Ambiente/Clima · gobernanza · China · Estados Unidos
¿Quién ocupa la silla vacía de París?
Antalya, Turquía, se convirtió en el epicentro del debate climático global. ¿Podrá la COP31 traducir las promesas en resultados o volverá a dejar en evidencia los límites de la cooperación internacional?
Para sorpresa de nadie, por segundo año consecutivo hay una silla vacía: los Estados Unidos de Donald Trump. Sí, el (¿todavía?) hegemón del orden internacional, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo y el engranaje esencial de la arquitectura de gobernanza creada en 2015 se fue sin pagar la cuenta.
¿La silla está vacía? Hoy parece que sí. Algunos teóricos defienden que China está en condiciones de asumir ese liderazgo. Otros, por el contrario, argumentan que el vacío que deja Washington resulta, sencillamente, irremplazable.
A 11 años del “acuerdo histórico”.
El Acuerdo de París de 2015 representó un verdadero milestone en la gobernanza climática global, e incluso en la configuración histórica de la cooperación en el orden internacional. Frente al fracaso del Protocolo de Kyoto de 1997 y las fallidas negociaciones en Copenhague 2009, por primera vez los Estados de manera consensuada y universal acordaron asumir compromisos de mitigación frente a una amenaza que trasciende todas las fronteras.
Entendiendo las fallas de las anteriores instancias, la propuesta de la COP21 (2015) resignó ambición a cambio de un abordaje realista y pragmático. A partir del acuerdo, cada país definiría su propia meta a través de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en lugar de recibir objetivos impuestos desde arriba. Esos compromisos serían actualizados cada cinco años, sin la posibilidad de retroceso. Todo ello manteniendo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, el eje del reclamo del Sur Global (y de China) frente a los países industrializados.
Fuente: elaboración propia en base a documentos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Esa arquitectura hubiese sido imposible sin el liderazgo de Washington. El formato híbrido, con obligaciones procedimentales pero metas voluntarias, respondió en gran medida a la necesidad de la administración Obama de evitar un tratado que requiriera la aprobación del Senado. No hay que olvidar que, en los países democráticos, la política exterior se juega en dos tableros a la vez:
Robert Putnam (1988) lo describió como un juego de dos niveles. En el nivel internacional, los gobiernos negocian entre sí, mientras que en el nivel doméstico, deben conseguir que lo acordado sea aceptado por sus propios actores internos. En el medio, el jefe de gobierno como puente entre ambos niveles. Un acuerdo solo es viable si cae dentro del win-set, esto es, el conjunto de resultados de la arena internacional que pueden ser ratificados en casa. En el caso estadounidense, ese margen era estrecho, con las exigencias constitucionales de aprobación por dos tercios del Senado, y un Partido Republicano que controlaba la cámara en 2015 y se oponía a cualquier compromiso climático vinculante. París fue la respuesta de ingeniería institucional a ese dilema.
Decir que Estados Unidos fue indispensable para el Acuerdo de París no es una exageración. Como mayor emisor histórico del planeta, responsable del 24% del CO₂ fósil liberado desde 1850, y segundo emisor anual, ningún acuerdo podía prescindir de él sin dejar afuera una parte sustancial del problema. Y en un régimen de contribuciones voluntarias, su compromiso funcionaba además como señal para el resto.
A ese peso material se sumaba el financiero. Washington era el mayor donante del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el principal aportante de financiamiento climático a los países en desarrollo. Obama comprometió 3.000 millones de dólares para el Fondo Verde para el Clima, y el primer desembolso representó cerca del 40% de su capital. Su influencia era también científica, en razón de que sus investigadores participaban en más de la mitad de los artículos publicados en las principales revistas del área, y sus agencias producían buena parte de los datos con los que trabaja el IPCC.
Adicionalmente, en los términos de Charles Kindleberger, todo orden estable requiere un actor dispuesto a proveer bienes públicos y a absorber sus costos, y Estados Unidos cumplió ese rol. Por eso su ausencia no es la de un participante más, sino la de la pieza que mantenía unidas a todas las demás.
Lo que Trump rompió.
Donald Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París no una, sino dos veces. En su primer mandato anunció la salida en 2017, la notificó en noviembre de 2019 y se hizo efectiva el 4 de noviembre de 2020. Joe Biden revirtió la decisión en 2021 con un trámite célere de apenas 30 días. Ya en su segundo mandato, Trump firmó la orden ejecutiva el mismo día de su regreso, el 20 de enero de 2025, y el retiro se hizo efectivo el 27 de enero de 2026.
Uno podría pensar que, a la luz de los resultados de las midterms del 3 de noviembre, el péndulo podría volver a moverse en 2028 y la salida sería, otra vez, un paréntesis anecdótico. El problema radica en que, en su segundo round, Trump no se limitó a París. El 7 de enero de 2026, un memorándum presidencial ordenó abandonar 66 organizaciones internacionales, entre ellas la CMNUCC y el IPCC. Nunca antes Estados Unidos había abandonado la Convención. Y como esta fue aprobada por el Senado, y ser parte de ella es requisito para participar del Acuerdo, el regreso sería mucho más difícil que el de Biden en 2021.
Pese a que el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó que la salida tendrá efecto formal recién en febrero de 2027, el rumbo ya está marcado y tomó impulso: el retiro de París, el desmantelamiento de los incentivos a la energía limpia, el debilitamiento del marco normativo para regular las emisiones de carbono y el desfinanciamiento de agencias federales clave en la materia.
El resultado es, como cualquiera podría anticipar, un vacío de liderazgo. Ya tras la primera salida, la literatura advirtió que el panorama se volvía más sombrío. Richard Haass, entonces presidente del Council on Foreign Relations, en A World in Disarray (2017) y luego en Liberal World Order, R.I.P. (2018), advirtió que Estados Unidos estaba abdicando del rol de garante del orden que había construido. G. John Ikenberry fue todavía más lejos en The Plot Against American Foreign Policy (2017) al sostener que el orden liberal enfrentaba una amenaza desde su propio centro, la Casa Blanca.
Y Joseph Nye midió el costo en su terreno predilecto, el poder blando, en Donald Trump and the Decline of US Soft Power (2018). Mostró que la imagen favorable de Estados Unidos había caído casi 20 puntos respecto de la era Obama en una encuesta de Gallup en 134 países, que China había alcanzado una paridad virtual con Washington en las mediciones de Pew, y que el índice Soft Power 30 había bajado a Estados Unidos del primer al tercer puesto.
Particularmente en el tópico del cambio climático, las consecuencias de aquella primera salida fueron analizadas con detalle por un equipo de investigadores encabezado por Zhang Hai-Bin, de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Pekín. Que el estudio provenga del corazón académico de China no es un detalle menor. El trabajo, U.S. withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China’s response (2017), publicado en Advances in Climate Change Research apenas meses después del anuncio de Trump, identificó siete impactos sobre el cumplimiento del Acuerdo de París.
El primero es la pérdida de universalidad. Lo que distinguía a París de Kyoto era la participación de todos los Estados, desarrollados y en desarrollo, y esa universalidad le otorgaba legitimidad. Sin Estados Unidos, una pieza irremplazable del esquema de gobernanza del Acuerdo, París se acerca crecientemente a Kyoto.
El segundo es el déficit de liderazgo, ya mencionado. Para los autores, el liderazgo concertado de Estados Unidos, la Unión Europea y China fue esencial para alcanzar el Acuerdo, y un esquema bottom-up como el de París depende precisamente de líderes que sostengan la arquitectura.
El tercero es el precedente. Si Estados Unidos incumple su compromiso, se convierte en un free-rider que se beneficiaba del esfuerzo ajeno sin pagar sus costos. El propio líder del orden internacional liberal, ancla de la cooperación, aprovechándose del esfuerzo colectivo de aliados y no aliados. Qué paradoja.
El cuarto impacto es el más concreto. Al emitir más, Estados Unidos reduce el espacio de emisiones disponible para el resto y encarece su mitigación. En otras palabras, los demás Estados parte deben redoblar sus esfuerzos para compensar la ausencia estadounidense, lo que vuelve más difíciles de alcanzar las metas colectivas y desalienta tanto a los países industrializados como a los países en desarrollo a sostener compromisos cuyo costo crece mientras el mayor emisor histórico se desentiende.
El quinto es el tiempo. Los autores advertían que la década siguiente era decisiva para que los objetivos de París siguieran siendo alcanzables sin depender de avances tecnológicos todavía inexistentes. En ese contexto, cada año de demora no es una simple pausa, sino una oportunidad perdida que difícilmente pueda recuperarse.
Finalmente, el sexto y el séptimo son el financiamiento y la ciencia, ya desarrollados. Por un lado, Trump canceló los desembolsos pendientes del Fondo Verde para el Clima y redujo la participación estadounidense del 40% al 6,4% en su primer mandato. Por el otro, el pilar de la ciencia revela algo que suele quedar en segundo plano, y es que la lucha contra el cambio climático no se agota en reducir emisiones ni en movilizar financiamiento. Requiere, sobre todo, desarrollar alternativas que permitan sostener el sistema económico sin una dependencia total de los combustibles fósiles.
De este modo, hacia el final del primer mandato de Trump, tanto la literatura general de las relaciones internacionales como los estudios específicos sobre el clima coincidían en las consecuencias preocupantes de la salida de París. Ese diagnóstico, no obstante, dejaba abierta una ventana de optimismo. Nye confiaba en que Estados Unidos recuperaría su poder blando, como lo había hecho después de Irak, y Zhang y sus colegas recordaban que Washington, aunque fuera de París, seguía sentado en la mesa de la CMNUCC.
El segundo mandato terminó de pulverizar esa esperanza. Ya no se trata de abandonar un acuerdo que otro presidente pueda recuperar, sino de desmontar los cimientos mismos del régimen. Esta vez no hay paréntesis a la vista. Estados Unidos, definitivamente, se ha levantado de la silla.
¿Puede China llenar ese espacio?
Si la silla quedó vacía, la pregunta inevitable es quién la ocupará, y la respuesta obvia apunta a China. El “país del centro” es el mayor emisor del planeta, el principal fabricante de las tecnologías que hacen posible la transición y el socio con el que Washington había construido, en 2014, el entendimiento que hizo posible París. Sobre el papel, nadie parece mejor posicionado para sentarse en la cabecera, pero tener las credenciales no es lo mismo que desear ese rol. La respuesta de Pekín, hasta ahora, oscila entre señales de ambición y una cautela estratégica.
Para dimensionar el lugar de China hay que empezar por los números. En 2024, el país emitió unos 12.300 millones de toneladas de CO₂ fósil, lo que representa el 32% del total mundial, frente al 13% de Estados Unidos, el 8% de India y el 6% de la Unión Europea. China emite, por sí sola, más que esos tres actores juntos. Y la tendencia de la última década agrandó la brecha. Desde 2015, las emisiones chinas crecieron alrededor de 25%, mientras que las estadounidenses cayeron casi 9%.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Global Carbon Project (Global Carbon Budget 2025), vía Our World in Data. Incluye emisiones de combustibles fósiles y cemento.
Si lo vemos en términos per cápita, este escenario tampoco es favorable para el gigante asiático, aunque lo sitúa por detrás del gigante americano. En 2024, un estadounidense emitía en promedio 3,9 toneladas de CO₂, un chino 2,4, un europeo 1,5 y un indio 0,6. China ya supera holgadamente a Europa y casi duplica el promedio mundial, aunque en este indicador todavía está lejos de Estados Unidos.
Los argumentos a favor del liderazgo chino son sólidos. En contraste de lo analizado anteriormente, sus emisiones muestran una tendencia plana o descendente desde marzo de 2024, según un análisis de Carbon Brief. Además, en su plan quinquenal adoptado en marzo de 2026, China se comprometió por primera vez a “participar activamente en la gobernanza climática global y a liderarla”.
Eso parecería saldar la cuestión. Bueno, no necesariamente. Esa misma disposición del plan, en la misma oración, reafirma el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y promete profundizar la cooperación Sur-Sur. Ahí está la clave:
Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas: Consagrado en la CMNUCC de 1992, este principio distingue entre los países industrializados, que cargan con la responsabilidad histórica de la amenaza climática, y los países en desarrollo, a los que se les reconoce el derecho a crecer. Las exigencias, por ende, son asimétricas. En materia de financiamiento, el Acuerdo de París obliga a los países desarrollados a proveer recursos (artículo 9.1), mientras que al resto apenas los “alienta” a hacerlo de forma voluntaria (artículo 9.2). Por eso Pekín no está obligado a aportar a la meta de 300.000 millones de dólares acordada en Bakú ni al fondo de pérdidas y daños. En mitigación, París exige a los países desarrollados metas absolutas de reducción para toda la economía, mientras que a los países en desarrollo solo los alienta a avanzar hacia ellas con el tiempo. Esa flexibilidad le permitió a China fijar durante una década metas de intensidad de carbono, que no limitan sus emisiones totales, y recién en 2025 asumir su primer objetivo absoluto.
En 1992 China quedó en el segundo grupo, y nunca quiso salir de él. Tampoco quiere hacerlo hoy. El país se convirtió en la segunda economía del planeta y en su mayor emisor de CO₂, pero las categorías de la Convención quedaron congeladas en la foto de hace 34 años. Ser una potencia en ascenso y un país en desarrollo al mismo tiempo le permite exigir como el Sur y competir como el Norte. Esa doble pertenencia no es una ambigüedad que China deba (o quiera) resolver. Es su principal activo diplomático.
De ahí que el liderazgo que China busca no sea el de un hegemón, sino el de vocero del Sur global. Y la plataforma perfecta para expandir dicho liderazgo es el G77 + China, un bloque que reúne a 134 países en desarrollo y representa la mayor coalición de Naciones Unidas. Este grupo ha mostrado su peso en cada una de las últimas conferencias.
En Dubái, en la COP28 (2023), el primer día se puso en funcionamiento el fondo de pérdidas y daños, una demanda histórica del Sur global. En Bakú, en la COP29 (2024), el bloque obtuvo una meta de financiamiento de 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035 por parte de los países industrializados.
En Belém, en la COP30 (2025), logró que la decisión final llamara a triplicar el financiamiento para adaptación hacia 2035 y, empujado por China, India y Sudáfrica, consiguió por primera vez que las medidas comerciales unilaterales, como el ajuste en frontera por carbono de la Unión Europea, aparecieran en una decisión de portada de la COP. Y en Antalya, en la COP31 (2026), el primer día volvió a estar dominado por el choque entre los países desarrollados y el G77 + China en torno al financiamiento y la agenda de negociación, con la exigencia de que el Norte cumpla sus obligaciones del artículo 9.1 del Acuerdo de París.
El liderazgo chino en la arena climática es, entonces, profundamente ambiguo. Confundir esa ambigüedad con indecisión, sin embargo, sería un error de lectura. Es, más bien, el reflejo de una estrategia que no deposita todas sus fichas en las salas de negociación. Mientras las COP discuten quién paga la transición, China se dedica a fabricarla. La diplomacia sigue siendo una pieza relevante de esa estrategia, porque le permite proteger sus intereses, defender sus exportaciones y consolidar alianzas en el Sur global. El eje de su apuesta, en cambio, está en otro lado: en la industria de las energías limpias.
El liderazgo que se fabrica.
Lejos de los reflectores de las cumbres, Xi Jinping (quien no asiste a una COP desde 2015) ha construido a lo largo de la década una estrategia climática que se juega en el terreno productivo. El Center for China Analysis del Asia Society anticipó que en 2026 Pekín seguiría una estrategia de “hablar menos, hacer más”. ¿Qué quiere decir esto? Que China busca profundizar su rol como la gran potencia industrial de las tecnologías limpias.
Los números de esa estrategia son contundentes. Las exportaciones chinas de tecnología limpia superaron los 220.000 millones de dólares en 2025. China concentra alrededor del 85% de la capacidad de producción de la cadena solar y el 80% de la de baterías de ion de litio, y en 2025 fabricó casi tres de cada cuatro autos eléctricos del mundo. En los primeros nueve meses de 2026, según el CREA, sus exportaciones de vehículos eléctricos crecieron 61%, las de turbinas eólicas 45%, las de baterías 39% y las de equipos solares 22%. Una vez instalados, esos equipos evitarían unos 450 millones de toneladas de CO₂ por año, aproximadamente las emisiones anuales de Brasil.
Fuente: elaboración propia en base a datos de Ember (China Cleantech Export Data), elaborados a partir de las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China.
El destino de esas exportaciones es tan importante como su volumen. Por valor, la mayor parte viaja al Norte global, y Europa es su principal mercado. Según el European Clean Tech Atlas 2026, la Unión Europea importó desde China tecnologías limpias por 61.000 millones de euros en 2025, el 59% de todas sus importaciones del sector. Esta tendencia se profundizó en 2026, en tanto Europa fue el principal destino de los autos eléctricos chinos en los primeros tres trimestres del año, y las exportaciones a la UE crecieron 39%, de acuerdo con Carbon Brief.
Fuente: elaboración propia en base a datos de Ember (China Cleantech Export Data), elaborados a partir de las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China.
Esa apuesta le rinde a China un doble dividendo. El primero es geopolítico. Al hacerse fuerte en la transición verde, se volvió indispensable para quienes más la impulsan, empezando por la Unión Europea. El bloque que se presenta como abanderado de la ambición climática depende de Pekín para cumplir sus propias metas. Según Eurostat, China representó el 98% de las importaciones europeas de paneles solares en 2024 y, según el think tank Loom, el 88% de las baterías de ion de litio para autos eléctricos en 2025.
La dependencia se extiende a los insumos críticos, debido a que el 100% de las tierras raras utilizadas en los imanes permanentes que importa Europa se refinan en China. No es casual que la Comisión Europea haya calificado en mayo de 2026 su relación comercial con Pekín como “insostenible”.
El segundo dividendo es energético. China sigue siendo un país profundamente dependiente de los combustibles fósiles, siendo el carbón todavía más de la mitad de su consumo energético. Incluso, el país es el mayor importador de petróleo del mundo, con más del 70% de su consumo abastecido desde el exterior y más del 90% de esas importaciones por vía marítima. La guerra en Irán y el cierre de Ormuz expusieron esa vulnerabilidad. Para Pekín, entonces, la transición no es solo una cuestión climática, sino de seguridad nacional.
Para sostener esa estrategia, la COP cumple para Pekín una función esencial, que es proteger el acceso de sus tecnologías a los mercados del mundo. En la previa de Antalya, el viceministro de Ecología y Medio Ambiente, Li Gao, pidió que la conferencia discutiera la libre circulación de las tecnologías verdes y lo que su gobierno describe como un creciente “unilateralismo y proteccionismo” comercial. A esa disputa se suma el ajuste en frontera por carbono de la Unión Europea, que desde enero cobra por las emisiones incorporadas en las importaciones.
Las vueltas de la historia no dejan de sorprender. Hoy es Pekín quien enarbola la bandera del libre comercio frente a los aranceles de Washington, y quien defiende las reglas de un orden liberal que Estados Unidos construyó y que ahora parece dispuesto a abandonar. China aprendió a jugar con las reglas de Occidente, y hoy las usa mejor que quien las escribió.
La cumbre de los ausentes.
Once años después de París, la foto de Antalya confirma el diagnóstico. El 30 de noviembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de gobierno se reunieron en Le Bourget, la mayor concentración de líderes en un solo día en la historia de Naciones Unidas. Desde entonces, la tendencia se invirtió. Dubái reunió a 139 jefes de Estado y de gobierno en 2023, Bakú a 61 en 2024 y Belém apenas a 31 en 2025.
Hoy, en Antalya, la lista provisoria de oradores de su cumbre incluyó solo 77 países, frente a los 137 que se habían anotado en Dubái con un plazo similar, y las primeras estimaciones hablan de alrededor de 40 líderes efectivamente presentes. En apenas tres años, la presencia de mandatarios en las cumbres climáticas cayó más de un 70%.
Fuente: elaboración propia en base a datos de Poder360 para la COP28, la COP29 y la COP30, y a una estimación preliminar de Climate Home News para la COP31.
La ausencia se extiende a los aliados de Washington. La mayoría de los líderes del G7 no viajaron a Antalya, у la Red de Acción Climática de Europa advirtió que más de la mitad de los mandatarios de la Unión Europea no asistirían a la cumbre. Los líderes de los tres mayores emisores del mundo, China, Estados Unidos e India, que juntos suman más de la mitad del CO₂ global, brillaron por su ausencia.
El contenido acompaña esa tendencia. La transición para abandonar los combustibles fósiles, el gran logro simbólico de Dubái, ni siquiera figura en la agenda formal de negociación. Asimismo, según el último informe del PNUMA, aún si se cumplieran todos los compromisos vigentes, el planeta se calentaría 2,6 °C hacia 2100. La proyección empeoró respecto del año anterior, en parte por la salida formal de Estados Unidos del Acuerdo.
Antonio Guterres lo resumió con precisión en la antesala de Antalya: “la brecha de emisiones es ahora una brecha de liderazgo”.Once años después del Acuerdo, la silla de París espera vacía.
Juan Esteban Maggi (Argentina): Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba. Estudiante de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba. Miembro de Diplomacia Activa