Reconocimiento a Palestina: política y coyuntura internacional

La creciente ola de reconocimientos a Palestina revela que la estatalidad no depende solo de marcos jurídicos. Se construye en función de decisiones políticas, contextos históricos y equilibrios regionales que moldean la diplomacia internacional.

Más de 190 jefes de Estado y de gobierno, ministros y embajadores recorrieron esta semana los pasillos de la mole de cristal a orillas del East River, y tras seis jornadas de intensas sesiones, el Debate General de la Asamblea ha llegado a su fin. Si algo quedó claro, es que la “cuestión palestina” se erigió como el tema central, inevitable e ineludible. Ahora bien, preguntarse el porqué sería desconocer la realidad que atraviesa diariamente en nuestras pantallas: la aniquilación de Gaza a manos de Israel. Por lo que, se vuelve inconcebible cualquier justificación de legítima defensa, ante un escenario que atraviesa el corazón del derecho internacional y amenaza con despedazarlo.

En ese contexto, Occidente sucumbe a la presión. Los días 21 y 22 de septiembre del corriente año, un encadenamiento de nuevos reconocimientos al Estado de Palestina despedazó la columna vertebral del bloque, con aliados centrales de Estados Unidos abandonando su inquebrantable defensa a Tel Aviv. Se reconfigura, entonces, el trazado geopolítico del conflicto en Medio Oriente.

En un extremo, el gigante norteamericano y unos pocos aliados más sostienen que reconocer a Palestina implicaría sucumbir ante la organización terrorista de Hamás, legitimar sus atrocidades y, además, renunciar a la promesa de recuperar con vida a los rehenes del 7 de octubre. En el otro extremo, una comunidad internacional que plantea que el reconocimiento de Palestina constituye un paso hacia la solución de dos Estados y una herramienta para aislar y presionar a Israel frente a sus prácticas criminales. En el medio, se encuentran los palestinos, quiénes seguirán enfrentando muerte, hambre y precariedad, incluso pese al guiño diplomático de parte de Occidente. Surge aquí un interrogante medular: ¿Por qué ahora?

Estatidad y reconocimiento.

El reconocimiento internacional ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas, fundamentalmente en torno a la disyuntiva sobre si constituye un elemento imprescindible de la estatidad. En términos sencillos, la pregunta es si puede existir un Estado sin ser reconocido como tal. Allí, distintas teorías intentan abordar el cuestionamiento, arribando (como es usual) a un juego dicotómico: teorías constitutivas vs. teorías declarativas. Las primeras, detrás de grandes referentes como Oppenheim o Lauterpacht, advierten que las relaciones jurídicas entre dos entidades que no están sujetas a un orden jurídico superior solo pueden plantearse como resultado del reconocimiento mutuo de la personería.

De este modo, en un sistema anárquico, el reconocimiento entre los Estados es una condición sine qua non para afirmar su existencia. Por el contrario, las segundas teorías reconocen que los elementos que caracterizan a la estatidad se circunscriben a un nivel puramente jurídico, debiendo “tildar todas las casillas” a fin de acreditar su condición de Estado. Estos “criterios objetivos” se encuentran sistematizados en la “Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados” (1933) o “Convención de Montevideo”: población permanente, territorio definido, gobierno y capacidad de relacionarse con otros Estados.

Pese a que solemos dejarnos seducir por la claridad de los criterios objetivos, y por la tendencia del derecho a ordenar la realidad a través de requisitos, la experiencia ofrece una perspectiva alternativa. El reconocimiento a la estatidad no responde primordialmente a un listado de condiciones jurídicas, como sí a factores eminentemente políticos. Tal lógica queda en evidencia al analizar la propia existencia de Israel, Estado no reconocido por más de 25 miembros de las Naciones Unidas, casi en su totalidad del mundo islámico. Nadie podría poner en duda que Israel cuenta con una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y relaciones con otros Estados. Sin embargo, eso no le ha garantizado el reconocimiento de sus vecinos. ¿Dónde quedaron los tan proclamados criterios objetivos?

Autores como Oppenheim ya escribían en los inicios del siglo XX que, si bien el reconocimiento debía otorgarse a todo Estado que se encontrará “realmente establecido”, en los hechos se trataba de un acto político antes que jurídico, una cuestión táctica. El autor hace mención a lo sucedido en el Congreso de Berlín de 1878, cuando Bulgaria, Montenegro, Serbia y Rumania fueron reconocidos por las potencias europeas con la condición de garantizar la protección de minorías religiosas y étnicas en sus territorios. Otra vez, no se trata de los elementos constitutivos del Estado, sino de la voluntad internacional de otorgarles efectividad.

Reconocido el carácter político del reconocimiento, es de particular interés en el caso ahondar un poco más allá e intentar comprender las dinámicas de su desenvolvimiento. De este modo, y en primer término, la práctica de “admisión internacional” surge como respuesta a condiciones contextuales específicas que lo motivan, esto es, el reconocimiento es coyuntural. Thomas Grant, en su libro The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution (1999), busca desentrañar si, más allá de la discrecionalidad política, existe una tendencia a que el reconocimiento se produzca de forma concertada/colectiva en respuesta a ciertas circunstancias particulares. El autor, aunque de manera limitada, plantea que el reconocimiento oscila entre ser un acto unilateral y uno colectivo, dependiendo del contexto geopolítico.

En esta misma línea, Geldenhuys aporta una mirada complementaria al estudiar los llamados contested states. Según su análisis, la práctica demuestra que los reconocimientos no sólo se dan de manera aislada, sino también en oleadas regionales o en bloque, siguiendo afinidades ideológicas, lineamientos diplomáticos y cuestiones de coyuntura. Estos patrones colectivos muestran que el reconocimiento, más que un acto puramente jurídico, responde a dinámicas de contexto que articulan lo político con lo regional. En consecuencia, analiza estos procesos de “reconocimientos simultáneos”, los escenarios políticos que los motivan y el rol de organizaciones internacionales y regionales en coordinar o bloquear esta admisión.

A la luz de estas consideraciones, el Estado de Palestina encarna de manera paradigmática esta lógica: el reconocimiento internacional como instrumento político (no jurídico), coyuntural (no aislado) y regional (no unilateral).

Oleadas Regionales.

La causa palestina, si bien hunde sus raíces en la primera guerra árabe-israelí de 1948, alcanzó un punto de inflexión el 15 de noviembre de 1988, cuando se proclama independencia del Estado palestino. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), reunida en Argel, transforma al movimiento de liberación nacional en un sujeto político estatal. Yasser Arafat, su líder, logra trascender la búsqueda de legitimidad por la vía militar, para proyectarse en la arena político-jurídica. Desde entonces, se catapultó la internacionalización del conflicto y la comunidad internacional se vio obligada a posicionarse, ya no ante a una organización insurgente, sino frente a un pueblo que reclama su derecho a la autodeterminación.

A partir de esta declaración, se origina la primera oleada (1988-1989) de reconocimiento internacional a la estatidad de Palestina. A tan solo nueve meses de dicha proclama, alrededor de 90 Estados del mundo habían extendido su respaldo oficial al sujeto proclamado en Argel. Este alineamiento cuasi-automático respondió, naturalmente, a una motivación política de respaldo a las luchas de descolonización y a la narrativa antiimperialista.

No es casualidad que dichos reconocimientos se concentraron geopolíticamente en el mundo árabe, musulmán y el continente africano. La canalización de este proceso se plasmó, como fue descrito, de manera regional. De este modo, la Liga Árabe (LA) y la Organización de Cooperación Islámica (OIC) fueron la voz y la bandera de la causa palestina, actuando como foros activos de defensa al movimiento y motor de la primera oleada de respaldos. A su vez, la Organización para la Unidad Africana (OUA) y el Movimiento de Países No Alineados (MPNA); actuando de esta forma como “efecto multiplicador” en el marco de la histórica causa de descolonización, emblema de estas organizaciones.

Cabe destacar que, además de la declaración en Argel de 1988, un disparador coyuntural del proceso fue la “Primera Intifada”. En 1987, un movimiento popular y masivo de resistencia palestina se alza contra la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza. La imagen de un pueblo vulnerable enfrentando con piedras a uno de los ejércitos más poderosos del mundo legitimó internacionalmente la lucha por la autodeterminación. La coyuntura lo es todo.

Años más tarde, y luego de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), se identifica una segunda oleada (1992-1995) de respaldos. En un contexto signado por el nacimiento de nuevas repúblicas que antes integraban los cimientos del Segundo Mundo, los nuevos Estados del Cáucaso y Asia Central reconocieron a Palestina como Estado, superando los 100 países totales. En paralelo a ello, la celebración de los Acuerdos de Oslo supusieron el mayor acercamiento de Israel y Palestina en décadas, creando la Autoridad Nacional Palestina (ANP) asentando el reconocimiento mutuo de las partes. De este modo, se encarnó un movimiento casi colectivo del espacio post-soviético que respaldó la estatidad de la ANP, sostenida en la herencia de apoyo a la causa y en la necesidad de insertarse en el sistema internacional. 

La paralización del proceso de paz y el posterior fracaso de los acuerdos provocaron el estancamiento del reconocimiento. En ese contexto se inició la Segunda Intifada, se produjo el fallecimiento de Yasser Arafat y se profundizó la ruptura interna entre Hamás y Fatah. Durante más de una década, solo un puñado de Estados expresó su adhesión, generalmente de manera aislada y motivados por su propio contexto doméstico. Sin embargo, hacia finales de la primera década del nuevo milenio, el panorama comenzó a reconfigurarse. Bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, y frente al evidente deterioro de las relaciones bilaterales con Israel, la discusión volvió a instalarse en la arena multilateral. Entre 2009 y 2010, la ANP lanzó una campaña diplomática global, instando a los países a reconocer bilateralmente al Estado palestino con miras a presentar su candidatura formal en la ONU.

En estas circunstancias se inicia la tercera oleada (2010-2011), con eje en una región lejana y distante del conflicto: América Latina. Insertados en un ciclo de gobiernos progresistas (“marea rosa”), su impronta discursiva de autonomía frente a EE. UU., descolonización y cooperación Sur-Sur sellaron el proceso. Apuntalado por el reconocimiento de Brasil el 1 de diciembre de 2010, el efecto dominó fue absoluto, con anuncios casi simultáneos entre 2010–2011.

Todo ello, bajo el paraguas de organismos como OEA, UNASUR, CELAC y ALBA, lo que muestra un manifiesto patrón regional. En buena medida por ello, en 2012 la Asamblea General aprobó la Resolución 67/19, mediante la cual Palestina obtuvo el estatus de “Estado observador no miembro”. 

Eventualmente llegamos al presente, un escenario sumamente adverso para cualquier esperanza resolutiva del conflicto. El 7 de octubre de 2023 señala la fecha de ruptura del statu quo. El ataque de Hamás, a través de la operación “Inundación de Al-Aqsa”, llevó a una cifra de 1200 personas asesinadas en tan solo un día, y la desafortunada toma de cerca de 250 rehenes. ¿La respuesta? Una verdadera atrocidad. El Estado de Israel inició una ofensiva militar a gran escala contra Gaza, con bombardeos masivos, invasión terrestre y un bloqueo total que se mantiene hasta la actualidad. El uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, el asedio total de la Franja y las múltiples violaciones al derecho internacional humanitario encendieron todas las alarmas de la comunidad internacional.

En estos términos se desata la cuarta oleada (2024-2025), que promete ser el último batacazo previo al ingreso formal de Palestina a las Naciones Unidas. Aclarada la coyuntura, el proceso de reconocimiento se inicia en el área insular de Centroamérica, impulsada en el seno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) con 4 adhesiones entre fines de abril y principios de mayo. Semanas después, los “vientos de renovación” llegan al viejo continente y penetran la Unión Europea. 

Los 4 Estados característicamente más progresistas de Europa (España, Irlanda, Noruega y Eslovenia) rompen con la usanza occidental y deciden retirarle el respaldo a Israel. Un año después, y en la antesala de la apertura del período de sesiones de la Asamblea General, los grandes aliados de Estados Unidos claudicaron a la presión: Australia, Reino Unido, Canadá, Portugal y Francia reconocen a Palestina, y detrás de ellos una serie de microestados europeos.

El caso palestino nos ofrece una imagen nítida respecto de lo que ocurre con el reconocimiento internacional. Lejos de seguir la lógica de los “criterios objetivos” de la Convención de Montevideo, dicho proceso usualmente se presenta mediante oleadas, es decir, adhesiones de carácter político, coyuntural y estructuralmente regional. Cada uno de estos ciclos responde a coyunturas específicas y al influjo de organismos regionales capaces de coordinar posiciones comunes. En este marco, el reconocimiento opera más como un termómetro de las circunstancias políticas del momento que como una verificación objetiva de la estatidad. Palestina encarna hoy un desafío gigantesco, que radica en sostener la legitimidad de la autodeterminación sin que quede secuestrada por el terrorismo ni aplastada por la ocupación.