Excepción Bukele

Por Arturo Martínez Bautista

¿Héroe o tirano? Si dejas que los políticos rompan la ley en caso de emergencia, lo más probable es que crearán diferentes emergencias para romper la ley.

El presidente Nayib Bukele ha gobernado El Salvador bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, dándole un carácter permanente e indefinido a la limitación de derechos constitucionales. Desde entonces el poder ejecutivo ha utilizado, con admiradores y detractores, a las fuerzas de seguridad para implementar una política contra la violencia de las pandillas desde la represión y la persecución.

El régimen de excepción no solo ha permitido suspender garantías constitucionales. Además ha eliminado controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado, y el derecho al acceso a la información pública. Es decir, ha fomentado la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

En 2022 las imbatibles maras salvadoreñas llegaron a lo que parece ser su final. Esta forma criminal llegó a controlar amplios territorios de El Salvador, llegaron a tener bajo su régimen a comunidades enteras y durante más de 20 años constituyeron un segundo gobierno mediante un sistema de normas y castigos para la población bajo su dominio, e incluso una forma de impuesto ilegal conocido popularmente como “la renta”. Pero las maras se vieron superadas y eventualmente desplazadas por una forma criminal mucho más eficiente, más organizada y con un poder bélico superior: la mafia de Estado bajo el mando del presidente Nayib Bukele.

El mundo criminal podría entenderse como una selva llena de criaturas que compiten y se devoran entre sí. Las maras fueron una bestia superior que ganó el dominio del país cuando llegaron desde Estados Unidos en la década 1990, tras la guerra civil que duró 11 años y que dejó a miles de muertos y desaparecidos. Era un lugar con un Estado débil y un gran porcentaje de la población joven desempleada: la fórmula perfecta para el florecimiento del crimen.

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, dijo a inicios de 2023 que la nota alta que le da una reciente encuesta a la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele se debe a que el pueblo agradece lo que se ha logrado en materia de seguridad con el combate a las pandillas. Es “el hecho de vivir en paz”, apuntó monseñor Alas en conferencia de prensa al final de la misa dominical al ser consultado sobre los resultados de una encuesta divulgada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad José Simeón Cañas, privada y dirigida por jesuitas. Este centro de estudios ha sido crítico al gobierno.

De acuerdo con ese estudio dado a conocer el 19 de enero de 2023, el 90% de la población reconoce que la situación de seguridad del país centroamericano ha mejorado, y que Bukele subió su nota de aprobación al pasar de 7.54 puntos que logró al cierre del 2021 a un 8.37 al final del año anterior.

Los salvadoreños han “comenzado a vivir un momento de paz, con libertad para salir. Ya las cosas han cambiado y es por eso por lo que el pueblo se siente agradecido”, subrayó el prelado, aunque consideró que la violencia no ha sido erradicada del todo. Ahora el gobierno “tiene que atacar la pobreza, el subdesarrollo, las injusticias laborales”, porque para que el pueblo desarrolle tienen que generarse oportunidades para los jóvenes y los mayores, expuso el arzobispo.

“Nuevamente, estamos acá para solicitar la prórroga del régimen de excepción, ya que los resultados han demostrado su efectividad. La población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo”, manifestó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición, la prórroga se aprobó con los votos a favor de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Seis opositores votaron en contra, 10 se abstuvieron y uno no asistió.

“Esta Asamblea, gracias a los marcos legales que están dentro de la Constitución y haciendo uso de ellos, seguirá apoyando las decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele para el bienestar de los salvadoreños”.

Ernesto Catro | Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador

La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registraran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se veía en el país en mucho tiempo.

Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar mientras existan las causas que lo originaron. Limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.

Según la Policía Nacional Civil, se han registrado días con 0 homicidios. Esto refleja una caída significativa de los índices de violencia en un país que, hasta hace unos meses, era considerado el más violento del mundo. No obstante, la veracidad de estas cifras no se puede verificar debido a la falta de acceso a la información. Además es importante anotar que el gobierno de Bukele ha cambiado que tipos de muertes se incluyen en las cifras totales de homicidios, quitando, por ejemplo, las muertes de presuntos pandilleros en confrontaciones con la policía. 

De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 64.000 personas detenidos, a los que el Gobierno acusa de ser pandilleros, además de la incautación de 2.326 armas de fuego y 1,7 millones de dólares en efectivo.

De acuerdo con reportes de prensa, organizaciones de DD.HH. y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias, las autoridades atribuyen al régimen de excepción y al Plan Control Territorial el descenso en la cifra de homicidios. Según cifras oficiales, estos sumaron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.

Su receta está clara: la violencia ya no la ejercen los pandilleros, la ejerce el Estado. Y funciona, vaya si funciona. En las elecciones legislativas de febrero de 2021, su partido Nuevas Ideas arrasó en las urnas con un 66% de los sufragios, cinco veces más que el segundo partido más votado (Arena), una victoria sin precedentes que reforzó su poder y le permitió controlar el parlamento a su antojo.

Pero la popularidad de Bukele ha ido creciendo igual que su poder y desde la oposición le acusan de ser cada vez más autoritario e, incluso, de ser un dictador en potencia. Antes de ganar las legislativas de 2021, cuando aún no controlaba el Parlamento, ya dio muestras de ello al irrumpir en la Asamblea escoltado por militares armados para forzar a los diputados a aprobar un préstamo para financiar su política de seguridad pública.

Además, instó a sus seguidores a tomar las calles si el Parlamento no cedía a sus pretensiones. «Los diputados de la Asamblea no quieren aprobar dinero que no es ni de ellos para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño», dijo, tirando de manual populista, ahora ya controla el poder legislativo, además del ejecutivo, y organizaciones sociales le acusan de intentar controlar también el judicial, con una polémica ley de reforma de la carrera judicial, por la que ha jubilado forzosamente a un tercio de los magistrados.

Guerra total a los pandilleros. Ese es el leitmotiv de Nayib Bukele y su razón de ser. A base de sangre y fuego, el joven presidente del El Salvador ha conseguido reducir drásticamente la violencia en un país dominado por las maras y su figura se ha teñido de tintes casi mesiánicos entre los salvadoreños.

Arturo Martínez Bautista (México): estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de México.