¿Qué está pasando en Myanmar?
Birmania retrocede una década en menos de 24 horas. Con el golpe de Estado ejecutado por parte del ejército, bajo la justificación de irregularidades en las pasadas elecciones de noviembre de 2020, el país del Sudeste Asiático escribe otro capítulo oscuro de su historia.
El pasado 1 de febrero de 2021, después de haber entregado la gobernanza del país a un gobierno civil, las fuerzas armadas anunciaron que volvía a tomar las riendas del futuro de Myanmar. Es necesario recordar que la nación estuvo bajo el gobierno de distintas dictaduras militares durante más de 50 años hasta que, finalmente, en 2010 comenzaron los procesos de democratización que culminaron con la elección el 2015 de Aung San Suu Kyi junto con su grupo político Liga Nacional para la Democracia (LND) como dirigentes.
Este mes debería haber comenzado la primera sesión parlamentaria, tras la victoria electoral (con más de un 83% de los 476 escaños que conforman el Parlamento) de esta alianza política. Sin embargo, en la madrugada del 31 de enero al 1 de febrero a las 04:45 se publicaba en las redes sociales un video en el que aparecía cómo arrestaban en su domicilio a la principal Consejera del Estado y a varios políticos más de su partido, dando comienzo así a un alteración política y social en el territorio que fue declarada como golpe de Estado unas horas más tarde por distintas agencias internacionales. El Ejército tomó el poder gubernamental declarando el estado de emergencia y Min Aung Hlaing pasó a tomar el control legislativo, ejecutivo y judicial, mientras que el militar Myint Swe, quien actualmente cumplía las funciones de vicepresidente, pasaba a ostentar el cargo de presidente interino.
El motivo de estos actos ha sido justificado como un levantamiento contra una serie de irregularidades —insisten en la existencia de 8,6 millones casos de fraude no demostrados hasta ahora— relacionadas con la veracidad de la lista de votantes, que tuvieron lugar en noviembre de 2020.
En las primeras declaraciones de los militares se anunció la intención de mantenerse al mando del país hasta las próximas elecciones y llevar a cabo un proceso legislativo “claro y transparente”. Según fuentes militares, sus intenciones son mantener el estado de emergencia hasta 2022, periodo durante el cual “reformarán la comisión electoral y revisarán los resultados de las elecciones parlamentarias”, y tras el cual se devolverá el poder estatal a un “nuevo Gobierno”.
La pregunta que muchas personas se hacen al día de hoy es, ¿por qué ahora? Según la reformada Constitución de 2008, el Ejército representa 33 de 476 de los escaños del Parlamento y, además, tiene bajo su dirección ciertos ministerios de alta importancia: Asuntos Internos, Defensa y Asuntos Fronterizos. Desde los analistas internacionales la situación tiene varias explicaciones hipotéticas pero ninguna lo suficientemente fuerte como para aclarar la razón por la cual se ha decidido llevar a cabo este movimiento en este preciso momento.
En primer lugar, uno de los motivos más populares entre las opiniones expertas es el miedo del Ejército a una renovación completa de la Ley Fundamental, que supusiera la reducción de su poder y representatividad en la vida política y en la gobernanza del país. No obstante, teniendo en cuenta el control de la actividad parlamentaria que supone el poseer un 25% de los votos en las decisiones tomadas en esta institución, la desconfianza a estos cambios debería ser casi nula, puesto que para que esa acción se llevase a cabo haría falta un 75% de los votos de los miembros del Parlamento a favor.
Por otro lado, se habla de “vergüenza” por parte de los militares al suponer, después de observar su desbanco casi total en la pasadas elecciones, que no volverán a tener el control y que, incluso, hayan podido descifrar que para llegar a obtener los resultados electorales que se dieron en noviembre de 2020, hacía falta que personas que forman parte de sus propios grupos familiares hayan votado en contra suya.
Las reacciones, variadas, de la comunidad internacional ante estos acontecimientos, piden la observancia de la Constitución y también el mantenimiento de la paz y la seguridad para la ciudadanía. Por un lado, se encuentran las peticiones de países europeos, acompañadas también de Estados Unidos y del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en las que se demanda la libertad para las figuras políticas arrestadas y se hace un llamamiento al respeto hacia los resultados electorales obtenidos en noviembre del año pasado. China, no obstante, mantiene sus publicaciones más escuetas y pide que se aclaren las diferencias entre las dos partes de forma pacífica, manteniendo el orden y el bienestar ciudadano, siguiendo lo establecido por la ley suprema.
La petición al respeto del ordenamiento jurídico entra en una situación de vacío legal que deja la postura del Gran Dragón en un limbo respecto a su apoyo; puesto que dentro de la vigente norma, el artículo 417 establece que el ejército podrá decretar el estado de emergencia y, por lo tanto, tomar el poder cuando se considere que la unidad del Estado se encuentra en grave peligro. Esto se suma a las manifestaciones en países como Tailandia dónde se reunieron al menos 200 personas en las puertas de la Embajada birmana para protestar en contra de los hechos que acontecían en el territorio vecino, y la compra masiva y precavida de alimentos y productos esenciales en grandes ciudades como Yangón.
El futuro de la nación se encuentra pendiendo de un hilo puesto que la sociedad se encuentra “entre la espada y la pared”. Desde el arresto de Aung San Suu Kyi y sus compañeros, instan a la población a no doblegarse frente a esta situación de violencia e injusticia. A pesar de ello, la ciudadanía tiene todavía muy reciente la situación vivida durante más de 50 años, rememorando con temor lo que fue el Estado con las dictaduras pasadas y con grave riesgo de volver a aquellos tiempos tenebrosos.
Concepción Mejias Carrascosa (España): graduada en Derechos Humanos y Gobernanza, Universidad Autónoma de Madrid.
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