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El mundo decide fallarle a sus niños

En cada región del mundo, en cada ideología, en cada partido, los niños son prioritarios en el discurso y prescindibles en el presupuesto.

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Hoy es el Día Mundial de la Infancia, y me toca levantar la voz. Nunca había escrito algo que me dejara así. Roto. Insuficiente. No es difícil encontrar los datos, el problema es que son fáciles de leer y casi imposibles de sostener. Detrás de este artículo no hay solo un opinólogo, sino un humano que se siente impotente y cree, aunque sea ingenuamente, que escribir sobre lo que el mundo prefiere ignorar sirve de algo. Diplomacia Activa existe porque el mundo nos necesita atentos. Esta vez, se la debemos a quienes el mundo mira y elige no ver.

En septiembre de 2015, una fotografía detuvo al mundo durante unos días: la de Alan Kurdi, de tres años, encontrado boca abajo en una playa de Turquía. Había viajado con su familia desde Siria en una lancha inflable que naufragó a pocos metros de la costa. La imagen recorrió las portadas del planeta. Líderes europeos exigieron una respuesta urgente a la crisis de refugiados. Los hashtags se multiplicaron. En menos de dos semanas, el ciclo de noticias continuó. En los once años que siguieron, más de veinte mil personas —entre ellas cientos de niños— murieron al cruzar el Mediterráneo.

Esa imagen sintetiza algo que va más allá de las políticas migratorias europeas. El mundo ha construido una infraestructura sofisticada para llorar a los niños y una ausencia casi total de infraestructura para protegerlos. Sabemos, con precisión creciente, qué intervenciones funcionan y en qué momento. La brecha está en quién tiene el poder para exigir que se apliquen.

Los niños no votan. No cabildean. No hacen aportaciones de campaña ni amenazan con consecuencias electorales. En las economías políticas de los estados democráticos, donde los recursos fluyen hacia quienes pueden exigirlos con mayor fuerza, la infancia ocupa la posición más débil posible. Es políticamente útil como símbolo y políticamente irrelevante como electorado. Los sistemas democráticos responden a quienes tienen voz en las próximas elecciones. Los niños no la tienen. Por eso, aunque sabemos exactamente qué hay que hacer, el mundo sigue eligiendo otra cosa.

El 90% del cerebro se desarrolla durante los primeros años de vida. En los primeros 90 días, el volumen cerebral crece un 64%; a los dos años se alcanza el pico de conexiones neuronales — más de un millón por segundo. “Incluso invertir a los dos años ya sería tarde”, dice Ixchel Beltrán, investigadora cuantitativa del Pacto por la Primera Infancia — el colectivo más grande de la región, con más de 580 organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado.

La evidencia económica es igual de precisa. El economista James Heckman documentó que por cada dólar invertido en la primera infancia, el retorno puede alcanzar entre 7 y 17 dólares en productividad, reducción del gasto en salud y disminución del crimen. Un estudio en Jamaica siguió durante tres décadas a niños con retraso en el crecimiento que recibieron visitas semanales de trabajadores comunitarios: a los 20 años, sus ingresos eran un 25% más altos; a los 30, la brecha seguía creciendo: 43% más en salarios, 37% más en ingresos totales.

“Un año para nosotros, como adultos, es un año más”, diría Beltrán. “Para estas familias, es un sexto completo de la vida de ese niño.”

Un año en la vida de un niño de seis años. Lo que lleva décadas en disputa no es la evidencia, sino si los sistemas políticos pueden actuar sobre ella cuando los beneficiarios no votan.

El mapa del abandono

La fotografía global de la infancia en 2026 no es difícil de describir, aunque los números son difíciles de mirar. Aproximadamente 1.000 millones de niños, casi la mitad de todos los niños del planeta, viven en países con un riesgo climático extremadamente alto. Unos 412 millones viven en pobreza extrema, con menos de 3 dólares estadounidenses al día. Cerca de 138 millones de niños entre los 5 y los 17 años trabajan, de los cuales 54 millones lo hacen en condiciones clasificadas como peligrosas.

Estas cifras no incluyen a los niños en zonas de conflicto activo, donde los conteos son difíciles de mantener porque las mismas condiciones que producen bajas son las que hacen imposible el monitoreo. A pesar de ello, Save the Children estima que 1 de cada 4 niños vive en una zona de conflicto armado. Son 589 millones de niños, casi el 25% de todos los niños del mundo.

Lo que estos números comparten es una sola lógica. En cada sociedad que los produjo, se tomó una decisión —no siempre consciente, no siempre cruel— de que otra cosa importaba más.


América Latina: el continente que promete

América Latina es un caso de estudio útil precisamente porque no es la región más pobre del mundo ni la más violenta. Tiene democracias funcionales, clases medias en crecimiento y gobiernos que aprueban legislación de protección infantil con regularidad. También presenta algunos de los indicadores de bienestar infantil más alarmantes del planeta.

En América Latina y el Caribe, una adolescente se convierte en madre cada 20 segundos, según el UNFPA; muchas carecen de acceso efectivo a anticonceptivos, a la interrupción legal del embarazo o a la infraestructura social que les permita completar su educación. En países como Paraguay, el matrimonio infantil sigue siendo legal a partir de los 16 años con consentimiento parental. E incluso donde ya se prohibieron, como en Honduras desde 2017 o en Bolivia desde 2025, las uniones informales con menores persisten. Además, en las zonas rurales y en las comunidades indígenas y afrodescendientes, el embarazo adolescente es hasta dos veces más frecuente. Las leyes que existen se aplican de forma desigual, cuando se aplican.

El trabajo infantil afecta a aproximadamente 7 millones de niños en la región. Solo en México, el INEGI contabilizó 3.5 millones en 2025; en Brasil, el IBGE registra cerca de 1.65 millones; en Guatemala y Bolivia, las tasas son significativamente más altas en comunidades rurales e indígenas. El patrón es el mismo en todos los casos: los niños se convierten en actores económicos porque el Estado no garantizó la protección social, la educación y el empleo digno que lo haría innecesario.

En México, la proporción del gasto social destinada a niñas, niños y adolescentes cayó del 26.5% en 2018 al 15.8% en 2025 — una declaración, en números, sobre qué necesidades pueden esperar. El patrón se repite en la región: en siete países que concentran más de 40 millones de niños en primera infancia, el promedio de inversión en ese segmento ronda el 0.8% del PIB — apenas la mitad de la referencia internacional de 1.5%.

Y junto a las métricas económicas corre la violencia. En México, Colombia, Honduras y Guatemala, el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales es una realidad documentada que florece donde el Estado está ausente. En México, el número de niñas, niños y adolescentes que siguen desaparecidos aumentó un 30.3% entre 2024 y 2025, según REDIM; en Colombia, la Defensoría del Pueblo documenta el reclutamiento sistemático por parte de grupos armados desde los 9 años. Los niños que ingresan a estas estructuras no están tomando una decisión libremente. Están eligiendo entre las opciones que la ausencia del Estado les dejó.

Y hay una forma de violencia que no figura en los registros de las zonas de conflicto porque ocurre en los hogares. En México, 5 de cada 10 niños menores de 6 años sufren agresión psicológica o castigo físico en casa. El ciclo se sostiene, en parte, en una creencia naturalizada: la de que el castigo físico temprano es pedagogía. La evidencia en neurología del desarrollo lo contradice: la exposición sostenida a la violencia en los primeros años produce lo que los especialistas denominan estrés tóxico, un estado de activación crónica del sistema nervioso que compromete el desarrollo cognitivo y emocional. Es un daño que el Estado tampoco registra bien, porque para registrarlo habría que admitir que ocurre.


Gaza, Sudán y la lógica de lo prescindible

Si América Latina representa la violencia lenta de los sistemas subfinanciados, Gaza y Sudán representan su forma aguda: el abandono explícito o la negligencia categórica de los niños en conflictos activos.

El 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamás mató a cerca de 1,200 personas en Israel, entre ellas niños; 251 personas fueron tomadas como rehenes, incluidos menores. La campaña militar del ejército israelí en Gaza produjo, en los dos años siguientes, una escala de bajas sin precedentes: al menos 20,179 niños muertos, según la Comisión de Investigación de la ONU. 27 por día. Todos los días. Durante dos años. En las primeras tres semanas, 3,195 niños muertos ya superaban el total anual de niños asesinados en zonas de conflicto desde 2019, según Save the Children. La CIJ tiene abierto un proceso por un posible genocidio; la Comisión de la ONU documentó crímenes de guerra cometidos por múltiples actores. El conflicto también expuso la impotencia estructural del sistema internacional: los vetos en el Consejo de Seguridad frenaron la adopción de resoluciones de cese al fuego durante meses, y los países continuaron exportando armas.

El conflicto en Sudán está menos cubierto, pero no menos severo. Desde que comenzó la guerra entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido en abril de 2023, más de 5 millones de niños han sido desplazados. En los primeros 90 días de 2026, al menos 245 niños fueron asesinados o mutilados, un aumento del 50% respecto al mismo período de 2025. Se prevé que aproximadamente 4.2 millones de niños sufran desnutrición aguda este año. Ocho millones están fuera de la escuela.

África subsahariana añade una dimensión que suele faltar en las narrativas sobre el conflicto: la violencia silenciosa del matrimonio infantil. En Níger, el 76% de las mujeres jóvenes se casó antes de los 18 años —la tasa más alta del mundo. En Chad y en la República Centroafricana, la cifra es del 61%. No son simplemente rasgos culturales — en algunos casos el Estado no está ausente, es cómplice: en Níger, la propia ley fija en 15 años la edad mínima para casarse; en Chad, aunque la ley establece 18 años, la norma no se cumple. Cuando los Estados no garantizan el acceso a la educación ni la seguridad de las niñas, el matrimonio infantil es la consecuencia lógica de ese abandono.


El discurso y el presupuesto

No existe ningún líder mundial que haya argumentado públicamente en contra de proteger a los niños. “Proteger a los niños” es una de las frases más transversales de la política moderna —usada en todo el espectro ideológico para justificar restricciones a las plataformas digitales, políticas migratorias, regulaciones y programas de bienestar por igual. Es, en cierto sentido, lo único en lo que todos están de acuerdo.

La semana pasada, ministros de Hacienda, Educación y Salud de varios países latinoamericanos firmaron en Ciudad de México la Declaración sobre la Inversión en la Primera Infancia, en el marco de la 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia — el primer compromiso político regional de este tipo en la materia. La propia declaración lo admite: es “de carácter no jurídicamente vinculante” y no “constituye por sí misma autorización de gasto.” La voluntad política existe, en papel, más precisa que nunca. Su alcance dependerá de lo que ocurra en cada presupuesto nacional.

Lo que se rompe de forma consistente es el paso entre el discurso y el presupuesto. Es significativamente más fácil aprobar una declaración de intención, firmar una convención internacional o emitir un decreto presidencial que financiar el personal, la infraestructura y los mecanismos de aplicación que darían a esos gestos peso institucional. La versión más visible de esta brecha está en el financiamiento humanitario: en 2025, el llamamiento de UNICEF para niños en crisis recibió apenas el 31% de lo solicitado. Esta brecha lleva años ampliándose: ese mismo año, el conjunto de los llamamientos humanitarios de la ONU registró el mayor déficit de su historia.

La distribución del gasto social en México ilustra la lógica con una precisión que los discursos sobre la infancia evitan nombrar. El grupo al que el Estado destina más recursos públicos directos son las personas adultas mayores de 65 años — tanto en pensiones contributivas como en programas sociales universales. Los niños menores de 6 años, que concentran los índices de pobreza más altos del país y se encuentran en la única etapa en la que los daños son casi imposibles de revertir, reciben una fracción de esa inversión. Los adultos mayores votan, se movilizan y cuentan con organizaciones que exigen en su nombre. Los menores de 6 años no. No es una falla del sistema: es el sistema respondiendo exactamente a los incentivos que le dieron.

Las plataformas digitales son la versión más reciente del mismo patrón. TikTok, Instagram y YouTube construyeron sistemas para maximizar el tiempo que los niños pasan en sus plataformas — el infinite scroll, la reproducción automática, las notificaciones calibradas para explotar la ansiedad social son funcionalidades, no errores de diseño. La evidencia del daño existe. La respuesta política llegó tarde, fue desigual y, en la mayoría de los casos, no tuvo consecuencias reales para las plataformas. Los países que han obtenido resultados son los que estuvieron dispuestos a multar, no solo a declarar — y son la excepción.


Detrás del dato

Para Beltrán, el problema tiene dos lecturas. La primera es económica: invertir en la primera infancia es la intervención de mayor rendimiento que un Estado puede realizar. La segunda, que ella prefiere, es la de la justicia social.

“Los argumentos a favor del retorno de la inversión son innegables y la evidencia los respalda. Pero me gustaría sumar el lado de la justicia social”, dice Beltrán. “Invertir en primera infancia es sentar las bases para un piso parejo, para combatir la desigualdad desde el origen. No estamos pidiendo lujos. Estamos pidiendo lo mínimo para que una persona pueda desarrollarse.”

Beltrán describe una trayectoria de atención que el sistema debería garantizar desde el nacimiento — control prenatal, parto humanizado, tamizajes, vacunas, registro y seguimiento del desarrollo — y señala que, cuando el sistema no la garantiza, los daños son prevenibles pero no se previenen. No por falta de conocimiento. Por falta de coordinación entre sectores, por sistemas de información insuficientes, por presupuestos que no se diseñan con esa trayectoria en mente.

El obstáculo de fondo es de ritmos: las decisiones presupuestarias operan dentro de calendarios políticos; el desarrollo cerebral no espera al siguiente ciclo electoral. Beltrán lleva cinco años trabajando en esta brecha y no ha dejado de creer que puede cerrarse:

“Alguien tiene que guardarle esperanza. Si no lo hacemos, nos quedamos en la desesperanza y entonces mejor no hacemos nada. Prefiero estar del otro lado.”

La pregunta que el discurso no responde

Hay una tendencia en los textos sobre la infancia a terminar con esperanza — los programas que funcionaron, los países que mejoraron, los pilotos prometedores. Algunas cosas sí funcionan. En 2026, con más datos y más instituciones dedicadas a la protección infantil que nunca, la mayoría de los niños del mundo sigue creciendo en condiciones que la comunidad internacional ha declarado oficialmente inaceptables. El diagnóstico está completo. Lo que falta es la decisión política de actuar al respecto.

Ningún decreto individual aborda esa condición estructural. Cambiar el patrón requiere tratar el bienestar infantil como las democracias tratan otros daños irreversibles, un umbral por debajo del cual ninguna política es aceptable.

Requiere hacer cumplir la Convención sobre los Derechos del Niño, que cuenta con 196 Estados parte y está subfinanciada en todos ellos. Requiere reconocer que algunos de los actores más peligrosos en la vida de los niños son corporaciones legales que lucran con la vulnerabilidad psicológica infantil sin consecuencias legales por los daños que causan. Y requiere una rendición de cuentas que opere en cada negociación presupuestaria, en cada regulación de plataformas, en cada niño desaparecido que nunca llega a las noticias — y no solo cuando una fotografía detiene el mundo por unos días.

Los niños no están esperando a que lo hagamos bien. Están creciendo —o muriendo— en las condiciones que decidimos permitir.

Este artículo no existiría sin Ixchel Barrera. Como periodistas e investigadores, una buena práctica es separar las emociones del contenido. No pudimos. Varias veces se nos quebraba la voz y se nos salían las lágrimas. Y por eso importa tanto. Gracias, Ixchel, por mantener viva la esperanza de un mundo mejor en las infancias y por recordarme vívidamente por qué tenemos que seguir trabajando en ello todos los días.


Marcelo García Suástegui (México): Internacionalista, consultor de asuntos públicos y opinólogo semiprofesional. Asociado del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Redactor y columnista de Diplomacia Activa.

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