¿Caracas en la mira de Washington?

Choques militares, acusaciones de narcoterrorismo y la sombra de potencias como Rusia, China e Irán alimentan tensiones crecientes entre Washington y Caracas. ¿Es este el inicio de una nueva Guerra Fría regional o un pulso geopolítico pasajero?

En las últimas semanas, algunos analistas han calificado el reciente enfrentamiento militar entre Caracas y Washington como una nueva “Guerra Fría” latinoamericana, bajo el telón de fondo del narcotráfico. Sin embargo, ¿Pueden considerarse las tensiones actuales entre los dos países efectivamente como tal?

Desde un punto de vista geopolítico, de momento, Venezuela carece de un aparato militar y económico que son propios de una superpotencia y, por lo tanto, no representa una “amenaza existencial” para Washington ni figura entre sus prioridades en política exterior.

Sin embargo, los sucesos de los últimos días están haciendo temblar al continente, ya sumido en una creciente polarización política, debido a temores de que una directa intervención, por parte de la Casa Blanca, en un país latinoamericano pueda volver a abrir viejas cicatrices.   

Además, la decisión de Washington de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Maduro, junto con la iniciativa del Departamento de Defensa estadounidense de llevar a cabo un “operativo antinarcótico” el pasado 14 de agosto en el sur del Caribe, ha desatado fuertes preocupaciones en el Palacio de Miraflores.

Por su parte, el Presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cartel de los Soles, una red de narcotráfico, denunció los avances estadounidenses como una fuerte amenaza a la soberanía venezolana, activando un operativo preventivo, a la vez que aseguró la inexistencia del “grupo terrorista” que Estados Unidos persigue. 

En contrapartida, ante la pugna de Trump, miles de simpatizantes chavistas respaldaron la decisión de Maduro de desplegar a su vez buques de guerra en el Caribe; y, a través de la decisiva propaganda venezolana, muchos ciudadanos empezaron a alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo paramilitar creado en 2009 por el expresidente Hugo Chávez y mano armada de la más amplia Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El primer punto de inflexión

Se dio a partir del 5 de septiembre, cuando el Jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dio a conocer un controvertido “ataque letal” que tuvo como blanco una narcolancha cargada de droga que se dirigía al país norteamericano con un saldo de once muertos, supuestamente, traficantes afiliados a la banda criminal Tren de Aragua. A tal propósito, el Pentágono todavía no clarifica las bases jurídicas de tal operativo que pudo haber violado el derecho internacional. Cabe destacar que, aunque el país no es signatario de la Convención de Montego Bay de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las obligaciones que proceden de normas consuetudinarias tienen que ser aplicadas en todos los casos. 

Por ende, las dudas sobre la licitud de tal acción sigue siendo analizada – en las relaciones internacionales el uso de la fuerza armada es severamente limitada y tiene que estar, exclusivamente, conforme a la Carta de las Naciones Unidas –.

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 51 | Carta de las Naciones Unidas

Por su parte, Washington juega exactamente la carta diplomática de la legítima defensa, alegando que la operación fue llevada a cabo, específicamente, para defender los intereses nacionales del país ante una organización considerada como terrorista. Sin duda alguna, a nivel internacional, el reconocimiento del Cartel de los Soles como organización terrorista tiene alto valor estratégico puesto que el país que albergue, en sus fronteras, miembros de tal organización está sujeto a todas las normas internacionales en materia de prevención al terrorismo, y ello permite a los gobiernos intervenir directamente (en los límites fijados por las Convenciones) utilizando los recursos necesarios.

En el tablero latinoamericano, este terremoto diplomático está despertando a la región que, paulatinamente, está tomando claras posiciones en el enfrentamiento.  Recientemente, la gira por América Latina del secretario de Estado Marco Rubio ha sido una tentativa por estrechar acuerdos en materia de seguridad frente a los sucesos de las últimas semanas. Primero desde México y, después, en Ecuador, Rubio anunció una férrea ayuda de 20 millones de dólares al gobierno de Noboa para hacer frente al narcotráfico, al mismo tiempo que se dejaba escapar duras críticas en contra de Nicolás Maduro en las que lo acusaba de ser, entre otras cosas, un fugitivo ante la Justicia de Estados Unidos. Efectivamente, el primer país en defender la agenda política de la Casa Blanca fue propiamente el gobierno de Noboa que no tardó mucho en designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista y una amenaza a la estabilidad regional. 

En la misma línea política, otros países como Paraguay, Argentina y Perú se apresuraron a reconocer al Cartel como organización terrorista que atenta contra la seguridad nacional y la paz del continente, tomando las medidas necesarias para combatir y prevenir la delincuencia transnacional. En estos últimos días, también Guyana, país que ha tenido escaramuzas fronterizas con Venezuela, emitió un comunicado subrayando la necesidad de contrarrestar el narcoterrorismo. Posturas contrarias provienen, en cambio, de Colombia donde el presidente Gustavo Petro reiteró la inexistencia del Cartel de los Soles, aclarando que “es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”. 

El Cartel de los Soles

En 2020, un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusaba al Cartel de los Soles, compuesto por altos oficiales venezolanos, de facilitar la importación de cocaína dentro del país. El documento denunciaba que desde el año 1999 el Presidente Maduro ha estado relacionado a tal red criminal (respaldado por su ministro de Interior Diosdado Cabello) y, por consiguiente, de favorecer protección política y militar al narcoterrorismo con la clara intención de “inundar los Estados Unidos de cocaína para socavar el bienestar de la nación norteamericana”. 

Desde su fundación en la década de los 90, el Cartel de los Soles ha sido un “sistema de corrupción generalizado” vinculado al crimen organizado internacional y donde altos oficiales venezolanos han controlado sus actividades desde el interior del oficialismo. Con los años, el Cartel se volvió una importante alternativa al transporte de la cocaína colombiana, precisamente durante los años del fortalecimiento de la FARC en Colombia. Este suceso supuso una mayor presencia de esta última en territorio venezolano y una más sólida cooperación con las redes criminales venezolanas (a menudo con el beneplácito del entonces presidente Hugo Chávez a finales del siglo pasado).  

En 1993, por primera vez, dicho Cartel apareció ante la opinión pública venezolana cuando dos Generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén Dávila, Jefe de los Servicios Contra el Tráfico de Drogas, entre otras cosas, y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron acusados de estar involucrados en tráfico de droga y Guillén denunciado por introducir en Estados Unidos 22 toneladas de cocaína. En 2004, otro escándalo sacudió el país cuando el Jefe de la Guardia Nacional, Alexis Maneiro, fue acusado de los mismos cargos. Tres años más tarde, autoridades colombianas, durante un operativo en contra de Raúl Reyes, guerrillero colombiano, incautaron ordenadores portátiles donde se encontraron documentos confidenciales en los que, aparentemente, el Presidente Chávez ofrecía millones de dólares a la guerrilla colombiana para instituir importantes vínculos económicos, militares y políticos con Caracas. 

Al mismo tiempo, estos documentos contenían los nombres de una amplia red de altos funcionarios del aparato estatal venezolano, entre otros el del entonces Ministro de Justicia, que tenían relevantes lazos con miembros de la FARC. La autenticidad de los registros fue corroborada por Interpol. Los años de Chávez en el poder, en definitiva, representaron un punto de inflexión en la relación entre el crimen organizado y el oficialismo ya que estos lograron tejer sólidos vínculos con el mundo político venezolano. 

Paralelamente, con el nuevo milenio, la nueva presidencia colombiana, dirigida por Álvaro Uribe, lanzó una feroz campaña militar contra las pandillas y el narcotráfico, a través del aporte financiero de los Estados Unidos de George W. Bush. Esto fue otro factor importante que llevó a que muchos integrantes de FARC movieran sus actividades en territorio venezolano y se vincularan aún más con el Cartel de los Soles. En 2005, una de las primeras grietas en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela se abrió tras la decisión de Chávez de expulsar la DEA (Drug Enforcement Administration), del territorio venezolano, convirtiendo al país en un polo atractivo y seguro para el narcoterrorismo. 

Como consecuencia de ello, a lo largo de la primera década del nuevo siglo, el número de funcionarios venezolanos implicados en casos de narcotráfico se disparó (algunos de ellos declarándose culpable ante la Justicia estadounidense, en 2020, como el exgeneral chavista, Clíver Alcalá, o el ex jefe de Inteligencia militar, Hugo Carvajal). Tras la toma del poder de Nicolás Maduro, en 2013, el acontecimiento que sacudió la comunidad americana fueron las declaraciones hechas ante la justicia norteamericana del exjefe de seguridad de Hugo Chávez, Leamsy Salazar (que abandonó el país a través de la DEA), en las que acusaba el gobierno venezolano de estar involucrado en el narcoterrorismo. De ahí que las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas se agudizaron hasta romperse, definitivamente, en 2019. 

¿Rusia, China, Irán?

A pesar de los casos de narcotráfico en la historia reciente de Venezuela, cabe destacar que la masiva intervención estadounidense en territorio latinoamericano es simbólica, ya que no se registraba desde la invasión de Panamá en 1989. Por ahora, no hay certezas sobre los reales motivos que empujaron a la Casa Blanca a presionar militarmente al gobierno venezolano. 

Sin embargo, limitarse a analizar este fenómeno solamente a través de los lentes del narcoterrorismo puede dejar a un lado otros aspectos claves que concierne a la geoeconomía en primer lugar. Por ejemplo, una válida observación puede ser el reciente interés de Irán, Rusia y China en América Latina, aprovechándose de las buenas relaciones diplomáticas que estas potencias mantienen con el gobierno antiimperialista de Caracas. Moscú y Pekín pueden utilizar el país latinoamericano como un trampolín para penetrar en el tablero político y económico de la región a detrimento de Washington. 

En los últimos años, la cooperación militar entre Venezuela, Rusia e Irán representó una oportunidad única, para estos tres países sometidos a sanciones internacionales, para fortalecer sus relaciones diplomáticas. Por ejemplo, el reciente acuerdo de seguridad entre Caracas y Moscú en mayo de 2025 y la supuesta presencia del país persa en la base aérea de El Libertador para la producción de drones que pueden satisfacer la demanda bélica rusa, son funcionales a las crecientes presiones internacionales. 

Desde 2001, Caracas ha suscrito con Moscú cerca de 400 acuerdos bilaterales que incluyen una sólida cooperación militar que han favorecido el flujo de armamentos rusos, como fusiles de asalto y escuadrones de cazas al país suramericano. A partir de 2010, de hecho, se estima que el 85% de las transferencias de equipaje militar ruso a América Latina se ha dirigido a Venezuela. Por su parte, Irán también gana proyección estratégica en el “patio trasero” de Estados Unidos, diversificando su producción de drones a la vez que adquiere recursos energéticos y minerales. 

Por lo tanto, ante este complejo panorama geopolítico, ¿Son los esfuerzos trumpianos realmente dirigidos a proteger los intereses nacionales frente al narcoterrorismo, o lo que está ocurriendo en el Caribe representa, más bien, una clara demostración de fuerza y una lenta tentativa estadounidense de despojar a Nicolás Maduro del poder y enviar una inequívoca señal político-militar a sus aliados de no jugar en el “patio trasero” de Estados Unidos?