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Paraguay: cuando el poder retira a los suyos

Con millones de ciudadanos afectados, investigaciones judiciales en marcha y una sucesión presidencial todavía ambigua, Santiago Peña es la última ficha de una crisis política profunda en Paraguay

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Este jueves, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia del Paraguay a través de un mensaje pregrabado. Su dimisión tuvo lugar a tan solo horas de que la Cámara de Diputados abordara un pedido de juicio político en su contra.

La escena ha condensado una crisis que ha comenzado con el sistema financiero y terminó por alcanzar el centro del poder político. Peña ha asumido el 15 de agosto de 2023 con un mandato previsto hasta 2028. Ahora, el Congreso se encuentra debatiendo para formalizar la renuncia y designar al nuevo presidente del Paraguay.

Esta repentina e inesperada historia se entiende mejor si nos remontamos a los orígenes de la “bomba” que terminó explotando en las manos del ahora expresidente.

Todo comenzó en 2023, cuando el Banco Central autorizó a Ueno (que por aquel entonces era solo una entidad financiera) a operar como banco. En junio de 2024, su crecimiento fue masivo tras ser absorbido por Visión Banco. Pero entre los apretones de mano se ocultaba un dato incómodo y es que la operación contempló el ocultamiento de una deuda incobrable cercana a los US $300 millones.

Es aquí donde entra Peña, quien fue accionista de Ueno Holding (vinculado al grupo propietario del banco). Si bien se desvinculó del grupo empresarial en 2025,  en diciembre de ese año se denunció que la entidad había acumulado US $734 millones en fondos públicos desde 2023 para la utilización de los mismos en préstamos relacionados con sus propios accionistas.

La expansión continuó durante 2026 hasta que en  marzo Ueno colocó US $350 millones en bonos internacionales. En septiembre, documentos filtrados del Banco Central sobre préstamos a empresas del Grupo Vázquez —uno de los holdings empresariales más expansivos y diversificados del país— motivaron un pedido de informes del Senado.

Para el 16 de octubre, el ruido se hizo escuchar en los mercados y la agencia Fitch Ratings modificó la perspectiva de la entidad a negativa. Once días después, los sindicatos comenzaron a sentir los síntomas de un desastre financiero y reclamaron que el fondo previsional retirara sus depósitos ante la insolvencia de la institución.

Finalmente, el 29 de octubre, la directora de Ueno Bank renunció a su puesto, provocando el estallido final de la crisis.

Del sistema financiero a la crisis política

Entre el 2 y 3 de noviembre, Ueno Bank cerró sus operaciones, dejando congelados los fondos de 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes. La inquietud pasó a ser el sentimiento predominante  en gran parte  del país.

Inmediatamente, todos los dedos apuntaron contra Peña. Eso llevó a que el 4 de noviembre, 35 firmas respaldaran un pedido acusatorio contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, mientras se desarrollaban masivas protestas en las calles, pidiendo respuestas inmediatas.

Aunque la Presidencia desmintió inicialmente las versiones sobre una eventual renuncia, al día siguiente Horacio Cartes (expresidente y líder del Partido Colorado, quien había apoyado la candidatura de Peña en 2023) anunció que el partido acompañaría el juicio político. Esta decisión partidaria sepultó la situación del Ejecutivo al perder el respaldo de la estructura que lo había llevado al poder.

La dimensión humana de la crisis excede las disputas entre dirigentes. Los 2.9 millones de clientes afectados representan el impacto más inmediato, pero no son los únicos perjudicados. También quedaron comprometidos fondos de organismos públicos y depósitos vinculados al sistema previsional.

Para los jubilados, la situación adquiere una dimensión dramática: parte de ellos cobraba a través de Ueno, mientras la entidad concentraba los depósitos del Estado. A esto se suman los inversores internacionales que adquirieron bonos, las empresas del Grupo Vázquez y los intereses de Ueno Holding. La crisis no solo golpeó a la economía de los paraguayos, sino que además hirió la confianza del sistema bancario del país, cuya estabilidad depende de la credibilidad de sus mecanismos de supervisión.

La investigación judicial abrió otro frente. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Miguel Vázquez, fundador y principal accionista de Ueno, y arresto domiciliario para otros siete directivos. En el caso de Peña, la acusación sostiene que existió un severo conflicto de intereses por su vínculo accionario con Ueno Holding, lo que permitió excesos de crédito y el encubrimiento de irregularidades mediante los organismos de control como el Banco Central.

Una salida antes de la votación

El juicio político contra Peña estaba respaldado por el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que contempla tal procedimiento por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes. La mecánica establece que Diputados debe formular la acusación, mientras que el Senado actúa como tribunal para resolver la destitución. De manera similar a lo ocurrido en 1999.

Al ver que los apoyos de su propio partido no contemplaban respaldar la continuidad en su cargo, Peña optó por evitar la consumación del juicio político (con ambas cámaras aparentemente armadas con los votos necesarios para avanzar) y presentó su renuncia a la presidencia.

La sucesión y el Partido Colorado

La salida de Peña no implica un “borrón y cuenta nueva” para los implicados. Según altos funcionarios consultados, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la Presidencia. Parte del oficialismo rechazó su enjuiciamiento precisamente para preservar la línea sucesoria, por lo que todo apunta a que se convertirá en el nuevo mandatario de Paraguay hasta completar el periodo en 2028.

La sucesión de Alliana está avalada por el Partido Colorado, que conserva mayoría en ambas cámaras. No obstante, se perfilan otras figuras de peso dentro del Congreso, como Raúl Latorre, presidente de Diputados, y Natalicio Chase, jefe de la bancada colorada en el Senado, quienes participaron activamente de la presión política que terminó forzando la salida presidencial.

Mientras el Senado se encarga de aceptar formalmente la renuncia de Peña, los diputados ya rechazaron el pedido de juicio político para Alliana, quien ahora cuenta con los apoyos necesarios para asumir el mando.

Pedro Alliana | Foto: EFE / Daniel Piris.

Una crisis de alcance regional

La crisis económica trasciende las fronteras e impacta directamente en la Argentina, especialmente a través de dos empresas del Grupo Vázquez: ITTI (IT Consultores S.A.E.C.A.) y Kaitel S.R.L., que dejaron a la deriva a más de 1,000 trabajadores remotos en Argentina y Uruguay tras su quiebra. Además, se vio comprometida la sociedad argentina Puente Casa de Bolsa S.A., que figura como el quinto mayor depositante privado de Ueno Bank (aunque alega no verse afectada significativamente).

Asimismo, la crisis alcanza a todos los ciudadanos argentinos que viven en la provincia de Misiones y cruzan a Paraguay para trabajar. Muchos han denunciado el bloqueo y congelamiento de sus cuentas bancarias.

Por otro lado, Paraguay ocupa una posición particular en el tablero geopolítico. Peña era un aliado estrecho de Washington, bajo cuya gestión se instrumentalizó la entrada del país al Escudo de las Américas, además de que durante su administración el expresidente hizo de la relación Asuncion-Taipei una bandera de su política exterior.

Además, Peña actuaba como un interlocutor clave entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva dentro del Mercosur. Su salida le quita al presidente argentino un aliado regional. A la vez, queda paralizada la agenda energética con Brasil alrededor de la central hidroeléctrica Itaipú, un asunto que requiere alta previsibilidad bilateral, algo que Paraguay parece incapaz de cumplir en este momento.

Los escenarios que siguen abiertos

Los principales interrogantes se centran en el futuro judicial de Santiago Peña. Si el Senado rechaza su renuncia y decide avanzar con el juicio político, perdería la posibilidad de mantener sus fueros. Por otro lado, el Banco Central, a cargo de su nuevo presidente Pedro de Jesús Acosta, promovió una ley de emergencia con el fin de garantizar el pago de las pensiones a los afectados, pero la tormenta política amenaza con opacar el desempeño del paquete económico. Finalmente, queda por resolver quién ocupará la vacante de la Vicepresidencia.

La caída de Peña deja una pregunta que trasciende la sucesión. El Partido Colorado consiguió preservar la continuidad de su proyecto político mediante el sacrificio de uno de sus propios dirigentes, pero todavía debe demostrar que puede separar sus responsabilidades partidarias de las institucionales. El mensaje pregrabado del mediodía evitó que Peña enfrentara personalmente el desenlace parlamentario. Ahora, el desafío para Paraguay será determinar si la crisis termina con la salida de un presidente o si alcanzará también a las estructuras que hicieron posible su vertiginoso ascenso y su caída.


Ulises D´mitruk (Argentina): Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Columnista de Diplomacia Activa.

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