Desmitificando el Sistema Político Chino

En Occidente suele presentarse al régimen chino como un monolito hermético. Sin embargo, el sistema político de la República Popular es el resultado de un proceso histórico complejo y de instituciones que combinan tradición, centralización y mecanismos de participación controlada.

Para aproximarse al sistema político chino resulta útil la lente teórica de David Easton. Este autor lo definía como el conjunto de interacciones mediante las cuales se asignan autoritativamente valores a una sociedad. Dicho de otro modo, la manera en que se adoptan decisiones vinculantes para todos sus miembros.

Aplicar esta perspectiva al caso chino permite entender cómo el Partido Comunista de China (PCCh) canaliza demandas sociales, las procesa en su “caja negra” institucional y produce políticas que no sólo estructuran la vida interna, sino que también inciden en la inserción internacional del país. A diferencia de las democracias liberales, donde la competencia partidaria ordena el proceso político, en China lo decisivo es la capacidad del Partido para mantener cohesión, previsibilidad y legitimidad a través de logros económicos y estabilidad social.

La victoria comunista de 1949 dio origen a la República Popular China, cuyo fundamento en la Carta Magna fue la “dictadura democrática popular” (artículo 1 de la Constitución), una fórmula que fusionó partido y Estado. Durante la era maoísta, el PCCh consolidó un poder totalizador que buscó moldear la sociedad desde la ideología y la movilización.

Con Deng Xiaoping, a partir de 1978, se abrió la economía sin modificar el monopolio político, inaugurando una etapa de reformas que colocaron a China en el camino del crecimiento acelerado. En los años 2000, Hu Jintao promovió el concepto de “sociedad armoniosa” para mitigar desigualdades y tensiones sociales, aunque sin alterar la supremacía partidaria.

Desde 2012, Xi Jinping ha llevado la centralización a un punto inédito: la reforma de 2018 eliminó el límite de mandatos presidenciales y elevó su pensamiento político al rango de doctrina oficial, lo que refuerza la concentración del poder en su figura y lo proyecta como arquitecto de un rumbo estratégico hacia 2035 y 2050.

Este recorrido se inscribe en una tradición meritocrática que atraviesa la historia china: desde los exámenes imperiales hasta la tecnocracia contemporánea, el ascenso político depende de formación técnica, experiencia burocrática y lealtad ideológica.

El resultado es un modelo que privilegia la estabilidad y la eficacia, y que al mismo tiempo constituye un mensaje diplomático: China ofrece la imagen de un orden alternativo al pluralismo liberal occidental, donde la continuidad se presenta como un valor frente a la incertidumbre de la alternancia.

La organización territorial de China refleja esa lógica de control jerárquico. El Estado se estructura en cuatro niveles: en la base, unas 40.000 aldeas y pueblos; en el nivel intermedio, condados y ciudades de condado; luego más de 300 prefecturas que combinan núcleos urbanos y áreas rurales; y finalmente las 23 provincias, cinco regiones autónomas, cuatro municipios bajo control directo y las dos regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Este entramado no es puramente administrativo: es también un dispositivo de control político que conecta al Partido con cada comunidad del país, asegurando que las directrices de la cúspide se transmitan hacia abajo sin fisuras.

El sistema electoral reproduce esa misma jerarquía. En aldeas y condados los ciudadanos votan directamente a sus representantes, mientras que en prefecturas, provincias y en la Asamblea Popular Nacional (APN) el mecanismo es indirecto: cada nivel elige a los delegados del superior. Este diseño asegura que las bases de legitimidad popular se integren en un proceso que, sin embargo, refuerza la hegemonía del PCCh.

A lo largo de los años se ensayaron mecanismos de apertura parcial, como elecciones locales competitivas en los años 80 o experiencias deliberativas como el sorteo ciudadano en Zeguo, que introdujeron elementos de participación innovadora. Pero el Partido ha demostrado su capacidad para reconducir esos experimentos, reafirmando que ninguna práctica puede erosionar su monopolio político. En la arena internacional, esta arquitectura electoral es vista como la garantía de que China proyecta previsibilidad y disciplina: la misma lógica que ordena su política interna sostiene la coherencia de su acción externa.

El PCCh es el núcleo ideológico, estratégico y organizacional del país. Desde comités de base en barrios, fábricas y universidades hasta el Congreso Nacional celebrado cada cinco años en Beijing, el Partido se extiende a todos los rincones de la sociedad. Su principio rector es el centralismo democrático: un margen acotado de deliberación interna que se transforma en disciplina absoluta una vez que la cúpula adopta una decisión.

“En China el Partido es el Estado y el Estado es el Partido”, sintetizó Zheng Yongnian, y la frase condensa una realidad que se ha acentuado bajo el liderazgo de Xi Jinping. Hoy, Xi concentra tres cargos fundamentales: Secretario General del PCCh, Presidente de la República y Presidente de la Comisión Militar Central. Su pensamiento sobre el “Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era” funciona como hoja de ruta hacia metas de mediano y largo plazo, y ordena tanto la política doméstica como la estrategia exterior.

Aunque subordinados al PCCh, subsisten instituciones estatales que aportan una arquitectura formal. El Consejo de Estado, encabezado por el primer ministro Li Qiang, es el máximo órgano ejecutivo y administra ministerios, coordina los niveles de gobierno, formula planes de desarrollo y propone legislación.

La Asamblea Popular Nacional, con casi tres mil diputados, ratifica las decisiones del Partido pero constituye una vitrina internacional durante las “dos sesiones” anuales, donde se anuncian metas económicas y sociales seguidas de cerca por gobiernos y mercados extranjeros.

Por último, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino reúne a más de dos mil delegados de partidos autorizados, minorías y organizaciones de masas. No legisla, pero canaliza opiniones bajo la lógica del consenso controlado y aporta legitimidad a la narrativa oficial de “democracia consultiva”, que Beijing contrasta con el modelo competitivo occidental.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) constituye otra piedra angular del sistema. Dependiente directamente del Partido a través de la Comisión Militar Central, integra seis ramas y cuenta con cerca de dos millones de efectivos. Su función trasciende la defensa externa: también asegura la estabilidad interna, en coordinación con la Policía Armada Popular y el Ministerio de Seguridad Pública.

En el plano internacional, el EPL es una herramienta de diplomacia estratégica: participa en operaciones de paz de la ONU, realiza ejercicios conjuntos con Rusia y, en 2025, exhibió su modernización en el desfile militar por los 80 años de la rendición de Japón. Más que un acto conmemorativo, el evento fue un mensaje dirigido a Tokio, Washington y al resto del mundo sobre la capacidad de China de combinar memoria histórica y poder militar contemporáneo.

El modelo político chino condiciona de manera directa su política exterior. La combinación de centralización y planificación a largo plazo le otorga capacidad de negociación desde una posición de fuerza. En 2025, dos episodios ilustraron esa proyección: la cumbre de jefes de Estado en Corea del Sur, donde China reafirmó su papel como contrapeso regional frente a la alianza EE.UU.–Japón, y el desfile militar en Beijing, que proyectó una narrativa de victoria histórica y poder presente.

Al mismo tiempo, informes de organizaciones como Human Rights Watch denuncian un endurecimiento del régimen bajo Xi Jinping, con restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y religión. Estas críticas generan tensiones con Occidente, aunque no han impedido que China amplíe sus vínculos con Asia, África y América Latina, donde su modelo de estabilidad y desarrollo resulta atractivo para gobiernos que buscan alternativas a la liberalización política.

El XIV Plan Quinquenal (2021–2025) consolidó la estrategia de “circulación dual”, que busca potenciar el mercado interno mientras amplía la proyección global en tecnología, energía y comercio. Su conclusión abrirá paso al XV Plan (2026–2030), que definirá si China logra consolidarse como potencia innovadora o si tropieza con límites estructurales. En cualquier escenario, la planificación estratégica a mediano y largo plazo refuerza la idea de que Beijing se prepara para sostener una presencia decisiva en la gobernanza internacional.

Desmitificar el sistema político chino exige ir más allá de los clichés. Lejos de ser un bloque opaco, se trata de una arquitectura cuidadosamente diseñada donde el PCCh absorbe al Estado, controla los órganos legislativos, ejecutivos y militares y define las reglas del juego político. Bajo Xi Jinping, la centralización alcanzó niveles inéditos, con acumulación de cargos, eliminación de límites de mandato y una planificación estratégica que se proyecta hasta mediados de siglo. El EPL refuerza la dimensión militar de esa centralización, mientras la diplomacia china combina participación multilateral con demostraciones de poder.

En el tablero internacional, este modelo ofrece estabilidad y previsibilidad, pero también suscita recelo por su déficit de pluralismo y las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Comprender la lógica interna del sistema político chino no es sólo un ejercicio académico: es una condición indispensable para interpretar cómo Beijing proyecta su poder en un mundo crecientemente multipolar.