Chile: entre la seguridad y la inmigración

Chile se prepara para una elección histórica: el 16 de noviembre, más de 15 millones de personas votarán al sucesor de Boric. Jara lidera el progresismo con foco en derechos humanos. Kast promete mano dura y control migratorio. ¿Cambio o continuidad?

La primera vuelta para las elecciones presidenciales chilenas están previstas para el próximo 16 de noviembre, con una posible segunda vuelta el 14 de diciembre, en donde más de 15 millones de ciudadanos están llamados a elegir.  Todo ello, a través de un sistema de voto obligatorio, al sucesor de Gabriel Boric, además de 23 senadores y todos los 155 diputados. Ocho (8) candidatos se disputarán la presidencia de Chile y, aunque la ley electoral prohíbe publicar encuestas en los últimos 15 días previos a las elecciones, los dos nombres que dominan la escena electoral son por un lado Jeannette Jara, que según últimas encuestas disponibles sería la más votada en primera vuelta, y por el otro lado, José Antonio Kast.

Si hablamos de Jeannette Alejandra Jara Román, ella se presenta como abogada y militante del Partido Comunista chileno. Ejerció el cargo de ministra de Trabajo y Previsión Social bajo el actual gobierno del Presidente Boric, entre marzo de 2022 y abril de 2025 cuando renunció al cargo tras ser proclamada precandidata presidencial por la coalición progresista, Unidad por Chile, la cual reúne 8 partidos de izquierda y de centro-izquierda y también al partido Demócrata Cristiano chileno. Y, desde junio de 2025, la victoria de Jara en las primarias presidenciales del progresismo —con el 60% de los votos— fue celebrada como un hito histórico y político. Su triunfo marcó el ascenso del ala más radical del progresismo y se convirtió en el mayor logro del Partido Comunista chileno en 113 años, colocando nuevamente a esta fuerza política en el centro de la escena electoral del país.

En cambio, por su parte, José Antonio Kast es hijo de inmigrantes alemanes y simpatizante de Pinochet, es el candidato presidencial ultraconservador y fundador del Partido Republicano. Kast ha sido unos de los rostros más conocidos en la política del país por haber ocupado varios cargos políticos, y por haber intentado dos veces, pero sin éxito, la llegada al Palacio de La Moneda. La última vez, en 2021, fue derrotado por el actual presidente Boric en la segunda vuelta electoral. 

Los otros nombres sobresalientes en esta carrera presidencial son los de Evelyn Matthei (Unión Democrática Independiente), con una larga carrera política que representa el centro-derecha chileno moderado; el otro nombre es el de Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), quien es abanderado de la derecha más radical y enfoca su campaña electoral, sobre todo, en los temas de seguridad y migración en línea con otras administraciones conservadoras.

Seguridad e inmigración.

Si hablamos de la política interna del país, es imprescindible señalar que la preocupación ciudadana se concentra principalmente en los temas de seguridad e inmigración, que han sido las prioridades discursivas tanto de Kast como de Jara en los últimos meses. Aunque el país es considerado entre las democracias más seguras y estables de América Latina y el Caribe, en los últimos años la sensación de inseguridad ha llegado a un máximo histórico de 90.6%. 

Y, aunque el Presidente Boric haya basado su campaña electoral de 2021 en abordar el problema de la seguridad ciudadana y de las causas de los disturbios sociales de 2019-2020, en la práctica no ha logrado hacer frente a la enmarañada cuestión de la criminalidad y a las repetidas olas de violencia del país con eficaces y eficientes normas de seguridad nacional. Cabe destacar que durante el 2022, el índice de homicidios aumentó de un 32%, lo que hizo caer en picada la popularidad del Presidente ante la opinión pública chilena que no se ha sentido satisfecha con las políticas del mandatario progresista.

Por su parte y en esta campaña electoral, José Antonio Kast propone el «Plan Implacable», un programa de tolerancia cero para enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia y al desorden. Según el mismo Kast, este plan es una propuesta funcional para devolverle autoridad al Estado y a los chilenos el derecho a vivir sin miedo; es un «paquete de medidas concretas» que busca cambiar radicalmente la forma de abordar la crisis de seguridad en Chile. Entre las medidas más aclamadas destacan la revisión de la ampliación de la legítima defensa, el fortalecimiento de las cárceles de máxima seguridad y de los pasos fronterizos al norte con Bolivia, el aislamiento total para cabecillas narcos y la protección institucional a fiscales y jueces. 

En contra parte, el programa progresista de Jara mira a fortalecer la seguridad nacional a través de un enfoque sobre derechos humanos. Se propone levantar el «secreto bancario» para seguir la ruta del dinero ilícito, recuperar todos los barrios tomados por el narcotráfico y el crimen organizado, invirtiendo sobre todo en infraestructura, presencia del Estado permanente y en cultura para combatir también la violencia callejera entre los más jóvenes. Entre otras cosas, la candidata presidencial quiere promover el control de las armas, uso de tecnologías como drones e inteligencia artificial, la modernización del sistema penitenciario mediante una rehabilitación real del reo con futuras oportunidades de integración, y aumentar la capacidad carcelaria.

La inmigración en el país.

Por lo que concierne a la inmigración, Chile ha sido considerado hasta el día de hoy como un «país de migrantes». De hecho, desde el fin de la dictadura en Chile, en 1990, la nación ha estado entre los países protagonistas de los fenómenos migratorios internacionales y regionales. En particular, con las crisis políticas sufridas en Venezuela, a partir de 2014, Chile vivió un aumento drástico de las migraciones provenientes de este país. Hasta el día de hoy, los migrantes venezolanos, en busca de condiciones laborales y económicas más favorables, constituyen una de las comunidades más numerosas del país, ya que representan casi el 10% de la población total y el 42% de la población migrante. Le siguen los migrantes peruanos (13.6%), los colombianos (10.9%), y los bolivianos (9.4%). 

Al mismo tiempo, también la migración irregular ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. Estimaciones aseguran que, de momento, 336 mil personas viven en condiciones de irregularidad en Chile, una cifra 30 veces más amplia que la registrada hace 7 años. De estos migrantes indocumentados, el 75% tiene ciudadanía venezolana.  Sin embargo, la presencia de migrantes irregulares en territorio chileno ha generado tensiones sociales, sobre todo, en los pasos fronterizos con Bolivia. Por ejemplo, en el complejo fronterizo de Colchane, puerta de entrada para miles de migrantes indocumentados a Chile, desde Bolivia, se han registrado disturbios sociales que han desembocado en crisis sanitarias y humanitarias.

El caso más emblemático es la manifestación violenta ocurrida en 2021 bajo el gobierno conservador de Piñera, donde un grupo de manifestantes de la ciudad de Iquique, punto de llegada para muchas personas irregulares provenientes de Colchane, expresaron su repudio hacia los migrantes también a través de graves episodios vandálicos donde se quemaron sus enseres y carpas. A pesar de las políticas migratorias restrictivas, con la restricción de la entrada de haitianos y venezolanos regulares, el entonces Presidente Piñera no logró disciplinar la migración irregular a través de la frontera con Bolivia. 

Durante la campaña presidencial de 2021, el candidato progresista Boric mostró tolerancia hacia los migrantes irregulares —posición que no mantuvo en pleno mandato presidencial, puesto que desplegó el ejército en el norte de Chile para frenar el flujo de migrantes indocumentados, repatriando los que habían cometido delitos—. En 2024, de hecho, 910 personas fueron expulsadas del país. Para esta campaña electoral, el representante del Partido Republicano declaró su intención de crear un «escudo fronterizo» físico y con cámaras para blindar el país en las fronteras con Bolivia y Perú (propuesta ya avanzada en 2021 y llevada adelante por la administración Boric).

En contrapartida, Jeanette Jara, que mantiene una posición firme ante la inmigración irregular, pretende fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Migraciones y, sobre todo, de la Policía Fronteriza a través de más controles y firme apoyo a las autoridades a través de nuevos sistemas tecnológicos en toda la zona fronteriza al norte del país. En definitiva, aunque algunos defensores consideran la inmigración como válido insumo de mano de obra y de crecimiento económico, a causa del envejecimiento de la población local y la baja natalidad, otros sectores denuncian un aumento de inseguridad y de criminalidad en sus ciudades (si bien algunos informes concuerdan en que la tasa de criminalidad entre inmigrantes es muy baja, a veces, siendo ellos mismos víctimas de homicidios).

Política económica.

Bajo el mandato del Presidente Boric, la economía chilena logró una estabilización después de ser severamente afectada por la pandemia de COVID-19 que contrajo el crecimiento económico de un 5.8% en el año 2020. En 2024, la inflación se ubicó en un 4.2% con respecto al 12.8% en 2022 gracias a ajustes macroeconómicos que favorecieron una rápida recuperación. Sin embargo, a pesar de la baja inflación, de la Ley de 40 Horas, del aumento del ingreso mínimo del 54%, a través de la Ley 21.751 de 2025, el desempleo sigue alto (8.6%) especialmente entre los jóvenes (que bordea el 22%). Analistas políticos sostienen que los cuatros años de la presidencia Boric han sido una mezcla entre fracasos políticos y éxitos económicos.

Por otra parte, las propuestas económicas del conservador Kast vierten sobre un «poco detallado» recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses (propuesta criticada por la misma derecha chilena), en ampliar el PIB anual de un 4%, y en mantener una política económica en línea con la agenda conservadora.

En cambio, la comunista Jara propone mantener algunos de los beneficios sociales otorgados durante su mandato como ministra. Además, propone reforzar el ingreso vital de los trabajadores, imponer un sistema de Consumo Eléctrico Vital (CEV) para bajar las cuentas de la luz.

En conclusión, con una impopularidad de la actual presidencia de un 60% (con respecto a la última presidencia progresista de Michelle Bachelet, que acabó su primer mandato con una popularidad del 84%), la polarización política y la inseguridad ciudadana jugaron un rol clave en reflejar el deseo de un cambio por parte de los chilenos. Por ende, estas elecciones presidenciales serán decisivas para la futura política de un país que ve con recelo el un aumento en la criminalidad y en la migración. ¿Será Chile destinado a vivir un cambio radical sumándose al «corredor suramericano» del conservadurismo, o girará hacia la izquierda más radical?