Israel: martillazo institucional

Por Arturo Bautista

El pasado 4 de enero, el Ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, anunció una nueva reforma judicial que pretende ser llevada a cabo por el actual gobierno de Netanyahu, formado por una coalición entre la derecha tradicional, la ultraderecha nacionalista religiosa y partidos haredíes (más conocidos como ultra ortodoxos).

El Ejecutivo israelí estima que la reforma judicial servirá para equilibrar el poder entre el Parlamento y la Corte Suprema, tachada en repetidas ocasiones de haber sido politizada por la actual coalición gubernamental, la más derechista de la historia de Israel, pero los opositores consideran que la reforma podría empujar al país hacia un modelo iliberal o autoritario.

El gobierno de Netanyahu, compuesto por partidos nacionalistas y ultrarreligiosos, se enfrentó a una dura oposición al plan de reforma cuando se anunció a principios de año. Destacados economistas, altos funcionarios jurídicos, líderes del sector privado y antiguos responsables de Defensa advirtieron de las peligrosas consecuencias para el futuro del país. Incluso el principal aliado internacional de Israel, Estados Unidos, expresó su preocupación al respecto.

¿En qué consiste la reforma? El Gobierno de Netanyahu ha propuesto reducir el poder de la Corte Suprema y aumentar el del Parlamento. Decenas de miles de ciudadanos han salido a las calles en unas protestas históricas contra lo que consideran un atentado a la democracia. Las protestas, aún activas, suponen un momento histórico que puede definir el rumbo de la política y la sociedad israelí. Tras semanas de manifestaciones, el Gobierno suavizó en marzo una parte de la reforma judicial y pospuso otra, aunque la oposición sigue rechazándola de forma tajante.

Dicha reforma tiene varios objetivos. El primero de todos pretende modificar la composición del comité que elige a los jueces. Hasta ahora, dicho comité estaba dominado por el poder judicial. Sin embargo, la reforma cambiaría su configuración de tal manera que la mayor parte de los miembros del comité serían escogidos por el gobierno, dándole a este la capacidad de forzar el nombramiento de los magistrados más favorables a sus intereses.

Si bien Israel no tiene una constitución oficial, hay un conjunto de trece leyes conocidas como “Leyes Básicas” que han actuado de facto como la constitución del país, y que hasta ahora podían ser utilizadas como pretexto legal por el Supremo israelí para impugnar propuestas legislativas del gobierno.

No obstante, si la reforma sale adelante dicha capacidad desaparecería, ya que el Parlamento podría revocar cualquier decisión del Supremo con una mayoría de 61 sobre 120 escaños.

También desaparecería la «cláusula de razonabilidad”, que permitía al Supremo bloquear decisiones del gobierno cuando estas no tuviera argumentos suficientes o fueran contrarias al interés nacional. Esto ocurrió por última vez el pasado enero, cuando el Supremo revocó el nombramiento de Aryeh Deri, líder del partido haredí Shas, como ministro del interior y de sanidad, al considerarlo “extremadamente irrazonable” debido a sus condenas por corrupción previas.

Por último, los asesores legales del gobierno, dependientes del Ministerio de Justicia y cuyas opiniones son vinculantes, pasarían a ser elegidos por el propio gobierno, y sus opiniones dejarían de tener peso legal. A efectos prácticos, la independencia del poder judicial desaparecería por completo, así como su capacidad para anular cualquier decisión del poder ejecutivo.

Protestas masivas

Durante meses, cientos de miles de israelíes han salido a las calles de todo el país para protestar contra los cambios de gran alcance en el sistema jurídico que, según algunos, amenazan los fundamentos democráticos del país, Las tensiones aumentaron aún más cuando el primer ministro Benjamín Netanyahu despidió abruptamente al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por su oposición a la reforma prevista, lo que desató protestas callejeras masivas y huelgas generalizadas.

El Primer Ministro señaló que su gobierno tiene la intención de seguir adelante con los polémicos planes para cambiar el sistema judicial del país, después de que las negociaciones encaminadas a encontrar una solución de compromiso parecieran desmoronarse.

Los planes del gobierno de reformar el sistema judicial sumieron a Israel en una de sus peores crisis internas a principios de año. Las negociaciones entre el gobierno y los partidos de la oposición aliviaron en cierta medida la crisis, con intentos de encontrar un término medio sobre los cambios propuestos en el sistema judicial del país.

Estas negociaciones se vieron interrumpidas por una crisis en torno al poderoso comité ordinario encargado de elegir a los jueces del país, los líderes de la oposición afirmaron que las negociaciones estaban congeladas hasta que se constituyera el comité.

Durante las protestas, algunos manifestantes sostenían también pancartas en las que se criticaba la inacción del gobierno ante la ola de delincuencia que afecta actualmente a la minoría árabe del país.

Este año se cumplen setenta y cinco años de la fundación del Estado. Esta puede ser la oportunidad para Israel de convertirse en una democracia moderna y madura capaz de resolver problemas largo tiempo estancados, o sucumbir ante los encantos de un gobierno grande y sordo, sin límites a su poder. Pero parece difícil no escuchar a falsos profetas cuando las promesas de redención llevan resonando tanto tiempo.

Arturo Martínez Bautista (México): Estudiante de Relaciones Internacionales, Universidad Tecnológica de México.