La soberanía detrás del microchip

La paradoja resulta sencilla; poseer una tecnología militar ya no significa necesariamente controlarla por completo.

Un episodio ocurrido recientemente en el Reino Unido permite observar este fenómeno casi a escala microscópica. En agosto de 2026 se conoció que cámaras instaladas en embarcaciones no tripuladas K3 Scout empleadas por la Royal Navy realizaban comunicaciones automáticas hacia una dirección IP ubicada en China. Los sistemas formaban parte de una flota adquirida por el Ministerio de Defensa británico bajo el denominado Project Beehive y habían sido provistos por la empresa británica Kraken Technology Group.

Una evaluación rutinaria de ciberseguridad detectó que las cámaras transmitían lo que técnicamente se denomina heartbeat communications: señales automáticas utilizadas para indicar que un dispositivo está conectado y funcionando. Tras el hallazgo, el Ministerio de Defensa eliminó la conectividad a internet de las cámaras.

Aquí es necesaria una aclaración fundamental. Hasta el momento, no existe evidencia pública de que fotografías, audio, coordenadas GPS, planes operacionales o información clasificada hayan sido transmitidos a China. El Ministerio de Defensa británico sostiene que su investigación no encontró indicios de que datos o sistemas oficiales hubieran sido accedidos, comprometidos o enviados al exterior.

Por eso, presentar el episodio simplemente como un caso comprobado de espionaje chino sería ciertamente incorrecto. Pero restarle importancia por esa misma razón también lo sería. Lo verdaderamente significativo es que un subsistema integrado en una plataforma militar británica establecía comunicaciones con infraestructura localizada en un tercer país sin que esa función constituya aparentemente una necesidad operacional conocida por quien empleaba el sistema. Es allí donde comienza el verdadero problema.

En una plataforma militar tradicional, identificar sus componentes críticos podía resultar relativamente sencillo. Un buque tenía motores o turbinas, armamento, sistemas eléctricos, sensores y comunicaciones. Actualmente cada uno de esos elementos contiene, a su vez, procesadores, firmware, software, bibliotecas de código, módulos de comunicación y componentes suministrados por empresas que pueden encontrarse varios niveles por debajo del contratista principal. La seguridad de una plataforma ya no termina, por lo tanto, en su casco sino que se prolonga hasta cada microchip, cámara, servidor de actualizaciones y proveedor involucrado en su fabricación.

El episodio de los K3 Scout muestra precisamente esta dificultad. Los vehículos habían sido suministrados por una empresa británica, pero las cámaras provenían de un tercero e incorporan componentes de origen extranjero. Una cadena de adquisición aparentemente nacional podía contener, varios escalones más abajo, elementos cuya procedencia o comportamiento tecnológico no era transparente para el usuario final.

Por su parte, Estados Unidos enfrenta exactamente el mismo dilema, aunque en una escala industrial mucho mayor. En julio de 2025, la Government Accountability Office (GAO), organismo de auditoría del Congreso estadounidense, publicó un informe dedicado específicamente a la dependencia de proveedores extranjeros dentro de la base industrial de defensa.

El Departamento de Defensa estima que más de 200.000 proveedores participan en la producción de sistemas militares y otros bienes adquiridos por las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, la GAO concluyó que Washington posee una visibilidad limitada sobre el verdadero origen de numerosos materiales, piezas y componentes utilizados dentro de esa gigantesca red industrial.

La magnitud del problema queda reflejada en el F-35.

Según la GAO, los sistemas estadounidenses de contratación mostraban que prácticamente todos los principales contratos del programa tenían origen estadounidense. Pero esos registros no ofrecían información suficiente sobre los subcontratistas que suministraban materiales y componentes al fabricante principal.

Lockheed Martin encontró en 2023 y 2024 imanes de origen chino dentro de la cadena de suministro del F-35. El Departamento de Defensa debió detener temporalmente parte de la producción, estudiar proveedores alternativos y emitir excepciones de seguridad nacional para aceptar algunas aeronaves mientras resolvía el problema.

La conclusión de la GAO resulta quizás más importante que el componente en sí mismo: si el fabricante no hubiese informado voluntariamente el origen de aquellos imanes, el Departamento de Defensa podría no haber sabido que provenían de China.

Cuando se habla de tecnología extranjera dentro de sistemas militares, el primer temor suele ser el espionaje. La preocupación es razonable, particularmente cuando existen componentes conectados a redes o capaces de transmitir información. Pero la dependencia tecnológica posee otras dimensiones igualmente importantes.

La primera es la capacidad de suministro: un componente no necesita contener una puerta trasera para convertirse en una vulnerabilidad estratégica. Basta con que sea indispensable y que un potencial adversario controle su producción. Las tierras raras constituyen uno de los ejemplos más evidentes. Estos elementos participan en la fabricación de imanes, radares, sensores, sistemas ópticos, comunicaciones y numerosos equipos electrónicos.

El Departamento de Defensa estadounidense proporcionó cifras ilustrativas: un F-35 requiere más de 900 libras de elementos de tierras raras. Un destructor clase Arleigh Burke utiliza aproximadamente 5.200 libras, mientras que un submarino clase Virginia necesita alrededor de 9.200 libras. Estos materiales aparecen además en sistemas sonar, comunicaciones por fibra óptica, designadores láser y otros componentes militares

China ocupa una posición dominante en buena parte de estas cadenas de procesamiento y producción. El problema estratégico cambia entonces de naturaleza. La pregunta deja de ser únicamente: ¿puede este componente transmitir información? La segunda pregunta es quizás todavía más importante: ¿Podemos seguir fabricando y reparando nuestros sistemas si mañana el proveedor deja de proveernos?

La guerra en Ucrania ha recordado algo que décadas de operaciones expedicionarias podían hacer olvidar: las guerras de alta intensidad consumen cantidades extraordinarias de material. Una fuerza militar no depende solamente del número de plataformas disponibles al comienzo de un conflicto, sino también de su capacidad para reemplazar pérdidas, producir municiones y mantener equipos durante meses o años. Una dependencia comercial aparentemente tolerable en tiempos de paz puede transformarse rápidamente en una vulnerabilidad estratégica durante una crisis.

Existe además una forma de dependencia menos visible: un Estado puede comprar físicamente un sistema militar y continuar dependiendo durante décadas del fabricante que se lo vendió. La razón está en el software y los datos técnicos.

En septiembre de 2025, la GAO analizó los derechos sobre información técnica necesarios para mantener varios sistemas militares estadounidenses. El organismo encontró múltiples situaciones de vendor lock (dependencia de un proveedor específico) asociadas a la falta de determinados derechos sobre datos, herramientas y conocimientos necesarios para realizar mantenimiento.

Sobre el caso del F-35, la GAO señaló que los encargados del mantenimiento pueden disponer de información general sobre el avión pero carecer de derechos suficientes sobre ciertos datos técnicos necesarios para efectuar algunas reparaciones sin apoyo del fabricante original. Situaciones similares fueron identificadas en los Littoral Combat Ships, cuyos componentes de propulsión podrían requerir herramientas, piezas e información controladas por el proveedor.

Esto obliga a redefinir el concepto de soberanía tecnológica. Un país puede ser propietario legal de cincuenta aeronaves, pero si determinadas reparaciones, actualizaciones o modificaciones sólo pueden efectuarse mediante asistencia extranjera, su autonomía operacional es necesariamente limitada. La soberanía tecnológica no significa entonces fabricar absolutamente todo dentro de las fronteras nacionales; significa conservar suficiente capacidad técnica, industrial y jurídica para emplear un sistema militar incluso cuando cambian las circunstancias políticas.

Sería igualmente equivocado convertir este análisis en una discusión exclusivamente sobre China. Beijing merece particular atención porque combina tres características: posee una enorme participación en cadenas industriales críticas, domina segmentos relevantes del procesamiento de minerales y es considerado un competidor estratégico por Estados Unidos y diversos miembros de la OTAN. Pero el principio se aplica a cualquier proveedor, pudiendo existir también dependencia respecto de un aliado.

La diferencia es que el riesgo político suele ser menor y puede compensarse mediante alianzas, acuerdos de mantenimiento, producción conjunta, stocks estratégicos y múltiples proveedores.

Ningún país moderno (probablemente ni siquiera Estados Unidos) puede producir dentro de sus fronteras cada componente utilizado por sus fuerzas armadas. Buscar una autarquía tecnológica absoluta sería económicamente insostenible y tecnológicamente contraproducente.

La alternativa consiste en administrar estratégicamente las dependencias, ya que no todas son iguales.Depender de un componente producido por cinco proveedores pertenecientes a países aliados no representa el mismo riesgo que depender de un único fabricante situado en un Estado potencialmente adversario.

Tampoco es equivalente comprar una plataforma extranjera con transferencia de conocimientos, capacidad local de mantenimiento y acceso suficiente a la información técnica que adquirir una verdadera “caja negra” cuyo funcionamiento interno solamente conoce el fabricante. Por eso, quizás la pregunta central de una adquisición militar contemporánea no debería ser solamente cuánto cuesta un sistema o cuántas prestaciones ofrece, sino ¿qué libertad de acción conserva el Estado después de comprarlo?

Para países de tamaño medio, el dilema resulta particularmente relevante. Desarrollar nacionalmente todos los sistemas militares necesarios es imposible. Pero eso no significa aceptar cualquier dependencia. Existen capacidades donde la autonomía debería considerarse especialmente importante: comunicaciones seguras, criptografía, mando y control, inteligencia, guerra electrónica, almacenamiento de información, mantenimiento de sistemas estratégicos y determinados componentes cuyo reemplazo resulte difícil durante una crisis. En otros sectores, la solución puede ser la diversificación. Conocer la procedencia de los componentes, exigir trazabilidad a los proveedores, auditar software y firmware, disponer de stocks, asegurar fuentes alternativas, controlar las conexiones externas y negociar suficientes derechos sobre información técnica pueden ser medidas tan importantes como comprar la plataforma misma. Naturalmente, todo esto tiene un costo