Minerales, balas y promesas rotas en el centro de África

Por Maximiliano de los Santos Martínez e Iker Escobar León

27 de junio de 2025. Esa es la fecha que busca cerrar con un capítulo de violencia e inseguridad en el corazón de África Central: un capítulo que se extendió durante treinta años. Dos naciones enemistadas por la cicatriz colonial se reunieron para cesar con la hostilidad de uno de los actores políticos de facto más influyentes de la región: el Movimiento 23 de marzo (M23). La República de Ruanda y la República Democrática del Congo (RDC) acordaron detener hostilidades en el este de la RDC, en medio de una paz propiciada en y por Washington D.C. Numerosos ceses al fuego han sido quebrantados entre ambos países, entonces ¿Qué se puede esperar?

La historia del África subsahariana se ha caracterizado por intervenciones occidentales, grupos rebeldes, zonas de minerales en masa y un conglomerado de grupos de interés que intentan aprovecharse cada día aún más de las zonas económicamente productivas y de gran valor para los mercados internacionales.

Actualmente, la República Democrática del Congo y Ruanda son un epicentro estratégico en la geopolítica de los minerales, o geopolítica de extracción. El reciente cese a las hostilidades supone tanto una oportunidad de pacificación regional, para algunos no duradera; pero, asimismo, abre la puerta a diferentes críticas sobre los mecanismos diplomáticos que se utilizaron para llegar a esta resolución. Una amnistía como pausa, pero no como desarme.

En medio de una mar de nombres y sucesos, su origen yace en un juego de tira y afloja de inseguridades y temores. Terminado el genocidio ruandés de 1994, dos millones de hutus se desplazaron al este de Zaire —nombre anterior de la RDC bajo Mobutu Sese Seko—, temerosos de recibir represalias del nuevo gobierno tutsi, encabezado por Paul Kagame. Desde entonces, excombatientes y civiles hutus se agruparon en las localidades congoleñas de Kivu Norte y Sur, regiones colindantes donde mantuvieron incursiones en contra de Ruanda.

Por tanto, aprovechando la inestabilidad del régimen zairense de Sese Seko, Ruanda, acompañada de Uganda, otros países africanos y guerrillas congoleñas libran la primera guerra del Congo, en 1996. Cada facción con sus propios intereses: Ruanda, eliminar la reminiscencia hutu en Zaire; Uganda, Angola y Burundi, calmar las preocupaciones de seguridad ocasionadas por el apoyo de Mobutu a grupos rebeldes en el continente; y las guerrillas locales, destronar a Sese Seko.

Es así como, bajo esta divergencia de propósitos, se asienta la complejidad actual del conflicto: un manojo de intereses unidos únicamente por la sincronización en la ejecución de sus planes en medio del caos. Para 1997, la guerra culminó con una victoria de la coalición.

La paz fue efímera, pese al exilio de Sese Seko y su sucesión con Laurent Kabila —líder guerrillero congoleño de la coalición—. Con el detrimento en las relaciones RDC-Ruanda, Kabila ordenó el desplazamiento tutsi en la RDC, la autorización de asentamientos para grupos armados hutus en la frontera con Ruanda y la salida de tropas extranjeras.

Así, la RDC, Angola, Namibia y Zimbabue se enfrentaron a Ruanda, Uganda y Burundi en la segunda guerra del Congo, en 1998. Durante el conflicto, se evidenciaron las cruentas tácticas y violaciones al derecho humanitario que se remontan desde la guerra en 1996. Con el asesinato de Laurent Kabila, su hijo Joseph tomó el poder y finalizó la guerra en 2002.

Revestidos con el ánimo del nuevo milenio, uno de los grupos rebeldes presentes en la lucha armada emergió. El Movimiento 23 de marzo (M23), principalmente tutsi, es una agrupación paramilitar que opera en la RDC, respaldada y suministrada por Ruanda.

Por su parte, Kinshasa no se ha quedado atrás, pues también ha patrocinado a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), otro grupo armado, de mayoría hutu, que opera dentro de la RDC en contra de Ruanda. Pese a que no exista una alianza per se, las FDLR han participado en operaciones militares conjuntas con las fuerzas armadas de la RDC. Aun así, ambos grupos han cometido violaciones del derecho internacional, mediante actos atroces contra grupos vulnerables, como lo condena el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En pocas palabras, seguimos viendo una continuidad al conflicto hutu-tutsi latente desde la época colonial, ahora con muchos más matices de dominación y poder. En este caso, el patio de juegos es la República Democrática del Congo, y los juguetes son los grupos paramilitares respaldados por los niños africanos. La cuestión es qué pasa cuando los juguetes en disputa llaman a que más niños se sumen a la pelea.

¿Paz o pausa? La amnistía firmada sobre minerales

Como sabemos, estamos viviendo en una era tecnológica con una cadena de suministros cada vez más compleja. Los minerales que la combustionan en este tiempo son el cobalto, el litio y el coltán, ya que con ellos se crean los componentes tecnológicos de la actualidad. En cuanto a la producción mundial, tanto el cobalto como el litio se concentran en la región de los Grandes Lagos de África —enfatizando en la RDC y Ruanda—, concentrándose así en la zona el 71% del cobalto y un 35% del coltán.

Ambas economías sostienen un modelo de exportación extractivista, sin embargo, las exportaciones ruandesas carecen de legalidad ya que, según expertos de Naciones Unidas, el coltán congoleño extraído y contrabandeado a Ruanda es mezclado con la producción ruandesa, haciendo casi imposible de rastrear el volumen real.

Posteriormente, se vende la mezcla a horneros que abastecen a las manufactureras de tecnología global, planteando así cuestionamientos sobre la responsabilidad internacional y gobernanza de recursos naturales. Consecuentemente, los múltiples intereses que existen en las zonas mineras provocan que la región atraviese una constante desestabilización e insuficiencia en materia de seguridad, provocando que mujeres, niños y familias enteras se vean en la necesidad de desplazarse de su territorio.

Ante esta situación, el llamado Acuerdo de Washington pretende resolver el conflicto denominado como la “Situación del Congo”. Para la población congoleña y la comunidad internacional, el 27 de junio del 2025 será marcado como otra amnistía más para disuadir, brindar esperanza e integración. La resolución surgió como resultado de una iniciativa conjunta impulsada por Estados Unidos, con base en las recomendaciones elaboradas por el asesor principal para África Massad Boulos (EE. UU.), y contando con el apoyo mediático del Estado de Qatar. Los firmantes de este acuerdo, que supone ser un mecanismo de integración regional, fueron ambos ministros de exteriores de las naciones enemistadas: por parte de la RDC, Therese Kayikwamba Wagner, y por la delegación ruandesa, Olivier Nduhungirehe. 

Ahora bien, este marco de acuerdos incluye compromisos mutuos de aplicación inmediata, correspondientes en materia económica y de seguridad. Específicamente, el acuerdo bilateral establece un mecanismo de seguridad conjunta en 30 días, asimismo estipula llegar a un modelo económico de integración regional con meta a realizarse dentro de los próximos 90 días. Con los acuerdos establecidos, se enviaron cartas oficiales contemplando una reunión trilateral entre el presidente congoleño Felix Tshisekedi, su contraparte ruandesa Paul Kagame y su homólogo estadounidense Donald Trump, donde se aceptarían formalmente el paquete de acuerdos; sin embargo, no se ha publicado una fecha oficial del evento.

Imperialismo disfrazado de diplomacia

En plena crisis de política exterior estadounidense, entre aranceles y la guerra persa-israelí, la tregua africana cayó como anillo al dedo de la Casa Blanca. Desde la crítica poscolonial, más que un avance diplomático, Washington refleja los ecos persistentes del tutelaje colonial, moldeando bajo el control y no desde la emancipación.

La cumbre que acabará con la Situación del Congo busca la atracción de inversión extranjera valuada en miles de millones de dólares para la región minera. Con ello, Psaledakis, Rolley y Kasongo (2025) informan que el tratado de paz irá acompañado de varios acuerdos minerales críticos, los cuales se firmarán a lo largo del verano.

Y, aun así, el elefante dentro del cuarto no apareció durante las conversaciones en D.C. El acuerdo firmado por la RDC y Ruanda no hace mención explícita alguna a los grupos paramilitares como el M23 o las FDLR. Naturalmente, su aparición en la cumbre fue nula.

Con ello, la labor de mediar al M23 con el gobierno congoleño fue delegada a Qatar, en lo que se define como una negociación separada pero paralela, la cual se debe cumplir antes de los acuerdos económicos. Esto da a entender que la prioridad yace sobre la explotación minera de la región, en aras de la “buena fe y la cooperación” gracias al comercio exterior. Sin embargo, la seguridad y la suficiencia de la población sigue siendo el cabo suelto y olvidado de las negociaciones, negociaciones llevadas a cabo por las altas esferas.

Aunque, a todo esto ¿qué o quién legitima a Estados Unidos para ser el mediador del conflicto? La cuestión de la legitimidad se vuelve de gran relevancia durante la mediación de asuntos regionales, pues la cicatriz colonial ha provocado que la mentalidad africana rechace la intervención de terceros. ¿La alternativa? La mediación africana, aun cuando sea vista como deficiente debido a su escasa capacidad económica-militar, resulta de gran provecho en el arbitraje de guerras civiles del continente, debido al sentimiento de pertenencia y conexión de los pueblos africanos. A la postre, esto otorga la tan deseada legitimidad que carece el Norte Global. Por tanto, cualquier resolución que aspire hacia un acuerdo duradero provendrá muy probablemente de África (Duursma, 2020).

Las voces de la comunidad internacional celebran el reciente acuerdo como un hito histórico que pondría fin a tres décadas de conflicto regional. Sin embargo, en África, la recepción es distinta: lejos de generar conformidad, la amnistía despierta preocupaciones legítimas. Como recuerda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2009), la amnistía consiste en la “posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía”.

Aunque la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia no condenan expresamente este mecanismo, sí han dejado claro que no debe utilizarse para encubrir la verdad ni proteger a responsables de crímenes graves. Pese a ello, la comunidad internacional parece ignorar este principio, prefiriendo acuerdos inmediatos que sacrifican la justicia por estabilidad aparente.

Un reportaje de Al Jazeera (2025) recoge la indignación en el este de la RDC: ¿cuándo habrá un proceso real de justicia para quienes causaron tanto sufrimiento? Se denuncia la contradicción entre castigar con prisión un robo menor, mientras se concede amnistía a quienes han cometido asesinatos masivos. Para muchos, la amnistía no cierra heridas, las reabre, al priorizar intereses económicos y geopolíticos por encima de las vidas, sueños y derechos de las víctimas.

Sin otra alternativa, los pueblos africanos deben resistir a las incesantes olas de violencia marcada por los choques étnicos-culturales, cuando su único crimen fue residir en un área rica en recursos envidiados por el Norte Global. La propuesta de Washington pretende estabilizar la zona, priorizando el extractivismo mineral a largo plazo y abandonando la seguridad de los pueblos.

Los únicos aliados que tiene África son sus propios hermanos, víctimas de la misma tragedia natural, actores forzados a ser el subdesarrollo que apenas puede respirar gracias al clientelismo de conferencias y resoluciones apresuradas. Con ello, podrían sumarse otras regiones del Sur Global que han sufrido historias similares ¿tal vez, Latinoamérica?

Maximiliano de los Santos Martínez (México): Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Querétaro y Secretario General de la edición 2025 del Anáhuac Querétaro Model United Nations (AQMUN).

Iker Escobar León (México): Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Querétaro y editor en jefe del Anuario Queretano de Relaciones Internacionales (AQRI). Columnista en Diplomacia Activa.