Silicon Valley: Gobernar el futuro
Por Luca Nava
¿Quién decide el futuro de la innovación y qué margen tienen países como Argentina para construir el suyo?
Durante décadas, una de las promesas más seductoras de Silicon Valley fue que la tecnología permitiría construir un mundo más abierto, conectado y libre. Internet ofrecía un terreno y la vez un horizonte en el que el acceso al conocimiento y la capacidad de organizarse desbordarían las jerarquías tradicionales. En 1996, John Perry Barlow llevó esa expectativa a su expresión más audaz al declarar la independencia del ciberespacio, desafiando la autoridad de los gobiernos sobre el mundo digital. Treinta años después, una parte influyente de la élite tecnológica encuentra en el poder estatal un aliado para diseñar y ejecutar sus ambiciones.
El acercamiento de algunos de sus principales empresarios a las nuevas derechas convive con una reivindicación de la innovación al servicio de la defensa nacional. La estrategia de inversión American Dynamism, impulsada por Andreessen Horowitz, y el llamado de Alex Karp a comprometer a la industria tecnológica con el poder estratégico estadounidense expresan esa orientación. En sus propuestas, el progreso tecnológico adquiere una misión política, donde fortalecer a Estados Unidos y preservar su capacidad de conducir el orden internacional se convierten en los objetivos principales de cualquier idea de progreso.
Sin embargo, interpretar esta transformación exige revisar la imagen de un Silicon Valley que originalmente fue concebido bajo dogmas progresistas. Consultado para este artículo, Maximiliano Vila Seoane, investigador del CONICET y profesor de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, recuerda que las promesas emancipadoras convivían desde los años noventa con “elementos libertarios, anti-estatales y desreguladores”, que otorgaban un lugar privilegiado al emprendedor tecnológico. Su lectura permite reconocer, detrás de los cambios de alianzas, ideas e intereses que ya formaban parte de esa cultura.
La inteligencia artificial concentra hoy muchas de estas tensiones y vuelve especialmente relevante una discusión sobre la distribución del poder, es decir, quién decide el rumbo de la innovación, qué límites puede establecer la sociedad y cómo se reparten sus beneficios. Esa disputa atraviesa empresas, gobiernos y fronteras. Para países como Argentina, plantea nuevamente un desafío de autonomía: desarrollar capacidades propias y participar de la transformación tecnológica con margen para decidir bajo qué condiciones hacerlo.
La libertad que prometía internet
La asociación entre tecnología y emancipación se nutrió de la convicción de que poner herramientas en manos de las personas podía transformar las relaciones de poder. En su reconstrucción de la cultura digital estadounidense, Fred Turner muestra cómo sectores de la contracultura de los años sesenta encontraron en las computadoras y las redes una vía para construir comunidades y ampliar la autonomía individual. Parte de ese universo depositó en la innovación expectativas de transformación social que otros movimientos dirigían hacia la organización política.
Durante los años noventa, esas aspiraciones convivieron con la exaltación del mercado y la iniciativa privada, Richard Barbrook y Andy Cameron denominaron ideología californiana a esa combinación. Como explica Vila Seoane, el potencial emancipatorio de las nuevas tecnologías coexistía con ideas que “valorizaban el rol del emprendedor tecnológico sobre otros actores sociales”. La libertad de expresarse y la libertad de emprender podían presentarse como partes de una misma promesa. Quedaba abierta, sin embargo, la cuestión de que ampliar las posibilidades de comunicación de los ciudadanos no garantizaba que estos pudieran intervenir en las decisiones de las empresas que organizaban esos espacios.
La reivindicación de la independencia empresarial convivía, además, con una trayectoria de apoyo público. El gasto militar de la Guerra Fría impulsó la industria electrónica de la región, mientras que organismos como la NASA y la agencia de investigación ARPA financiaron investigaciones fundamentales para la computación. Universidades, empresas y agencias estatales participaron de un entramado que hizo posible el crecimiento tecnológico.
Estos antecedentes permiten interpretar el giro político de Silicon Valley como una reorganización de tradiciones que ya convivían en su interior. La desconfianza frente a la autoridad estatal podía alimentar tanto la defensa de derechos individuales como el rechazo a controles sobre la actividad empresarial. Esa ambivalencia resulta central para comprender cómo una cultura que prometía distribuir poder también pudo legitimar la aspiración de sus empresarios a ejercerlo.
Cuando innovar se convierte en una filosofía política
La confianza en la tecnología adquiere un alcance político cuando se utiliza para definir cómo debería organizarse la sociedad. Por ejemplo, en su Manifiesto tecnooptimista, publicado en 2023, el inversor Marc Andreessen presenta la combinación de mercados e innovación como el camino hacia una abundancia material capaz de mejorar la vida de todos. Desde esa perspectiva, acelerar el desarrollo tecnológico constituye una obligación moral. Su rechazo al principio de precaución muestra una consecuencia de ese razonamiento, interpretando que limitar una innovación puede leerse como privar a la humanidad de sus beneficios futuros.
Peter Thiel lleva la discusión hacia una tensión más explícita con la democracia: en un ensayo de 2009, el cofundador de PayPal sostuvo que había dejado de considerar compatibles la libertad y la democracia, y exploró proyectos tecnológicos que permitieran escapar de las restricciones de la política. En esa formulación, la libertad se vincula con la posibilidad de sustraerse de decisiones colectivas, sin embargo el problema democrático aparece cuando esa aspiración corresponde a actores cuyas decisiones empresariales afectan a millones de personas.
No obstante, estas posiciones tienen diferencias relevantes, ya que mientras Thiel imaginaba espacios de salida, Alex Karp, cofundador de Palantir, reclama en The Technological Republic, escrito junto con Nicholas Zamiska, una industria comprometida con la defensa de Estados Unidos y sus aliados. Andreessen, por su parte, también reivindica la fortaleza tecnológica de las democracias liberales. Entre estos discursos conviven la autonomía empresarial, la desconfianza hacia las instituciones y la voluntad de fortalecer el poder nacional.
El acercamiento a la nueva derecha debe leerse dentro de esta propia diversidad que se busca iluminar. Vila Seoane distingue entre afinidades ideológicas y estrategias para obtener beneficios empresariales o evitar represalias. Según el investigador, figuras como Thiel y Elon Musk encontraron en Trump “un buen vehículo para avanzar con sus ideas políticas”. Otros acercamientos pueden responder a cálculos comerciales y a la búsqueda de influencia sobre las decisiones gubernamentales. La coincidencia en un respaldo político, por lo tanto, admite motivaciones distintas.
Lo que estas discusiones ponen en juego es la autoridad para orientar el cambio social, es decir, la capacidad de desarrollar una tecnología o construir una empresa exitosa ofrece recursos para intervenir en la política, pero a la larga deja abierta la cuestión de su legitimidad ¿Cómo se someten esas ambiciones a decisiones democráticas cuando sus protagonistas también controlan herramientas fundamentales para la comunicación, la economía y la seguridad?
El rol del Estado como actor y escenario
La relación entre Silicon Valley y Washington revela una convivencia persistente entre la demanda de libertad empresarial y la búsqueda de respaldo público, donde el Estado financia investigaciones, compra tecnologías, establece regulaciones y promueve intereses nacionales. Pero también constituye un propio espacio de disputa per se: las empresas buscan influir sobre las normas y prioridades que condicionan sus negocios. Por eso, el discurso desregulador puede convivir con la expectativa de un gobierno activo en el financiamiento y la protección de determinadas industrias.
La cooperación en defensa ofrece una expresión concreta de ese vínculo, por ejemplo, en julio de 2025, la Oficina Principal de Inteligencia Digital y Artificial del Departamento de Defensa estadounidense anunció contratos con Anthropic, Google, OpenAI y xAI, cada uno con un límite de US$200 millones, para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial vinculadas con la seguridad nacional. El anuncio muestra cómo la capacidad de innovación comercial se incorpora a objetivos estatales y cómo las prioridades públicas abren mercados para las empresas.
Esta articulación, en realidad, tiene antecedentes que atraviesan gobiernos de distinto color político. Vila Seoane recuerda que durante la presidencia de Barack Obama las grandes tecnológicas encontraron afinidades con la agenda de libertad en Internet y adoptaron discursos vinculados con la democracia y la diversidad. El investigador también señala la circulación de exfuncionarios hacia puestos empresariales como una manifestación de esa cercanía. Desde su perspectiva, el posterior acercamiento de algunos empresarios a Trump debe entenderse atendiendo tanto a sus convicciones como a sus estrategias para preservar negocios e influencia.
La dimensión democrática de esta relación se vuelve especialmente visible en las plataformas digitales, sobre todo, en las decisiones sobre algoritmos, moderación de contenidos y condiciones de uso que inciden en la circulación de información y en las posibilidades de participación pública. Como advierte Vila Seoane, “estas decisiones tienen efectos públicos a nivel global, como si se tratara de políticas públicas de un Estado”. Sin embargo, los usuarios y muchos de los gobiernos de los países donde operan tienen escasa capacidad para intervenir en ellas.
El desafío consiste en construir controles públicos sobre actores cuya infraestructura también resulta útil para gobernar, ya que un Estado puede buscar regular a una empresa mientras depende de sus servicios para cumplir funciones estratégicas. Esa relación exige examinar las condiciones de contratación, la transparencia y la distribución de responsabilidades. Además, sus efectos desbordan el ámbito estadounidense, porque las decisiones negociadas entre Washington y las grandes tecnológicas repercuten sobre sociedades que no participaron de esos acuerdos.
La competencia entre potencias redefine el progreso
La proyección internacional de Silicon Valley introduce una tensión en su promesa universalista y globalista, las tecnologías presentadas como herramientas para mejorar la vida de toda la humanidad también pueden convertirse en instrumentos para preservar la primacía de un país. En ese marco, el éxito de una empresa adquiere valor estratégico si sus productos, infraestructuras y estándares pueden ampliar la influencia del Estado que respalda su expansión.
El plan de acción sobre inteligencia artificial presentado por la Casa Blanca en julio de 2025 expresa justamente esa articulación. Bajo el objetivo de ganar la carrera tecnológica, propone acelerar la innovación, desarrollar infraestructura y reforzar el liderazgo internacional estadounidense. También contempla exportar a países aliados paquetes que incluyen equipos, modelos, aplicaciones y estándares. Así, la expansión comercial se integra a una política exterior que busca mantener a Estados Unidos en el centro del desarrollo tecnológico mundial.
China formula su propuesta internacional haciendo énfasis en otros pilares. El plan de gobernanza global de IA publicado por su Cancillería en julio de 2025 presenta esta tecnología como un bien público internacional y reivindica la soberanía nacional, la cooperación y el desarrollo inclusivo. Es una declaración de principios cuyo cumplimiento debe evaluarse mediante políticas concretas. Su contraste con el discurso estadounidense permite reconocer una disputa que también alcanza los sistemas de creencias y las lecturas sobre el escenario internacional, al definir qué significa el progreso, quién debe conducirlo y bajo qué reglas pueden participar los demás países.
La lógica de competencia puede estrechar el espacio para discutir esas reglas, ya que cuando avanzar más rápido se convierte en una exigencia de seguridad nacional, una propuesta de supervisión puede ser cuestionada por la ventaja que supuestamente otorgaría al rival. El riesgo político consiste en que la urgencia por conservar el liderazgo desplace preguntas sobre responsabilidades, derechos y distribución de beneficios. La velocidad de desarrollo termina funcionando como una medida de éxito que puede relegar otros objetivos sociales de manera inmediata y permanente.
Para los países que participan de esta transformación desde posiciones menos favorables, la rivalidad plantea decisiones sobre capacidades y vínculos externos. Vila Seoane señala que numerosos Estados buscan aprovechar las nuevas tecnologías para ascender en las cadenas de valor y destaca el renovado protagonismo de la política industrial. Desde esa perspectiva, incorporar tecnología supone también decidir qué conocimientos desarrollar, qué dependencias aceptar y qué capacidad de negociación construir. Allí comienza la discusión sobre el lugar de Argentina.
Para el país, la transformación política de Silicon Valley plantea una discusión sobre el proyecto de desarrollo al que se incorporan las nuevas tecnologías. Atraer inversiones, ampliar la conectividad y acceder a herramientas avanzadas puede abrir oportunidades, pero su contribución a la autonomía depende, sin embargo, de las capacidades que se construyan alrededor de ellas, es decir, conocimiento, empresas locales, formación profesional e instituciones capaces de orientar su aprovechamiento.
“Siempre hay margen para definir un proyecto que contribuya a ampliar el grado de autonomía en términos de capacidades científico-tecnológicas”, sostiene Vila Seoane. Su planteo sitúa la responsabilidad en las decisiones políticas y en la capacidad estatal para llevarlas adelante. Desde esa perspectiva, el investigador cuestiona la orientación del gobierno de Javier Milei, al considerar que debilita las capacidades científicas e industriales y que su alineamiento con Estados Unidos favorece una inserción centrada en la provisión de recursos estratégicos. Frente a ese rumbo, propone una política científico-tecnológica e industrial acorde con las posibilidades de la economía y los recursos humanos del país.
Una inversión puede generar infraestructura y actividad económica, pero su aporte al desarrollo también debe medirse por el aprendizaje que permite, la participación de proveedores nacionales y las posibilidades de decidir sobre sus usos. Una estrategia de autonomía requiere seleccionar prioridades, sostener capacidades de investigación y negociar asociaciones que amplíen las opciones disponibles. También demanda instituciones públicas con conocimientos suficientes para comprender y supervisar aquello que contratan.
El recorrido de Silicon Valley muestra que las promesas tecnológicas contienen concepciones sobre la libertad, la autoridad y el lugar de los ciudadanos. Su articulación con proyectos nacionales y ambiciones empresariales vuelve indispensable discutir quién puede convertir esas promesas en decisiones que afectan a todos. La inteligencia artificial intensifica este problema, cuyo alcance parece, al menos hasta hoy, exceder a cualquier herramienta particular.
Para Argentina, participar de esa discusión supone reconocer que el rumbo tecnológico admite decisiones y alternativas, y que el sentido del progreso también se define en las capacidades que una sociedad elige sostener, los límites que establece y las oportunidades que procura distribuir. De esas decisiones dependerá cuánto pueda intervenir en la construcción de su propio futuro.
Luca Nava (Argentina): Estudiante avanzado y Tesista de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Secretario Académico de Panorama Universal. Miembro de Diplomacia Activa.
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