

Las fuerzas militares chilenas desde el 12 de octubre de 2021 habían desplazado a grupos de la región de La Araucanía liderado por Sebastián Piñera. «Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques», este fue el comentario de Siches.

Héctor Llaitul ha sido el líder histórico que ha promovido la liberación de la nación mapuche, un grupo originario de la región de Araucanía que desde el siglo XIX fueron perdiendo sus tierras con la llegada de colonos europeos. Por su puesto, con el inicio de la “modernidad” también se dio el arribo de empresas trasnacionales y nacionales chilenas que siguieron explotando estas tierras; esta ha sido una práctica histórica y progresiva, que se desarrolló particularmente en el sur.

En la actualidad, se ha documentado que existen dos corrientes de los mapuches: una vía rupturista que busca la autodeterminación, que está por fuera del Estado, y que busca lograr la autonomía del control territorial. La otra es una vía gradualista que para conseguir autonomía, ocupa los espacios institucionales.

El gobierno chileno anunció el lunes 16 de mayo el decreto de un estado de excepción en dos regiones del sur del país. Al momento de decretarse, se permite utilizar a las fuerzas armadas cuando “hay alteraciones del orden” y con ello, es posible restringir ciertos derechos, sobre todo los de reunión y movilización.

Entonces ¿En qué se diferencian las nuevas decisiones del gobierno chileno a diferencia de la militarización directa de otras administraciones? Boric argumenta en primer lugar que esta decisión está orquestada para resguardar las carreteras que se han visto obstruidas por las nuevas movilizaciones y en segundo que él está operando un “estado de excepción acotado”, esto significa que solamente se les permitirá a los militares custodiar rutas y carreteras aledañas. 

Es evidente que la militarización nunca es la solución para el desenlace de un conflicto social. Pero entonces, ¿cuál es la solución para contener los diferentes ataques de los últimos meses? Antes que nada, se debe mencionar que ciudadanos chilenos cerca de esta región han documentado que existen grupos radicalizados de mapuches que delinquen, sabotean y hasta cometen actos terroristas con la intención de intimidar y ejercer violencia con objetivos particulares. Se ha documentado que el objetivo es traficar, tanto madera como drogas y lo hacen creando terror; quemando casas aledañas, maquinaria, así como también el robo de automóviles.

Se le debe atribuir al gobierno de Boric que ha tenido la disposición -a diferencia de otros gobiernos chilenos- de desarrollar un diálogo, mientras que en el pasado se mantuvo una política de criminalización en las zonas del sur en contra de los mapuches. Sin embargo, con su reciente decisión de estado de excepción se tiene la percepción de que realmente no ha cambiado nada, particularmente porque se toma en un momento en que la opinión pública está muy sensible a los temas de seguridad y sobre todo porque Boric apenas fue electo y las expectativas están más que altas.

Francisco Facundo Jones Huala es otro actor importante para comprender a la agrupación. Recientemente fue condenado en Chile a nueve años de cárcel por ataques con fuego y portación de armas. Y de hecho, la INTERPOL mantiene una “alerta azul”, estas alertas se emiten con la intención de recopilar información sobre la identidad de una persona, su ubicación, actividades y relación con un delito particular.  Si hubiese información de que él está en otro país, INTERPOL puede entregar esa información a las autoridades de Chile y cambiaría a “alerta roja”, y entonces sí sí se podría detenerlo.

No se debe descartar que el grupo indígena chileno cuenta también con un brazo armado que expresamente se ha atribuido ataques y medios internacionales han evidenciado. Se autodenominan la CAM (Coordinadora Arauco-Malleco), considerado el Organismo de Resistencia y brazo armado. Ellos por un lado argumentan que buscan la liberación, autonomía y territorio de la nación mapuche, pero lo cierto es que lo hacen por fuera de las reglas democráticas y pacíficas.

Los actos violentos de CAM se remontan veinte años atrás, desde 1997 hasta el presente. La justificación de los ataques mencionado es que su objetivo son “las inversiones capitalistas en nuestro territorio, a las empresas forestales, sus maquinarias y camiones”. También hacen alusión que no son una agrupación terrorista, “solamente sabotean las máquinas de las empresas forestales”.

Se debe destacar también que hay elementos históricos bastante preocupantes que han generado terror en la población. Se han presentado cerca de mil siniestros entre 2016 y 2021. Los atentados, robos violentos y quemas son agrupados bajo la etiqueta de “violencia rural”, la cual no tiene un registro único y oficial en el gobierno, las fiscalías o las policías.

Entre sus ataques se han documentado los del 15 de junio, cuando fue detenido por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el comunero y exmiembro de la CAM, Emilio Berkhoff Jerez, en medio de un operativo contra el narcotráfico, donde fueron decomisados alrededor de 900 kilos de cocaína. También el 23 de junio, un atentado con explosivos adjudicado por la agrupación Resistencia Mapuche Lavkenche, fue detonado en el sector de Quidico -comuna de Tirúa-, una antena de telefonía móvil, resultando completamente destruida.

En los últimos días se han desarrollado varias peticiones al gobierno chileno como lo son el envío de un fiscal para la zona que investigue los delitos de narcotráfico, la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y la participación de la ONU en los diálogos con representantes del pueblo indígena.

En política no hay “buenos” o “malos”, hay intereses. La democracia es un sistema de sociedad abierta, en la que todas las corrientes del pensamiento deben competir en un mercado libre de ideas en forma pacífica, tolerante y plural. El conflicto mapuche ha sido y es una prueba de fuerza entre el Estado chileno y los grupos oportunistas, que a través del terror y la violencia, usan la causa para su conveniencia personal ¿La víctima? El pueblo chileno.

Emilio Cruz López (México): Estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Iberoamericana.