La deuda del Holocausto frente a una Europa que cierra sus puertas
Por Candela Molina.
Mientras Europa endurece sus políticas migratorias, Austria mantiene abierta una puerta excepcional para los descendientes de víctimas del nazismo. Entre memoria, identidad y reparación histórica: ¿Quién puede cruzar las fronteras que el presente vuelve a cerrar?
La acción de redimir es definida por la Real Academia Española como “poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia”. Su significado se construye con mayor precisión dependiendo del contexto en donde se utilice, no obstante, la esencia de la palabra habla de perdón, liberación y salvación.
Bajo este marco, en 2019, el gobierno austríaco formuló una enmienda sustancial a su Ley de Nacionalidad (§58c) que habilita la obtención de ciudadanía a descendientes en línea directa de antepasados perseguidos por el nazismo durante el Holocausto. Mientras la tendencia general en Europa es cerrar puertas migratorias, Austria abre, con el §58c, una vía de ciudadanía.
La paradoja es clara: se observa una reparación histórica selectiva en medio de un clima de restricción migratoria generalizada. La interrogante que surge es, ¿el §58c generará detractores capaces de derrocarlo, o inspirará políticas semejantes en los vecinos europeos? Se sostiene que seguirá constituyendo un caso excepcional antes que un modelo replicable dado que su legitimidad descansa en un consenso histórico específico (la reparación por las persecuciones del nazismo) que no se extiende a otras poblaciones migrantes, motivo por el cual esta política convive sin contradicción aparente con el endurecimiento migratorio general que atraviesa Europa.
¿Qué es el §58c?
En octubre de 2019, el Parlamento austríaco aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Nacionalidad (Staatsbürgerschaftsgesetz), como forma de hacerse cargo del pasado frente a quienes fueron víctimas del nazismo y sus descendientes. Con el tiempo surgieron situaciones que la norma original no contemplaba, lo que llevó al Parlamento a introducir, en abril de 2022, ajustes legislativos para ampliar el universo de personas alcanzadas, en línea con los principios generales que rigen el derecho a la nacionalidad. Esta ampliación del §58c comenzó a regir el 1 de mayo de 2022.
La norma considera “perseguidos” a quienes, siendo ciudadanos austríacos, de los Estados sucesores del Imperio austrohúngaro o apátridas con residencia en el territorio federal, debieron exiliarse antes del 15 de mayo de 1955 por temor a persecuciones, así como a quienes perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros en ese mismo período. También incluye a quienes, siendo ciudadanos austríacos, no pudieron regresar al país o ingresar por primera vez entre el 30 de enero de 1933 y el 9 de mayo de 1945 por temor a ser perseguidos, y a quienes murieron o fueron deportados por persecución antes de esa última fecha.
La persecución comprende tanto la ejercida por el Partido Nazi o las autoridades del Reich alemán como la sufrida por defender la democracia austríaca. Bajo el §58c, tanto estas personas como sus descendientes pueden acceder a la ciudadanía austríaca mediante un simple proceso de notificación, sin necesidad de renunciar a la nacionalidad que ya poseen.
Al margen de la simpleza actual del procedimiento, obtener estatus legal antes de la enmienda era muy complejo. Un cierto alivio llegó de la mano de un fallo clave del Tribunal Administrativo Superior. A partir de este, la adquisición de una ciudadanía extranjera sólo provoca la pérdida de la nacionalidad austríaca cuando es voluntaria. Con este fundamento, el Tribunal dictó una decisión trascendental: una persona perseguida por el nazismo que había huido a Israel no renunció voluntariamente a su ciudadanía austríaca (dada la situación límite en la que se encontraba en ese momento) y por lo tanto nunca la había perdido.
Sin embargo, esta línea jurisprudencial no funcionó como solución universal. La justificación de la situación de coacción exigía una cercanía temporal entre la huida del régimen nazi y la adquisición de la ciudadanía extranjera. En los casos en que la persona perseguida obtenía la otra nacionalidad recién varios años después de haber huido, debía demostrar, además de la propia huida, otras circunstancias que acreditaran esa situación límite. Algo que, muchas veces, resultaba imposible por falta de pruebas. El vacío legal entre aquel momento y la actualidad logró ser abordado por el §58c.
La realidad europea actual
Durante los últimos años, Europa se ha enfrentado a una paradoja entre el globalismo y la identidad. La extrema derecha ha crecido estrepitosamente, con países como Polonia, Italia y Hungría ocupando los principales podios. Bajo este marco, la relación entre estos partidos políticos y el ensayo, se basa en la retórica nacionalista y anti-inmigración que, por lo general, subyace en las propuestas de la extrema derecha, asumiendo las particularidades de los distintos movimientos.
Para registrar datos sobre la materia, Popu-List nace como iniciativa apoyada por diversas instituciones europeas como el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de Ámsterdam (AISSR), el Departamento de Política de la Universidad de York, la Fondation Nationale des Sciences Politiques, The Guardian, entre otros. Ofrece una visión amplia de las tendencias y resultados electorales de los partidos populistas de extrema izquierda y extrema derecha en Europa.
Según sus datos, el voto a la derecha radical en Europa en 2007 era del 3,75%, año que menor porcentaje registra en todo el siglo. A partir de la crisis migratoria (2014-2015), el número dio un salto para alcanzar el 10,21% de los votos. Para 2026, el número asciende a 22,4%.
En palabras de las especialistas Espinosa y Serrano Ocampo, hay numerosos ejemplos que muestran una tendencia alcista. Italia, tras la victoria de Hermanos de Italia, se ha convertido en el primer país de Europa occidental en tener un gobierno de ultraderecha en la historia reciente; Marine Le Pen y su partido alcanzaron unos resultados insólitos en las últimas elecciones y; en Hungría, Viktor Orbán, tuvo un mandato de 20 años.
El politólogo Cas Mudde, en su obra «Populist Radical Right Parties in Europe», identifica tres rasgos comunes a los partidos de extrema derecha europeos: nativismo, autoritarismo y populismo. El nativismo sostiene que la nación debe estar compuesta exclusivamente por sus miembros originarios, mientras que los elementos ajenos a ella representan una amenaza. Funciona como reacción de ciertos sectores frente a los efectos de la globalización. El autoritarismo, lejos de implicar una postura antidemocrática, refleja una demanda de orden social estricto, con sanciones severas frente al delito y una fuerte valoración de la ley. El populismo divide a la sociedad en dos bloques opuestos: un «pueblo puro» frente a una «élite corrupta». A diferencia de los populismos históricos, esta nueva ola construye además la imagen de una nación en pugna con un enemigo externo personalizado, mecanismo que Mudde vincula al concepto de «political otherism»: reforzar la identidad grupal marcando con nitidez quién queda afuera.
En general, se observa una lógica ligada a la preservación de lo vernáculo, lo nacional, lo tradicional, con la posibilidad de imponer castigos a quienes se desvíen de las normas, ello articulado mediante un discurso polarizador entre el pueblo y un sector de la elite que descuidó a los suyos.
De esta manera, los partidos populistas extremos han sido capaces de captar las demandas coyunturales de la población, a menudo a través de la imagen de líderes personalistas, con promesas de una prosperidad enraizada en un nuevo pacto con los valores primarios y elementales de la sociedad. En este contexto, la inmigración aparece como un fenómeno con connotación negativa tanto entre los dirigentes políticos como en la opinión pública.
Como señala la experta María García Arenales en Infobae, los discursos antiinmigración cobran cada vez más fuerza. Para los partidos de derecha y extrema derecha resulta particularmente redituable construir narrativas que presentan a las personas migrantes como una amenaza a la seguridad, el empleo, los servicios públicos o la identidad nacional.
Este marco discursivo corre el eje del debate: lo que antes giraba en torno a la integración, el asilo o las políticas de empleo, ahora se centra en el control, la restricción y la expulsión. A esto se suma la desinformación y bulos en redes sociales sobre esta población, que alimentan y potencian el odio, el racismo y la xenofobia.
La situación en Austria no dista del trasfondo europeo. Quien encabeza la extrema derecha es el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), fundado en la década de 1950 e inicialmente dirigido por exoficiales de las SS. Ahora, de acuerdo a los investigadores Levitsky y Ziblatt (2018), el FPÖ es uno de los partidos de derecha radical más potentes de Europa. Además, es la primera fuerza en el Nationalrat (Consejo Nacional, cámara baja del parlamento austríaco), con 57 de los 183 escaños, tras las elecciones legislativas del 29 de septiembre de 2024, en las que obtuvo el 28,8% de los votos.
Con respecto a la cuestión migratoria, el líder del partido, Herbert Kickl, frecuentemente hace campaña por la «remigración», entendida como la deportación masiva de solicitantes de asilo y extranjeros, con el argumento de formar una Austria más «homogénea». El hecho no es aislado y sigue la corriente regional. No obstante, no está libre de críticas y suscita preocupación.
«Tengo que decir, especialmente a nivel político, que a menudo deshumaniza a los migrantes y refugiados. Y de nuevo, nunca deberíamos empezar deshumanizando a ningún grupo».
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Trascendiendo las advertencias, encuestas de septiembre de 2026 en Austria muestran al FPÖ ampliando aún más su ventaja, con proyecciones de entre el 38% y el 39% de intención de voto, muy por encima de los partidos tradicionales (SPÖ, ÖVP), lo que sugiere que su peso seguiría creciendo de haber elecciones pronto. Actualmente la facción no gobierna formalmente pero no por falta de madurez política o apoyo popular sino por lo que se conoce como “cordón sanitario”, una alianza excluyente dentro del parlamento para evitar el ascenso de un partido considerado como amenaza.
El concepto fue acuñado por el primer ministro francés, George Clemenceau, en 1919, con el objetivo de formar una alianza de países alrededor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) para contener su avance hacia occidente. En breve, la traducción es que el FPÖ no gobierna en Austria porque fuerzas opositoras se lo impiden, lo que no implica una negación de su influencia en el debate público y migratorio austríaco.
A modo de síntesis, considerando el escenario europeo y el caso puntual de Austria, una de las notas que se extraen es la línea anti-inmigración de los movimientos radicales. Justamente, de ahí la significación del parágrafo §58c de la Ley de Nacionalidad. Se trata de una política nacional desacoplada, que coexiste con un panorama regional atravesado por ideas de la derecha conservadora. Por tanto, se consolida como un caso único de liberalización en materia migratoria en Europa.
Una historia detrás de la norma: el testimonio de Federico Huth
En este punto, se presenta una visión empírica de los hechos, a través de la entrevista a un descendiente de una víctima perseguida por el nacionalsocialismo y actual beneficiario de la Ley de Nacionalidad (§58c), Federico Huth.
En cuanto al plano histórico, Huth aclara que el acercamiento al proceso no partió de una motivación legal, sino de la reconstrucción de su historia familiar. A través de la elaboración de un árbol genealógico, Huth contactó a un primo de su abuelo, a quien identifica como «Pedro”, quien le relató la historia: sus antepasados vivieron en Viena hasta 1938, año de la Anexión (Anschluss), en aquel entonces su abuelo tenía doce años. Fue su bisabuelo, ya radicado en Buenos Aires, quien logró rescatarlos de Europa. Durante estas conversaciones con Pedro, este le informó sobre la existencia del proceso de restitución de ciudadanía y ahí comenzó los trámites.
Sin embargo, y a pesar de sus particularidades, la §58c no es el único caso de estas características en el viejo continente. Recientemente, durante un intercambio de correos electrónicos con el especialista en Derecho Internacional Diego Fernandez Arroyo, el abogado mencionó conocer superficialmente un proceso similar para el caso de la ciudadanía española. Se denomina Ley de Memoria Histórica (oficialmente Ley 52/2007), fue aprobada en 2007 para reconocer y ampliar derechos de ciudadanía a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista. En ambos casos, persiste una raíz esencial, conectada con la promesa de los Estados de reparar un pasado hostil y ofrecer cierta compensación a los agraviados.
Desde un punto de vista simbólico, ¿Qué significó para vos, más allá del pasaporte? y ¿Cómo reaccionó tu familia?
Más allá de lo legal, el proceso fue una experiencia de efecto identitario. La restitución de la ciudadanía se vivió como reivindicación de derechos adquiridos, pero sobre todo como una reconexión con una identidad silenciada. Fui criado y educado en colegios católicos, algo que parece paradójico. “Pasa que mi abuelo, sumamente traumatizado por la experiencia, nunca mencionó su religión judía ni las circunstancias de su huida del Holocausto. El temor operaba como un mandato de silencio dentro de la familia”.
El impacto se extendió más allá de lo individual, tras iniciar él mismo el proceso y acceder a la ciudadanía, le siguieron su hermano, sus sobrinos y su hijo, alcanzando lo que describe como una «completitud» familiar en torno a este reconocimiento.
Respecto de la comunidad judía, ¿Qué impacto le ves en la diáspora austríaca (sobre todo judía) en Argentina?
Sobre el impacto en la diáspora, les traigo un dato relevante para dimensionar la magnitud de la pérdida: la comunidad judía de Viena contaba con aproximadamente 200.000 personas hasta el Anschluss de 1938. Una de las primeras medidas del régimen nazi fue la creación de un registro obligatorio de propiedades para la población judía, registro que hoy resulta clave como fuente probatoria para quienes solicitan la ciudadanía por esta vía. Tras la guerra, la comunidad judía vienesa se había reducido a apenas 2000 habitantes. Como parte de este proceso de reparación, además de los documentos legales, recibí una invitación del propio gobierno vienés, tanto para visitar la ciudad como para eventualmente residir y contribuir a la reconfiguración de una comunidad judía en Viena.
Con Europa restringiendo la migración en general, ¿Qué te parece que Austria tenga esta vía que la amplíe?
Huth remarca la necesidad de separar la situación austríaca de la europea en general: si bien la normativa austríaca sigue ciertos lineamientos comunitarios, responde también a intereses propios. Se trata de un caso de restitución en el que el Estado busca «compensar la identidad», una fórmula que resume la carga ideológica detrás de los objetivos de la política austríaca en la materia. Reconoce que no todos coinciden con esta ley, y que el proceso de obtención de la ciudadanía no es sencillo, pero subraya la especificidad histórica que la distingue de una política migratoria ordinaria. Como antecedente comparable, en sintonía con Fernández Arroyo, menciona la ley española que habilita el acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados de la Guerra Civil española.
Finalmente, respecto de la relación entre esta normativa nacional y el derecho de la Unión Europea, Huth sostiene que mientras la política particular de un Estado miembro no contradiga los parámetros comunitarios más amplios, ambas esferas, la nacional y la europea, pueden coexistir sin tensión.
Diáspora judía en Buenos Aires | La Nación
El §58c se erige como una anomalía deliberada dentro del panorama migratorio europeo contemporáneo. Mientras el ascenso de la derecha radical, con el FPÖ austríaco como uno de sus exponentes más consolidados, empuja el debate público hacia el cierre, el control y la remigración, Austria sostiene una vía legal que amplía, en lugar de restringir, el acceso a su ciudadanía.
Esta convivencia no resulta contradictoria: como se argumentó a lo largo del artículo, la legitimidad del §58c no proviene de un consenso migratorio amplio, sino de un consenso histórico específico y acotado, la reparación por las persecuciones del nazismo, que no se traslada ni se reclama para otras poblaciones migrantes actuales.
El testimonio de Federico Huth permite trasladar esta discusión al plano humano. Su historia, marcada por el silencio de una generación traumatizada y la posterior «completitud» familiar en torno al reconocimiento de la ciudadanía, ilustra que el §58c no opera únicamente como instrumento jurídico, sino como mecanismo de reparación identitaria. En sus propias palabras, el Estado austríaco busca «compensar la identidad», una fórmula que condensa la singularidad de esta política frente a cualquier otro debate migratorio contemporáneo.
Esta especificidad histórica es la razón por la que el §58c difícilmente se convierta en un modelo replicable a mayor escala. Su existencia coexiste con el consenso restrictivo europeo pero sin friccionarlo. Casos como el español, sugieren que este tipo de reparaciones selectivas puede repetirse sólo allí donde existan pasados igualmente particulares que reclamen ser saldados.
En definitiva, el §58c no inspira una nueva ola de políticas migratorias liberales en Europa, sino que confirma, la lógica que ya domina el continente: las puertas se abren únicamente allí donde el pasado impone una obligación moral e histórica que el presente no logra, ni tiene intención de extender hacia el futuro.
Candela Molina (Argentina): Licenciada en Relaciones Internacionales, estudiante de la carrera de Derecho y candidata a la Maestría en Política y Economía Internacionales en la Universidad de San Andrés. Columnista en Diplomacia Activa.
