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La era del miedo a la globalización

Por Ailén Desirée Montes

En 2019, en un emotivo acto en la Plaza San Pedro del Vaticano se inauguró “Angels Unawares”, la primera escultura añadida en este espacio en casi 350 años con el objetivo de  conmemorar la 105° Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.

Angels Unawares | Timothy Schmalz

Los 6 metros de bronce reflejan una balsa con 140 migrantes y refugiados que navegan, aglomerados, buscando lo que seguramente sea “un futuro mejor”. Muchos por elección, otros producto del desplazamiento forzado por guerra, hambre o la crisis climática (o todas a la vez). En sus caras, la incertidumbre.

El nombre de la obra hace referencia al versículo bíblico Hebreos 13:2: “No dejen de ser hospitalarios con los extraños, porque por esa amabilidad algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”.

Meses después de esta emotiva representación, el mundo vio las primeras consecuencias de un virus desconocido que respondía a las dinámicas de una pandemia como la que líderes mundiales como el exmandatario estadounidense, Barack Obama, había advertido en algún acto político.

El COVID-19 hizo que se alcancen cifras récords de personas desplazadas por la fuerza debido al conflicto, la violencia, la persecución política, el abuso, la carencia de recursos… Más de 82 millones de personas a nivel mundial se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Es decir, 1 de cada 95 personas.

Aunque lo que verdaderamente llama la atención es que hace 12 años este número no para de crecer. Para mayo de 2024, el informe de Tendencias Globales publicado por ACNUR marca un total de 120 millones de personas desplazadas –lo que equivale a la población de un país del tamaño de México– “a causa de persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos y otros acontecimientos que alteraron gravemente el orden público”.

Parece lejano pero ese entrecomillado responde a las noticias que vemos en los portales todos los días. El titular “Indonesia este 2024 muda su capital a Nusantara”, esconde que Yakarta, su ex ciudad principal, se hunde casi 8 cm al año y eso afecta la vida de más de 10 millones de personas (sin contar el área metropolitana, en donde se calcula que esta cifra de habitantes se triplica).

Sudán fue noticia en abril de 2023 y eso provocó una de las mayores crisis humanitarias y de desplazamiento en el mundo. Más de 6 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse dentro del país, y otros 1,2 millones huyeron a los países vecinos.

Numerosos son los casos. En Myanmar, la escalada de violencia luego de que los militares tomaran el poder en febrero de 2021 provocó el desplazamiento de más de 1 millón de personas. En Palestina, UNRWA estima que, entre octubre –mes en el que inició la guerra– y diciembre de 2023, más del 75% de la población se vio obligada a desplazarse. Y sin dudas, podríamos seguir. 

Europa vive en una eterna crisis de migración y los líderes parecen utilizar la política en torno a esta problemática como arma arrojadiza a la espera de que le explote al otro. El incendio en el “campo” de refugiados de Mória en la isla griega de Lesbos es la fotografía del fracaso de “cómo se vinieron haciendo las cosas hasta ahora”. Pero, a pesar de las promesas de un futuro mejor, las políticas de control fronterizo siguen basándose en simplemente “levantar muros”

Poco tiempo antes de las elecciones europeas, con mucha tensión y un apretado margen, se aprobó el Pacto Europeo de Migración y Asilo –más conocido como PEMA–. Esta aprobación no pasó desapercibida y desató los repudios de organizaciones sociales, protestas en las calles de las principales ciudades del continente y diversos especialistas en la materia, aclarando que el pacto “no aporta ninguna solución al problema” y alertando sobre el futuro fracaso de esta medida.

El PEMA busca “unificar” la política migratoria y plantea un endurecimiento de las fronteras. Pero, sin dudas, el punto que trajo mayor polémica de este nuevo marco legislativo es el punto que establece una suerte de “solidaridad obligatoria” con aquellos países miembros que están en una situación un poco más complicada debido a su ubicación geográfica.

Es decir, aquellos migrantes que lleguen a las fronteras de la UE y obtengan el asilo –ya llegar a esta instancia es complicado– deberán ser distribuidos entre los 27 estados miembros. Pero según lo que se detalla en lo aprobado, los países que no accedan a aceptar refugiados tienen un Plan B: pagar 20.000 euros por cada persona que les correspondería. Es decir, puede pagar e incumplir sus obligaciones. On-demand.


Ilustración | Peter Schrank

Pero esto no es todo: los desplazados serán registrados y posteriormente, con la posibilidad de esperar hasta 12 semanas en un campo –lo que ellos llaman un “procedimiento fronterizo acelerado”–,  privados de libertad, hasta que se resuelvan las peticiones de asilo. 

En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuyos artículos 13 y 14 plantean el derecho a las personas a “circular libremente y a elegir su residencia”, a “entrar y salir de cualquier país, incluso el propio” y, sobre todo, a buscar asilo “y disfrutar de él en caso de persecución”. Este pacto viola lo que algunos idealistas soñaron hace menos de 100 años y termina de sustentar lo que muchos analistas vienen advirtiendo: que a Europa la moviliza el miedo al otro


Ailén Desirée Montes (Argentina): Becaria Fundación Carolina. Periodista, Máster en Estudios Internacionales y miembro de Diplomacia Activa.

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