Mercosur y Migraciones: desde Asunción hasta la actualidad

A lo largo de sus 30 años de vida el Mercosur ha avanzado en la implementación de políticas migratorias que han acompañado los procesos de movilidad humana transfronteriza dentro del bloque. Los conflictos políticos e ideológicos que en la actualidad sufre el espacio integrado ponen en peligro algunos de estos logros.

Los procesos de integración regional se caracterizan por la asociación de estados con fines eminentemente económicos y comerciales, pero el transcurso de los años y la transformación del mundo, han dado origen a nuevas dimensiones de estos procesos ampliándose a cuestiones políticas, sociales, laborales, migratorias, etc. Estos esquemas integrativos, en la mayoría de los casos, fueron constituidos imponiendo reglas básicas sobre libertad productiva y comercial hasta que los mismos estados se han planteado discutir en los foros regionales la inclusión de la “cuarta libertad“: la libre circulación de personas dentro de los países que integran el territorio mercosureño.

Los procesos migratorios y la movilidad de personas son actualmente una de las problemáticas más relevantes, entre tantas otras, que hoy tiene el mundo posmoderno. Las diferentes necesidades motivadas en múltiples causas que llevan a hombres, mujeres, niños y niñas a movilizarse a otros territorios nacionales generan una serie de conflictos y complejidades que los bloques regionales deben poner en sus agendas. Los desplazamientos intrarregionales de personas dentro del Mercosur tienen un contenido histórico, geográfico, cultural y socioeconómico, pero por sobre todas las cosas son fomentados por crisis económicas estacionales que cíclicamente se van produciendo en la región.

El Tratado de Asunción habla de la libre circulación de los “factores productivos”, por lo que en una primera etapa la cuestión migratoria era concebida como la libertad de circulación de trabajadores dentro de los países miembros del bloque. Los sub-grupos de trabajo dentro del Grupo Mercado Común tuvieron como principal objetivo lograr la libre circulación de los trabajadores mercosureños. Con el paso del tiempo las funciones y los trabajos de estas áreas técnicas en materia migratoria empezaron a desgastarse, limitarse, hasta esfumarse. El Protocolo de Ouro Preto que diseño institucionalmente el bloque como proceso de integración relego la cuarta libertad como uno de los principales objetivos del bloque.

Dentro de este periodo, un avance importante fue la firma del acuerdo Multilateral de Seguridad Social que otorgaba derechos sociales a los trabajadores migrantes del bloque. Este instrumento jurídico disponía a las personas transfronterizas a que adquieran los mismos derechos sociales que los nacionales de los países donde presten tareas, ampliando esas facultades a sus familiares y asimilados. Luego, en el año 1998 se firmó la Declaración Social del Mercosur, que otorgo más privilegios en materia de empleo a los trabajadores migrantes independientemente de su nacionalidad, de todas formas, esta declaración no tiene carácter vinculante para los Estados parte por lo que carece de cierta trascendencia jurídica.

Los años venideros al 2000 trajeron aparejado un nuevo paradigma en las políticas migratorias del bloque regional debido a la conclusión de un conjunto de pactos que ampliaron considerablemente los derechos de los migrantes. El Acuerdo sobre Regularización Migratoria y el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales sobre los Estados Partes del Mercosur fueron los más importantes.

El primero tiene como principal objeto legalizar la situación migratoria de una persona que se encuentre en una situación irregular en otro país perteneciente al Mercosur, sin tener la obligación de regresar a su país de origen. Mientras que el segundo establece que los ciudadanos de los Estados parte que deseen residir en el territorio de otro podrán obtener una residencia legal en este último cumpliendo una serie de requisitos regulados en dicho acuerdo, esto ha implicado la modificación interna de la legislación migratoria de algunos de los países miembros, como lo hizo la República Argentina.

En el año 2003 se creó la VISA Mercosur con el fin de regularizar la movilidad de personas prestadores de servicios dentro de los países miembros del proceso integrativo, pero también esta normativa solamente es aplicada a ciertas categorías de trabajadores, que claramente no son categorías de las que más abundan en el espectro de trabajadores que circulan por las fronteras mercosureñas. Es importante resaltar que el visado exige que el migrante laboral tenga un contrato de trabajo en el país receptor para acceder a dicho beneficio migratorio, adicionándole la imposibilidad de desarrollar una actividad distinta por la cual ha sido contratado. En el 2004 se llevó a cabo una reunión de carácter extraordinario de Ministros del Interior donde se suscribió la Declaración de Santiago que fijo una serie de principios migratorios que tenían como principal enfoque el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes.

El Consejo Mercado Común ha puesto en marcha un Plan de Acción para crear un estatus de ciudadanía que requiere de ciertas voluntades políticas e institucionales del bloque para llevarse a cabo. Dicha iniciativa fue planteada para llevarse a cabo en un plazo de diez años con el fin de dar origen a una ciudadanía común en el Mercosur.

Estas han sido algunas de las políticas que ha tenido el bloque regional sudamericano a lo largo de 30 años desde su fundación. Pueden observarse los diferentes paradigmas que ha tenido el espacio integrado en las etapas anteriormente descriptas, siempre progresando en materia de reconocimiento de derechos en materia migratoria. Sin embargo, muchos de los instrumentos jurídicos firmados por los Estados y los diferentes órganos institucionales del esquema regional tienen ciertas limitaciones y carecen de cierta operatividad, que sin lugar a dudas obstruye los caminos hacia un verdadero status de ciudadanía mercosureña. Las desavenencias políticas e ideológicas que hoy padece el Mercosur es un problema que se expande en todas las instituciones y áreas del proceso de integración, las políticas migratorias no escapan de ese estado de cosas, impidiendo de esa forma el progreso del esquema integrativo hacia una verdadera ciudadanía e identidad de cada uno de los habitantes de los miembros del espacio integrado.

Juan Martin Romano (Argentina): estudiante avanzado de Abogacía, Universidad Nacional de Rio Cuarto.