La esperanza del Acuerdo de Escazú 

Por Emilio Cruz López

Los sociedad internacional tiene la capacidad de manifestar problemáticas locales para generar impactos globales. Es necesaria para conformar las agendas regionales de América Latina. El Acuerdo de Escazú conserva y reafirma este principio; los actores no estatales son los que realmente levantan la bandera de la protección del medio ambiente y la región. 

Los movimientos sociales trasnacionales tienen sus manifestaciones a lo largo de los últimos siglos, sin embargo, con la caída del muro de Berlín a  fines de la década de los ‘90, surge una tendencia a la descentralización y ascenso de grupos críticos a las políticas neoliberales (que comenzaron a cimentar políticas que acentuarían la destrucción del medio ambiente); conformando así una acción conjunta trasnacional que permitió visibilizar los reclamos de las poblaciones locales. La misma se constituyó a partir de diferentes individuos no afiliados al Estado, entre los cuales encontramos a las organizaciones no gubernamentales y agrupaciones civiles que ejercieron un rol considerable.

Las redes transnacionales de activistas representan las relaciones informales entre los actores no estatales en torno a intereses compartidos. Mientras que una coalición transnacional supone una coordinación estratégica entre aquellos con la intención de orientar o provocar un cambio social con un mayor grado de formalización que las redes.

Por su parte, los movimientos sociales transnacionales refieren al conjunto de individuos que no son parte de las esferas gubernamentales o empresas, con objetivos comunes y con la capacidad de generar acciones coordinadas y sostenidas de movilización en más de un país para influir públicamente.

¿Qué rol tienen estas redes y grupos en la conformación de las agendas del regionalismo en América Latina para la lucha medioambiental? El caso del Acuerdo de Escazú destaca principalmente por ser especialmente reivindicado por la acción colectiva que se constituyó bajo una movilización transnacional. Implicó una estrategia común que tenía la intención de definir una participación en las negociaciones directamente, presionar a los gobiernos para que se ratificara el acuerdo y también influir en las agendas medioambientales domésticas de cada uno de los países.

En este sentido, el tratado constituye una lección sin precedentes sobre la potencialidad de organizar la demanda ante conflictos socio-ambientales comunes a toda la región. Son los ciudadanos quienes unificaron su voz y desempeñaron un papel relevante en el desarrollo de un instrumento regional de derechos, incorporando sus demandas y perspectivas.

Su contribución activa y decisiva durante el proceso de negociación, mantuvo un alto grado de ambición del convenio y logró incluir dimensiones claves no previstas por los gobiernos de los diferentes países. La defensa de los Derechos Humanos en materia medioambiental es el mejor ejemplo. Nunca ha sido, ni es un tema de interés nacional de la variedad de Estados. También, por otro lado, la obligación de elaborar una lista de zonas contaminadas por tipo de contaminante y ubicación; los principios de no regresión y prevención; y los instrumentos y mecanismos que amplían y facilitan el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Además, para formalizar la intervención de la comunidad se requirió de una elección que se dio mediante un voto electrónico de representantes de la sociedad civil organizada, también tuvieron la posibilidad de asistir a las discusiones entre países y hacer propuestas en el texto que se confirmaría por los Estados parte.

Es crucial comprender y arropar esta disrupción de descentralizar las relaciones internacionales. Convenciones Internacionales, firmas de tratados y pláticas de alto nivel han sido históricamente espacios de élite, jerarquías que no han defendido el interés común no solo de sus poblaciones, tampoco de la civilización en general.

En otras palabras, Escazú simboliza algo más que una declaración política, se convirtió en un instrumento político regional con carácter vinculante que garantizaba la participación de la sociedad en general, de los primeros pasos en los cuales un movimiento civil no dejó un esfuerzo en vano. 

El acuerdo garantiza el derecho de las personas a acceder a la información ambiental relevante. Esto es especialmente importante para los movimientos sociales trasnacionales, ya que les brinda la posibilidad de obtener datos e informes sobre temas ambientales en diferentes países, lo que les permite tener una comprensión más completa de los problemas y desarrollar estrategias de acción más efectivas.

Se debe confiar en estos movimientos porque es la única manera de elevar los estándares de protección ambiental en la región. La lucha por el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia medioambiental con pilares que deben traer estos movimientos.

Por supuesto, estas ideas representarán dificultades por el hecho de que existe una herencia histórica de el cumplimiento del orden y de la ley sobre el involucramiento civil y la acción política. Es interesante constatar que, en un contexto de crisis del multilateralismo mundial y de una mayor fragmentación entre los países de la región, la firma del Acuerdo de Escazú es un paso adelante en la promoción de una agenda regional ambiental liderada por la significativa colaboración del público.

Fueron actores no estatales los impulsores de los principales artículos del nuevo instrumento de derechos ambientales y derechos humanos, quienes se constituyeron eventualmente en un movimiento social transnacional para hacer visibles sus reclamos y llevar sus propuestas a los representantes de los gobiernos en las sesiones de negociación.

Emilio Cruz López (México): Estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Iberoamericana