Mercenarios “Made in Colombia”

Forjados por décadas de combate interno, muchos exmilitares colombianos pelean hoy bajo banderas ajenas. Entre contratos privados y conflictos olvidados, su presencia expone un lucrativo mercado negro dentro de la guerra.

Café, bananas, flores, carbón, todos son típicos productos que Colombia ofrece al mundo y por los cuales es reconocido, pero hay uno que, en lugar de impulsar el comercio internacional, lubrica los sangrientos conflictos que atraviesa el mundo. Se trata de la exportación de mercenarios colombianos a los campos de batalla. Desde la guerra civil en Sudán hasta la invasión rusa a Ucrania, pasando por el asesinato del presidente de Haití y el crimen organizado en México, decenas, e incluso cientos, de ciudadanos colombianos han participado como combatientes contratados.

Este fenómeno, que combina la experiencia militar forjada en décadas de conflicto interno con el atractivo de altos pagos ofrecidos por empresas de seguridad privadas o ejércitos extranjeros, ha encendido las alarmas del gobierno colombiano y de organizaciones internacionales. Si bien esta dinámica, aunque poco conocida, llevaba años desarrollándose, la reciente polémica por la supuesta muerte de decenas de colombianos en Sudán ha llevado al presidente Gustavo Petro a impulsar con carácter urgente un proyecto de ley para prohibir esta práctica. 

Sin embargo, el problema parece más profundo y complejo que una simple cuestión legal. Empezando con una simple pregunta: ¿Acaso es legal el mercenarismo?

De acuerdo con las normas internacionales, el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios no es legal. No obstante, su uso clandestino es bastante demandado para diferentes misiones como derrocar a un Gobierno o socavar a una nación enemiga. Como si se tratara de carne de cañón, los mercenarios son actores que juegan por fuera de las “reglas del juego”. Al no pertenecer oficialmente a un frente, en el caso de ser secuestrados, no son considerados prisioneros de guerra, por ende, están por fuera de la legalidad bélica.

Casualmente, y no tanto, Colombia se ha convertido en una fuente del mercenarismo internacional. Como su ejecución es ilegal se desconocen datos oficiales que indiquen con precisión su despliegue a nivel mundial, pero varias investigaciones y denuncias van marcando una X en cada país en donde estuvieron presentes.

Los primeros antecedentes de mercenarios colombianos peleando en el exterior se remontan a la Guerra de Corea en la década de 1950. Desde ese entonces, estos hombres comenzaron a ser cotizados en el mercado negro de la guerra. En los últimos años ganaron nuevamente notoriedad por el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Contratados supuestamente por una empresa de seguridad con sede en Florida, los colombianos habrían ingresado a la residencia presidencial para ejecutar el ataque.

Desde entonces, un grupo de colombianos sigue detenido en Haití y en Estados Unidos por su presunta participación en el magnicidio, a la espera de su condena. En enero de 2025, Petro viajó a Haití para pedir perdón por el delito cometido por sus connacionales. Mientras tanto, familiares de los detenidos colombianos siguen reclamando al Gobierno la protección de sus seres queridos.

El mercenarismo colombiano volvió a resonar un año después, esta vez de la boca del Kremlin que denunció que Ucrania estaba utilizando mercenarios colombianos para pelear en el campo de batalla. La acusación fue confirmada por la Cancillería de Colombia que indicó que al menos 64 colombianos murieron en territorio ucraniano desde el inicio del conflicto. Petro volvió a alzar la voz en contra del paramilitarismo, enfatizando en la fuga de inversiones en defensa que termina en “conflictos armados mortales, en donde el pueblo colombiano no quiere estar”, aseguró en respuesta a los reclamos por parte de la Cancillería rusa. 

Por su parte, el Gobierno ruso secuestró y condenó a dos mercenarios, uno de ellos colombianos, a 14 años de prisión. Aun así, se sospecha que Rusia también contrató a combatientes colombianos para que peleen en su propio frente. Por ende, no se puede descartar la posibilidad que dos connacionales hayan peleado entre sí en nombre de naciones ajenas.

Actualmente estos soldados volvieron a ser noticia, esta vez en la guerra civil en Sudán. Iniciado en abril de 2023, este conflicto enfrenta al Ejército regular, comandado por Abdel Fattah al-Burhan, contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), liderado por Mohamed Hamdane Daglo. En medio de esta lucha por el control del país, el Ministerio de Exteriores sudanés señaló la presencia de alrededor de 300 exmilitares colombianos combatiendo junto a las FAR, al menos desde diciembre de 2024.

El responsable de la llegada de semejante cantidad de mercenarios es 75 una empresa fundada por Omar Antonio Rodríguez Bedoya, exoficial del ejército colombiano. Actualmente, su operación está liderada por Álvaro Quijano, coronel retirado del mismo cuerpo.

Según algunos testimonios, muchos soldados fueron contratados supuestamente para ser guardias de seguridad en Emiratos Árabes Unidos, pero luego fueron enviados a Sudán para servir a las FAR. Algunas investigaciones independientes revelaron que estos excombatientes no solo participan en operaciones militares, sino que también entrenan a jóvenes sudaneses —incluidos menores de edad— en el uso de armas de asalto, rifles de francotirador y lanzacohetes.

La tensión escaló a principios de agosto cuando el Ejército sudanés afirmó haber derribado un avión proveniente de Emiratos Árabes Unidos que supuestamente transportaba a unos 40 mercenarios colombianos y un cargamento de armas. Aunque Abu Dabi negó el hecho, el incidente volvió a poner en el centro de la discusión la exportación de combatientes colombianos y su papel en conflictos ajenos. Petro calificó el hecho como una “trata de hombres convertidos en mercancías para matar” y ordenó a su embajadora en Egipto investigar y, si es posible, repatriar los cuerpos.

Sudán ha denunciado oficialmente ante la comunidad internacional que la participación de colombianos en las FAR, financiada por EAU, constituye una amenaza para la paz y la seguridad regional. En este país, los emiratíes buscan de todas las maneras posibles ayudar a las fuerzas paramilitares para defender inversiones propias. Entre sus estrategias se encuentra el reclutamiento de mercenarios de todo el mundo. Si bien al principio de la guerra contrataron hombres de países aledaños como Chad, Níger o Yemen, en los últimos meses decidieron extenderse hasta Sudamérica para enlistar a los soldados colombianos.

De forma más difusa, los mercenarios han estado presentes en muchos otros países para atender diferentes operaciones, entre ellos, Afganistán, Yemen, Libia o Somalia. Uno de los “empleadores” más recurrentes han sido los carteles mexicanos. Según expertos como el politólogo, Víctor Gaviria, entre 2.000 y 3.000 exmilitares colombianos han sido reclutados por organizaciones criminales. Su experiencia en operaciones especiales los convierte en piezas codiciadas para actividades como entrenamiento de sicarios, custodia de cargamentos o ejecución de operativos violentos. Aunque esta participación rara vez se hace pública, las autoridades mexicanas han reconocido en diversas ocasiones la presencia de exmilitares colombianos en redes criminales.

¿Cómo se contrata un mercenario colombiano?

Su reclutamiento es muy sencillo: según indicó un mercenario a El País, los “cazatalentos” viajan a Colombia y le hacen una oferta a los que consideran más capacitados. Al mismo tiempo, muchos soldados viajan a zonas en guerra para conseguir su propia oferta. Mientras tanto, se va consolidando una red de contactos para mantenerse al tanto acerca de los lugares donde se necesita “ayuda extra”.

Ante la escalada del fenómeno, el presidente Gustavo Petro ha hecho del combate al mercenarismo una bandera política. Su propuesta central es la aprobación de un proyecto de ley que prohíba a los exintegrantes de las Fuerzas Armadas colombianas enlistarse en ejércitos o grupos armados extranjeros a cambio de remuneración.

El texto legislativo, presentado inicialmente por el exministro de Defensa Iván Velásquez, busca que Colombia ratifique la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Además, plantea mecanismos de persecución judicial contra quienes participen o promuevan estas prácticas, incluyendo empresas de seguridad privadas.

Petro ha calificado el mercenarismo como “una forma de trata de personas” y ha denunciado la existencia de “patrones de la muerte” que se lucran enviando jóvenes a morir en guerras ajenas. El gobierno también ha creado un Grupo Especial de Reacción Inmediata para investigar y repatriar a colombianos atrapados en conflictos extranjeros, especialmente aquellos que aseguran haber sido engañados con falsas ofertas laborales. No obstante, los incentivos que estimulan el mercenarismo colombiano pueden ser más grandes e incontrolables de lo que parece. 

¿Qué impulsa a los soldados a convertirse en mercenarios dispuestos a pelear en cualquier parte del mundo?

Frente a las numerosas guerras contra las guerrillas locales, el narcotráfico y el crimen organizado, los soldados colombianos viven en un constante entrenamiento, lo cual, a largo plazo los hace uno de los Ejércitos más preparados de América Latina. Asimismo, algunos mercenarios han declarado que se les ofrece una cuantiosa cantidad de dinero. De acuerdo con un testimonio recolectado por Armapedia, mientras que en el Ejército colombiano ganan 400 dólares al mes, en el exterior pueden obtener hasta 1.800 dólares. Se estima que en Ucrania, esa cifra asciende a 4.000.

En Colombia, las Fuerzas Armadas denuncian que sus jubilaciones son demasiado bajas. En efecto, muchos soldados que se retiran relativamente jóvenes y ya no tienen en dónde aplicar sus habilidades ven tentadora la oferta de varias empresas y gobiernos extranjeros para pelear en el campo de batalla.

En consecuencia, nos queda preguntarnos: ¿Puede detenerse esta actividad?

Según Veteranos por Colombia, una ONG dedicada a velar por los derechos de los veteranos, cada vez es más difícil hacer un recuento de la cantidad de mercenarios esparcidos por todo el mundo. Si bien las guerras concentran gran parte de estos soldados, también son utilizados para el narcotráfico, la seguridad de figuras públicas o el transporte de cargamentos.

A pesar de que arriesguen sus vidas en operaciones que están por fuera de la ley, la tendencia no parece descender. Como consecuencia, parece difícil que una simple iniciativa local pueda contrarrestar años y años de una tradición paramilitar internacional. A fin de cuentas, una gran parte del mundo, en mayor o en menor medida, se ha involucrado con mercenarios de todas las nacionalidades incluidos colombianos para impulsar clandestinamente lo que su propias fuerzas no pueden hacer. Por lo tanto, paradójicamente, se requeriría más que voluntad internacional para detener lo que no se puede ver, pero que a la vez está en todas partes.