La guerra de los aranceles y el nuevo desorden comercial

Por Tomás Peña.

Entre aranceles unilaterales y límites judiciales, la política comercial de Estados Unidos sacude el orden económico global y obliga a América Latina, y a Argentina, a repensar su posición y sus dependencias estratégicas.

En la jerga política, suele decirse que el poder judicial es la última barrera democrática. Siendo el garante del estado de derecho, resulta entonces ser el contrapeso al abuso del poder unilateral y protectora de los derechos civiles, sociales, laborales, internacionales y comerciales. Todo ello pareció quebrantarse cuando Trump mostró que ni el derecho interno, ni el derecho internacional pueden incidir en su voluntad.

Cargado de sustento ideológico, Make America Great Again funciona como el marco que legitima una agenda más amplia: deportaciones masivas, la remoción de un soberano mediante una intervención quirúrgica contraria al derecho internacional público —un orden que Washington ayudó a fundar— y la creación de una “junta de la paz” para administrar Gaza. Presentada como reconstrucción, la iniciativa proyecta una gigantesca operación inmobiliaria: transformar las cenizas en vidrio, cemento y mármol.

Finalmente, la imposición unilateral de un aumento generalizado de tarifas globales marcó un nuevo punto de inflexión. Desde abril de 2025, Washington aplicó un arancel base del 10% sobre prácticamente todas sus importaciones provenientes de países socios, acompañado de tasas “recíprocas” específicas que oscilaron entre el 10% y el 50%, afectando a más de sesenta economías. Este brusco giro proteccionista de Donald Trump era, en cierto modo, previsible en su dirección estratégica, aunque no así los mecanismos empleados para concretarlo. Si el Trump de 2018 articuló su primera ofensiva arancelaria bajo la premisa de proteger la industria y el empleo doméstico —el conocido America First—, esta nueva fase, de impronta marcadamente aislacionista, representa la expansión y consolidación de aquel impulso inicial.

Por su parte, la suba de los gravámenes a las importaciones, concebida como una estrategia geopolítica, fue instrumentada a través de la International Emergency Economic Powers Act (IIEPA), normativa que habilita al Poder Ejecutivo a adoptar medidas económicas extraordinarias ante una declarada emergencia nacional. Sobre esa base, Trump justificó su decisión en el déficit de la balanza comercial, que en marzo ascendía a 162,3 billones de dólares. El endurecimiento arancelario produjo un shock contractivo sobre las importaciones que, ya en abril (mes de entrada en vigor de las medidas), redujo el déficit a 87,6 billones, configurando un ajuste abrupto con efectos inmediatos en la dinámica comercial.

Tal decisión generó un profundo impacto en las cadenas de valores globales, relocalizando el comercio internacional y debiendo diversificar rutas comerciales y de inversión para sobrevivir a las barreras impuestas sobre la entrada al mercado norteamericano.

EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA.

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema estadounidense dictaminó que la imposición de aranceles bajo la International Emergency Economic Powers Act (IIEPA) excedía las facultades del Poder Ejecutivo sin aprobación del Congreso. El fallo anuló la base legal de los aranceles aplicados desde abril de 2025 y obligó a reconfigurar la política comercial estadounidense.

La decisión introdujo una fuerte incertidumbre en el mercado global respecto al acceso al mercado estadounidense y abrió la puerta a reclamaciones por reembolso de aranceles ya pagados. Se estima que el monto potencial podría alcanzar 175.000 millones de dólares, correspondientes a unos 300.000 importadores que pagaron tarifas bajo las secciones 232, 122 y 301. No obstante, la Corte declaró inconstitucional la medida sin ordenar una devolución automática, por lo que el proceso probablemente se dirima en tribunales inferiores.

La respuesta del Ejecutivo fue explorar nuevos aranceles bajo otros instrumentos legales —como la Sección 122 de la Trade Act de 1974—, reforzando la volatilidad institucional en torno a la política comercial. El fallo, aprobado por seis votos contra tres, sostuvo que las medidas no se enmarcaban en una emergencia económica, condición sine qua non para invocar la IIEPA.

AMÉRICA LATINA Y LA VULNERABILIDAD PERIFÉRICA.

“Trump Always Chickens Out” se volvió un rótulo útil para describir el repertorio de los liderazgos carismáticos en política exterior. El patrón suele repetirse en tres etapas: bluffing, amenaza y acción. En materia arancelaria, Donald Trump recorrió ese camino. Aunque el TMEC blindó parte del comercio regional, México igualmente enfrentó aranceles del 25% a automóviles y autopartes y del 50% al acero y aluminio. Dado que Estados Unidos absorbe cerca del 80% de sus exportaciones, el impacto sectorial fue significativo y tensó la posición del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a Washington.

La retórica incluyó amenazas mucho mayores —como aranceles del 300% a productos chinos— que finalmente se tradujeron en tarifas más acotadas. Es la lógica de la guerra comercial: presión política elevada, pero límites claros cuando aparece la interdependencia económica. Brasil también sintió el golpe. Cerca de 9.300 millones de dólares en exportaciones quedaron sujetos a un arancel del 10%, mientras otros 10.900 millones enfrentaron tarifas del 25%, especialmente en maquinaria, textiles, químicos y manufacturas. Ante este escenario, el gobierno de Lula reforzó vínculos comerciales con India y Corea del Sur.

En Colombia, el impacto alcanzó al café, frutas y alimentos destinados al mercado estadounidense —alrededor del 30% de sus exportaciones— con potencial efecto sobre millones de empleos vinculados al sector.

En Colombia, el impacto alcanzó al café, frutas y alimentos destinados al mercado estadounidense —alrededor del 30% de sus exportaciones— con potencial efecto sobre millones de empleos vinculados al sector.

A escala global, la volatilidad arancelaria erosionó la previsibilidad comercial, encareció costos logísticos y forzó la reconfiguración de las cadenas de valor. Multinacionales comenzaron a relocalizar producción para evitar tarifas más altas. Apple, por ejemplo, trasladó parte del ensamblaje del iPhone desde China hacia India y Vietnam bajo esquemas de nearshoring y friendshoring.

El resultado fue doble: menor competitividad para industrias dependientes de insumos importados y presión sobre el empleo manufacturero y agroindustrial en América Latina. Pero también lo sintió el consumidor estadounidense, que debió adaptarse a precios más altos en numerosos productos. En un mundo profundamente interdependiente, incluso las guerras comerciales tienen límites.

EL CASO ARGENTINO: ENTRE LA EXPECTATIVA Y LA REALIDAD.

Argentina presenta una estructura exportadora altamente orientada hacia bienes primarios y manufacturas de origen industrial. En 2025, aun en medio del shock arancelario, las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos alcanzaron un récord de USD 8.338 millones, creciendo cerca del 29% interanual, con Estados Unidos como tercer destino de ventas externas del país. El dinamismo comercial se centró en el sector petrolero (con menor exposición arancelaria debido exenciones), harina y aceite de soja (sectores dedicados al comercio exterior, con mayor riesgo de perder competitividad ante la volatilidad de precio y de gravámenes), biodiesel y productos industriales, además de autopartes que enfrentaron el mismo 10% global que el resto de las naciones. Según el FMI los nuevos aranceles podrían haber reducido entre 300 y 500 millones, efecto particularmente visible en pequeñas y medianas empresas exportadoras altamente dependientes del mercado norteamericano.

La anulación judicial de la base legal de los aranceles no eliminó la incertidumbre comercial, sino que la trasladó al plano institucional. Para Argentina, las consecuencias son múltiples. Primero, revisar integralmente su estrategia bilateral de apertura comercial. Si el alineamiento automático o semiautomático implica realmente un rédito económico, y no solo un rédito político. Segundo, zanjar el debate interno respecto a la dependencia de los acuerdos con Washington, crítica frecuente en los sectores industriales argentinos por confiar en beneficios que están sujetos a cuestiones domésticas. Tercero, navegar las presiones gremiales y empresariales para proteger el empleo y la competitividad.

El 2025 significó la recuperación del crecimiento económico argentino tras años de contracción. Previo al fallo judicial, Argentina negoció un acuerdo bilateral con Estados Unidos que prevé una reducción de un arancel recíproco del 10% hacia cero para 1.675 posiciones arancelarias, mejorando notablemente el acceso a ambos mercados. Acuerdo cuyo objeto ha sido revitalizar sectores manufactureros, de maquinaria agrícola, productos químicos y autopartes.

Ahora se encuentra frustrado por la anulación judicial de los aranceles norteamericanos recíprocos, al considerarlos legales sólo mediante la autorización del congreso y dejando en suspenso la nombrada concesión. Según las cámaras empresariales como la Cámara de exportadores de la República Argentina (CERA), el fallo dejó sin sustento el acuerdo e introdujo un riesgo adicional sobre la incertidumbre estructural de la relación. Especialmente para las industrias orientadas a emprender exportaciones con Estados Unidos que habían ajustado sus estructuras para aprovechar la reducción arancelaria anticipada.

La democracia es un milagro. Es un régimen paradójico: un sistema de autogobierno entre iguales que, como advierte Adam Przeworski, nunca implica que todos gobiernen sino que algunos mandan y otros obedezcan bajo reglas aceptadas como legítimas. 

Su supervivencia descansa en tres mecanismos principales: primero, como marco institucional que canaliza pacíficamente el conflicto económico distributivo, siempre que los ricos prefieran negociar antes que reprimir y los pobres participar antes que rebelarse; segundo, como sustituto del conflicto violento, donde contar votos reemplaza contar bajas, siempre que la derrota electoral sea aceptable para las partes; y tercero, como un sistema de control político en el que la posibilidad real de perder elecciones funciona como freno al abuso de poder: los gobernantes respetan derechos y límites institucionales porque saben que, si los vulneran, pueden ser castigados en las urnas, y ese castigo sólo es efectivo si incluso parte de sus propios votantes está dispuesto a retirarle el apoyo frente a violaciones graves.

Desde la perspectiva de Mearsheimer, el uso agresivo de aranceles es la expresión del poder estructural: las grandes potencias usan a su favor las herramientas comerciales como instrumentos de coerción para reconfigurar ventajas competitivas y proteger sectores de interés estratégico. En última instancia, el fallo judicial y la respuesta política subrayan que las políticas arancelarias, lejos de ser herramientas técnicas, son instrumentos profundamente políticos.

En este marco la lección estratégica es clara: la dependencia de un acceso privilegiado a un sólo mercado con reglas volátiles expone estructuras productivas y empleo, y obliga a repensar políticas comerciales que integren diversificación de destinos, mayor institucionalidad regional y estrategias internas que compensen vulnerabilidades estructurales.

Tomas Peña (Argentina): Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de San Andrés, y columnista de Diplomacia Activa.