Sequía en Uruguay, la consecuencia de la ambición

Por Paula Gómez

El cambio climático es cada vez es más perceptible en el día a día de la población y la sequía que azota a Uruguay es una de las consecuencias más temidas: el agotamiento de las reservas de agua potable. De forma general, la explotación del territorio y los recursos naturales ha contribuido a la aceleración del calentamiento global, donde el ritmo de consumo de estos bienes está en muchos casos por encima de la posibilidad sostenible y real.

El calentamiento global es algo de lo que la comunidad internacional está intentando ser consciente hace ya un tiempo: aumentos en la temperatura y frecuencia de las olas de calor, cambios en la tendencia de las precipitaciones y ritmos de evaporación del agua que genera paralelamente inundaciones y sequías prolongadas. Sin embargo, aún no existe un plan conjunto que haya sido llevado a la acción y que evite la relativamente inmediata irreversibilidad de la situación mundial.

La República Oriental de Uruguay lleva más de tres años en sequía extrema, y su gobierno ya hizo pública la situación de emergencia en la que se encontraba la capital uruguaya el mes pasado, la peor desde hace 74 años.

Ante esta situación crítica, las autoridades recurrieron a mezclar agua dulce con agua del estuario del Río de la Plata, elevando niveles de cloruro y sodio del agua potable administrada por la OSE (Obras Sanitarias del Estado) por encima de los permitidos desde la OMS. Desde la compañía alertaron sobre los niveles detectados y las autoridades sanitarias dieron aviso del riesgo que supone para la salud de la población, especialmente para embarazadas y personas con enfermedades renales y cardiacas crónicas.

Con el suministro de agua afectado desde el 26 de abril al 6 de julio, el presidente se atrevió a poner una fecha específica al “fin del agua potable” tras encontrar las reservas del país por debajo del 2%: nada más ni nada menos que siete días.

La inmediatez del agotamiento de las reservas potables ha sido levemente aliviada por las precipitaciones que han caído en los últimos días en el país; sin embargo, no se ha revertido la extrema situación. Mientras tanto, se está construyendo a contrarreloj un embalse que ayude a la población montevideana a contar con la mejor calidad posible de agua.

Lo que destaca del caso de Uruguay es que no se trata de un país por naturaleza desértico como es el caso de los países del norte de África y Medio Oriente. Ha sido la mala gestión pública de este recurso y la sobreexplotación del terreno en busca de inversión lo que ha provocado el estrés hídrico al que se enfrenta hoy el país donde la demanda es mucho mayor que la oferta nacional, lo que no permite la regeneración de sus reservas.

El país se asienta en parte del Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce subterránea del mundo, la cual comparte desde el noroeste con Argentina, Paraguay y Brasil; y por el sur el acuífero de Raigón, del cual dependen las explotaciones industriales, agrícolas y ganaderas según la OSE. Además de esto cuenta con una red hidrográfica que se extiende a lo largo del país, con tres grandes cuencas.

Uruguay fue el primer país del mundo en declarar derecho fundamental el acceso a agua y su saneamiento, lo que puso en manos del estado exclusivamente la distribución de este bien; sin embargo, a pesar de no tener un clima desértico se encuentra en esta situación extrema ¿Qué ha acelerado el gasto de las reservas hídricas?

La falta de precipitaciones ha agravado el proceso de desertificación del territorio. No obstante, no ha sido solo esta la causa de que los uruguayos no tengan agua corriente en condiciones en sus casas: la mala gestión gubernamental de este recurso básico y limitado ha sido clave para que se llegue a esta situación.

Mientras que entre las funciones básicas del estado se encuentra el mantenimiento del orden, el desarrollo económico, la administración de justicia, las relaciones exteriores, garantizar los Derechos Humanos y protección de los ciudadanos, junto a la conservación y provisión de servicios sociales, podemos ver los fallos en la gestión del gobierno uruguayo para cumplir las dos últimas.

La controversia de la gestión de los recursos hídricos nace de su necesidad no solo para el consumo humano, algo vital, sino que también es esencial para la ganadería, industria, energía y agricultura, estimando el gasto de este último en un 70% del agua dulce extraída a nivel mundial.

En cuanto a seguridad nacional, el estado es responsable no solo de proteger la integridad de su territorio y población, sino también sus recursos. La república oriental ha fallado en su tarea como entidad de proporcionar lo que en su misma constitución se estableció: el suministro público de agua potable de calidad.

En un intento de llevar a cabo otra de sus funciones, el desarrollo económico en busca de inversión extranjera y promoción de empleo, los sucesivos gobiernos no han atendido adecuadamente el problema que se estaba arraigando en su suelo: el agotamiento de las reservas de agua sin posibilidad de regenerarse.

Uruguay cuenta con extensas plantaciones de soja y arroz además de ganadería y una gran industria de pasta de celulosa (utilizada para la fabricación de productos de higiene personal, envoltorios y servilletas entre mucho más); sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna medida que intente solventar el gran gasto de agua potable por parte del sector económico.

La empresa finlandesa productora de celulosa UPM y la apertura de su segunda planta de producción en el país es la más señalada en medio de ese caos. Organizaciones nacionales y extranjeras ya denunciaron este mismo año los efectos negativos que se producirían si se llegaba a construir dado los niveles de consumo necesarios.

Mientras que según la OSE la media de consumo diario por persona es de entre 80 y 150 litros, un día de producción de UPM utiliza 107 millones, lo que equivale al consumo de 44 millones de habitantes, cuando Uruguay apenas cuenta con tres millones y medio en su población.  No es la única empresa que hace uso de este recurso, Google y el Proyecto de Hidrógeno Verde a manos de Saceem y CIR.

Las inversiones han sido bienvenidas por el gobierno uruguayo y justificadas como una forma de crecimiento económico que genera empleo; no obstante, su consumo gratuito de agua y la contaminación que genera es insostenible.

“Todas esas empresas, que festejamos y nos vienen a hacer un gran favor, vienen estrictamente a robar nuestra agua, como no la van a pagar…se la roban” declaró el 15 de marzo el diputado Eduardo Lust en el parlamento nacional. Como era de esperar, la población no ha quedado al margen de este problema y está buscando respuestas, mientras lo que más se escucha en las protestas es “no es sequía, es saqueo”.  

La mayor parte del agua potable a la que acceden los uruguayos viene del río Santa Lucía, para el cual se propuso el proyecto Cazupá, con el objetivo de construir una presa bajo el marco de la OSE, es decir, de administración pública. A través de diferentes estudios ambientales, este proyecto desarrollado por el Frente Amplio en su previa legislatura estimó su costo en alrededor de 80 millones de dólares.

Sin embargo, los recortes bajo la administración de Lacalle Pou no permitieron que saliera adelante cuando este plan ya tenía contratado un crédito de financiamiento con la CAF. Tras cuatro años en el poder, el presidente no ha tomado medidas que resuelvan el problema estructural del agua, lo que ha agravado la situación.

Cazupá podría haber suavizado los efectos de la sobreexplotación de los recursos hídricos en la población, sin embargo, se ha optado por el desarrollo del plan Neptuno. Este nuevo proyecto multimillonario estaría financiado por cuatro empresas privadas bajo el consorcio “Aguas de Montevideo”.

La controversia surge cuando se pone en manos privadas la construcción de una planta potabilizadora, ya que a pesar de que el gobierno garantice que la OSE se encargará de su gestión, la privatización de este recurso vital reconocido constitucionalmente aún se ve como una amenaza.

Aunque no esté previsto que este proyecto sea aprobado antes de finales de año por lo que sus obras no tendrían comienzo hasta el que viene, así que tampoco supone una solución a la situación en la que se encuentra el país.

El caso de Montevideo debe ser un ejemplo para el resto del mundo mostrando la necesidad de establecer políticas conciliadoras y respetuosas con el medio ambiente para no llevar al límite el territorio nacional en búsqueda de beneficio económico.

Por más que desde la última COP se planteara un modelo de financiación para tragedias, y empresas como la UPM garantice el apoyo técnico y financiero para el saneamiento ambiental, hay que tener en cuenta que cuando los recursos se acaben, el dinero no podrá sustituirlos, y el agua es vital para la supervivencia.

Paula Gómez (España): Estudiante de Máster en Estudios Geopolíticos, Charles University, Republica Checa.