El principio según el océano: la obligación británica de negociar Malvinas
Por Tomás Peña
A 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, la Cuenca Malvinas Norte cuenta con algo más que petróleo: guarda una pregunta que el Reino Unido lleva sesenta años sin responder.
El 12 de octubre venció el plazo de dos semanas que la Argentina le dio a Londres para frenar el proyecto Sea Lion y, ante el silencio británico, Cancillería prepara el pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo. En «Al Gran Pueblo Argentino, Salud» me preguntaba si existía la obligación de negociar. Hoy la pregunta es otra: ¿cuánto tiempo puede un Estado incumplirla mientras extrae, barril a barril, el objeto mismo de la disputa?
Quiénes perforan y bajo qué paraguas
Sea Lion fue descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration, británica y listada en Londres. Desde 2020 lo opera Navitas Petroleum, israelí, que controla el 65%. En diciembre de 2025 ambas adoptaron la decisión final de inversión: unos US$1.800 millones, licencias del gobierno isleño por 35 años y primer petróleo previsto para marzo de 2028. Rockhopper estima 1.700 millones de barriles en el área y, lejos de retroceder, el 8 de octubre compró el 35% de la plataforma flotante OSX-1. Londres fue más lejos: la subsecretaria Uma Kumaran habló del «último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los isleños«.
La ofensiva argentina es inédita en amplitud: sanciones a 45 personas y empresas de 11 países, una cautelar de la Justicia Federal de Río Grande, causas penales en Comodoro Py y el arbitraje del Anexo VII de la CONVEMAR iniciado el 28 de septiembre. Pero conviene recordar que Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada por veinte años en 2013, y Navitas sancionada en 2022. Sea Lion avanzó igual. Las leyes argentinas no cruzan el mar; el derecho internacional, sí.
Por qué es contrario al derecho internacional
La resolución 31/49 de 1976 instó a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa siguiera abierta. Una campaña exploratoria es reversible; la extracción, no. Explotar durante tres décadas un recurso no renovable en un área cuya controversia reconoce la ONU no es administrar un territorio: es prejuzgar el resultado de una negociación que Londres ni siquiera acepta empezar.
La jurisprudencia del mar acompaña esta lectura. En Guyana c. Surinam (2007), un tribunal arbitral sostuvo que la perforación en zona disputada, por el cambio físico permanente que provoca, viola el deber de no poner en peligro un acuerdo final. En 2015, una Sala Especial del TIDM ordenó a Ghana impedir nuevas perforaciones en el área que disputaba con Costa de Marfil. Hamburgo ya ha frenado taladros antes.
Chagos: la historia que Londres prefiere no contar
Chagos es un archipiélago perdido en el medio del Océano Índico, y Diego García es su isla más grande. Es diminuta y está lejos de todo, y por eso mismo vale oro en términos militares: desde allí se alcanza Medio Oriente, el Golfo Pérsico, África oriental y el sur de Asia. En los años sesenta, Estados Unidos buscaba exactamente eso.
Chagos formaba parte de la colonia británica de Mauricio, que estaba por independizarse, y Londres resolvió el problema antes de que existiera: en 1965 separó el archipiélago de Mauricio a cambio de tres millones de libras y de compromisos que luego ignoró, como devolver las islas cuando ya no fueran necesarias para la defensa. Al año siguiente le prestó Diego García a Washington para levantar una base militar.
Una base necesitaba islas vacías. Entre 1968 y 1973, entre 1.400 y 1.700 chagosianos fueron sacados de sus casas y enviados a Mauricio y a Seychelles, donde la mayoría terminó en la pobreza. Nadie les preguntó qué deseaban. Hoy Diego García es una de las bases más importantes que Estados Unidos tiene fuera de su territorio.
Durante medio siglo, la postura británica fue la misma que hoy sostiene sobre Malvinas: no hay disputa y no hay nada que negociar. Lo que la quebró no fue una conversión moral, sino una acumulación jurídica. En 2010, Mauricio llevó a Londres ante un tribunal arbitral del Anexo VII de la CONVEMAR —el mismo mecanismo que hoy activa la Argentina— por la creación de un área marina protegida alrededor de las islas.
En 2015, el tribunal se declaró incompetente para decidir quién era el soberano, pero concluyó por unanimidad que el Reino Unido había violado la Convención al no tener debidamente en cuenta los derechos de Mauricio, y declaró vinculantes los compromisos de 1965. Mauricio perdió la pregunta grande y ganó una pequeña que le serviría para la siguiente.
La siguiente llegó en 2019. A pedido de la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia opinó, por 13 votos contra 1, que la separación de Chagos había sido ilícita y que el Reino Unido debía terminar su administración «lo más rápidamente posible». La Asamblea lo respaldó por 116 votos contra 6 y le dio seis meses. Londres contestó que una opinión consultiva no es un fallo obligatorio y dejó vencer el plazo. Pero en 2021 fue el propio TIDM, en Hamburgo, el que al trazar el límite marítimo entre Mauricio y Maldivas calificó de «transitoria» la pretensión británica y trató a Mauricio como Estado ribereño. Sin decirlo con todas las letras, un tribunal del mar le quitó a la ocupación su valor práctico.
En noviembre de 2022, el mismo Reino Unido que juraba no tener nada que discutir anunció negociaciones, y en mayo de 2025 firmó un tratado que le devuelve todo el archipiélago a Mauricio, con una condición: Londres alquila Diego García por 99 años para que la base siga funcionando como hasta ahora. Mauricio recupera la soberanía; la base no se toca.
La enseñanza no es que los tribunales entreguen soberanía, sino que erosionan la legitimidad de quien la ejerce sin título.
Ningún fallo le dio Chagos a Mauricio; todos juntos hicieron insostenible que Londres siguiera negándose a negociar. Ese es el espejo de Hamburgo: la Argentina no pide que el TIDM resuelva la soberanía, pide que reconozca que nadie puede vaciar el objeto de una disputa mientras se niega a discutirla. Jorge Argüello, ex representante argentino ante la ONU, lo resumió en La Nación: «Hay que actuar antes del primer barril».
Chagos deja también una advertencia menos cómoda. Ese tratado todavía no entró en vigor. Donald Trump, que lo calificó de «acto de gran estupidez», se opone a que la isla de la base pase a manos de otro país, aunque sea alquilada, y como Diego García es compartida con Estados Unidos, Londres no se anima a ratificarlo sin su visto bueno. El derecho internacional obligó al Reino Unido a sentarse; Washington todavía puede impedir que se levante con un acuerdo cumplido. La legitimidad abre la puerta, pero el poder decide cuándo se cruza.
La doble vara
Puestas lado a lado, las historias muestran que la autodeterminación no es la regla que guía la política exterior británica, sino la que invoca cuando no le cuesta nada invocarla.
Hong Kong es el ejemplo más elocuente. Gran Bretaña la obtuvo en tres partes: la isla, cedida por China a perpetuidad en 1842 tras la Primera Guerra del Opio; la península de Kowloon, también a perpetuidad, en 1860; y los Nuevos Territorios, la mayor parte de la colonia, alquilados en 1898 por 99 años. Cuando el alquiler empezó a acercarse a su vencimiento de 1997, Pekín avisó que recuperaría esas tierras, y sin ellas Hong Kong no podía funcionar: de allí salían el agua, el suelo y buena parte de la ciudad.
Margaret Thatcher (la misma que en 1982 justificó la guerra en nombre de los deseos de los isleños) negoció con Deng Xiaoping y firmó en 1984 la Declaración Conjunta, por la que el Reino Unido entregaba todo Hong Kong, incluidas las partes que le pertenecían para siempre. Más de cinco millones de personas, en su mayoría reacias a quedar bajo un régimen comunista, cambiaron de soberanía sin que nadie les preguntara nada. No hubo referéndum. Hubo una potencia del otro lado de la mesa.
Con Chagos, como vimos, Londres expulsó a la población para construir una base, nunca la consultó y negoció su destino con Mauricio sin chagosianos en la mesa. En Gibraltar, el canciller Jack Straw acordó con España en 2002, «en principio», una soberanía compartida; recién cuando los gibraltareños la rechazaron en un referéndum convocado por su propio gobierno, con el 98,97% de los votos, Londres archivó la idea. Primero negoció, después consultó.
Y en Malvinas, la propia historia británica desmiente la regla. Londres firmó el memorándum de 1968, discutió la administración conjunta en los setenta y en 1980 envió al ministro Nicholas Ridley a las islas a proponer una transferencia de soberanía con arriendo, como reconstruí en el artículo anterior. La fórmula actual —»no habrá negociación salvo que los isleños lo deseen»— es posterior a 1982 y no figura en ninguna resolución de la Asamblea General, que habla de los «intereses» de una «población» y no de los «deseos» de un «pueblo» (Pezzano, 2016). El referéndum de 2013, con 1.513 votos contra 3, consultó a una población de poco más de tres mil habitantes, mayoritariamente trasplantada desde el Reino Unido.
¿Qué explica la diferencia? No el principio, sino el costo. Londres negoció con China porque no tenía alternativa, con Mauricio cuando la acumulación jurídica amenazó Diego García y con España cuando Bruselas le dio a Madrid capacidad de presión. En Malvinas, negarse no le ha costado nada. Un principio que se aplica según el océano deja de ser un principio: se convierte en una conveniencia. La pregunta, entonces, no es si el Reino Unido puede negociar soberanía —ya lo hizo, varias veces—, sino cuánto tiene que costarle no hacerlo.
Aliados: ideas que no se hacen acción
El clásico debate entre idealismo y realismo encuentra aquí un laboratorio. El gobierno argentino ha hecho de su alineamiento con Washington y Jerusalén un eje de política exterior. ¿El resultado? La operadora de Sea Lion es israelí y su gobierno no ha movido un dedo. Desde Estados Unidos, el embajador Mike Waltz pidió «desescalar» y recordó la relación especial con Londres. En Chile, cuyo presidente comparte afinidad ideológica con la Casa Rosada, el ministro de Defensa Fernando Barros habló de «un país amigo que hace 200 años ejerce soberanía», mientras Punta Arenas funciona como base logística del proyecto. Y Brasil, en las antípodas ideológicas del gobierno, reafirmó su apoyo histórico.
Morgenthau no se sorprendería: los Estados actúan según intereses, no según simpatías. Las afinidades se declaran; los intereses se ejecutan. La lección práctica es que el apoyo a Malvinas debe construirse como un costo para quien no lo dé, no como un favor que se espera de los amigos.
¿Éxito o fracaso?
El balance admite dos libros contables. En legitimidad, la Argentina acumuló éxitos difíciles de igualar: la resolución 2065 aprobada por 94 votos sin oposición, diez resoluciones de la Asamblea General, el respaldo anual del Comité de Descolonización y de la OEA. En lo material, el saldo es pobre: desde 1982 no hubo una sola ronda sobre soberanía, y las sanciones no detuvieron una sola plataforma.
Parte de la explicación está en la oscilación propia. La seducción de los noventa, el comunicado Foradori-Duncan de 2016, un presidente que en campaña elogió a Thatcher y hoy fija ultimátums: la Constitución garantiza la continuidad del reclamo, no la de la estrategia. El contrafáctico duele: si en 1982 no se hubiera tirado por la borda una década de negociación —que en 1980 llegó a discutir la transferencia de soberanía con arriendo—, quizás hoy no hablaríamos de Hamburgo. La guerra se llevó 649 vidas argentinas y, con ellas, la disposición británica a sentarse.
La obligación que no prescribe
Sea Lion no crea la obligación de negociar: la vuelve urgente. La disputa reconocida en 1965, el deber de no alterar unilateralmente la situación fijado en 1976, la buena fe exigida por el derecho internacional y la propia práctica británica en Chagos conducen a la misma conclusión: el Reino Unido tiene la obligación internacional de sentarse a negociar la soberanía de las Islas Malvinas. Hamburgo no lo dirá con esas palabras. Pero si dice que nadie puede vaciar el objeto de una disputa mientras se niega a discutirla, habrá dicho casi todo.
El petróleo puede esperar en el subsuelo. La obligación de negociar lleva sesenta años esperando en la superficie.
Tomás Peña (Argentina): Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de San Andrés. Redactor en Diplomacia Activa
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