La urgente necesidad de un plan migratorio

Por Concepción Mejías Carrascosa

La falta de respuesta del Gobierno de la República Italiana frente a la creciente crisis migratoria en el Mediterráneo ha vuelto a encender las alarmas en el seno de la Unión Europea, con fuertes cruces entre Meloni, Macron y las diferentes ONG’s.

Desde principios del 2022 un total de 1,891 personas migrantes han desaparecido en las aguas del Mediterráneo, según las cifras recopiladas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Ante este escalofriante número, el pasado junio se inició un sistema europeo de reubicación de personas solicitantes de asilo, bajo el cual se estipulaba que una decena de los países miembro de la Unión Europea, entre los que se encontraba Francia, acogerían a 8,000 migrantes llegados a través del Mediterráneo. Sin embargo, hasta ahora, solo 100 personas refugiadas han sido reubicadas a lo largo del continente europeo.

El pasado mes de octubre fue testigo de cómo, de nuevo, el sistema de cooperación europeo respecto a la acogida de personas migrantes sigue dejando muchos resquicios abiertos ante los procedimientos de acogida, cuando 985 personas que fueron rescatadas por distintas embarcaciones humanitarias se encontraron varadas en las aguas mediterráneas a la espera de que el Gobierno italiano permitiera su descenso en alguno de sus puertos.

Según las autoridades italianas, las naves que fueron encontradas en el mar no eran percibidas por el Gobierno como embarcaciones náufragas, sino como «migrantes, que subieron a bordo en aguas internacionales mediante el transbordo desde otros buques de enlace y el barco que los tomó a bordo está equipado y habilitado para acogerlos y atender todas sus necesidades de acogida». Con estas palabras, la Presidenta Meloni hacía alusión a los cuatro barcos humanitarios llegados en los últimos días al límite de las aguas italianas: dos noruegos, el Ocean Viking, con 234 inmigrantes, y el Geo Barents, con 572; y dos alemanes, el Rise Above, con 95 y la Humanity 1, con 179.

En particular, las personas que se encontraban en una de ellas, el barco Ocean Viking, vagaron por alta mar durante más de 20 días a la espera de que Italia accediese a su desembarco en su territorio. Tras un total de 43 solicitudes de descenso por parte de la ONG, las 234 personas que fueron rescatadas desembarcaron finalmente el pasado viernes 11 de noviembre en el puerto francés de Toulon, al sur del país, tras no recibir la aprobación del Gobierno de Meloni para que descendieran en territorio italiano.

El rechazo de la Presidenta Giorgia Meloni de acoger y proporcionar ayuda humanitaria a todas aquellas personas que se encontraban en la nave no ha causado únicamente una gran tensión diplomática entre Francia e Italia, sino que ha demostrado la discrepancia de opiniones entre los distintos países que conforman la comunidad europea respecto a los procesos de acogida y refugio de aquellas personas que cruzan la frontera marítima.

El nuevo gobierno de ultraderecha italiano advirtió que no permitiría que su país fuese el responsable de  todas las personas migrantes rescatadas en el Mediterráneo. Los italianos sostienen que estas embarcaciones cruzan las fronteras de la Unión Europea de manera ilegal y que, por tanto, es la responsabilidad común de los 27 países de la comunidad hacerse cargo de ellas.

Los pasajeros que han desembarcado del navío fueron asistidos por las autoridades sanitarias y después trasladados a un centro de internamiento después de que todos ellos solicitaran asilo a las autoridades francesas. Durante los próximos veinte días, estas solicitudes serán evaluadas por las autoridades correspondientes y, aquellas personas a las que se les otorgue el derecho de asilo, serán repartidas entre los distintos países europeos que ya se han ofrecido a acoger a dos tercios de los mismos. Entre esos países se encuentran: Alemania, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Croacia, Bulgaria, Rumanía, Malta y Lituania.

El Ministro del Exterior francés, Gérald Darmanin, ha criticado abiertamente la negativa recibida por Italia ante esta situación y propone que se tomen distintas medidas como el reforzamiento de los controles fronterizos con este país, al igual que la suspensión del acuerdo de relocalizaciones que se había establecido a nivel europeo, esta medida se traduciría en la suspensión del traslado previsto para el próximo verano de 3,500 migrantes desde el territorio italiano a Francia, al igual que el despegue de 500 agentes de policía franceses en la frontera italiana.

Sumado a esto, Francia ha solicitado a Alemania y a la Comisión Europea organizar próximamente una reunión en la que se debatan las consecuencias de la actitud italiana respecto a la crisis migratoria y se comunique una resolución “europea” ante esta actitud.

Por su parte, la primera ministra Meloni ha tachado de “agresiva” y “desproporcionada” esta respuesta por parte de Francia y no ha dudado en aliarse con los Ministerios de Interior de Chipre, Malta y Grecia para difundir una carta en la que los cuatro países expresa su descontento ante la actitud y la forma de proceder de los barcos que proporcionan rescates en el mediterráneo bajo la demanda de que dichas embarcaciones privadas no respetan las cláusulas establecidas en el marco legal internacional sobre las operaciones de búsqueda y rescate.

El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha llegado incluso a proponer abiertamente que las instituciones europeas correspondientes planteen un código de conducta para aquellas oenegés que trabajan en el territorio marítimo. Adicionalmente, la Presidenta Meloni comunicó el pasado lunes que, el mismo día en el que Francia aceptó recibir a aquellas personas que se encontraban en el barco Ocean Viking, Italia admitió a 600 personas migrantes llegadas a sus costas.

Pese a todos estos enfrentamientos indirectos, este pasado lunes, el Presidente francés Macron y el expresidente italiano Matarella, en orden de apaciguar las tensiones entre ambos países e intentar buscar una solución diplomática ante este conflicto para no desestabilizar al bloque europeo ni afectar notoriamente a la política de migración del continente, han mantenido una conversación telefónica en la que ambos reconocen la importancia de su mutua colaboración en la esfera europea.

Mientras Roma y París intentan encontrar una tregua en esta discrepancia, este último ha firmado este lunes 14 un acuerdo con Londres por el valor de 72 millones de euros, a través del cual ambos países se comprometen a cooperar en materia de prevención de migración ilegal. Con este acuerdo, el país galo se compromete a aumentar en un 40% sus fuerzas de seguridad desplegadas en sus playas y costas a cambio de recibir 72,2 millones de euros de los británicos para el periodo 2022-2023. Se desplegarán recursos humanos y tecnológico para detectar los botes antes de su salida y prevenir una actuación inmediata.

Reino Unido ha comunicado a través de su Ministra de Interior, Suella Braverman, su optimismo por el acuerdo alcanzado, reiterando que este pacto conllevará una serie de victorias reales tanto para Francia como para Reino Unido al contar con cuerpos oficiales franceses y británicos colaborando y trabajando de forma unida para interceptar a aquellas personas migrantes ilegales antes de que intenten abandonar el territorio francés.

Esta noticia, sin embargo, no ha sido celebrada por aquellas ONG’s que trabajan en el ámbito de las tramitaciones de solicitudes de asilo puesto que, en palabras de Clare Moseley, representante de Care4Clais, “debemos concentrarnos en dar a la gente un paso seguro, en darles formas seguras de solicitar asilo, y en salvar vidas».

En los últimos años ha aumentado sensiblemente el número de personas que han tratado de cruzar el Canal de la Mancha, recurriendo a traficantes de personas para conseguir el objetivo, algo que la zona del Mediterráneo ha experimentado durante muchísimos años, con cifras que no paran de crecer.

Así, hace un año se suscitaba en el Canal de La Mancha una de las peores tragedias migratorias que se han dado en la zona; 30 personas perecieron ante el hundimiento de una embarcación frente a las costas de Calais, en aguas territoriales de Francia.

La situación por la crisis migratoria en las aguas europeas, principalmente en el Mediterráneo, no para de profundizarse. La respuesta dada por los sistemas europeos es ineficaz y cada vez se hace más visible la necesidad de la Unión Europea de adoptar una hoja de ruta común y segura para quienes arriesgan sus vidas en busca de mejores condiciones.

Un factor que complejiza la situación es la creciente división y alejamiento entre los líderes políticos de Europa, lo que vuelve cada vez más difícil la toma de decisiones conjunta. En un sistema que se cree y muestra «maduro», es necesario dejar las ideologías de lado y enfocar las acciones en vistas de mejorar la situación para los miembros comunitarios.

Concepción Mejías Carrascosa (España): Graduada en Derechos Humanos y Gobernanza, Universidad Autónoma de Madrid.