El campo, un actor internacional

El agro argentino no solo cosecha alimentos, también cultiva poder. Protagonista en el mercado y la política local, este sector avanza entre disputas internas y crecientes exigencias internacionales. El gran desafío: producir más y mejor en un mundo atravesado por guerras, crisis climáticas e inseguridad alimentaria.

A comienzos del siglo XX, Argentina se presentó al mundo como una potencia agroexportadora, representando un porcentaje significativo del mercado global en trigo, maíz, carnes y algodón. Con la crisis de los ’30 y las políticas posteriores se produjo un estancamiento del agro que no se redefiniría hasta la llegada de la Revolución Verde en los años ’60 y ’70, momento que marcó el inicio de un nuevo y moderno sistema de agricultura que transformó al agro en un complejo moderno, dinámico y globalizado.

Desde la década de los 90, la industrialización del agro se aceleró con la expansión del modelo sojero y la formación de redes de innovación institucional como el INTA y AAPRESID. El campo ya no era un sector aislado, sino que pasó a integrarse en cadenas globales de valor, con influencia tecnológica, institucional y económica internacional

Hoy, ese recorrido histórico culmina en un sistema agroindustrial más que sofisticado. Para 2025, el agro se posiciona como el principal motor de divisas y de superávit comercial del país, cimentando su influencia sobre las políticas nacionales y su proyección internacional. Detrás del paisaje pampeano y las exportaciones millonarias, hay una evolución estructural profunda, donde se invierte en conocimiento, tecnología, logística y poder político.

El campo en números

A lo largo de las últimas décadas, el agro argentino configuró su perfil hacia un modelo agroindustrial complejo, tecnificado y orientado a los mercados internacionales. En 2024, incluso en un contexto de sequía, el sector volvió a ratificar su peso. Según datos del Monitor de Exportaciones de FADA, de cada 10 dólares que ingresaron al país, 6 provinieron directamente de las cadenas agroindustriales. Esa cifra representa un aporte de US$48.370 millones sobre un total de US$79.720 millones exportados, consolidando un superávit comercial de US$39.000 millones.

Este desempeño no es anecdótico. Las exportaciones agroindustriales crecieron un 25% respecto al año anterior, y 14 de las 20 cadenas principales –entre ellas el trigo, la soja, el maíz, la uva o el girasol– aumentaron tanto en volumen como en valor. A esto se suma un dato del Banco Mundial, donde se muestra que el agro representa el 15,7% del PBI argentino y más del 10% de la recaudación tributaria.

En términos de posicionamiento global, el país se mantiene como segundo exportador neto y décimo productor mundial de alimentos, enviando productos a más de 180 destinos y consolidándose como el primer exportador de aceite de soja, segundo de maíz y tercero de soja a nivel global.

Este papel estratégico viene en doble faz, ya que por un lado Argentina alimenta a más del 80% del planeta con sus productos agroindustriales, liderando mercados como el limón, el maní o la yerba mate. Pero, por el otro lado, su contribución a la seguridad alimentaria global la ubica como un actor clave en tiempos de incertidumbre internacional, o en un clima de guerras como los que percibe el mundo en la actualidad. En este marco, países como Brasil, Vietnam, China y EE.UU. encabezan la lista de socios comerciales de Argentina, reforzando el carácter geoeconómico estratégico del sector.

Si bien -para sorpresa de nadie- la potencia agroexportadora no está exenta de tensiones con la política, frente a gobiernos de tintes liberales económicos como los de Macri y Milei, el sector ha adoptado tácticas más institucionales y negociadoras, pero sin abandonar la capacidad de presión desde la base productiva.

Desde finales del siglo XIX, la Sociedad Rural Argentina (SRA) se consolidó como interlocutora privilegiada del Estado, participando activamente en la articulación del modelo agroexportador clásico y acumulando tanto poder simbólico como real en la estructura agraria argentina.

Aunque hoy representa sólo una fracción del campo moderno, su legado y prestigio sostienen su influencia como lobby institucional. Su poder estructural se apoya en su posición histórica en la tenencia de tierras, en su rol social como abastecedora global de alimentos y en su contribución económica al país.

Ese marco estructural se complementa con un poder instrumental articulado, como por ejemplo, con la decisiva creación de la Mesa de Enlace en 2008, integrada por la propia SRA y otras entidades rurales, como Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria.

Su acción coordinada condujo al paro agrario más largo de la historia reciente, en rechazo a la Resolución 125 que proponía retenciones móviles sobre la soja y sus variantes. Este conflicto demostró cómo un campo unido y organizado también puede desplegar presión institucional efectiva sobre el Estado, y causar una conmoción tal en la sociedad que, por unos meses, la polarización trascendió nacionalmente.

A nivel simbólico, la Exposición Rural de Palermo es el foro central donde se entremezclan los intereses agrarios, políticos, empresariales y académicos. Este evento es el espacio destacado donde convergen la legitimidad política y el desarrollo de la agroindustria.

En julio de 2024, durante un discurso, Milei prometió eliminar progresivamente las retenciones y el Impuesto País. Volvió a comprometerse en diciembre de ese mismo año a la baja impositiva, señalando que lo haría de forma definitiva y duradera.

Si bien han habido diferencias y encontronazos este último tiempo, Milei anunció finalmente la baja “permanente” de las retenciones al campo en el encuentro de este año, denotando la presión e injerencia del sector en el Ejecutivo. 

Su poder para incidir en la agenda global se denota en el lobby institucional en materia de comercio exterior, aplicándolo en la firma de acuerdos comerciales o en las discusiones en organismos internacionales, donde el campo no actúa solo como volumen exportador de materias primas, sino como un actor que establece términos y estándares, participando activamente en las reglas de la economía internacional. 

Por ejemplo, en marzo del presente año, China levantó una prohibición de dos años sobre las importaciones de aves de corral provenientes de Argentina impuestas por la gripe aviar. Antes de esa suspensión, Argentina estaba ubicada como el tercer mayor proveedor de pollo para el mercado chino. 

Pero la relación bilateral con China trasciende lo comercial. Milei, pese a su retórica ideológica, asumió una postura pragmática al considerar que las inversiones chinas, especialmente en sectores como la agricultura, son esenciales para el futuro económico del país. China es el segundo socio comercial de Argentina, con un intercambio cercano a los US$20.000 millones, mientras Estados Unidos se ubica en unos US$14 000 millones.

Además, el agro argentino se prepara para exportar trigo a China e incluso reactivar envíos de maíz después de 15 años, mostrando que estas relaciones no sólo alimentan una necesidad estructural, sino que también reflejan una apertura estratégica ante tensiones globales, como la guerra comercial por los gravámenes a las importaciones entre Pekín y Washington.

Por otro lado, luego de 25 años de negociaciones intermitentes, en diciembre de 2024 la Unión Europea y Mercosur, con Milei como Presidente pro tempore del bloque, llegaron a un acuerdo mercantil histórico que liberaliza cerca del 93 % de los aranceles, favoreciendo exportaciones valoradas en cerca de €4 000 millones anuales y creando un mercado conjunto de unos 780 millones de personas. 

El impulso proviene de la creencia de que el pacto representa una “respuesta clara” frente al proteccionismo global pregonado por la administración Trump, aunque para nada está exento de objeciones. El Presidente francés Emmanuel Macron, quien tiene una gran cercanía a su homólogo argentino, calificó de “inaceptable” el acuerdo, presionado curiosamente por el propio lobby agrícola de su país.

En el plano internacional, Argentina puede dar tantas garantías de sostenibilidad como cualquier país del mundo. Podemos demostrarlo a través de la herramienta elaborada por la SRA: nuestro Sello de Triple Impacto, económico, social y ambiental. Basándonos en él estamos trabajando, junto con otras entidades, para que la Cancillería reclame, ante la Comisión Europea, el cambio de la calificación de riesgo para nuestros productos, impuesto arbitrariamente.

Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Otros voceros del sector agropecuario en España, Polonia y Austria también han alertado sobre la competencia desleal que podría derivarse de las normas menos restrictivas en los países del Mercosur como Argentina, ya que los acuerdos tienden a favorecer a los mercados más laxos en regulación, generando “distorsiones de competencia” frente a estándares europeos más exigentes.

En este sentido, podríamos hablar de una proyección dual del agro argentino, primeramente mostrando su capacidad para asegurar acuerdos pragmáticos como con el gigante asiatico, reabriendo mercados estratégicos. Por otro lado, logrando insertarse en un marco multilateral cargado, enfrentando tensiones entre apertura comercial y normas globales con la UE pero que, de más está decir, exige conformidad regulatoria y un compromiso ambiental serio. Y esta es una de las mayores incógnitas que enfrenta el sector en la actualidad.

Un futuro cargado de incertidumbre

Aunque la agroindustria argentina cumple un rol económico internacional decisivo, también debe afrontar dilemas ambientales, estructurales y geopolíticos que ponen en tensión el modelo actual de crecimiento y desarrollo.

La agricultura y la ganadería generan aproximadamente un 30–33 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, más aún si se incluye el cambio de uso del suelo, siendo una de las principales fuentes nacionales de impacto climático. El sector bovino en particular aporta alrededor del 62 % de esas emisiones, principalmente por fermentación entérica. Además, entre 1998 y 2018 Argentina perdió más de 5 millones de hectáreas de bosques nativos, acelerando la emisión de CO2 y reduciendo sumideros naturales de carbono.

En su contribución al Acuerdo de París (NDC), el país se comprometió a no superar las 349 megatoneladas de CO2 para 2030, equivalente a un recorte del 19 % respecto al pico de 2007, y a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Sin embargo, el plan climáticamente ambicioso fue postergado con la oposición del agro, que se ha mostrado reticente ante metas tan estrictas de recorte productivo.

La decisión del gobierno de retirar a Argentina de la COP 29 en Bakú el año pasado también ha evidenciado un alineamiento ideológico con partidos climáticos escépticos, limitando la participación del país en debates multilaterales y financiamiento climático.

Los efectos del cambio climático ya golpean al sector hace tiempo. Es por eso que se ha propuesto una transición mediante tecnología y buenas prácticas, como por ejemplo, siembra directa, rotación de cultivos y modelos de agroecología que reduzcan el uso de pesticidas y mejoren la conservación del suelo y del agua.

El INTA y otras instituciones desarrollan tecnologías adaptativas, como cultivos resistentes, ediciones genéticas y herramientas de agricultura de precisión. Actualmente se evalúan y ponen a prueba sistemas con IA capaces de reducir hasta un 80 % el uso de pesticidas, lo cual ahorra recursos y reduce el impacto ambiental. Sin embargo, persisten brechas en el acceso tecnológico que claramente demorarán esta transición tecnológica a gran escala. 

Internamente, el calentamiento global y sus sucesivas consecuencias pueden ser factores determinantes en el desarrollo del modelo agroindustrial. Externamente, prácticas cuestionables como la deforestación o el uso excesivo de fitosanitarios pueden afectar la credibilidad de Argentina en acuerdos multilaterales como el Mercosur‑UE, donde los estándares ambientales son imprescindibles para empezar a negociar. La adopción de la agroecología, certificaciones de carbono o de la agricultura regenerativa pueden convertirse en ventajas competitivas que pongan al país como ejemplo de modelo agroexportador con compromiso ambiental y conciencia del futuro.

El agro argentino se enfrenta a un punto de inflexión. Por un lado, puede mantener un estilo de agricultura expansivo pero ecológicamente costoso, o evolucionar hacia un sistema agroindustrial más sustentable, inclusivo y resiliente. Las tensiones políticas, el cambio climático y las exigencias ambientales globales no sólo ponen en jaque la viabilidad del sector, sino también la capacidad del país para negociar desde el liderazgo y la legitimidad en escenarios internacionales.

Si logra alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de adoptar una innovación tecnológica equitativa y repensar su relación con los recursos naturales, se podrá consolidar un nuevo modelo de agricultura que no solo produzca más, sino que produzca bien, preservando la competitividad global y el rol estratégico en la seguridad alimentaria planetaria.