La Doctrina ICE

Por Candela Molina.

Cuando la inmigración comenzó a ser presentada como una amenaza a la seguridad nacional, la administración Trump consolidó una política migratoria cada vez más agresiva. Entre detenciones masivas, deportaciones aceleradas y una retórica que asocia inmigración con seguridad, Washington no sólo reconfigura su política interna, sino que proyecta tensiones y nuevos alineamientos en el sistema internacional.

“Tenemos la frontera más fuerte y sólida de la historia de Estados Unidos” alegó Donald Trump el 24 de febrero de 2026 durante el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso. Expresó que el deber primordial del Gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses –no a los extranjeros ilegales–, reavivando así uno de los debates más polarizantes de la política estadounidense. La cuestión migratoria ha sido durante años un punto de fricción entre demócratas y republicanos, pero también un recurso político recurrente para movilizar apoyos dentro de sus respectivas bases. No obstante, incluso entre sectores afines han surgido dudas en términos de aprobación hacia las políticas migratorias recientes.

Se presenta un escenario en donde el endurecimiento coquetea con la ilegitimidad, amparado en una retórica moral que se fundamenta en la noción de seguridad. En este contexto surge una pregunta más amplia: ¿Qué implica una política migratoria agresiva para Estados Unidos y para el orden internacional? Para Washington, constituye un mecanismo para identificar una amenaza a su seguridad, con la finalidad de servirse de recursos extraordinarios. Fuera de sus fronteras, en cambio, el giro antiinmigración es tanto fuente de tensiones para numerosos gobiernos como un criterio de alineamiento geopolítico.

ICE y la política migratoria doméstica.

Ante todo, resulta indispensable adentrarse en el contexto actual. La cara más visible y agencia líder de la regulación migratoria estadounidense es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés. La institución nació en 2003, tras la reorganización del aparato de seguridad dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según sus propios datos, su misión es proteger a Estados Unidos mediante investigaciones criminales y la aplicación de las leyes de inmigración para preservar la seguridad nacional y la seguridad pública.

Actualmente, es la agencia policial mejor financiada del Estado. El presupuesto de ICE se disparó durante el segundo mandato del presidente Trump, gracias a la ley “One Big Beautiful Bill”, promulgada en julio de 2025. Tras rondar los 10.000 millones de dólares durante años, el presupuesto del ICE se benefició repentinamente de un aumento meteórico. En pocas palabras, ICE no ocupa una posición de bajo perfil dentro de la estructura institucional estadounidense: es una agencia de seguridad nacional con el beneficio adicional de estar altamente financiada por el gobierno.

En la práctica, es el organismo encargado de detenciones masivas y la deportación de miles de migrantes, al tiempo que defiende sus operaciones a través de crueles represiones. Y en los últimos meses, las manifestaciones en su contra han incrementado y se han expandido a lo largo del país, principalmente en ciudades como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles, Portland y Austin. Además, hechos como el arresto de Liam Conejo Ramos –de 5 años– en un centro de detención de Texas y las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a manos de oficiales de ICE, han estado en el centro del debate nacional.

En la misma línea, también ha generado controversia la destitución de Kristi Noem como Secretaria de Seguridad Nacional el pasado 5 de marzo. Ya que, resulta contradictorio que la salida del cargo no respondió a cuestionamientos sobre la dureza de las medidas migratorias, ni a las represiones denunciadas, ni a los episodios anteriormente mencionados. La causa principal del despido habría sido el disgusto que Noem ocasionó al presidente tras afirmar que Trump estaba al tanto de la realización de una campaña publicitaria millonaria contra la inmigración, adjudicada a una empresa sin previa licitación. Ante el riesgo de un escándalo de corrupción, el presidente optó por reemplazar a la exsecretaria por un aliado cercano de su agenda antiinmigración, el senador por Oklahoma Markwayne Mullin.

Ahora bien, como agencia de seguridad nacional, ICE materializa uno de los objetivos esenciales de la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump. No es la primera vez que un mandatario estadounidense recurre a un objeto puntual para clasificarlo como una amenaza a sus intereses y ciudadanos, con el objetivo de legitimar sus acciones. Lo que alguna vez fue el riesgo del comunismo, luego fue el terrorismo y, actualmente, son los inmigrantes y narcotraficantes. En definitiva, el discurso pretende la designación de un objeto específico como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, de modo que se configure un fundamento sólido para implementar todo medio posible para defenderse.

A la luz de la Teoría de la Securitización, con Barry Buzan y Ole Wæver como dos de sus principales exponentes, la respuesta a que hace que un tema se convierta en un asunto de seguridad internacional se vincula a la supervivencia. Es cuando un asunto se presenta como portando una amenaza existencial a un objeto de referencia designado. La naturaleza especial de amenaza a la seguridad habilita y justifica el uso de medidas extraordinarias para hacerle frente. El dirigente que declara una materia de “seguridad” se auto declara en condición de emergencia, con el derecho de utilizar cualquier medio para bloquear la amenaza. De esta manera los inmigrantes ilegales pasan a ser percibidos como un riesgo para la seguridad nacional que justifica el uso de poderes extraordinarios.

De ello es posible explicar, por un lado, el uso del lenguaje del ámbito militar por parte del presidente para referirse a la inmigración y la asociación de inmigrante con enemigo interno. Sobre este tema, se mantuvo una conversación con Magdalena Cuprys, abogada de derecho migratorio y presidenta de Serving Immigrants, firme defensora de inmigrantes situada en Florida. La experta comentó que, el gobierno actual tiene una percepción del inmigrante como una amenaza y que ello ha desencadenado muchos cambios en cómo se está interpretando y ejecutando la ley en este momento.

Por otro lado, se legitiman medidas extraordinarias y fenómenos que trascienden las leyes. Por ejemplo, el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y Los Ángeles el año pasado, sin autorización de los gobiernos estatales. O las detenciones de inmigrantes al interior de Estados Unidos sin derecho de acceder a la justicia, en evidente agravio del artículo 8 U.S.C. § 1226 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), seguidas de la deportación directa a países de origen. Por último, la invocación de Ley de Enemigos Extranjeros (1798), que permite deportaciones expeditas sin que el proceso de remoción culmine su resolución en los tribunales. La Corte Suprema otorgó esta victoria a la Casa Blanca el 7 de abril de 2025, facultando a los funcionarios de inmigración de una autoridad de tiempo de guerra para deportar rápidamente a inmigrantes.

En cuanto a ICE, en declaraciones de prensa del DHS, se justifican sus conductas mediante una retórica que sugiere que las operaciones del primero se limitan a “lo peor de lo peor”. Así, se instala forzosamente en la comunidad una connotación negativa respecto del inmigrante. Nuevamente, el lenguaje juega un papel central para despenalizar las conductas gubernamentales. Sin embargo, no siempre existe consenso. A pesar de las numerosas victorias políticas del gobierno, persisten los límites institucionales a sus intentos de expansión del poder. Hace algunos días, el tribunal del Distrito Centro de California emitió un fallo donde determinó que el uso de lenguaje extremo busca legalizar la magnitud y alcance de las operaciones de ICE y el DHS. En palabras del tribunal: “Quizás esa frase simplemente refleje la severidad y la conducta malintencionada del Gobierno”. Entonces, la finalidad de la agresiva política migratoria es alcanzar una base de aprobación ciudadana lo más amplia posible, a través de la designación de un objeto de amenaza a la seguridad que permita justificar tanto medidas excepcionales como eventuales violaciones al orden jurídico. Con ese fin, el uso de un lenguaje de guerra que asocia al inmigrante con el enemigo interno ha sido clave. 

Entonces, la finalidad de la agresiva política migratoria es alcanzar una base de aprobación ciudadana lo más amplia posible, a través de la designación de un objeto de amenaza a la seguridad que permita justificar tanto medidas excepcionales como eventuales violaciones al orden jurídico. Con ese fin, el uso de un lenguaje de guerra que asocia al inmigrante con el enemigo interno ha sido clave. 

Más allá de la frontera Sur.

Si bien estas dinámicas se desarrollan principalmente dentro del territorio estadounidense, sus efectos trascienden rápidamente el plano doméstico. La política migratoria estadounidense no sólo redefine el debate interno sobre seguridad y soberanía, sino que también proyecta sus efectos sobre el resto del sistema internacional. Es, al mismo tiempo, una fuente de crisis para numerosos gobiernos y un nuevo parámetro de alineamiento geopolítico. En los últimos meses, miles de personas han sido deportadas desde Estados Unidos hacia países de origen principalmente en América Latina, entre ellos México, Guatemala, Honduras y El Salvador. El hecho de que miles de personas arriben a países con mayor inestabilidad y debilidad institucional, en periodos de tiempo reducidos, genera peligrosos efectos sociales, económicos y políticos en los estados receptores. 

En Septiembre de 2025, DHS anunció un comunicado de prensa en donde informó que en los primeros 250 días de la administración Trump: dos millones de inmigrantes ilegales habían abandonado Estados Unidos, incluidos unos 1,6 millones que se han auto-deportado voluntariamente y más de 400.000 a través de deportaciones forzosas. Estima que para el primer año serán unos 600.000 los deportados por la fuerza. 

En la misma línea, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe en donde estableció: “La misión nos permitió verificar que las restricciones de tránsito en la selva del Darién, junto con políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos, llevaron a una reducción del 97% en la migración irregular hacia el norte entre enero y agosto de 2025”.

Así, muchas sociedades latinoamericanas se ven afectadas por la llegada de miles de migrantes a contextos marcados por la precariedad laboral, la violencia o el crimen organizado, factores que originalmente impulsan la migración. Como consecuencia, las deportaciones masivas contribuyen a reforzar ciclos migratorios, ya que quienes regresan enfrentan condiciones estructurales que dificultan su reintegración y vuelven a emigrar. En términos económicos, los retornos forzados masivos pueden alterar los mercados laborales locales, presionar sistemas de asistencia social ya limitados y afectar a comunidades que dependen de las remesas enviadas desde el exterior. 

Desde su faceta política e ideológica, la retórica anti-inmigratoria se convierte en un parámetro para la reconfiguración de alianzas y la división entre amigos y enemigos de Washington. Bajo este esquema, algunos Estados se posicionan como socios estratégicos al colaborar con la gestión y contención de los flujos migratorios, y otros como enemigos, por cuestionar estas prácticas por sus implicaciones humanitarias y jurídicas. La cuestión migratoria se convierte así en un mecanismo de alineamiento geopolítico.

En el bando aliado, hay líderes que armonizan sus agendas con los postulados del movimiento Make America Great Again (MAGA), entre los cuales la propuesta antiinmigración ocupa un rol central. En Europa, por ejemplo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha sido uno de los líderes europeos más vocales sobre el tema. Desde la crisis migratoria de 2015, su gobierno sostiene un discurso que vincula la inmigración con amenazas a la identidad cultural y a la seguridad nacional. Asimismo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su partido Fratelli d’Italia, han promovido una agenda fuertemente restrictiva respecto de la inmigración irregular. De forma similar ha abordado el asunto la dirigente Marine Le Pen y su partido Rassemblement National en Francia y el líder del Party for Freedom, Geert Wilders, en Países Bajos.

En América Latina, algunos líderes buscan obtener beneficios de la colaboración en esta materia. Se destaca el caso de El Salvador. En febrero de 2025, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, un acuerdo de cooperación para la recepción por parte del último de inmigrantes ilegales residiendo en suelo estadounidense. Con ello, Bukele accedió a la detención y al albergue de peligrosos criminales en prisiones de su país. Donald Trump afirmó el mismo día en que se celebró el acuerdo que la oferta de Bukele es «solo una señal del increíble amigo» (Trump, 2025), ilustrando la idea de que quien ayuda al hegemón recibirá incentivos políticos y económicos. En efecto, el país centroamericano recibe grandes sumas de dinero cada año por cumplir su parte en el acuerdo. 

En conclusión, la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump trasciende el plano estrictamente doméstico. A través de la securitización del fenómeno migratorio, el gobierno estadounidense ha logrado transformar un problema sociopolítico en una cuestión de seguridad nacional, habilitando el uso de medidas extraordinarias y la expansión de facultades para organismos como ICE. Este proceso se apoya tanto en una retórica que asocia inmigración con inseguridad, como en la construcción de un enemigo interno que legitima el endurecimiento de las políticas públicas. Sin embargo, sus implicancias no se agotan dentro de las fronteras de Estados Unidos. Las deportaciones masivas, la externalización del control migratorio hacia terceros países y la difusión de narrativas anti-inmigratorias entre líderes aliados evidencian que la gestión de la migración se ha convertido también en una herramienta de política exterior. 

En este contexto, la cuestión migratoria se eleva al plano estructural de la política internacional contemporánea. Mientras que la coyuntura actual parece desincentivar cada vez más la cooperación, surge una pregunta de fondo: ¿Marcará la estrategia estadounidense el futuro del tratamiento global de la migración o será posible construir respuestas colectivas capaces de equilibrar seguridad, legalidad y derechos humanos?

Candela Molina (Argentina): Licenciada en Relaciones Internacionales, estudiante de la carrera de Derecho y candidata a la Maestría en Política y Economía Internacionales en la Universidad de San Andrés. Columnista en Diplomacia Activa.