Un retroceso en la Diplomacia Argentina

Por Tomas Peña

Suele decirse, en ocasiones muy injustamente, que la política exterior es la política menos pública de las políticas públicas. Cancillería ha tendido siempre a ocupar una baja proporción del presupuesto nacional (actualmente el 0,3%), las noticias que emanan del trabajo diplomático no suelen ocupar la primera plana de los diarios y el cuerpo de trabajadores que lo integran (actualmente, alrededor de 1100 diplomáticos argentinos) es relativamente pequeño en comparación con el de otros ministerios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto existe desde 1856 (es decir, desde la formación misma del Estado argentino) con el fin de externalizar la soberanía argentina, posicionar internacionalmente al país, fomentar su competitividad en mercados externos y proteger a los connacionales, entre otras cuestiones. Dada la importancia de esta labor, su existencia no se ha cuestionado y probablemente nunca se cuestione.

No obstante, el pasado viernes 14 de febrero se dio a conocer una nota circular con la drástica pero no inesperada noticia: no se admitirán nuevos ingresos de estudiantes para el Instituto del Servicio Exterior de la Nación este 2025. El proyecto de Resolución suspende la entrada de nuevos ingresantes, algo que no ha tenido precedentes desde la institucionalización del ISEN en 1963. 

La problemática relación entre Presidencia y Cancillería

La motosierra sobre el empleo público que ha propuesto el oficialismo llegó a los diplomáticos. Las fricciones no estuvieron exentas durante el 2024. Cabe recordar que en junio del año pasado el gobierno exigió el cobro de impuesto a las ganancias sobre el adicional que cobran los diplomáticos por costo de vida en el exterior. Estos primeros disturbios llevaron a la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a judicializar el conflicto, cuyo resultado del fallo fue favorable para los funcionarios del SEN.  

La relación conflictiva se agravó luego de que Diana Mondino fuese despedida, tras el voto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor del levantamiento del embargo a Cuba que mantiene Estados Unidos desde 1958. En tal ocasión, Milei se refirió a la “casta diplomática”, cuando la orden de votar contra el embargo provino de Casa Rosada. Asimismo, ordenó la apertura de 14 sumarios por falta de ética, proceso el cual podría acabar la carrera profesional de este personal diplomático (entre ellos se encuentra Eduardo Bustamante, actual vicecanciller). Esto sucedió luego de la salida de Ricardo Lagorio (embajador de la ONU cuando fue efectuada la votación) y Leopoldo Sahores (ex Vice-Canciller).

En octubre, como corolario, la Oficina Presidencial emitió un comunicado anunciando que el Poder Ejecutivo iniciaría una auditoría del personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de “identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad” (quienes adhieran con las ideas de la Agenda 2030). Este comunicado fue objeto de múltiples interpretaciones; como macartismo y persecución ideológica. Lo cierto es que el ejecutivo busca un cuerpo diplomático mucho menos autónomo así como más disciplinado y alineado a su agenda. 

La ahora aparente necesidad de no aceptar nuevos ingresantes suscitó dudas entre los aspirantes al Servicio Exterior de la Nación. La nota establece que dadas las necesidades operativas de la Cancillería “no resulta necesario en este momento convocar a un nuevo proceso de ingreso. La estructura actual permite atender de manera eficiente los requerimientos del Servicio Exterior sin que la incorporación de nuevos funcionarios represente una necesidad impostergable”. 

El proyecto de resolución busca optimizar el rendimiento de las 150 misiones diplomáticas permanentes que tiene la Argentina en el extranjero, de las cuales 87 son embajadas, 54 consulados y 7 misiones permanentes en organizaciones internacionales. La interrogante que radica en la cuestión es si, cortando el ingreso de nuevos funcionarios diplomáticos de carrera, se ahorra un gasto o si se pierde una inversión. 

Si el problema se posa en la sobrerrepresentación, es menester recordar lo acontecido el miércoles 29 de enero del presente año, cuando mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Presidente creó la figura protocolar de “Embajadores Comerciales para Inversiones y Desarrollo Estratégico”. Si bien el cargo, presuntamente ad honorem, busca impulsar la promoción de inversiones en sectores clave como tecnología, energía e infraestructura, su creación ha generado malestar dentro del cuerpo diplomático. Principalmente porque se le atribuye a empresarios (allegados al Presidente), una tarea que históricamente ha sido llevada por el cuerpo diplomático altamente calificado y especializado en el área. 

El ingreso al ISEN

La institucionalización de la formación diplomática y consular en Argentina tuvo antecedentes clave antes de la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) en 1963. En 1905, durante la presidencia de Manuel Quintana, se sancionaron las primeras leyes del servicio diplomático y consular, y en 1906, bajo el gobierno de José Figueroa Alcorta, se reglamentó la necesidad de formación académica en derecho, política y geografía en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente, en 1919, el gobierno de Hipólito Yrigoyen promovió cursos universitarios para diplomáticos, y en 1922, la Universidad Nacional del Litoral ofreció carreras específicas para la formación en diplomacia y servicio consular, elevadas en 1927 al nivel de doctorado.

El proceso avanzó con la creación de instituciones especializadas dentro del Estado. En 1948, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, se fundó la Escuela de Diplomacia, luego renombrada en 1950 como Escuela de Política Internacional, garantizando el ingreso al Servicio Exterior. Finalmente, en 1963, el gobierno provisional de José María Guido creó el ISEN mediante el decreto-ley 2.707, estableciendo su sistema de exámenes y reglamentos. La sanción de la Ley del Servicio Exterior de la Nación en 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, consolidó su rol en la selección y formación de diplomáticos, reglamentado en 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

La ley Nº 20.957 (ley del Servicio Exterior de la Nación) reglamentó en su Artículo 5º la atribución que tiene el Poder Ejecutivo de designar embajadores extraordinarios y plenipotenciarios a personas que no pertenezcan al Servicio Exterior de la Nación, el tiempo que dure el mandato del Presidente. El decreto 337/1995, publicado en el Boletín Oficial durante la presidencia de Menem estableció la cantidad de cargos fijándose en 25 funcionarios designados por el Artículo 5. Estos funcionarios, denominados “embajadores políticos” son portavoz del Presidente de turno para el manejo de las relaciones exteriores que éste designe, siendo esto una atribución constitucional consagrada en el art. 99 inc. 1 y 11. 

Ahora bien, el personal diplomático de carrera también obra como portavoz del Poder Ejecutivo, debiendo amoldarse al modelo de inserción internacional que el gobierno de turno infunda pero, con un perfil ecléctico, prudente y equilibrado, lo hace sin perder de eje el interés nacional argentino. Pese a ser un puesto laboral politizado, la mesura diplomática se ampara en negociar y pragmatizar las relaciones exteriores, de modo tal que el interés nacional sea siempre el norte. 

Para lograr el cometido, desde 1963, bajo la iniciativa del ex canciller Carlos Muñiz se fundó el ISEN con el fin de formar íntegramente a quienes aspiran a la Carrera Diplomática. El mecanismo de selección ha seguido siempre un orden similar con el objeto de ser especialmente transparente. El concurso es público y se realiza anualmente, requiriendo a quienes se presentan tener nacionalidad argentina (nativa o por opción), tener entre 21 a 35 años, tener pleno goce y ejercicio de derechos civiles y políticos, poseer un título universitario no inferior a cuatro años y poseer un certificado de conocimiento de inglés.  

El proceso ha seguido siempre la lógica de tres instancias: dos evaluaciones psicológicas (una individual, otra grupal), ocho exámenes escritos en donde se evalúan la aptitud de los postulantes en diversas disciplinas como el derecho, historia, filosofía y economía, y finalmente un coloquio de aptitud diplomática frente a ocho embajadores o ministros. Los exámenes escritos son evaluados mediante la técnica de “doble ciego” lo que implica que ningún concursante conoce quienes son los integrantes de los docentes que corrigen, y los profesores tampoco conocen a quién pertenece el examen el cual examinan. Su resultado se contabiliza en una orden de mérito que posiciona a los mejores concursantes en la instancia final, la evaluación de un coloquio de aptitud diplomática cuyo resultado, junto al de los anteriores exámenes, determinan quiénes son los ingresantes al ISEN. 

En 2024, a través de la Resolución Ministerial 149/2024, se abrió la inscripción para el Concurso Público Anual de Ingreso al ISEN con 22 cupos disponibles. Este año, teniendo en cuenta la postura de la actual gestión, se esperaba una disminución atípica en las vacantes disponibles pero no una medida que estipule directamente la cancelación del Concurso. 

La no convocatoria este 2025

Este proceso de institucionalización, cuya capacitación está sujeta a un proceso intensivo de estudio por parte de los concursantes, no solo ha formado funcionarios públicos idóneos, sino también una estructura meritocrática, férrea y que garantiza la capacitación, asegurando una de las profesionalizaciones más grandes del sector público. Y ahora, luego de 62 años ininterrumpidos (solo durante el 2020 se pospuso el Concurso por la pandemia), la gestión actual decide que no resulta necesaria una nueva convocatoria. 

Sumidos en el escándalo político de $LIBRA, no exento de polémica, la noticia parece haber pasado desapercibida. Este proyecto, inédito en Argentina y destinado al ahorro, plantea la pregunta de si los diplomáticos representan un gasto o, en realidad, una inversión clave. Desprenderse de un cuerpo altamente preparado y necesario para defender los intereses de la nación resulta, cuanto menos, erróneo.  

Tomas Peña (Argentina): Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de San Andrés, y columnista de Diplomacia Activa.