Pena de muerte: un uso político

Por Paula Gómez

Aunque la pena capital pueda sonar algo desfasado o propio de regímenes autoritarios y represivos, te sorprendería a día de hoy la cantidad de países en los que está aún vigente. Cincuenta y cinco, ni más ni menos. Entre estos encontramos una diversidad de estados, incluso fuertes democracias como la de Japón. De hecho, el ranking de número de ejecuciones está encabezado por China, a quien le sigue Irán, Arabia Saudí y Somalia, encontrando justo por detrás de estos a los Estados Unidos.

El mayor problema que supone este tipo de condena es la discriminación, arbitrariedad e injusticia cometida en juicios, que puede ser desde la contaminación de pruebas hasta la mala representación ante los tribunales para llegar, finalmente, a la irreversibilidad de su ejecución. De hecho, a finales de septiembre se ha dado este caso en Japón.

Iwao Hakamada fue condenado a muerte en 1968 bajo confesión forzosa por parte de la policía tras veinte días de interrogatorios, lo que le hizo retractarse durante el juicio.  De esta forma el japonés se coronó como la persona que ha pasado más tiempo en el corredor de la muerte, para que este septiembre a sus 88 años fuera absuelto. Tras décadas en prisión en condiciones cuestionables, se ha podido demostrar que las pruebas en su contra habrían sido manipuladas por las autoridades. Hakamada finalmente fue declarado inocente.

Aunque el país nipón haya hecho justicia finalmente, esta ha llegado tarde. Tras más de media vida en el corredor de la muerte, su salud mental también se ha visto gravemente comprometida y el daño causado en la vida del japonés es irreparable.

Según Amnistía Internacional, en 2023 se alcanzó una cifra de 1153 ejecuciones, lo que supuso un incremento del 31% comparado con el año anterior. Al menos 27,687 personas estarían condenadas a pena de muerte al final de 2023, sin embargo, los números podrían ser mucho mayores debido a la falta de transparencia de algunos gobiernos. Por ejemplo, en el caso de China, estas cifras están clasificadas como secreto de estado, lo que alerta la organización de que los números globales podrían aumentar por miles. 

Desde la organización se pide la abolición de la pena de muerte, considerándola contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como abogan, elegir deliberadamente sobre la vida o la muerte de una persona no debería de recaer en las instituciones de un Estado. Sobre todo, por las motivaciones detrás de este tipo de decisiones, que además son de carácter irreversible.

El objetivo de la pena de muerte es, principalmente, reprimir o terminar con la criminalidad, lo que según el país en el que se aplica sigue unas normas u otras. Castigar el delito de asesinato, prevenir el tráfico de drogas, las amenazas políticas o el adulterio están entre los delitos que pueden ser castigados con la pena capital según la sociedad en la que se cometan. 

Desde Arabia Saudí ya se han contado al menos 198 ejecuciones en lo que va de 2024, saltando las alarmas de incumplimiento de las normas internacionales. A mediados de agosto se ejecutó a Abdulmajeed al Nimr, un agente de tráfico retirado acusado de pertenecer a Al Qaeda según la agencia saudí de noticias. Sin embargo, los informes judiciales reflejarían que sus cargos estarían relacionados con su apoyo a protestas “antigubernamentales” en una provincia de mayoría chií.

Además, en el país están aumentando considerablemente este tipo de condenas por delitos relacionados con las drogas. Lo que más alerta es la falta de asistencia letrada que abogue por el cumplimiento del debido proceso a los acusados y prevenir estas penas.

Tomando el caso de los Estados Unidos, país liberal y democrático, en 27 de los 50 Estados la pena de muerte es legal. Además, esta es utilizada como herramienta por su aceptación moral. Alrededor de un 55% de la población lo ve moralmente aceptable (mientras que solo 54% a favor del aborto y el 53% de la eutanasia), aunque cada año son más los que se posicionan en el otro lado de la encuesta.

Esto se debe al miedo a no ser reelegidos si muestran clemencia y conmutan a los condenados a la pena capital. En este estudio también se refleja como en casos en los que se debate consolidar o revertir la sentencia de muerte, en año electoral se reafirma un 81% de estas; mientras que cuando no hay elecciones el porcentaje baja a un 70’8%.

Es por ello que el informe al respecto publicado por el Death Penalty Information Center concluye que “El comportamiento de demasiados funcionarios está más motivado por objetivos electorales que por razones éticas, profesionales o jurídicas, en claro detrimento de las personas sujetas al sistema jurídico penal que carecen de recursos, influencia o defensores. Para las personas vulnerables que se enfrentan a la pena de muerte, el momento y la naturaleza de la política electoral pueden significar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte.”

La arbitrariedad de estos procesos judiciales ha salido a la luz a finales de este septiembre, con la cuestionada ejecución de Marcellus Williams. Este fue condenado principalmente por robo y allanamiento de morada para finalmente ser acusado de asesinato por el testimonio de su expareja y su excompañero de celda; sin embargo, no se encontró su ADN o pruebas físicas en la escena del crimen, lo que suspendería su ejecución tanto en 2015 como en 2017 hasta que se esclareciera completamente su relación con el asesinato.

Los abogados de Williams acusarían al gobernador Michael Parson de terminar el proceso de investigación que tenía como objetivo suspender su ejecución, privándole de su derecho a acogerse a este y defender su inocencia, además de acusar al tribunal de racismo por no incluir personas negras entre el jurado. El previo gobernador ya detuvo la sentencia por las dudas y a pesar de presentarse una petición de clemencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, no pudieron parar el proceso.

A pesar de su posible inocencia e incluso un acuerdo aceptado por la familia de la asesinada de sentencia a cadena perpetua, se ejecutó al preso al decretar que la falta de pruebas en el arma del crimen no era suficiente para esclarecer su inocencia.

Donald Trump, por ejemplo, es fiel defensor de la pena de muerte. De hecho, durante el juicio de “los cinco de Central Park” en el que cinco afroamericanos fueron condenados injustamente en 1989, hizo campaña para que se les condenara a muerte. Este juicio fue un escándalo por su connotación racista y tras más de diez años pudieron finalmente probar su inocencia.

Con el objetivo de acabar con la criminalidad y la inseguridad en el país, el candidato a la presidencia propone ampliar el alcance de la pena de muerte para asesinatos de policías, narcotraficantes y proxenetas, lo que podría aumentar significantemente el número de ejecuciones.

Los gobiernos que defienden la pena capital lo hacen con el pretexto de prevenir la criminalidad, sin embargo, no se encuentran evidencias de que esta sea más efectiva que la cadena perpetua. El Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Türk hace constancia de la aplicación de la pena de muerte de forma discriminatoria, especialmente en personas ya marginadas por motivo étnico, religioso o de orientación sexual, poniendo en evidencia la ineficacia de la condena como forma de disuadir el índice de delitos.

Como el mismo Türk menciona, ninguna institución humana es perfecta, y la existencia de condenas como esta permite la comisión de errores de carácter irreversible.  En el caso de Iwao Hakamada se ha podido evitar esta tragedia, sin embargo, la justicia ha llegado demasiado tarde y los daños son irreparables. Abdulmajeed al Nimr y Marcellus Williams son dos de los muchos que no han corrido esa suerte, habiendo sido ejecutados de forma deliberada a manos de las instituciones del Estado y sin pruebas contundentes que los relacionen a los delitos de los que estaban oficialmente acusados.

El caso del japonés ha de ser tomado como ejemplo para eliminar esta práctica en los sistemas legales de los países. Una vida arruinada por una condena que ha causado efectos en la salud mental de un inocente, quien lleva más de cuarenta años defendiéndose ante el Estado que le acusaba injustamente y que debería haber velado por sus derechos fundamentales.

El mundo va camino de la abolición de la pena de muerte, una práctica que no debe tener cabida en el Siglo veintiuno y cada vez más Estados le ponen límites a su aplicación. Que las instituciones del Estado, sujetos a oportunismo, discriminación y opinión publica tengan el poder de decidir entre la vida o la muerte de una persona por cometer un delito no previene o castiga de forma justa, sino que perpetúa la injusticia por parte de los aparatos del Estado.

Paula Gómez (España): Estudiante de Máster en Estudios Geopolíticos, Charles University, Republica Checa. Miembro de Diplomacia Activa.