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Constitución por la fuerza

Se cumplen casi 28 años de uno de los momentos más turbulentos en la Federación Rusa desde su vuelta a la democracia, el Octubre Negro. Pero, ¿por qué se lo recuerda de esta forma y cuál fue el legado que le dejó a Rusia?

La Casa Blanca de Moscú en llamas.

La década de 1990 fue sin duda uno de los periodos de mayor incertidumbre pero también fueron años de cambio. La Guerra Fría había terminado, el bloque capitalista se mostraba como el vencedor indisputable y el resto de los Estados, ante un momento de éxtasis, decidieron seguir los pasos de Occidente.

Del otro lado del mundo se encontraba una joven Rusia, la cual todavía conservaba muchos de los pilares de la antigua Unión Soviética. ¿Uno de los más importantes? Su Constitución. El Estado todavía mantenía vigente la sancionada en 1977 por la Unión Soviética.

Movimiento de peones

A principios de 1992 el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, ordenó la liberalización del comercio exterior, los precios y la moneda. Estas medidas fueron parte del programa de reformas económicas, el cual tenía pleno apoyo de los Estados Unidos en el intento de acercar a la Federación a la nueva configuración global de las democracias liberales y el «fin de la historia» a decir del internacionalista Francis Fukuyama. Otro de los puntos importantes dentro de la agenda era reducir los gastos estatales, por lo que se aumentó el valor de los nuevos impuestos, se disminuyeron los subsidios del gobierno a la industria y construcción, y se hicieron fuertes recortes en el fondo estatal destinado a la asistencia social.

Como consecuencia de las reformas, los precios tuvieron una fuerte escalada y decenas de empresas cerraron producto de la crisis crediticia. Muchos sectores de la población cayeron en la pobreza, especialmente los grupos que dependían de los programas de ayuda para el bienestar social.

Esto dio como resultado el nacimiento de dos bandos enfrentados dentro del propio gobierno ruso. Por un lado se encontraban los políticos que apoyaban las reformas económicas de Yeltsin y, por el otro, estaban aquellos que repudiaban las prácticas que se habían llevado a cabo. Dentro de estos, el propio vicepresidente, Aleksandr Rutskói, salió públicamente a decir que su compañero de fórmula había causado un “genocidio económico”.

En el transcurso de 1992 las cosas se intensificaron para el líder ruso, dando inicio al histórico enfrentamiento entre él y el Poder Legislativo, tanto con el Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia como con el Sóviet Supremo de Rusia por el control y la política gubernamental. En aquel entonces el presidente había sido informado que sus facultades para emitir decretos habían finalizado en 1991, por lo que le exigió al Parlamento que se realice un cambio en la Ley Fundamental para que el pudiera efectuar un plan de privatizaciones a través de la emisión de decretos presidenciales. Sin embargo, se le fue negado rotundamente el redactar una nueva Carta Magna que le diera poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo.

Otro de los conflictos más notorios se dio a finales de 1992 cuando el dirigente designó a Yegor Gaidar  —padre de las reformas económicas— como primer ministro, trayendo aparejado un claro mensaje de repudio por parte del Poder Legislativo y pidiendo, a su vez, al Banco Central que siguiera emitiendo los créditos que hicieran falta para que las empresas sigan abiertas.

Alfiles, caballos y torres

A lo largo de 1993 las tensiones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo continuaron en aumento. En marzo, durante una sesión del Congreso de los Diputados del Pueblo, Ruslán Jasbulátov —último presidente del Sóviet Supremo— acusó a Yeltsin de cometer actos inconstitucionales que podrían llegar a provocar una grave crisis institucional en el gobierno ruso. Días después, el Congreso aprobó medidas en las que se estipulaba la vigencia de la Constitución de 1977 y el recorte de los poderes presidenciales, lo cual limitaba aún más las facultades del primer mandatario ruso. Borís ante la decisión del Parlamento, decide realizar un referéndum nacional en el que los ciudadanos debían decidir si apoyar la realización de nuevas elecciones legislativas y reformas de la Carta Magna o, por el contrario, rechazar un cambio en las instituciones.

Para sorpresa de muchos, las encuestas favorecieron al presidente, dándole un sentimiento de legitimidad y de supremacía sobre el Poder Legislativo, de manera que las alarmas del Congreso y del Sóviet se encendieron ante un posible ataque por parte de los poderes extraordinarios del dirigente.

El choque de poderes decisivo llegó el 1 de septiembre con la noticia de que el vicepresidente —simpatizante del Parlamento— es destituido por orden de su compañero de fórmula. En reemplazo asume Gaidar, quien había sido anteriormente vetado por el Legislativo a finales de 1992. En consecuencia, el Sóviet Supremo decide tomar cartas en el asunto y elige el 21 de septiembre a Aleksandr Rutskói para que sea el nuevo presidente de la Federación Rusa. Desafortunadamente para los legisladores, Yeltsin lanzó su ofensiva con la convocatoria de un nuevo referéndum nacional y un decreto por el que se disolvía el Parlamento a la vez que convocaba elecciones legislativas para diciembre. Horas más tarde unidades de policía bloquearon el acceso a la sede del Sóviet, la Casa Blanca de Moscú, encerrando a todos los funcionarios dentro de este.

Marcha de los simpatizantes del Soviet Supremo en Moscú.

Jaque mate

En los días posteriores a estos hechos, miles de manifestantes salieron a las calles en defensa de los diputados encerrados pidiendo su inmediata liberación. Moscú se había transformado en un centro de protestas, donde el caos y la desesperación fueron en aumento al paso de los días. Se estima que alrededor de cuarenta mil personas salieron de sus casas a manifestar en contra del gobierno.

La escalada de violencia no llegó sino hasta los primeros días de octubre, momento en el que las fuerzas militares rusas arribaron a la capital. Rutskói, quien estaba encerrado en la Casa Blanca junto al resto de los legisladores, llama a los manifestantes a que restablezcan el control de uno de los principales centros nacionales de televisión ubicado en Ostánkino tomado por las fuerzas del Ministerio del Interior. Luego de varias horas de enfrentamiento, la estación de televisión queda totalmente inoperable y al menos 46 personas mueren en el intento. Ya en la noche del 3 de octubre las fuerzas armadas habían logrado recuperar el control en las calles.

Para el amanecer del 4 de octubre, las fuerzas militares se posicionaron en los alrededores de la Casa Blanca de Moscú y los tanques empezaron a disparar contra este edificio, uno de los más simbólicos que había sido construido durante los años de gloria de la Unión Soviética. El bombardeo terminó alrededor del mediodía y se estima que fueron cerca de 150 muertos y 400 heridos las víctimas del conflicto. Por otra parte, los líderes de las fuerzas parlamentarias, Rutskói y Jasbulátov, fueron arrestados al igual que el resto de los miembros.

Finalmente, el 12 de diciembre se celebró el referéndum en paralelo a las elecciones legislativas. El renovado parlamento, la Asamblea Federal de Rusia, es la actual institución que ejerce el poder legislativo, conformándose como un órgano bicameral que consta de una cámara baja — Duma Estatal— y una cámara alta —Consejo de las Federación—. Por otro lado, la nueva Constitución de la Federación Rusa fue aprobada por el 58,4% de los votantes y entró en vigencia el 25 de diciembre. El presidente finalmente obtuvo los cambios en la ley fundamental de Rusia, la creación de una presidencia fuerte y la capacidad de gobernar por decreto.

El legado

Los acontecimientos sucedidos en Rusia en los años 90 son el ejemplo perfecto de la importancia que tiene un documento como la Carta Magna de un país. Para algunos, las medidas ejecutadas por Boris fueron totalmente legítimas al decir que la Constitución de 1977 estaba obsoleta y debía ser renovada. Sin embargo, podemos considerar a los canales que se usaron como ilegítimos, considerando que la antigua ley suprema fue reformada en 1977 durante la Unión Soviética y esta etapa fue parte de la historia del país y jamás fue estimada ilegítima, lo cual tampoco es motivo de utilizar los métodos de Yeltsin. Casos de países en la actualidad con leyes fundamentales reformadas en gobiernos de facto sobran, como por ejemplo Chile. Esto solo nos demuestra que los cambios de un documento tan importante se deben hacer mediante los procesos constitucionales correspondientes y que lo acontecido en 1993 forma parte del legado de la Rusia de hoy.


Mauricio Rodríguez (Argentina): estudiante en Relaciones Internacionales, Universidad de Congreso, y columnistas en Diplomacia Activa.

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